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El diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, entregó hoy a Dirección Legislativa del Congreso de la República la iniciativa de ley de combate a las pandillas y grupos criminales organizados de alta peligrosidad, la cual busca reformar el Artículo 16 del Decreto 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público.

El congresista dijo que su propuesta es exclusivamente para combatir a las pandillas y los grupos criminales, ya que “tienen de rodillas a la población”, pero además brinda apoyo al Organismo Ejecutivo para que las fuerzas de seguridad cuenten con elementos jurídicos para efectuar los operativos de captura.

La iniciativa modifica el Articulo16, el cual quedaría así: “El Ejecutivo podrá decretar el Estado de Sitio, no sólo con el motivo de actividades terroristas, sediciosas o de rebelión que pretendan cambiar por medios violentos las instituciones públicas o cuando hechos graves pongan en peligro el orden o tuvieren indicios fundados de que han de suceder actos de sabotaje, incendio secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares o autoridades civiles o militares u otra forma de delincuencia organizada, terrorista o subversiva”.

También describe a las organizaciones criminales de alta peligrosidad, así como a los miembros integrantes de estos grupos, y faculta al Presidente de la República para que en Consejo de Ministros declare Estado de Sitio para combatir las organizaciones criminales de alta peligrosidad.

El diputado Linares destacó que la iniciativa de ley también pone limitaciones al Estado de Sitio, que debe acatar el Ejecutivo.

“Hoy día, áreas completas en Guatemala están bajo el control de los grupos criminales organizados. Los habitantes, comerciantes y productores de estos vecindarios y zonas son objeto de extorsión, que se ha convertido en un impuesto para estos agentes paraestatales”, explicó el diputado.

Agregó que según un estudio recientemente divulgado por las autoridades de Estados Unidos señalan que en Guatemala hay cerca de 22 mil pandilleros, 17 mil de la pandilla Barrio 18 y 5 mil de la Mara Salvatrucha MS-13.

Por René Rodríguez

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Diputados del Movimiento Reformador se reunieron hoy con el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Carlos Soto, para que rindiera un informe sobre el trabajo realizado en la red hospitalaria en 2017, y los proyectos y programas para el presente año con el fin de mejorar la salud de los guatemaltecos

El ministro destacó que durante 2017 la ejecución en la red hospitalaria fue de 90.3 por ciento y que se hace el esfuerzo para que en este año se mejoren los servicios y se amplíe la cobertura en todo el país.

En la reunión también participaron los parlamentarios Boris España, José Alejandro de León, Pedro Pablo Tzaj, Ronald Sierra, Aracely Chavarría y Nery Samayoa, quienes aprovecharon para destacar las carencias de los hospitales en sus respectivos distritos, principalmente la falta de quirófanos, de recurso humano calificado, medicamentos, abastecimiento de agua e inversión en distintas áreas.

El diputado Azmitia abordó el tema de contratación de personal, explicando la importancia que tiene para el ministerio y la red hospitalaria contar con el personal calificado en diferentes áreas. Al respecto, se refirió a la contratación de 4,846 personas en diferentes áreas de salud en todo del país durante la administración anterior a la del ministro Soto.

En torno a este tema, el jefe de bancada solicitó al ministro investigar el marco legal y si hay delito en la manera en que hicieron las contrataciones. Y de ser así pidió que lo denuncie ante las instancias respectivas para que en el futuro no se utilice al Ministerio de Salud para cometer ilícitos. “Solicito al ministro que envíe a esta bancada las acciones tomadas sobre el particular”, expresó el diputado Azmitia.

Al ministro le acompañaron Francisco Theissen, Coordinador de Hospitales, y Rosa María Rivas, Directora de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Por René Rodríguez

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Integrantes de la Comisión de Cultura del Congreso, que preside el legislador Mario Velásquez, de Compromiso Renovación y Orden, se reunieron con el viceministro de Cultura y Deportes, Renato Monterroso, para conocer los proyectos del ministerio para este año, que incluyen construcciones, entrega de implementos deportivos y reparación de lugares recreativos en todo el país.

Los diputados Marleni Matías (UNE), Andrea Villagrán (Todos) y el presidente de la comisión cuestionaron la entrega de implementos deportivos, construcción de polideportivos y mejoras en infraestructura ya existente, pues consideran que hace falta más efectividad en la ejecución del presupuesto para ampliar la cobertura.

Al respecto, Monterroso afirmó que Q52 millones se usaran para construir 18 centros recreativos departamentales, Q20 millones para compra de implementos deportivos y Q24 millones para la reconstrucción de infraestructura, como el Campo de Marte, El Parque Erick Barrondo y el Polideportivo de Gerona, en la ciudad capital.

El funcionario aseguró que los proyectos se ejecutarán con base en una programación y de acuerdo a las necesidades, los cuales esperan iniciar en dos semanas, dependiendo del avance de las licitaciones y asignaciones monetarias de parte del Ministerio de Finanzas Públicas.

Otros cuestionamientos de los comisionados giraron en torno a los instructores de educación física en el interior del país, quienes se encargan de impartir clases al público en general en centros polideportivos. Según los legisladores, hay casos en que los maestros no asisten a impartir sus clases y tienen sueldos de Q6 mil mensuales.

Tras escuchar al funcionario, los congresistas le solicitaron un informe completo sobre el programa operativo anual del Ministerio de Cultura y Deportes para el presente año.

Por Fernando Bolaños

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Las diputadas Delia Back y Eva Nicolle Monte, electas por el departamento de Chimaltenango, se reunieron con la directora ejecutiva del Fondo de Desarrollo Social (Fodes), Brenda Marleny Mayen; y el alcalde  de San Juan Comalapa, Chimaltenango, José Similox, para verificar el avance en la ejecución de varios obras solicitadas por esa municipalidad.

El alcalde de San Juan Comalapa explicó que entre lo solicitado está la reparación de varias escuelas en aldeas de ese municipio, así como  la reconstrucción de calles y drenajes. “Hace 10 años que pedimos las obras y aún no inician”, se quejó el jefe edil.

En respuesta, la directora del Fodes destacó que el 15 de marzo de este año esperan iniciar con el proyecto de alcantarillado, el cual aseguró beneficiará a más de 50 mil habitantes de la zona.

Las congresistas se sintieron satisfechas con la respuesta dada por Mayen y aseguraron que fiscalizarán los trabajos. “Nos sentimos satisfechas y seguiremos  de cerca el cumplimiento de esta promesa por parte de la directora de Fodes”, puntualizó la diputada Delia Back, jefa de bancada Alianza Ciudadana.

 

Karla Herrera

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La diputada Sofía Hernández, electa por el departamento de Huehuetenango, citó a funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), y de Finanzas Públicas, para indagar porque no hay avances de los trabajos en la red vial de dicho departamento, lo cual ha provocado bloqueo de carreteras.

La semana pasada pobladores obstaculizaron el paso por hasta ocho horas en la Aldea Camojá Grande, La Democracia, Huehuetenango, exigiendo la reparación de la red vial que conduce a Nentón, lo cual preocupa a la congresista de Alianza Ciudadana y presidenta de la Comisión de Salud.

El viceministro de Finanzas, Víctor Martínez, indicó que ya tienen aprobada una transferencia de Q6 millones como adelanto para iniciar los trabajos en dicha ruta. “Hasta el momento estamos esperando que el CIV culmine los trámites correspondientes para hacer el desembolso” aseveró.

José Fernando Morales, viceministro de Infraestructura del CIV, se comprometió ante la legisladora a comenzar los trabajos del tramo carretero durante los primeros días de marzo próximo, que tendrá un costo total de Q30 millones.

La congresista aprovechó la oportunidad para indagar acerca de los diferentes trabajos de infraestructura que se tienen pendientes en Huehuetenango, entre ellos los de Piedras de Captzín, San Miguel Acatá, San Rafael Independencia y Todos Santos Cuchumatán, entre otros.

Juan Carlos Méndez, director de la Unidad Ejecutora de la Conservación Vial (Covial), dijo que en 2017, cuando él asumió el cargo, efectuaron eventos de licitación de mayo en adelante, lo que les permitió avanzar lo necesario; sin embargo, este año iniciaron desde el 8 de enero.

La diputada Hernández manifestó que en atención de las demandas de sus electores es preciso que los funcionarios le envíen en un término de 48 horas informes circunstanciados de las obras viales de Huehuetenango, ejecutadas en 2017 y los proyectos que se tienen para 2018, con el fin de poder trasladar información precisa a los pobladores.

Por Mayra Recinos

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El presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzú Escobar, recibió junto al diputado independiente Oliverio García Rodas, la visita de representantes del Banco Mundial (BM) junto a la ministra de Trabajo, Aura Leticia Teleguario, con el fin de buscar viabilidad a la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), específicamente en lo que se refiere a la consulta a los pueblos indígenas.

A la cita de trabajo asistieron Homa-Zahra Fotouhi, representante residente del BM; Jan Weetjens, gerente de la Práctica de Desarrollo Social para América Latina y el Caribe; Dianna Pizarro, especialista senior de Desarrollo Social; Fernando Paredes, oficial senior de Operaciones; así como la ministra de Trabajo, Aura Leticia Teleguario, y el viceministro de la cartera laboral, Gabriel Aguilera.

“Tuvimos una reunión bastante interesante con el presidente del Congreso (Álvaro Arzú Escobar) aunado con el diputado Oliverio García, quienes están trabajando en un proceso muy importante, y es buscar la viabilidad del Convenio 169 de OIT, en el marco de una ley de consultas que han venido preparando con asesoría y acompañamiento del Ministerio de Trabajo”, dijo la titular de la cartera laboral.

Explicó que la cita obedeció por el interés que tiene el BM y la OIT de continuar con el apoyo de este esfuerzo que es vital para el país. “Esta reunión fue para tener información precisa del estatus de esta ley. Entiendo que hay un compromiso bastante fuerte de presentarla a la brevedad posible y después sociabilizarla con diferentes sectores para que emitan su opinión”, puntualizó la funcionaria.

En dicha resolución, emitida en junio del año pasado, la Corte de Constitucionalidad compele al Congreso para que en el plazo de 12 meses promulgue una ley de consultas comunitarias de acuerdo con el procedimiento que establece la sentencia y en observancia de lo establecido en el mencionado Convenio 169.

Por Byron Vásquez

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En la novena sesión ordinaria celebrada hoy, tras una extensa jornada de discusión, el pleno del Congreso de la República dio trámite al segundo debate de cuatro iniciativas de ley, las cuales podrían ser aprobadas en un tercer debate, por artículos y redacción final para su posterior implementación.

Entre las iniciativas está las reformas al decreto 9-2009, Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (5280), la cual impone multas de hasta tres salarios mínimos a personas que cometan acoso sexual. La sanción incrementa de uno o dos años de prisión si la víctima es menor de edad y por otra parte, si el acosador es funcionario o empleado público, se le suspenderá de manera inmediata de sus labores.

Otras iniciativas son: la 5356, que contiene reformas al decreto 34-2003, Ley de Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares; las reformas al decreto Ley 106, del Jefe de Gobierno, Código Civil (5175), y la 5385, que dispone aprobar la Ley de Creación del Procedimiento para Delitos de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

Ley que fiscaliza ONG´s genera debate

En el desarrollo de la plenaria una de las propuestas de ley que desencadenó discusión en el hemiciclo fue la concerniente a las reformas al decreto 2-2003 Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, con opiniones encontradas como la de los diputados Fernando Linares Beltranena (Partido de Avanzada Nacional) y Oliverio García Rodas (independiente).

El congresista Linares Beltranena expresó: “Hay muchas organizaciones benéficas y hay otras que son utilizadas para fines de corrupción, y esas son las que deben transparentarse y que exigen mayor fiscalización en cuanto al origen y gasto de los fondos que las mismas manejan, por lo que insto a que se apruebe en su primer debate y que continúe su trámite”.

El legislador García Rodas expuso: “Encuentro problemas de fondo en cuanto al dictamen de la referida iniciativa, ya que el mismo fue presentado el 22 de enero de este año, momento en el cual la sala legislativa que lo emitió no estaba conformada aún; razón por la que veo necesario que dicha iniciativa regrese a la comisión para que se enmiende el procedimiento”.

Tras el debate, fue presentado el mecanismo de “cuestión previa” por el congresista Juan Ramón Lau, tercer secretario de Junta Directiva e integrante del bloque Todos, el cual está encaminado a que el proyecto de ley fuera remitido a la Comisión de Gobernación para un nuevo dictamen; dicha medida conto con el voto favorable de 106 parlamentarios.

Posteriormente los representantes de los diferentes partidos políticos iniciaron la discusión en su tercer debate del proyecto de decreto que dispone aprobar la ley de prevención de delincuencia motorizada, momento en el cual se rompió el quórum, para continuar con los puntos restantes de la agenda prevista para este día.

Por Karen Mendoza

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Los diputados de la bancada Movimiento Reformador (MR), convocaron nuevamente a las instituciones relacionadas al tema de las portuarias del país con el fin de esclarecer diferentes dudas con respecto a la baja competitividad que registran.

Luis Hernández Azmitia, jefe de bancada, explicó que desde hace algún tiempo han abordado esta problemática, ya que les preocupa la baja de ingresos en los puertos, según lo han constatado en reuniones anteriores.

En la reunión anterior, se estableció que los procesos legales que mantiene la Procuraduría General de la Nación (PGN), sobre la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), y la empresa comercializadora Pahame, S.A., mantienen bloqueados proyectos que incrementarían los ingresos al país, por lo que hoy se hizo presente la Procuradora General de la Nación, Anabella Morfin.

En el caso de TCQ, Morfínn explicó que ellos actúan cuando el Presidente de la República o algún ministerio se los solicita, por lo que respondiendo a las solicitudes que les llegaron, después de las investigaciones legales correspondientes, se declaró lesivo dicho contrato.

“Sin embargo, en este caso la misma Presidencia (del Ejecutivo) me solicitó su revisión, debido a las pérdidas económicas que representa para el país y por ende a los guatemaltecos”, indicó Morfin, quien agregó que después de analizarlo, se pudo establecer que la empresa que suscribió el contrato no actuó de mala fe y no estuvo involucrada en ilegalidades de forma directa.

Aunque en el caso de Pahame, S.A. que tiene sus operaciones en la Portuaria Santo Tomás de Castilla, Morfín, dio a conocer que el aspecto que los hizo declarar lesivo dicho contrat, fue principalmente la tarifa desigual que la portuaria cobra: “Santo Tomás le cobraba en un inicio $70 centavos a Pahame, mientras que a los usuarios normal llegaba a más de $4.00, entre otros aspectos”, comentó la procuradora.

Según Byron Monterroso, presidente de la Portuaria Santo Tomás de Castilla, este entrampe legal deja pérdidas de aproximadamente Q40 millones mensuales a Guatemala. “Estos recursos podrían ir a inversión social”, indicó.

El congresista Hernández Azmitia concluyó la reunión explicando que todos los entrampes legales que hay actualmente en las portuarias mantienen bajos los ingresos estatales y esto merma la inversión social.

Por tal motivo los diputados de MR establecieron que la próxima semana llevaran a cabo una mesa técnica donde participen todas las instituciones involucradas, dijo el congresista Hernández Azmitia.

A la reunión de hoy fueron convocados, el presidente de la Portuaria Quetzal, Bernardo López; el presidente de Santo Tomás de Castilla, Byron Monterroso; el viceministro de Puertos y Aeropuertos, Rudy Keller; el Superintendente interino de Administración Tributaria, Abel Cruz; el Gerente General de portuaria Santo Tomás, César Meza; el Subcontralor General de Cuentas, César Elías y la Procuradora General de la Nación, Anabella Morfín.

Por Mayra Recinos

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En reunión de trabajo, integrantes de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Congreso de la República acordaron la agenda de fiscalización que realizarán en las próximas semanas, incluyendo la citación a funcionarios, con el objetivo de conocer el avance y cumplimiento de leyes y reglamentos, así como de sus funciones.

El presidente de la sala de trabajo, Óscar Fernández, de la bancada Todos, hizo ver la importancia de citar a las asociaciones de transportistas con quienes se discutirá propuestas, las cuales serán analizadas para crear una nueva ley de transportes, terrestre, marítimo y aéreo, que contenga actualizaciones de fondo.

El legislador, Luis Contreras, de Movimiento Reformador, solicitó sean citados el Ministro de Comunicaciones, representantes de la Dirección General de Tránsito y de la Procuraduría General de la Nación, para que informen los avances respecto a la elaboración del reglamento de la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Vial, el cual no existe, lo cual genera que acciones importantes, como la reducción de velocidad al transporte de pasajeros y las evaluaciones a pilotos del transporte pesado, no se estén cumpliendo.

Otros de temas son los tramos carreteros donde se pretende implementar peaje, para lo cual estarán haciendo las consultas respectivas a los funcionarios encargados, con el objeto de conocer su ubicación, pues según se conoce será en tramos estatales, desconociendo si empresas privadas serán beneficiadas con el pago de los usuarios.

Finalmente se solicitará la información necesaria sobre la carretera de libramiento de Chimaltenango, obra que fue calificada como necesaria por los legisladores, con el fin de hacer más accesible el traslado de personas y mercaderías al occidente del país.

Por Fernando Bolaños

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