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Congresistas de la bancada Movimiento Reformador (MR) efectuaron una fiscalización del avance de las obras a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), principalmente en lo que corresponde a tramos carreteros, puertos y aeropuertos.

Para el efecto citaron al titular de la cartera, Algo García, y sus viceministros José Luis Benito y Rudy Keller, a quienes cuestionaron sobre el poco avance físico de las obras, lo que fue calificado por el jefe de bancada, Luis Hernández Azmitia, como “mala gestión al frente del ministerio”, pues en varias oportunidades las respuestas de los funcionarios no satisficieron a los legisladores.

Los cuestionamientos en el tema de vivienda, a cargo del Fondo para la Vivienda (Fopavi), se realizaron por el subjefe de bancada, Alejandro de León, quien dijo: “No hay registros de los desembolsos efectuados por pagos de proyectos del año anterior, no se ha cumplido con la ley en relación a que los pagos sí se hicieron, pero las empresas no realizaron las construcciones de viviendas”.

Los diputados Boris España y Víctor Estrada hicieron referencia a los tramos carreteros que conducen al norte del país, los cuales están siendo trabajados pero a un paso lento o en algunos casos están abandonados. Al respecto, el ministro García respondió que en abril se inaugurarán 12 kilómetros de ese tramo y en diciembre se concluirá el trabajo, incluyendo un paso a desnivel en El Progreso, además de gestionar un préstamo de US$190 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica para ampliar 6 puentes, 2 en esa ruta y otros en ruta al Pacífico.

El tema de puertos y aeropuertos fue abordado por los legisladores Ronald Sierra y Luis Contreras, quienes expusieron su preocupación por la certificación internacional del Aeropuerto La Aurora y los ingresos tributarios que hay en los puertos, para lo cual solicitaron un informe detallado que incluya: funcionamiento de la unidades ejecutoras, trabajo de sus viceministros y directores, y los proyectos exactos que se desarrollaran en las carreteras del país, lo cual fue solicitado por varios diputados.

Por Fernando Bolaños

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La diputada Delia Bac, de la bancada Alianza Ciudadana, en atención a la solicitud de los alcaldes de Tajumulco, Ixchiguán, Tacaná, San José Ojotenam y Comitancillo, del departamento de San Marcos, se reunió con el Ministro de Educación, Óscar López, para buscar soluciones en los temas de contratación de docentes y remozamiento de escuelas.

Los jefes ediles solicitaron al ministro que atienda sus necesidades, expresando que las comunidades más pobres y más alejadas son las más olvidadas, por lo que se ven obligados a pagar cada uno más de 25 plazas de maestros, exponiéndose a reparos de la Contraloría General de Cuentas.

“Tenemos carencia de maestros en los municipios, hay quienes atienden 80 niños, faltan escritorios, computadoras, muchas escuelas están cerradas y la población nos exige que se resuelva el problema. También se nos ofreció la reparación de centros educativos, cumplimos con los requisitos, pero todavía no hay avances”, dijo Ismael Ramos, alcalde de Tajumulco.

“Esta es una realidad que no podemos esconder, yo tenía presupuestado Q18 millones para compra de escritorios; sin embargo, por atrasos en las comisiones de licitación el proceso se cayó dos veces”, expresó el viceministro López.

No obstante, el funcionario se comprometió dentro de lo que le permite el presupuesto cumplir las solicitudes. “Haré los cambios que sean necesarios en de mi gabinete para que se cumplan mis instrucciones”, afirmó.

La congresista Bac indicó que dará el seguimiento y acompañamiento necesario para que se cumplan estos ofrecimientos, por lo cual se programó una próxima reunión en el despacho del ministro para el próximo 1 de febrero.

Por Rosemary Recinos

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La diputada Sandra Morán (Convergencia), coordinadora de la Mesa Técnica para la Licencia Obligatoria Antirretroviral Lopi-Roto, sostuvo una reunión de seguimiento con las instituciones de gobierno  y organizaciones civiles que prestan servicios y atienden a los pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH-Sida, con el fin de conocer los avances en la compra de insumos y medicinas a precios bajos.

Durante la reunión dialogaron sobre la necesidad de adquirir las medicinas y que las instituciones encargadas agilicen los mecanismos para comprarlas, ya que se prevé que hay abastecimiento hasta para septiembre del presente año y no quieren que haya desabastecimiento, como ya ha ocurrido.

Víctor Hugo Fernández, coordinador de la Red Legal de Derechos Humanos de Guatemala, comentó: “Aquí hemos visto poco avance en el proceso para que las instituciones se pongan de acuerdo en la compra a bajo precio y nos lo hagan saber. Hay lentitud en decidir conjuntamente que los medicamentos puedan comprarse en Guatemala a los mejores precios”.

Claudia Masseli, Procuradora Adjunta II de la Procuraduría de los Derechos Humanos, señaló: “Lo que queremos es asegurarnos y evitar problemas porque los pacientes tienen derecho a la salud y que tengan acceso a los medicamentos de mejor calidad posible. Según las estadísticas que maneja  la sociedad civil, son alrededor de 17 mil pacientes los que reciben sus medicinas, y hay un subregistro de 10 mil personas que puedan estar sin recibirlas. Sabemos que hay medicamentos solo hasta septiembre y preocupa porque puede aumentar la cifra de muertes”.

La parlamentaria Morán dijo que lo que se trata es encontrar la ruta para que el Estado compre a menor costo y haciéndolo de la manera que corresponde y las autoridades comprendan que es urgente, “porque son personas las que necesitan las medicinas”.

La instancia la integran los ministerios de Salud Pública y Economía , el Programa Nacional del Sida, Registro de la Propiedad Intelectual, Procuraduría de los Derechos Humanos y por las organizaciones de la sociedad civil Asociación Gente Positiva, Hivos - Guatemala, y la Red Legal de Derechos Humanos, entre otras.

Por José Castellanos

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Con las reformas al Decreto 51-2007, Ley de Garantías Mobiliarias, de la cual sólo falta que el pleno del Congreso apruebe modificaciones a siete artículos de la iniciativa, los propietarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del país serán beneficiados para obtener préstamos inmediatos para funcionar, lo cual estimulará la creación de empleos.

La propuesta de ley, que se encuentra en aprobación por artículos y redacción final, pretende facilitar el acceso al crédito dentro de una marco de seguridad jurídica, por medio de bienes muebles, tal como lo explica el artículo 1, en el segundo párrafo: “Bienes muebles derivados, rotativos o flotantes, que se puedan identificar como provenientes de los bienes originalmente gravados, tales como los frutos, valores, nuevos bienes, dinero en efectivo o depósito”, los que podrán ser garantías para un crédito inmediato.

Autoridades del Ministerio de Economía indicaron que ven con agrado la aprobación de las reformas, pues permitirá que las micro, pequeñas y medianas empresas tengan alternativas para obtener líneas de financiamiento o crédito, registrando como garantía sus activos móviles, tales como cosechas, producción o inventarios.

Agregan que la modificación al Decreto 51-2007 implica agilizar los trámites de constitución, modificación y programas de ejecución de las garantías por medio de un procedimiento más preciso, garantizando acceso rápido al crédito.

El diputado independiente Oliverio García Rodas comentó que con estas reformas, en las que se avanzó ayer con la aprobación de 20 de 27 artículos, se pretende que quienes tengan un crédito bancario o bienes muebles puedan darlos en garantía y acceder a un crédito más rápido, lo cual les permitirá continuar con sus negocios sin mayores pérdidas.

Se espera que en los próximos días se concluya con la aprobación por artículos y redacción final de la propuesta de ley.

Por Karla Herrera

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El pleno del Congreso de la República aprobó hoy el Acuerdo 05-2018 mediante el cual se oficializa la distribución de las comisiones ordinarias de trabajo, respetando el número de salas que a cada bancada corresponde de acuerdo con el número de diputados integrantes que tenga cada bloque. Con ello se da cumplimiento al artículo 34 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo que indica que iniciado el período legislativo respectivo se debe realizar dicha aprobación.

La distribución de las comisiones quedó de la siguiente manera:

Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación)


  1. Finanzas Públicas y Moneda

  2. Asuntos Municipales

  3. Ambiente, Ecología y Recursos Naturales

  4. Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales

  5. Vivienda

  6. Previsión y Seguridad Social

  7. Deportes

  8. Seguridad Alimentaria

  9. Asuntos sobre la Discapacidad

  10. Asuntos Electorales
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)

  1. Defensa del Consumidor y el Usuario

  2. Descentralización y Desarrollo

  3. Apoyo Técnico

  4. Asuntos de Seguridad Nacional

  5. Desarrollo Social

  6. Economía y Comercio Exterior

  7. Integración y Regional

  8. Trabajo
Movimiento Reformador (MR)

  1. Energía y Minas

  2. Agricultura Ganadería y Pesca

  3. Migrantes

  4. Turismo
Todos

  1. Comunicaciones, Transportes y Obras Pública

  2. Defensa Nacional

  3. Derechos Humanos

  4. Educación, Ciencia y Tecnología
Alianza Ciudadana (AC)

  1. Salud y Asistencia Social

  2. Pequeña y Mediana Empresa

  3. Relaciones Exteriores
Compromiso Renovación y Orden (Creo): Cultura

Convergencia: Pueblos Indígenas

Encuentro por Guatemala (EG): Reformas al Sector Justicia

Fuerza: Juventud

Partido de Avanzada Nacional (PAN): Legislación y Puntos Constitucionales

Unión del Cambio Nacional (UCN): Gobernación

URNG-Maíz: Menor y de la Familia

Visión con Valores (Viva): Mujer

Winaq: Transparencia y Probidad.

Todos los bloques deberán presentar ante el pleno la próxima semana los nombres de los diputados que estarán presidiendo las 38 comisiones ordinarias de trabajo.

Por Nery Morales

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En la cuarta sesión ordinaria del Congreso, efectuada hoy, el pleno aprobó 20 de los 27 artículos de que constan las reformas al Decreto 51-2007; Ley de Garantías Mobiliarias (4646), que entre otros aspectos facilita el acceso al crédito bancario a personas que no son sujetas a préstamos por estas entidades debido a no contar con una garantía hipotecaria.

La normativa enviada por el Organismo Ejecutivo en 2013 y que cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, garantiza mejores controles, permitiendo que el sistema de registro único sea de forma electrónica, de fácil acceso y bajo costo funcionando de forma eficiente y segura.

Según el congresista independiente Oliverio García Rodas, con la aplicación de estas enmiendas se moderniza y agilizan los trámites del registro de este tipo de garantías. “Generalmente en Guatemala, solicitar un crédito se vuelve una situación muy restringida; la iniciativa 4646 contribuye a incentivar la economía en el país mediante el favorecimiento de la pequeña y mediana empresa haciéndolos sujetos a adquirir créditos para el desarrollo de sus negocios”, explicó.

En la misma sesión, los parlamentarios aprobaron en segundo debate las iniciativas 5342; ley de vacunación, y la 5153, la cual dispone aprobar un reconocimiento de honor público a la señora Concepción Ramírez Mendoza, cuyo rostro aparece acuñado en la moneda de veinticinco centavos, otorgándole una pensión vitalicia de Q3 mil.

Asimismo, se conocieron los proyectos 5373, ley de aviación civil; las reformas al decreto 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo (5374), así como la iniciativa 5375, ley del día nacional del arrepentimiento, el perdón y reconciliación para la paz, así como las reformas al Decreto 145-96, Ley de Reconciliación Nacional (5377), las cuales pasaron a las comisiones de trabajo respectivas para su análisis.

Finalmente, por no contar con el quórum necesario (80) para agotar los temas en el orden del día, el presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar, levantó la sesión y convocó a plenaria los días martes 30 de enero y jueves 1 de febrero para continuar con la agenda legislativa.

Por Karen Mendoza

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Diputados de la bancada Movimiento Reformador, coordinada por el parlamentario Luis Hernández Azmitia, citaron a Luis Chea Urruela, ministro de Cultura y Deportes, y viceministros de dicha cartera, para fiscalizar la ejecución del presupuesto 2017.

El año pasado la asignación fue de Q564 millones, con una ejecución de 65.72 por ciento, con un descenso en comparación con 2016, que fue de 66.29 por ciento. Los parlamentarios también cuestionaron la idoneidad en los nombramientos de los viceministerios, señalando que no se han obtenido los resultados esperados.

El ministro Chea, argumentó: “El ministerio es una cartera administrativamente muy complicada para ejecutar. Sus fuentes de financiamiento son diferentes; por ejemplo, el viceministerio de deportes, que es el que más recursos posee, para poder ejecutar depende en algunos casos del Ministerio de Educación”.

Y agregó: “Por otra parte, se encuentran los polideportivos, lo que más solicitan los alcaldes; sin embargo, ellos no son buenos gestores de los proyectos, lo que retrasa el proceso”.

El diputado Azmitia indicó que al ministro Chea, después de dos años al frente del ministerio, no se le puede aceptar esa baja ejecución en inversión, excusándose en las demoras con la conformación de las juntas de licitación y de cotización. Por tal motivo solicitó copia de las denuncias presentadas por incumplimiento de deberes.

El funcionario fue citado nuevamente para el 8 de febrero, para continuar analizando los resultados de su administración y las proyecciones para el presente año.

Por Rosemary Recinos

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Diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), efectuaron una fiscalización al trabajo de las autoridades del Ministerio de Educación en sus diferentes programas, por lo que citaron al titular de la cartera Óscar Hugo López, al director de Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Miguel Ángel Moir, y al viceministro de Finanzas Públicas, Víctor Martínez.

Durante la reunión el congresista Jairo Flores, criticó la baja en la inscripción de niños en el sistema educativo nacional, puesto que, según indicó el director de Segeplan, los más altos se registraron en el año 2009, cuando se alcanzó un 98 por ciento de cobertura educativa, mientras que este año apenas llevan un 79 por ciento.

“Es inconcebible que a estas alturas de enero aún falten por inscribirse en las escuelas un aproximado de 1 millón 721 mil niños, dijo Flores.

El jefe de bancada, diputado Orlando Blanco, abordó otra temática importante como el equipamiento de los establecimientos educativos. “No es posible que inicie el año y las escuelas no tengan escritorios ni instalaciones dignas donde los niños y jóvenes puedan recibir clases”, para este rubro se asignaron Q127 millones y apenas ejecutaron un 17 por ciento.

También se estableció que tuvieron poca ejecución en infraestructura y en la construcción de institutos tecnológicos, especialmente los que anunciaron en Amatitlán y Huehuetenango , pero además los diputados fiscalizaron el programa de Alimentación Escolar, “El Congreso acaba de aprobar el Decreto 16-2017, Ley de Alimentación Escolar, y nos preocupa que no avance correctamente”, expresó el diputado Flores.

Según el Ministro López, de 34 mil escuelas que hay a nivel nacional, 30 mil cuentan ya con su Organización de Padres de Familia (OPF), (Quienes serán los encargados de manejar la compra de alimentos), tal como lo establece la ley de Alimentación Escolar, y las 4 mil restantes pertenecen a escuelas de niveles superiores, donde hay poco interés por parte de los progenitores ya que reciben ayuda mínima.

“Ya contamos con los recursos económicos para arrancar con el proyecto de la Ley de Alimentación Escolar y esperamos que este funcionando en los próximos días”, dijo el ministro López.

Sin embargo para los diputados de la UNE, el Ministerio de Educación registra niveles muy bajos de ejecución, lo que demuestra poca capacidad.

“En lo que a mí respecta, el Ministerio de Educación, que debe ser unos de los más importantes del Gobierno, está reprobado, por lo que analizaremos con el resto de diputados de la bancada UNE solicitar una interpelación en el pleno del Congreso”, concluyó el congresista Jairo Flores.

Por Mayra Recinos

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Integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia, que coordina el diputado independiente Oliverio García Rodas, se reunieron con Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), quien presentó el diagnóstico de personas privadas de libertad olvidadas, quienes ya cumplieron su sentencia pero no han salido libres por diferentes causas.

El diagnóstico indica que hay más 23 mil personas detenidas por diversos delitos, tanto en los centros para mujeres como para hombres, pero no hay datos exactos de parte de las instituciones encargadas del tema de cuantas personas recluidas hay y que ya cumplieron con la condena y no han salido de prisión, por lo cual se les estaría violando sus derechos fundamentales, como la libertad y vida.

En la reunión participó Ana María Upegui, representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), quien manifestó que “el Estado guatemalteco tiene compromisos internacionales a través de la ratificación de tratados y convenios internacionales y hay recomendaciones de los órganos internacionales para buscar los mecanismos y la solución de la situación de los recluidos”.

“Esta es una problemática a nivel nacional que se debe resolver urgentemente, ya que hablamos de personas que se les está violando sus derechos humanos porque ya cumplieron con la sentencia, pero están detenidos porque no han logrado pagar su multa y se le está criminalizando su situación de pobreza”, dijo el jefe de la PDH.

El parlamentario García Rodas, coordinador de la mesa técnica, expresó: “Este es un tema que debe preocuparnos a todos, ya que hay muchos casos de personas privadas de libertad cuya sentencia ya fue cumplida y siguen detenidos, pero no pueden pagar su sanción penal y los obliga a seguir presos por muchos años por su situación económica y hay una sobrepoblación en las cárceles por muchos casos. Tenemos que solucionar esta problemática”.

Al concluir la reunión, las organizaciones sociales y los congresistas concluyeron que estarán buscando una reunión con Junta Directiva del Congreso de la República, que preside el diputado Álvaro Enrique Arzú Escobar, y la Instancia de Jefes de Bloque para que reciban al Procurador de los Derechos Humanos y representantes de Oacnudh para conocer el diagnóstico.

Por José Castellanos

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