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Los diputados de la bancada Encuentro por Guatemala, que preside la parlamentaria Nineth Montenegro, analizan presentar una iniciativa que reforme la ley que rige a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, (SAAS) para evitar gastos que calificaron de “excesivos e innecesarios”, luego de fiscalizar la calidad de gasto público de dicha entidad.

En una reunión a la que acudió Orlando Ramírez, titular de la SAAS, expresó: “La ley nos establece brindar toda clase de apoyo administrativo y logístico dentro y fuera del país al Presidente de la República, para cumplir con sus actos protocolarios, por lo que gastos como lentes de marca, ropa, masajes, licores y accesorios están justificados dentro de rubro de gastos no previstos”.

“El presidente tiene un salario de Q150 mil, más Q11 millones en gastos y alimentos, por lo que es injusto que con las condiciones que vive el país estos gastos personales se paguen con fondos públicos”, expresó la diputada Montenegro.

Por su parte Cesar Elías, Subcontralor del Gasto, comentó que estas erogaciones no corresponden a gastos imprevistos, por lo que se tiene que analizar el reintegro del dinero.

“Pedimos a la Contraloría que se forme una comisión específica para que se investigue y tomen acciones ante esta situación”, concluyó la jefa de la bancada.

Por Rosemary Recinos

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La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República, presidida por la diputada María Eugenia Tabush (Viva), ha dictaminado una serie de iniciativas con las que se espera impulsar el desarrollo económico del país dentro de las que destaca la 5174, reformas a la ley de zonas francas.

Carlos Chavarría Pérez (Creo), vicepresidente de la sala en mención, y ponente del proyecto explicó: “Anteriormente, con el fin de no afectar al sector licorero del país, se aprobó un artículo que dejaba fuera todos los artículos que en su elaboración utilizarán directa o indirectamente alcohol”.

Según el parlamentario, con esta medida, de un aproximado de 240 empresas que funcionaban dentro de las zonas francas, se excluyó a 80, las cuales utilizan un porcentaje mínimo de alcohol, como por ejemplo las fábricas de lapiceros, desodorantes y enjuagues bucales, entre otros.

“Actualmente el proyecto de ley se encuentra en segunda lectura, esperamos que avance en los próximos días, con el fin de poder recuperar unos 4 mil empleos para los guatemaltecos”, aseveró el diputado, quien también es ponente de la iniciativa de ley.

Específicamente se proponen dos reformas al decreto número 65-89 del Congreso de la República, el artículo 41 y una adición el inciso i) del artículo 5 bis.

El diputado Alejandro de León (Movimiento Reformador), integrante de la comisión, añadió que también han dictaminado otras iniciativas relacionadas con el desarrollo, como la iniciativa 5074, Ley de Competencia, la cual tiene como objetivo proveer un marco regulatorio que promueva la eficiencia del mercado y la libre competencia en el país, buscando limitar las prácticas desleales, indicó el congresista.

A este paquete de iniciativas dictaminado por la Comisión de Economía del Congreso se suma la 4896, ley de leasing, que establece reglas claras en la figura del arrendamiento con opción a compra, la cual se encuentra en su tercer debate.

Por Mayra Recinos

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Después de la sesión de la Instancia de Jefes de Bloque, el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, informó que en reunión del pleno de mañana quedó agendada para la tercera lectura la iniciativa de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y después será enviada a la Corte de Constitucionalidad. Así como que el próximo jueves se definirán las comisiones de trabajo.

“En el momento en que se discuten en tercer debate (las reformas a la ley Electoral y de Partidos Políticos), automáticamente se van a la Corte de Constitucionalidad y allí dependerá cuánto tiempo se va a tardar en su dictamen”, afirmó el presidente del Legislativo.

Con relación al tema de las comisiones de trabajo, detalló que lo que a él compete es informar a los diputados la forma en que se distribuirán las salas de trabajo, y no qué comisión será asignada a cada bloque legislativo. “Para el jueves decidimos no hacer una agenda muy larga porque como ustedes saben la elección de las comisiones es algo que lleva mucho tiempo”, expresó el presidente del Congreso.

Otro de los temas abordados por el presidente Arzú Escobar, fue lo relacionado a la designación de los representantes del Legislativo ante la Junta Monetaria, el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, y la elección de los relatores de la Oficina Nacional contra la Tortura. En tal sentido mencionó que hizo un llamado a los integrantes de la Junta Directiva para que dialoguen a lo interno con sus bancadas y que lleguen a un acuerdo para que se puedan hacer las respectivas designaciones.

Por Byron Vásquez

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Diputados que integran la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), solicitaron hoy a la Contraloría General de Cuentas (CGC) efectuar una auditoría de los listados de  beneficiarios del Programa de Transferencias Condicionadas a cargo del Ministerio de Desarrollo (Mides), debido a ciertas dudas que se tienen en cuanto al cumplimiento de  corresponsabilidades como la asistencia de los niños a las escuelas y centros de salud.

Los legisladores también cuestionaron a los viceministros de Prevención Social y de Planificación, de la referida cartera, Carlos René Vidal y Javier Santizo, respectivamente,  por la baja ejecución presupuestaria en 2017, ya que de los Q395 millones asignados a este programa solo se ejecutaron Q211 millones (53 por ciento).

Vidal aseguró que el ministerio tuvo en 2017 una ejecución global del 58 por ciento, cifra que se sitúa por debajo a lo registrado el año anterior que fue del 84 por ciento, siendo el Fondo de Desarrollo Social la entidad con la ejecución más baja, alcanzando únicamente un 26 por ciento.

En cuanto a la medición de las corresponsabilidades de las 153 mil familias que recibieron dicha ayuda, en el tema de educación fueron verificadas no menos de 32 mil y en salud alrededor de 4 mil beneficiarios. “Los pagos se efectuaron, teniendo como requisito  la carta de aceptación y la conformación del expediente, en el caso de la asistencia a las escuelas, la misma no pudo ser verificada en los meses de noviembre y diciembre debido a que las escuelas estaban cerradas”, dijo el funcionario.

Carlos Barreda, jefe del bloque UNE, expresó: “Nos preocupa que los programas no están impactando en la mejora de los indicadores de la matricula estudiantil, ya que a la fecha existe un 78 por ciento de deserción solo en nivel primario”.

Otro de los temas que resaltaron en la reunión fue la no renovación de 200 plazas, ya que a criterio de los congresistas del bloque uneísta la contratación de nuevo personal  se debería al favorecimiento de personas que fueron candidatos y que pertenecen a diferentes partidos políticos.

“El Mides en los últimos dos años ha tenido una nómina inmensa, que ha respondido a criterios de orden político, por lo que hemos pedido a la Contraloría que verifique con el Tribunal Supremo Electoral, si estas personas están afiliadas a partidos políticos, si fueron candidatas a cualquier puesto público en la elecciones pasadas, ya que tenemos información de posible favorecimiento a dichas entidades”, concluyó el legislador.

Por Karen Mendoza

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El presidente del Congreso de la República, Álvaro Enrique Arzú Escobar, y la Junta Directiva se reunieron con la Instancia de Jefes de Bloque y aprobaron el orden del día a conocer para las sesiones plenarias de la presente semana, en las cuales destaca para el jueves 25 conocer el proyecto de acuerdo que aprueba la distribución de las presidencias de comisiones ordinarias de trabajo.

Mañana, a las 14:00 horas, se estará conociendo el dictamen y primer debate de los proyectos de decreto de Ley de Vacunación y el de reconocimiento público a la señora Concepción Ramírez, cuyo rostro aparece en las monedas de veinticinco centavos, y otorgarle una pensión vitalicia de Q3 mil.

Ese mismo día, en segundo debate, se conocerán la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, la Ley de Zonas Francas y la Ley de garantías mobiliarias.

En esa instancia, el presidente del Legislativo informó que a partir de la presente fecha el bloque Alianza Ciudadana estará representado por la diputada Delia Bac, como Jefa de bancada, y Óscar Quintanilla como subjefe.

Por Nery Morales

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El Decreto 1-2018, Ley de Contrato de Factoraje o de Descuento, que aprobó esta semana el Congreso de la República de Guatemala, fue visto con buenos ojos por diferentes sectores del país, quienes consideran que con estas nuevas medidas Guatemala avanza en el ciclo de la modernización financiera.

Fanny de Estrada, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Exportaciones Agexport, dijo que el Congreso inició con buen pie al aprobar esta normativa que brinda facilidades a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) facilitándoles acceso a capital de trabajo.

“Esta es una buena noticia para el país, pues ahora tenemos una Ley que regulará la actividad financiera, conocida como factoraje, que no es más que utilizar las deudas , créditos o cuentas por cobrar para obtener liquidez útil como capital de trabajo”, explicó de Estrada.

Autoridades del Ministerio de Economía consideran que el factoraje establece derechos y obligaciones de las partes contractuales, brindando certeza jurídica en los negocios de las personas con derechos crediticios, haciendo un sistema más transparente, claro y seguro para los involucrados.

La Cámara de Industria de Guatemala por medio de su presidente, Carlos Tefel, dio a conocer que ven con buenos ojos este tipo de normas aprobadas por el Organismo Legislativo. “El pequeño y mediano empresario podrá descontar las facturas de sus ventas, para acceder a financiamiento en una forma más ágil”, afirmó.

Este primer decreto del año aprobado por el Congreso “Es un mecanismo que permitirá que haya una mejor circulación de capital”, indicó el diputado Juan José Porras, de la bancada Visión con Valores, integrante de la Comisión de Economía y Comercio Exterior.

Este Decreto entrará en vigencia seis meses después de que sea publicado en el Diario de Centro América.

Por Mayra Recinos

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Tras el reciente viaje a Ginebra, Suiza, de representantes de varios ministerios de gobierno para dar a conocer el informe en la Quinta Evaluación sobre la Situación de la Niñez por parte de la Organización de las Naciones Unidas, los diputados de la bancada Movimiento Reformador citaron a varios ministros para conocer detalles del viaje y resultados.

El bloque, encabezado por el diputado Luis Hernández Azmitia, convocó a los ministros de las carteras de Educación, Trabajo, Relaciones Exteriores, así como representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación, Visión Mundial en Guatemala y Refugio de la Niñez.

La diputada Alejandra Carrillo, Tercera Vicepresidenta del Legislativo, cuestionó a los representantes de estas instituciones sobre el viaje y los gastos que se hicieron para una delegación de más de 20 personas.

“Es lamentable que esta delegación se dedicó a pasear y no a brindar un verdadero informe sobre la situación del país sobre los temas de la niñez y adolescencia, tomando en cuenta que un 43 por ciento de la población guatemalteca es menor de edad”, destacó el diputado Hernández, quien agregó que como bancada darán seguimiento al trabajo que hacen los ministerios encargados del tema.

El director de Refugio de la niñez, Leonel Dubón, expresó su preocupación por la falta de apoyo por parte de las entidades de gobierno y de la Procuraduría de Derechos Humanos para atender la problemática de los menores de edad en temas de salud reproductiva, educación, discriminación y aspectos legales.

La ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, indicó que en febrero del presente año se darán a conocer las recomendaciones que se emitirán para Guatemala con base en el informe presentado ante la Organización de Naciones Unidas.

Durante la reunión el congresista Hernández Azmitia, expresó que presentará una denuncia por perjurio contra la Procuradora Adjunta II de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Claudia Maselli, por haber afirmado bajo juramento que se había reunido con representantes de Refugio de la Niñez, lo cual fue negado por los mencionados.

Por Karla Herrera

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Con el objetivo de establecer si algún empleado del Congreso de la República se encuentre en la base del Banco de Datos Genéticos, las diputadas Delia Bac Alvarado y Sofía Hernández Herrera, ambas de Alianza Ciudadana, solicitaron a la Junta Directiva del Legislativo por medio del presidente Álvaro Arzú Escobar, que se gestione el requerimiento de información a dicha entidad.

La Legisladora le explicó al presidente Arzú Escobar que en el Legislativo hay una guardería y una oficina de Atención Ciudadana, en donde empleados del Congreso tienen relación con menores de edad, y para prevenir algún posible abuso a los niños que se atienden en esas dos instancias del Legislativo se hizo la solicitud.

“Quisiéramos que a partir de este año pudiéramos solicitar todas las certificaciones del Banco de Datos Genéticos; entonces, le hacemos la entrega de nuestra solicitud señor presidente (Álvaro Arzú Escobar) para que ustedes la consideren en Junta Directiva”, dijo la diputada Bac.

Agregó que si al momento de recibir la información del Banco de Datos Genéticos apareciera registrado un empleado del Congreso, que la Junta Directiva sea quien decida si es destituido o bien lo trasladado a otro departamento en donde no tenga relación con menores de edad.

Por Byron Vásquez

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Ante múltiples denuncias de la población por los inconvenientes que sufren para obtener boletas de carencia de antecedentes penales y policiales, el diputado Ronald Arango, de la bancada Todos, se reunió con los encargados de la emisión de dichos documentos para buscar la agilización del servicio y pronta emisión de las constancias.

A la reunión asistieron, Jairo Fernando Flores, encargado de la emisión de antecedentes penales por parte del Organismo Judicial y el Comisario de Policía Nacional Civil, Edwin Mayen, encargado del departamento de Antecedentes Policiales.

Flores informó que solo en el mes de enero han emitido 240,821 boletas de antecedentes penales y que anualmente obtienen un ingreso de aproximadamente Q40 millones, pero que no es significativo por el gasto en el que incurren en papel, tinta, computadoras, impresoras y personal.

Por su parte, Mayen indicó que ya han empezado con el proceso de contacto con todo el sistema bancario y agilizar la emisión de los antecedentes policiales que anualmente son un aproximado de 800 mil boletas.

El diputado Arango señaló la urgencia de legislar para que ambas instituciones puedan trabajar con el fin de que la población pueda obtener en línea, vía Internet, ese documento que es un requisito para la obtención de empleo y en muchos casos, las personas no cuentas con los recursos para tramitarlos.

El precio actual para la obtención de esos documentos es de Q30.oo y les entregan 2 boletas de penales y 3 de policiales con una vigencia de seis meses.

Por Nery Morales

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