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Previo a que la iniciativa 4294, ley de regulación de apuestas, casinos, videojuegos, lotería, bingos y juegos de azar, sea conocida en su tercera lectura en el Pleno del Congreso, las diputadas de la bancada Alianza Ciudadana, Delia Back y Sofía Hernández, sostuvieron una reunión con representantes de los ministerios de Salud, Gobernación, Ambiente, Agricultura y Superintendencia de Administración Tributaria, para analizar las enmiendas que presentarán a la propuesta de ley cuando se encuentre en la fase de aprobación por artículos.

Limitar un monto de apuestas por parte de concesionarios, entrada sin cobro a los casinos, dejar un registro de datos de quienes ingresan a los mismos, la creación de un impuesto específico al dispositivo de juegos de azar y cobro de un arbitrio municipal del 3 por ciento, son algunos de las enmiendas que son analizadas por la mesa de trabajo conformada por las diputadas y las entidades antes mencionadas.

La propuesta de ley fue presentada por los diputados de la Comisión de Economía, y actualmente se encuentra por ser aprobada en tercera lectura.

En el artículo 1 se da a conocer que el objetivo de la iniciativa es regular la autorización, instalación, funcionamiento, operación y explotación de toda la actividad referida a las apuestas, casinos, videojuegos, bingos y juegos de azar.

“Lo que esperamos es que para el próximo jueves (mañana) se pueda concluir con estos análisis y que la propuesta de ley sea aprobada en el Pleno lo antes posible”, destacó la diputada Sofía Hernández.

Por Karla Herrera

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Diputados de la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad se reunieron hoy para conocer el borrador del convenio que buscan firmar el Viceministerio del Deporte, del Ministerio de Cultura y Deportes (Micude) y el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi).

El diputado Juan Carlos Salanic, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza y presidente de la sala de trabajo, informó que el propósito es incluir entre los programas del Micude la atención y participación para las personas con discapacidad en todo el país.

Lo anterior incluye dedicar un día de recreación específico para las personas con capacidades especiales para que salgan de la rutina, explicó.

El congresista indicó que buscarán un acercamiento con el nuevo encargado del Viceministerio del Deporte para que la firma del convenio entre las dos entidades se pueda adelantar en el menor tiempo posible.

Asimismo, auguró que los nuevos diputados integrantes de la comisión que preside puedan dar continuidad a los temas que quedarán pendientes, pues el Estado de Guatemala debe cumplir con los convenios y tratados nacionales e internacionales en materia de los derechos de las personas con discapacidad.

Por Fredy López

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El Pleno de diputados aprobó el Acuerdo 4-2018, con el cual se consulta a la Corte de Constitucionalidad (CC), respecto a la segunda generación de Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, esto en cumplimiento a lo indicado en la Constitución de la República, respecto a las modificaciones de leyes de carácter constitucional.

La Carta Magna en su Artículo 175, párrafo segundo, indica: “Las leyes calificadas como constitucionales requieren, para su reforma, el voto de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad”.

El Congreso debe trasladar el acuerdo con la consulta respectiva a la CC, con el objeto que los magistrados hagan el análisis correspondiente, necesitando para aprobar dicho acuerdo 80 votos, explicó el Legislador Óscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza. Agregó que al volver la iniciativa con el dictamen de la corte, se realizará la votación de tercer debate, necesitando para dicha aprobación 105 votos.

La opinión de la corte puede ser favorable o desfavorable dependiendo del análisis de artículo por artículo que hagan los magistrados, y podrán hacer las salvedades necesarias según lo consideren, pero no tendrán un plazo establecido para ello.

En la discusión, legisladores hicieron ver que la iniciativa fue un logro de la Comisión de Asuntos Electorales, donde se escuchó y tomo sugerencias de instituciones interesadas en el tema. “Algo que es interesante es la división por subdistritos que se pretende implementar y la segunda vuelta en la elección de alcaldes que hayan quedado con un margen pequeño de diferencia”, dijo el congresista Fernando Linares, del Partido de Avanzada Nacional.

Nineth Montenegro, de la bancada Encuentro por Guatemala, argumentó que de haber dudas en la iniciativa deben ser dispersas por los magistrados, quienes tendrán que argumentar si hay o no inconstitucionalidades, opinión que fue compartida por el legislador Amílcar Pop, de Winaq, quien dijo que la facultad y obligación en este momento está en manos de la corte.

La opinión consultiva será envida en las próximas horas por parte del Presiente Álvaro Arzú Escobar, cumpliendo con el Artículo 123 de la ley Orgánica del Congreso, que indica; Cuando se discuta un proyecto que proponga reformas a leyes constitucionales, después de tenerlo suficientemente discutido en su tercer debate, deberá recabarse el dictamen de la CC, a lo que añadió que será dicha corte la que se tomará el tiempo debido para su análisis.

Por Fernando Bolaños

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En la sesión plenaria de hoy, el Pleno del Congreso de la República aprobó con 93 votos el Decreto Legislativo 02-2018 mediante el cual aprueba el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de abril de 2005 y suscrito por Guatemala el 20 de septiembre de ese mismo año.

El Pleno de diputados también conoció en segundo debate las reformas a la Ley de Garantías Mobiliarias, y las reformas a la Ley de Zonas Francas, así como la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.

En la sesión se conoció el dictamen y primer debate de la iniciativa 5342 que dispone aprobar la ley de vacunación, y el dictamen y primera lectura de la iniciativa 5153 que propone aprobar un reconocimiento público y una pensión vitalicia de Q3 mil quetzales a la señora Concepción Ramírez Mendoza, cuyo rostro aparece en las monedas de veinticinco centavos.

Los congresistas retomaron la discusión por artículos y redacción final del proyecto que pretende reformar la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; sin embargo, por no haber el quórum necesario para continuar con la sesión, el presidente del Legislativo, Álvaro Enrique Arzú Escobar, dio por finalizada la misma, convocando a sesión plenaria para el jueves 25 del presente mes a las 10:00 horas.

Por Nery Morales

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Las diputadas Alejandra Carrillo (Movimiento Reformador) y Karla Martínez (Alianza Ciudadana) tercera vicepresidenta y segunda secretaria de Junta Directiva del Congreso de la República, respectivamente, impulsan la iniciativa 5342, ley de vacunación nacional, con la que esperan dar una cobertura del ciento por ciento a la población guatemalteca de vacunación contra enfermedades inmunoprevenibles y la gratuidad de la misma.

“La alerta de brote de sarampión que se ha levantado recientemente en el país, hace evidente que urge la aprobación de una normativa de este tipo” indicó la parlamentaria Carrillo, quien agregó que están estableciendo de forma precisa un rubro no menor a Q350 millones para ser utilizado por el Ministerio de Salud en la compra de estos suministros y su cadena de refrigeración.

Mario Melgar, director del Consejo Nacional Asesor para Inmunizaciones (Conapi), explicó que conjuntamente con el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), han apoyado desde sus inicios este proyecto de Ley.

“Esta iniciativa básicamente impulsa tres aspectos: Asegurar el financiamiento de la compra de vacunas; contar con un programa de inmunizaciones y la creación de un consejo asesor que asegure la existencia de vacunas en el sistema de salud”, indicó Melgar.

La congresista Martínez, considera que no pueden haber excusas por parte de las autoridades del Ministerio de Finanzas, ya que el proyecto claramente establece sus fuentes de financiamiento y es necesario estar abastecidos, especialmente por casos como el reciente brote de Sarampión.

La iniciativa establece que los Q350 millones se recaudarán por medio de la asignación de la Ley General de Presupuesto o de un 50 por ciento de los recursos recaudados de la aplicación a la Ley del Tabaco (Decreto 61-77) y de la Ley de Impuesto Específico sobre la distribución de bebidas gaseosas, isotónicas o deportivas (Decreto 9-2002), siempre y cuando se supere el mínimo de la asignación necesaria.

“Es inconcebible que el sistema de salud vuelva a pasar una crisis como la del 2014, cuando hubo un desabastecimiento de vacunas, menos ahora que se ha registrado un brote de sarampión”, dijo la diputada Martínez quien agregó que estos aspectos hacen imperante la aprobación de esta ley.

Mirna Montenegro, representante del Osar, explicó que a pesar de contar con un marco legal de garantías en la materia, se ha registrado una considerable baja. Por ejemplo, en departamentos como Huehuetenango y San Marcos se ha llegado a apenas un 60 por ciento en los últimos años, mientras que la capital se ha quedado con un 70 por ciento de cobertura en vacunación.

“Sería de gran beneficio institucionalizar estos recursos, de esta forma se dejaría de depender de las autoridades de turno y se garantizaría este importante servicio a toda la población guatemalteca”, concluyó la doctora Montenegro.

Por Mayra Recinos

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Por medio de una iniciativa de ley para reformar dos artículos de la Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, alcaldes de Quiché, Chiquimula, Suchitepéquez, San Marcos y Alta Verapaz, con apoyo de diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), buscan agilizar obras de beneficio a la población en áreas de salud, agua, educación y saneamiento.

El diputado Carlos López explicó que desde diciembre del año pasado varios alcaldes solicitaron apoyo de la bancada UNE para reformar los artículos 76 y 98 del presupuesto, en el sentido de que se puedan utilizar recursos asignados para los Consejos de Desarrollo en salud, agua, educación y saneamiento, hasta diciembre del 2017 y no solamente a noviembre como quedó establecido, ya que de lo contrario los alcaldes se verían obligados a utilizar sus recursos en los proyectos indicados.

El congresista Óscar Argueta informó que en el presupuesto se aprobó un Listado Geográfico de Obras, el cual tiene un candado que garantiza que la inversión en salud, agua, educación y saneamiento se mantenga, pero al no haber sido aprobado el proyecto de Presupuesto para el presente año es necesario modificar la Ley para que permita agilizar las obras, pero manteniendo las normas y procesos de transparencia.

Para el alcalde de Joyabaj, Quiché, Florentino Carrascosa, es importante que el Pleno del Congreso apruebe la iniciativa para que los recursos designados a los consejos sean invertidos en los proyectos designados y que no se obligue a las municipalidades a utilizar sus recursos.

La iniciativa fue entregada a Dirección Legislativa, para su trámite, y se espera que la misma sea aprobada por la Instancia de Jefes de Bloque y posteriormente por el Pleno, ya que según los parlamentarios es de beneficio para todas las municipalidades y desarrollo del área rural.

Por René Rodríguez

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El diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad, se reunió hoy con líderes comunitarios de varios departamentos quienes denunciaron que la empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. (Deocsa) ha suspendido por varios días el servicio en comunidades de San Marcos.

Asimismo, líderes comunitarios de Totonicapán, Quetzaltenango, Santa Rosa y Jutiapa se sumaron a las denuncias de presuntos cobros ilegales y se quejaron de varios alcaldes que no están solucionado el problema que consideran que llegó a nivel nacional, ya que las empresas Deocsa y Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. (Deorsa) no les atienden sus peticiones.

El congresista Pop, jefe del bloque Winaq, dijo que al menos siete departamentos del país están muy preocupados por los abusos de las empresas que venden electricidad, no solo por el cobro, también por el mal servicio y ven muchas ilegalidades, por lo cual se unen a la Contraloría General de Cuentas que ha denunciado a 130 municipalidades por anomalías.

Bonifilio Escalante, líder comunitario del Consejo Mam de San Marcos, dijo: “Este problema viene desde el año 2002, cuando se hizo la negociación que duro seis años y la empresa se comprometió a buscar solución en 30 días y se firmaron actas y se establecieron acuerdos como la instalación de oficinas en cada municipio, pero no se han respetado. En el año 2008 se rompió el dialogo y a partir de ese momento se dice no al pago de la energía eléctrica y de allí viene la persecución, la criminalización de líderes así como el corte del servicio a las comunidades”.

Al concluir la reunión acordaron que volverán a reunirse para darle seguimiento a la solución del problema.

Por José Castellanos

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Representantes de las comunidades de Guanagazapa, Escuintla, y de la bocacosta de Nahualá, Sololá, se reunieron con diputados de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), a quienes solicitaron su intermediación para agilizar los trabajos para la construcción de viviendas.

Los comunitarios explicaron que los proyectos se iniciaron desde el año 2012, y que hasta el momento no han sido concluidos, pues en Escuintla hay 21 viviendas sin entregar, mientras que en Nahualá aun falta la tercera atapa, por lo cual solicitan que se retomen los trabajos para ayudar a las familias que han sido incluidas en los proyectos.

A la reunión también asistió el viceministro de Vivienda, Fred Santeliz, y la directora del Fondo para la Vivienda (Fopavi), Cristina Lemus, quienes indicaron que realizarán un nuevo estudio para verificar en qué fase se encuentran los proyectos de construcción de viviendas.

“Como diputados estamos comprometidos con el bienestar de la población, por lo que solicitamos a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones y al Fopavi que agilicen las gestiones para que los más necesitados puedan tener acceso a una vivienda digna, tomando en cuenta que la mayoría de ellos habitan en casas de cartón”, destacó el diputado Carlos Fión, jefe de la bancada.

Por Karla Herrera

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La bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) citó a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con el fin de revisar las coberturas de vacunación de los años 2016 y 2017, las cuales están por debajo de lo que establece la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como estándar internacional.

Según la entidad regional, la cobertura debe ser de un 95 por ciento, y en Guatemala está por debajo del 80 por ciento.

El diputado Carlos Barreda indicó que entre un 20 y 25 por ciento de los niños y las niñas no fueron vacunada en los años 2016 y 2017, y según informó el viceministro de Atención Primaria, Rubén González, en los años 2014 y 2015 la cobertura fue menor, por lo cual hay riesgo de que un 30 por ciento de la niñez pueda sufrir enfermedades como tos ferina, sarampión, poliomielitis y tuberculosis.

“Estos niños y niñas no han sido vacunados o se les vacunó una vez y hay un rezago en el reforzamiento de la vacuna para aquellas que requieren dos o tres aplicaciones”, resaltó el congresista.

Asimismo, advirtió que lo anterior pone a Guatemala en riesgo de perder la certificación de la OPS al no cumplir con los estándares internacionales. “Es grave, por ello se le ha solicitado a la Procuraduría de los Derechos Humanos que abra un expediente y consigne qué ministros y viceministros fueron los responsables, desde 2014 a 2017, de no cumplir con las coberturas de vacunación, y así presentar las denuncias por violación a los derechos humanos, indicó el diputado Barreda.

El viceministro González presentó los resultados obtenidos luego de ser nombrado en el cargo, y reconoció que hay un rezago en la vacunación, debido a que las autoridades anteriores no compraron las vacunas y hay desabastecimiento desde el año 2014, por lo cual las vacunaciones se efectuaron con las compras de 2013.

Las autoridades de Salud confirmaron que se está tratando un caso de sarampión recientemente detectado en un hospital privado, lo cual está bajo control, indicaron.

Por Fredy López

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