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Integrantes de la Comisión de Seguridad Nacional, que preside la diputada Thelma Ramírez, sostuvieron este día una reunión de trabajo para continuar con el análisis  de la Iniciativa 5410, Ley de la Policía Nacional Civil.

Durante esta reunión se logró avanzar en el análisis hasta el artículo 32 de la mencionada iniciativa. Continuarán con el trabajo el próximo miércoles 9 de mayo con el fin de dictaminar sobre la mencionada iniciativa a la brevedad posible.

La diputada Thelma Ramírez, presidenta de esta Comisión de trabajo, señaló que trabajan en el análisis de esta iniciativa y tienen 45, que corren a partir del pasado 23 de marzo, para dictaminar y que esperan poder avanzar para presentar el dictamen en los próximos días

Entre los puntos torales está la descentralización de algunas de las funciones de la Policía nacional Civil, así como que se les permita a los agentes  poder hacer uso de sus armas de fuego en un caso de defensa propia sin que esto les perjudique el desarrollo de su carrera policial.

Por Wendy Sandoval

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Como parte de su labor de fiscalización, el diputado José Rodrigo Valladares, se reunió con el subcontralor, Cesar Elías, y el viceministro de Ambiente, Julio Recinos, a quienes solicitó información específica de los contratos que tenga ese Ministerio con diferentes empresas que provean servicio de helicópteros.

El parlamentario solicitó un informe pormenorizado de los vuelos que este Ministerio contrata, la periodicidad de los mismos y las empresas que prestan este servicio a la cartera de Ambiente.

“Lo que se busca es conocer cuáles son las empresas contratadas por el Ministerio de Ambiente para prestar el servicio de helicópteros, y si estas empresas llenan los requisitos establecidos por la ley de contrataciones”, dijo Valladares.

Cesar Elías, subcontralor de Gasto Público, informó que la fiscalización en esta clase de contratos se intensificó desde que el pasado 15 de abril el titular de esa Medio Ambiente usó una aeronave para llegar a emitir su voto.  Contó que el ministro Alfonso Alonzo ya presentó el informe que la Contraloría General de Cuentas requirió sobre este tema, que el mismo está siendo analizado por esta entidad y que los resultados de este análisis se darán a conocer en próximos días.

El parlamentario José Rodrigo Valladares dijo que continuarán fiscalizando  las acciones y funcionamiento de la Cartera de Medio Ambiente y Recursos Naturales  para verificar que no se ejecuten acciones ni gastos innecesarios.

Por Wendy Sandoval

 

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La diputada Sofía Hernández, presidenta de la Comisión de Salud, y la parlamentaria Karla Martínez, segunda secretaria de Junta Directiva del Congreso, se reunieron con representantes de diferentes instituciones gubernamentales,  para dar seguimiento a la mesa de trabajo establecida con el propósito de fiscalizar los avances en el proyecto de construcción de un edificio propio  para el Hospital de San Pedro Necta, en el departamento de  Huehuetenango.

“La obra se encuentra abandonada  desde el año 2011, se detuvo con un avance físico del 49.55 por ciento por la liquidación del Fondo Nacional para la PAZ, FONAPAZ, y debido a los trámites burocráticos no se ha podido retomar”, informó Epifanio Mejía Ramírez, director del nosocomio.

La diputada Hernández expresó que existe una demanda penal en el Ministerio Público por  algunas anomalías en su construcción, y habló de la necesidad de que el Fodes nombre una Comisión receptora y liquidadora para que el proyecto pueda trasladarse al Ministerio de Salud, y continuar con su proceso.

“Se otorgó de plazo hasta el lunes 07 de mayo, para que  envíen un informe sobre el cumplimiento de estos requisitos. Si no resolvemos antes de 10 días esta situación se pierden Q.20 millones que ya están presupuestados para este año  para terminar  su construcción”, dijo la congresista,

Estuardo Campo, fiscal regional del Ministerio Público comentó que mañana se realizará un inspección ocular para verificar que el estado de su construcción, concuerde con las auditorias entregadas por la Contraloría General de cuentas, y  con los informes  del Fodes,   para encontrar una solución lo más pronto posible Y poder concluir con esta investigación.

Por Rosemary Recinos.

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Diputados de Junta Directiva y los jefes de los diferentes bloques legislativos aprobaron este día el orden del día que se conocerá en las sesiones ordinarias del próximo miércoles 2 y jueves 3 de mayo, a partir de las 14:00 horas.

El martes los diputados continuarán con la elección del  representante del Congreso ante la Junta Monetaria y el Consejo Nacional de Atención al Migrante. También está en agenda y el nombramiento de los relatores titulares y suplentes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura  y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En la agenda está previsto  que se conozca en primer debate la iniciativa 5257, que contiene reformas al Decreto 2-2003, Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. En segundo debate serán discutidas tres iniciativas: la 5354, ley de prevención de la tuberculosis en Guatemala y su Control; la 5074 que dispone aprobar la ley de competencia, y por último  la 5132, ley de aceptación de penas, la cual fue incluida a solicitud del jefe del bloque del Movimiento Reformador, Luis Hernández Azmitia.

El miércoles también está previsto que se conozca en el Pleno el informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora, que analizó el expediente de antejuicio 33-2018, promovido en contra del ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruela.

Para el jueves 3 de mayo se conocerán en su segunda lectura las reformas a la Ley de ONG’s. En tercer debate está la discusión de la ley de Prevención y Control de Tuberculosis; y por artículos y redacción final se tiene prevista la aprobación de la ley de competencia.

Tras aprobar las agendas los legisladores recibieron la visita de jóvenes representantes del Parlamento Guatemalteco de la Niñez y Adolescencia quienes solicitaron la aprobación de la iniciativa 5285, que propone un sistema nacional de protección a este sector etario de la sociedad.

Por Karen Mendoza

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La diputada Sandra Morán, subjefa de la bancada Convergencia, citó a integrantes de  la Comisión Nacional de Resarcimiento para conocer los avances en la resolución de los casos pendientes de las familias afectadas por el conflicto armado interno.

Según Rigoberto Casasola, sub secretario de la Secretaría de la Paz, hay alrededor de 30 mil expedientes pendientes  por resolver.

“Dentro de estos casos, está el ocurrido en los años 80 cuando el Ministerio de la Defensa despojó a varias familias de sus tierras para instalar la base militar en el departamento del  Quiché, donde hoy está  el Instituto Adolfo V hall”, expresó la diputada Morán. La congresista denunció que estas  familias han  llevando este proceso por varios Gobiernos y debido a los cambios políticos, todavía no se ha podido resolver.

“Lo que queremos es recuperar las propiedades que nos fueron usurpadas, y que se nos cumpla con el resarcimiento económico  por todos estos años que no hemos podido producir en nuestras tierras”, dijo Manuel Zapeta Pérez, representante de una de las familias afectadas.

El Viceministro de la Defensa dijo que ellos solo son administradores de estos bienes del estado. “Legalmente no se ha podido demostrar la calidad de ser los propietarios de los inmuebles que reclaman”, dijo.  Respecto al   resarcimiento económico se comprometieron a  recuperar el expediente que se quedó parado en el año 2015.

La parlamentaria  convocó a una mesa técnica para solucionar este caso específico,  para el 1 de julio con la participación de todas las entidades involucradas.

Por Rosemary Recinos

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Con 99 votos favor, diputados al Congreso de la República aprobaron, en la sesión ordinaria de este jueves, reformas al decreto 11-2016, Ley de Incremento Económico a las Pensiones otorgadas por el Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado,  que establece un incremento de Q500 a las pensiones, dando así vida jurídica al Decreto 13-2018.

La normativa, que entrará en vigencia un día después de su publicación en el diario oficial, beneficia  a jubilados y pensionados de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones, Guatel, Banco Nacional de la Vivienda, Banvi, discapacitados del Estado en el orden militar y aquellos en los regímenes de pensionados, jubilados y montepíos del Ejército de Guatemala.

La fuente de financiamiento del referido incremento provendrá del Presupuesto General  de Ingresos y Egresos del Estado del ejercicio fiscal 2018, por lo que el artículo  1 Bis, de dicha ley en su último párrafo, faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que haga las readecuaciones necesarias para su pago.

“Con esta aprobación el  Congreso está dando un mensaje correcto,  reconociendo la entrega de aquellos que sirvieron al Estado con su trabajo, y que hoy tienen una pensión raquítica. Estas reformas se lograron con el consenso de muchos de los  partidos políticos representados en el Pleno, y constituyen un beneficio para aquellos que perciben un monto inferior al salario mínimo vigente”, manifestó el jefe del bloque Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Orlando Blanco.

Durante la plenaria también se discutió, en su primer debate, el proyecto de decreto que dispone aprobar la ley para la prevención de la tuberculosis en Guatemala y su control. La propuesta que contiene 26 artículos establece acciones de coordinación, prevención y control de esta enfermedad.

Los congresistas conocieron dos iniciativas de ley, la cuales fueron enviadas a distintas comisiones, según su tema, para estudio y dictamen.  La 5435, que dispone aprobar la ley de promoción de relaciones entre Guatemala y Belice que fue enviada a la Comisión de Relaciones Exteriores. La 5436, que incluye reformas al Decreto 81-87, Ley Orgánica del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala,  que aprueba una ampliación presupuestaria para gastos de funcionamiento, lo que permitirá otorgar un bono de responsabilidad a los miembros de este cuerpo de socorro que desde hace 14 años no reciben ningún incremento salarial y brinda la oportunidad de crear 450  nuevas plazas.

La iniciativa 5251, que incluye reformas al Decreto 21-2016, Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, no contó con los 105 votos requeridos por constituir una ley de rango constitucional, por lo que se mandar a archivar.

El presidente del Congreso, Alvaro Arzú Escobar levantó la sesión y convocó a reunión de la Instancia de Jefes de Bloque, para este viernes 27 de abril, a partir de las 10:30 horas.

Por Karen Mendoza

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Diputados de la Comisión de Deportes, que preside la representante Flor de María Chajón, de la bancada FCN-Nación,  se reunieron  para emitir el dictamen correspondiente a las iniciativas 5418 y 5422 que proponen Reformas al Decreto Número 76-97, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.

Respecto al primer proyecto, la Sala Legislativa dispuso solicitar una prórroga de 45 días para continuar con su análisis y estudio. “El espíritu de esta ley es buscar la autonomía del futbol profesional del deporte federado, por lo que acordamos pedir más tiempo, ya que es un tema muy importante y merece más discusión”, explicó el diputado José Alejandro de León, de la bancada Movimiento Reformador.

La segunda iniciativa que reforma artículo 26 atribuciones, artículo 94 integración, artículo 95, artículo 102, artículo 110, artículo 112 y artículo 220, recibió dictamen desfavorable. “Lo que vemos aquí es que se tocan varios puntos de índole financiero, como el establecimiento de un programa de asistencia médico  gratuito y vitalicio  a exseleccionados nacionales,  pero no se establece su fuente de financiamiento”, dijo el diputado independiente, Germán Velásquez.

La diputada Chajón dijo que se está trabajando en una mesa técnica para hacer cambios fundamentales a la Ley del Deporte, y no se pueden tener dos actividades paralelas sobre el mismo tema.

Por Rosemary Recinos

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Diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, citaron a altos funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA; a representantes de la Contraloría General de Cuentas, CGN; y del banco Crédito Hipotecario Nacional, CHN; con el fin de fiscalizar los diferentes programas que maneja dicho Ministerio.

El diputado Carlos Barreda, subjefe de la bancada, acompañado de la representante Marleny Matías, solicitaron información sobre la rebaja presupuestaria al Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, VISAN, por Q93 millones, lo cual afecta a personas que podrían ser beneficiadas.

“Le quitaron recursos a programas tan importantes de ayuda social. Ahora que el Ministerio de Desarrollo no está  ejecutando, el MAGA debería estar haciendo mayores esfuerzos”, criticó el diputado Barreda.

Mario Méndez Montenegro, titular del MAGA, dio a conocer que esos recursos fueron trasladados para pagos de planillas, e informó que están coordinando con el Ministerio de Finanzas, para que les transfiera Q200 millones. Los congresistas no se mostraron satisfechos con la respuesta y les preocupa que por contratiempos en las transferencias pueda llegar a existir un desabastecimiento de alimentos, cuestión que descartó el Ministro al asegurar que cuentan con suficientes fondos para cumplir con los compromisos.

Otro punto que fue tratado por los congresistas fue el de las planillas de los 14 programas sociales que maneja el MAGA a través de fideicomisos,  las cuales han crecido  año con año. “Tenemos varias denuncias sobre personal contratado en alguno de estos programas manejados por fideicomiso y que en realidad realizan  trabajo político”, denunció el subjefe de la UNE.

Los diputados también  hicieron hincapié en el  programa de Subvención de Insumos Agropecuarios, pues consideran que ha carecido de transparencia en varios aspectos. “El CHN, como banco designado para entregar a los campesinos  cupones de Q200, se ha negado a dar los listados de los beneficiarios debidamente certificados por el Registro Nacional de la Personas, Renap”, indicó Carlos Barreda.

El diputado lamentó que se estén politizando dichos recursos, y dijo que tiene denuncias de la participación de empresas  ligadas a personas de partidos políticos  antiguos como Líder y Patriota. “Vamos a pedir mayor información sobre el Programa de Subvención, pues de acuerdo a denuncias recibidas, tienen a dos mil personas que cobran este cupón, pero que ya están fallecidas”, expresó  el diputado.

Al finalizar la reunión, los congresistas solicitaron que les remitan información detallada sobre los programas que fueron afectados por las transferencias que se hicieron para el pago de planillas; además deberán enviar a la brevedad posible, las planillas de personal que trabaja en los 14 programas sociales que maneja el MAGA a través de fideicomisos. Por último pidieron a los personeros del CHN que les extiendan los listados de los pagos que han realizado a los beneficiarios del Programa de Subvención.

“Toda esta información la vamos a cruzar con los datos que maneja el Renap y la Contraloría General de Cuentas; de encontrar anomalías  presentaremos las denuncias correspondientes”, concluyó el diputado Carlos Barreda.

A la reunión asistieron el Sub Contralor del Gasto Público, César Elías; el titular del VISAN, Manfred Mélgar; Gustavo Varela y José Conde, del CHN.

Por Mayra Recinos

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El Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Alonzo Vargas, compareció ante diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, quienes le solicitaron un informe detallado sobre a quién pertenece y cuánto costó el helicóptero que usó para trasladarse a su centro de votación, el día 15 de abril, por la Consulta Popular.

Los congresistas supieron que la aeronave en la que se transportó el Ministro pertenece a un Ingenio, lo cual podría considerarse como un caso de Tráfico de Influencias, entre otros delitos, manifestó el congresista Carlos Barreda, sub jefe de la (UNE).

Alonzo  dio un detalle de los vuelos contratados por el Ministerio de Ambiente en 2017 y 2018.  “Las cantidades de los pagos varían y los viajes han sido pagados por la institución”, afirmó el funcionario.

Explicó que los traslados a Chiquimula y Zapaca fueron porque hemos tenido problemas con el Motagua. “Tuvimos una demanda internacional por la contaminación que lleva al Río Motagua, y hemos tenido que trabajar con los usuarios de la Cuenca de todo el río. Se gastaron en estos vuelos Q72 mil 520”.

Los congresistas insistieron en conocer qué empresas han sido contratadas por el ministerio. “A nosotros nos presta el servicio la ruta Aéreo Maya, coya contratación se hizo por medio de un evento. Ese día quería un vuelo con esa empresa y no había disponibilidad de helicópteros y llame a un piloto para que me consiguiera una aeronave de emergencia y me la consiguió y hicimos un recorrido a Zacapa sobre la sierra las minas y en el regreso tenía que ir a votar y el piloto me llevo y me dijo que era de cortesía”, comentó Alfonso Alonso, ministro del (MAGA).

El funcionario no logro explicar correctamente a los diputados de que empresa se trataba y se comprometió a enviar la información. Los congresistas solicitaron además que enviara a la bancada la documentación de cuántas licencias de explotación ha firmado y a qué empresas.

En la reunión también participó Cesar Elías, sub contralor del Gasto Público, a quien se le solicitó que analizara el contenido de la información que entregó el Ministro de Ambiente durarte el interrogatorio, y de ser posible que presentara una investigación del caso.

Como conclusión los congresistas hicieron un resumen de lo explicado por  el titular de Maga e indicaron que estarán analizando en la bancada Unidad Nacional de la Esperanza lo actuado y el proceder por el funcionario. De haber indicios se iniciara con entablar una demanda penal en los órganos correspondientes.

Por José Castellanos

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