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Con el fin de evaluar la situación de la red vial del país y otros temas relacionados con la cartera, diputados de la bancada Movimiento Reformador se reunieron con el ministro de Comunicaciones, Aldo García, el viceministro de Infraestructura Vial, José Morales, y el director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), Julio Méndez.

El ministro García dio a conocer que hay inconvenientes por la falta de recursos financieros, pero que está a la espera de que se les trasladen Q192 millones para dar continuidad a los trabajos de varios proyectos de infraestructura que son de mayor importancia para la población.

El diputado Luis Hernández Azmitia (jefe de bancada), expresó: “Nosotros hemos estado fiscalizando y verificando todas las carreteras durante los dos años del actual gobierno, pero nos preocupa que no se avance porque la infraestructura sigue en condiciones malas y queremos ver que se agilicen los trabajos”.

El titular de la cartera de Comunicaciones informó sobre la ejecución presupuestaria, los proyectos por iniciar y las obras de arrastre, como el tramo de carretera de libramiento en Chimaltenango. “Nosotros licitamos obra el año pasado por más de Q2 mil millones, pero tenemos un déficit de Q1 mil 300 millones y tenemos que buscar los recursos para finalizar las obras pendientes”, puntualizó.

Los congresistas solicitaron información acerca de la deuda que se les tiene a las empresas constructoras durante los últimos gobiernos, los eventos que serán licitados para el presente año y los que han tenido dificultad. También indicaron que continuarán con la tarea de fiscalización del Ministerio de Comunicaciones.

Por José Castellanos

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Diputados de la bancada Unión del Cambio Nacional, coordinados por el parlamentario Julio Lainfiesta, se reunieron con María Eugenia Barrios, viceministra de Educación, para indagar sobre el cierre de centros educativos en el municipio de San Pedro Pinula, Jalapa.

Comunitarios denunciaron irregularidades en las contrataciones de maestros, politización de las plazas, falta de docentes y escuelas cerradas, por lo cual solicitaron se reabran los centros educativos inmediatamente o de lo contrario tomaran medidas de hecho.

“Tenemos informe de la Dirección Departamental de Educación de 38 escuelas cerradas en San Pedro Pinula, lo que implica cientos de niños sin educación”, expresó el diputado Jaime Lucero, cuarto secretario de Junta Directiva del Legislativo.

Asimismo, el parlamentario Lainfiesta exigió al Ministerio de Educación que verifique lo que denunciaron los padres de familia y que el problema se solucione antes que concluya el presente mes.

La viceministra Barrios comentó que una de las debilidades más grandes que tiene la cartera de Educación es la falta de recurso humano, debido al presupuesto insuficiente. Sin embargo, dijo que se está trabajando en reubicar personal docente en las áreas con más necesidades.

Cecilia Aguirre, delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo que tienen abierto un expediente y evidencia de centros abandonados, casos donde un maestro cubre hasta 100 alumnos, sanitarios en pésimo estado, niños sentados en el suelo y docentes que no cumplen su horario de trabajo. Si no se resuelve esta situación se declarará violación de derechos humanos y se iniciaran procesos administrativos a quien corresponda, agregó.

La viceministra se comprometió a enviar mañana una Comisión a San Pedro Pinula, Jalapa, para que investigue y agilice la apertura de las escuelas a más tardar el 28 de febrero, y enviará un informe a la bancada sobre los avances.

Por Rosemary Recinos

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A instancias de la diputada Nineth Montenegro, de la bancada Encuentro por Guatemala, hoy se llevó a cabo el primer conversatorio para abordar los avances en el cumplimiento del Decreto 8-2013, Ley de Equipos Terminales Móviles.

A la reunión asistieron diferentes organizaciones de la sociedad civil, representantes de las tres principales empresas telefónicas del país, del Ministerio Público (MP), Policía Nacional Civil (PNC), Sistema Penitenciario (SP) y Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).

Erika Gonzales, del movimiento Pro Justicia, indicó que de acuerdo a sus monitoreos los índices de extorsiones desde las cárceles se han mantenido, debido a que no hay suficiente supervisión y control de parte de los guardias de los centros carcelarios.

“Otro problema es que la SIT no cumple a cabalidad con la inspección de los centros de comercialización de tarjetas telefónicas, y tampoco verifican que no se compren celulares con documentos de identificación falsos”, explicó Gonzales.

Juvell de León, director del SP, argumentó que desde los años 70 no se invierte en las cárceles del país, lo que los ha llevado a tener una sobrepoblación del 350 por ciento más de su verdadera capacidad. “En los 21 centros de privación de libertad del país hay 23 mil 235 hombre recluidos y un aproximado de 2 mil 431 mujeres, y este número va en aumento”, acotó.

Además indicó que el verdadero problema que afrontan actualmente es la tecnología de punta que están utilizando los presos para hacer llamadas telefónicas, ya que han detectado el sabotaje en el servicio de luz eléctrica y de los bloqueadores de señal en los centros de reclusión, así como la utilización de teléfonos satelitales.

Karen Cabrera, de la firma Claro, dijo que es lamentable que hayan invertido Q28 millones en bloqueadores de señal para las cárceles y que ahora no tengan buen uso.

La diputada Montenegro expresó que es preocupante que la delincuencia organizada vaya adelante de las instituciones encargadas de impartir justicia y seguridad en el país, por lo que pidió que se investigue a la empresa Red, que distribuye celulares satelitales.

Pero sobre todo urgió que se pida apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), para que coopere en la depuración del personal del SP, así como asesorar en materia de tecnología, “Estos son grupos de crimen organizado que utilizan estrategias que van más allá de la capacidad que el mismo Estado tiene para contrarrestarlos”, aseveró la diputada.

Por Mayra Recinos

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Los diputados del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Carlos Fión (jefe de bancada), y Mario Velásquez se reunieron con el Director General de Caminos, Juan José Hancer, para cuestionarlo sobre el abandono en que se encuentra el tramo carretero que comunica los municipios de Panajachel, Santa Catarina Palopó y San Antonio Palopó, en el departamento de Sololá.

En la reunión estuvo presente el alcalde de Santa Catarina Palopó, Rodolfo Joj, quien manifestó el malestar de esas poblaciones porque la empresa asignada para los trabajos de reparación llevó maquinaria desde el año pasado pero no han iniciado los trabajos. “Eso genera pérdidas, tanto a los transportistas como a los productores agrícolas, además solo abarcarán el tramo de seis kilómetros entre Santa Catarina Palopó y San Antonio Palopó, dejando fuera los primeros tres kilómetros que van de Panajachel a Santa Catarina”, indicó.

El director de caminos respondió que ya se encuentra el contrato firmado con la empresa Sinabi y solo falta entregar el primer pago para que se inicien los trabajos.

También estuvo presente el concejal de la municipalidad de Nahualá, Sololá, Cristobal Tzep, quien manifestó que la carretera de terracería de ese municipio se encuentra en pésimas condiciones y esto afecta a 38 comunidades.

El congresista Fión indicó que para el 15 de febrero próximo estarán citando al Viceministro de Infraestructura, del Ministerio de Comunicaciones, José Fernando Morales, de quien esperan tener un informe detallado y propuestas de solución al problema.

Por Nery Morales

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Diputados de las bancadas Unidad Nacional de la Esperanza y Todos citaron a funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Procuraduría General de la Nación y Derechos Humanos, entre otras autoridades, para mediar en la solución del problema del corte de energía eléctrica en varios municipios de Retalhuleu, San Marcos, Quetzaltenango y Huehuetenango.

Los funcionarios fueron citados por el caso específico del parcelamiento Caballo Blanco, Retalhuleu, pero se unieron legisladores representantes de San Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango, donde también fue cortado el servicio que presta la empresa Energuate en varias comunidades.

Los diputados señalaron que el corte del fluido eléctrico afecta a la población, por lo cual pidieron a las autoridades buscar una solución en el menor tiempo posible.

El diputado José Martínez Dell (Todos) explicó que lo sucedido en el parcelamiento Caballo Blanco fue un corte colectivo, por problemas con vecinos que no pagan el servicio, pero hay más de quinientas familias que si cumplen y están siendo afectados. “Creemos que se violó la ley y esperamos que después de la visita de campo se pueda reconectar el servicio en un plazo no mayor de veinticuatro horas”, afirmó.

En los departamentos de San Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango varias comunidades viven una situación similar, por lo cual los legisladores afirmaron que darán seguimiento al tema para que se hagan respetar los derechos de la población afectada.

Por Fredy López

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Tras diversas denuncias presentadas por despidos injustificados, la no entrega de la ayuda económica para la fundaciones de salud y el abandono del Centro de Urgencias de Tecpán, Chimaltenango, las diputadas de Alianza Ciudadana, Delia Bac y Eva Nicolle Monte se reunieron con  funcionarios del Ministerio de Salud para recibir una explicación y buscar soluciones.

A la cita acudieron el viceministro Administrativo, Gustavo Arévalo, y el director de Salud, Carlos Paz.

El primer tema abordado fue la destitución de trabajadores de los hospitales San Juan de Dios y del regional de Huehuetenango donde, según la congresista  Delia Bac, jefa de la bancada, es un acto ilegal, por lo que esperan se les entregue un informe del porqué de la destitución de varias personas.

En cuanto al tema  del Centro de Urgencias en  Tecpán, la diputada  Bac  solicitó que el centro fuera elevado a hospital para que se puedan atender emergencias en ese lugar y no se desperdicie el espacio físico, pues allí se podría servir a más de 30 mil personas que viven en los alrededores. Al respecto, los funcionarios de Salud se comprometieron a analizar la solicitud.

En la reunión, Virgilio Rodríguez, director de la Fundación Barbará Nicole, Ayúdame a Escuchar,  solicitó que se agilice la entrega del aporte económico de Q9 millones por parte de la cartera de Salud para poder operar a niños con sordera. Ante la solicitud el viceministro de Salud aseguró que se harán los trámites para desembolsar el dinero.

Por Karla Herrera

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Los diputados representantes de Retalhuleu y Quetzaltenango, Edwin Lux y Pedro Méndez, respectivamente, se reunieron con el Viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud y Asistencia Social, Mario Figueroa , y el Gobernador de Retalhuleu, Ángel Martínez, con el fin de solicitar mejoras en la atención en los nosocomios de sus respectivos departamentos.

EL diputado Edwin Lux, de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo que hay problemas administrativos y pidió que se garantice el abastecimiento de medicamentos y que se contrate personal que hablen dos idiomas a efecto de brindar un mejor servicio. Lo mismo solicitó el congresista Pedro Méndez, de la bancada Todos.

El Viceministro de Hospitales se comprometió con los parlamentarios a enviarles la información de ambos departamentos que le fue requerida y reconoció que el hospital de Quezaltenango es uno de los importantes del Occidente del país y se le debe prestar más atención.

Por Fredy López

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El subjefe del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barreda, se reunió con autoridades de los ministerios de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) y Finanzas Públicas (Minfin), a quienes cuestionó sobre los bonos únicos otorgados el año pasado a personal bajo el renglón 011 del Gobierno Central.

Gabriel Aguilera, viceministro de Previsión Social del Mintrab, expresó que a la fecha no hay una política o estrategia salarial que delimite los casos en los que se puede otorgar dichas ventajas económicas. “En el caso del Ministerio de Trabajo se efectúa por medio de un acuerdo ministerial al que se le adjuntan dictámenes, tanto de la Oficina Nacional de Servicio Civil como de Finanzas”, explicó.

El viceministro de Administración Financiera del Minfin, Víctor Martínez, afirmó que la intervención de dicha cartera en cuanto al tema es únicamente para identificar si hay disponibilidad presupuestaria para la entidad nominadora, para que la misma pueda hacer las derogaciones correspondientes a este rubro.

Martínez explicó: “Es responsabilidad de las autoridades de cada ministerio, secretaría o entidad descentralizada la autorización de este incentivo económico. A Finanzas solo llega la solicitud de desembolso”.

El congresista Barreda aseguró que dicho beneficio, que asciende a no menos de Q659 millones, se hizo con el fin de incrementar la ejecución presupuestaria de los distintos ministerios y secretarías del Ejecutivo, por lo cual dijo que citarán nuevamente a los titulares de ambas carteras, así como a representantes de la Contraloría General de Cuentas para identificar si el referido bono fue derogado apegado a la ley.

“Nos preocupa que fondos que han sido destinados a programas que benefician a personas en condición de pobreza y pobreza extrema hayan sido redireccionados arbitrariamente en beneficio de unos pocos, razón por la que seguiremos vigilantes del tema hasta que se dilucide dicha situación”, reiteró el parlamentario.

Por Karen Mendoza

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Diputados de la bancada Movimiento Reformador, coordinados por el parlamentario Luis Hernández Azmitia, citaron a funcionarios integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan) para conocer las acciones que se están llevando a cabo para atender a los municipios más necesitados del país.

Juan Carlos Carías, titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y coordinador de dicho consejo, comentó que debido a su reciente nombramiento, en enero, todavía no se ha establecido una ruta específica y que se encuentran a la espera de la readecuación presupuestaria entre los diferentes ministerios que participan en los programas.

“La erradicación de la desnutrición crónica es el camino más seguro para el desarrollo del país. Estamos evaluando la articulación entre las diferentes carteras que integran el consejo, sin embargo lo que se ha evidenciado es mucha descoordinación”, comentó el diputado Azmitia.

Y agregó: “San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, es el municipio con mayor desnutrición crónica en el mundo, donde más de un 78 por ciento de la población es afectada por este flagelo, y por procesos administrativos y burocracia no se está atendiendo de inmediato”.

Rubén González, viceministro de Primer Nivel de Atención en Salud, comentó que por razones presupuestarias hay un déficit de puestos de salud y  a la fecha se encuentran cerrados 24, por falta de personal, lo que está afectando a 4.9 millones de personas.

Los parlamentarios exigieron que se abran estos centros de salud y comunicaron que asistirán a la próxima reunión del consejo para verificar que se establezca un plan de acción, y que se remita un informe quincenal, tanto a la bancada como a la Procuraduría de Derechos Humanos, para darle seguimiento a la solución del problema.

Por Rosemary Recinos

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