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El diputado Carlos Chavarría, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), citará de nuevo al Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Aldo García, para que informe y denuncie a la empresa constructora que causó serios daños al tramo vial de 3.5 kilómetros que conecta Santa Catarina Palopó con Panajachel, en el departamento de Sololá.

Rodolfo Joj López, alcalde de Santa Catarina Palopó dijo al diputado Chavarría que una empresa trabajó en un tramo carretero cercano a su municipio; sin embargo, en ese proceso destruyó al tramo vial que les conecta con Panajachel. Al solicitar la reparación de los daños, la empresa no se responsabilizó de los mismos, por lo que informaron al CIV, y al no obtener respuesta decidió denunciar el hecho a la bancada Creo.

Según el legislador, el CIV dice que la Dirección General Caminos es el responsable de reparar los daños, y dicha dependencia afirma que es el CIV. “Citaremos al ministro para que se hagan responsables, o que obliguen a la compañía constructora a reparar los daños causados, como es el caso de este tramo carretero”, dijo el diputado Chavarría.

A la citación de hoy no se presentó el ministro García. En su representación asistieron Juan José Hamser, Director General de Caminos; y Juan José Muñoz Estrada, Coordinador de la División de Supervisión de Construcción de la Dirección General de Caminos, quienes tampoco dieron respuesta favorable al alcalde Joj López.

Por René Rodríguez

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En la reunión de hoy de la Instancia de Jefes de Bloque fueron aprobadas las agendas de las sesiones plenarias que se llevarán a cabo en la presente semana, donde destaca este martes la tercera lectura de la ley de competencia y la elección del Secretario y Subsecretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua).

A solicitud del subjefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, Carlos Barreda, se incluyó en primer debate el proyecto de reformas a la Ley de Incremento Económico a las Pensiones Otorgadas por el Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado.

En la sesión plenaria de mañana, que dará inicio a las 14:00 horas, también se discutirá en tercer debate, por artículos y redacción final el proyecto de decreto de reformas a la ley que promueve el turismo interno.

Para el jueves 22, a las 10:00 horas, se tiene previsto la discusión en tercera lectura, por artículos y redacción final del proyecto de decreto de ley del día nacional del autismo, así como la continuación de la discusión por artículos y redacción final de las reformas a la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas crueles.

El presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar, después de la reunión de la Instancia de Jefes de Bloque, informó que en lo que concierne a la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) en donde se exhorta al Legislativo a modificar el artículo 407, inciso N del Código Penal que contempla el delito de financiamiento electoral ilícito, este martes será leído el fallo en despacho calificado y a partir de ese momento se sostendrán reuniones con los jefes de bloque para determinar cuál será la mejor ruta a seguir en este caso.

“Yo creo que más que urgente, lo que ha sucedido aquí es que la Corte de Constitucionalidad nos exhorta a que se reforme un artículo, que ellos reconocen, no está bien redactado. Entonces, más que urgencia es responsabilidad del Congreso hacer las cosas bien para que ese artículo quede de la mejor manera posible”, aseveró el presidente del Legislativo.

Esto es lo que exhorta la CC que debe ser modificado por el Legislativo, Artículo 407 inciso “N” del Código Penal: La persona individual o jurídica que aporte, reciba o autorice recibir recursos destinados al financiamiento de organizaciones políticas o sus candidatos, con motivo de actividades permanentes, de campañas y eventos electorales, a sabiendas que dichos aportes o recursos provienen del crimen organizado, lavado de dinero o cualquiera otra actividad calificada como delito por el Código Penal y demás leyes conexas, será sancionado con prisión de cuatro a doce años inconmutables y multa de doscientos a quinientos mil quetzales.

Por Nery Morales y Byron Vásquez

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Alcaldes de distintas partes del país se reunieron con parlamentarios de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para pedir que intermedien en la aprobación de una propuesta de ley que amplíe en aproximadamente Q400 millones el rubro para pago de obras de arrastre de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

“Tenemos compromisos con nuestras comunidades, y no podemos avanzar en la planificación de obras del 2018, si no hacemos efectivo el pago de las deudas que mantenemos”, dijo el alcalde de San Raymundo, Fernando Ortíz Locón.

Carlos Barreda, subjefe de la bancada UNE, explicó que la semana pasada cuando discutieron la inclusión de la iniciativa 5313, (reformas al decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto. art. 26), en la agenda legislativa, consideraron que a pesar de los beneficios de la propuesta, esta carece de mecanismos de transparencia.

“Por tal motivo presentamos la iniciativa 5401, que básicamente busca lo mismo pero asegurando la intervención de la Contraloría General de Cuentas de la Nación para que supervise el buen uso de los recursos”, aseveró Barreda.

Posteriormente, el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, y Felipe Alejos, primer vicepresidente de Junta Directiva, recibieron a diputados de la UNE y a la presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, Patricia Sandoval, quienes iban acompañados de los jefes ediles.

El presidente Arzú Escobar se comprometió a abordar el tema con los jefes de bloque y buscar opciones para cumplir con la solicitud de los alcaldes. “Conocemos el trabajo que realizan y los problemas que afrontan. Vamos a platicar con los diputados de todas las bancadas para lograr consensos en beneficio de los guatemaltecos”, concluyó.

Por Mayra Recinos

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Representantes de organizaciones de la sociedad civil entregaron al presidente del Congreso de la República, diputado Álvaro Arzú Escobar, y al primer vicepresidente, Felipe Alejos, un documento con más de 11 mil firmas, en el cual solicitan la aprobación de la incitativa 5385, ley de creación del procedimiento para delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas.

El objetivo de la iniciativa es agilizar los tiempos en los procesos judiciales en los casos donde se establezcan suficientes medios probatorios en contra de un agresor sexual. Dicho proyecto se encuentra pendiente de su aprobación en tercera lectura.

Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes, expresó: “Actualmente estos juicios duran alrededor de dos años y lo que se pretende es reducir este tiempo para evitar la revictimización de la persona agredida, para que pueda desligarse y continuar con su proceso de reparación”.

El presidente Arzú Escobar (Unionista) se comprometió a buscar los consensos necesarios con los demás integrantes de Junta Directiva para que pueda exponerse la iniciativa ante la instancia de Jefes de Bloque y ser agendada en sesión plenaria.

El vicepresidente Alejos (Todos) comentó: “Esto puede venir a fortalecer el sistema de justicia y hacerlo más rápido. Esperamos que esta ley, que cuenta con el respaldo de diversas organizaciones, pueda ser aprobada y sea una realidad para el país”.

Por Rosemary Recinos

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La congresista Thelma Ramírez, de la Unidad Nacional de la Esperanza y electa por el distrito de Izabal, se reunió con Mario Figueroa, ministro de Salud Pública y Asistencia Social en funciones, y Francisco Theissen, viceministro de Hospitales, para hablar sobre varias denuncias de mala atención en los servicios de salud en el referido departamento.

La diputada Ramírez indicó que los casos de muerte materna han aumentado. Puso como ejemplo que en el año 2015 se registraron cuatro casos en los municipios Amate y Morales, pero en 2016 los fallecimientos se elevaron a nueve. “Esta situación es preocupante y lamentable por lo que tenemos que buscar la solución al problema”, expresó.

El ministro Figueroa respondió: “Hemos tenido dificultades por la falta de recursos financieros, pero tenemos que buscar los fondos por medio de una readecuación presupuestaria que estamos pendientes de enviar al Ministerio de Finanzas. Al recibir los fondos tenemos que priorizar varios departamentos, como Izabal”.

Al concluir la reunión la legisladora Ramírez dijo que estará pendiente de la información de parte de las autoridades del Ministerio de Salud y así darle seguimiento al asunto. Además solicitó que se realice una evaluación de la Directora del Área de Salud para que se haga un mejor trabajo en los municipios de Izabal.

Por José Castellanos

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La primera sesión de trabajo realizada este lunes 19 de febrero por la Comisión de Apoyo Técnico del Congreso de la República, presidida por el diputado Óscar Argueta (UNE), se centró en la elección de Junta Directiva y de informar a sus integrantes el método de trabajo.

La comisión tiene como principal función dar soporte y acompañamiento para mejorar el trabajo de las distintas salas legislativas de trabajo, además de promover Reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y la Ley de Servicio Civil, entre otros.

El diputado Argueta informó que la propuesta de la presidencia para integrar la Junta Directiva de la comisión fue aprobada por los diputados asistentes, por lo cual la vicepresidencia estará a cargo de Manuel Conde Orellana (PAN), y como secretario fungirá Rudy Castañeda (UCN).

“Se agendaron dos sesiones mensuales, en horario vespertino. Posterior a reunión de jefes de bloque elaboraremos un documento en el que plasmaremos la ruta de trabajo y la someteremos para su aprobación durante la próxima reunión programada para el lunes 26 de este mes”, explicó el congresista, quien agregó que la comisión la integran 12 diputados de diferentes bloques.

El legislador también explicó que para realizar su trabajo la comisión cuenta con el apoyo y acompañamiento de expertos nacionales y de organismos internacionales que fortalecen el trabajo que realiza el Congreso de la República.

Por René Rodríguez

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Diputados de la bancada Movimiento Reformador, coordinados por el parlamentario Luis Hernández Azmitia, citaron a José María Godoy, titular de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, para que rindiera informe de los programas que la dependencia tiene a su cargo.

“Actualmente administramos los programas Mis Años Dorados, Hogares Comunitarios, Servicio Social y Creciendo Seguro, pero no contamos con un censo específico para realizar intervenciones técnicas”, refirió Godoy.

Agregó que en enero del presente año se inauguró un centro de atención permanente para adultos, en la zona 16 capitalina, con capacidad para 50 personas, cuyo alquiler es de Q28 mil mensual, donde actualmente solo atienden a solo ocho personas.

La entidad cuenta con un presupuesto de Q163 millones, 879 empleados y más de 70 vehículos para apoyar con programas a los grupos más vulnerables de la población; sin embargo, hay desconocimiento, y falta de coordinación y capacidad para cumplir con los objetivos, indicaron los congresistas.

“Nos preocupa que carecen de datos estadísticos respecto a la desnutrición infantil, no tienen bien focalizada a la población, lo que repercute a la hora seleccionar los beneficiarios”, expresó el diputado Ronald Sierra.

“Hace falta que trabajen en equipo, ya son integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, pero se ha evidenciado falta de trabajo interinstitucional”, recalcó el diputado Azmitia.

“De los 1,887 niños de cero a dos años que ellos atienten es muy probable que 967 tengan desnutrición crónica, según el índice nacional. Deja mucho que desear esta administración, es una secretaría que antiguamente ha hecho mucho en la población, pero hoy no está haciendo nada”, concluyó el congresista.

Por Rosemary Recinos

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El expresidente de la Comisión de Gobernación, diputado Napoleón Rojas (Unión del Cambio Nacional), afirmó hoy que el dictamen de la iniciativa 5257, ley de organizaciones no gubernamentales, no es anómalo, como se comentó en el debate durante la sesión plenaria de ayer.

En conferencia de prensa, el congresista Rojas dijo que en el Pleno se aseguró que dicho dictamen fue firmado por el diputado Jorge Arévalo y que él no pertenecía a la sala legislativa que emitió el dictamen. Al respecto, mostró una nota remitida a Dirección Legislativa con fecha 4 de abril del año pasado, donde se indica quienes integraban la comisión, donde el referido legislador está incluido. “Por lo cual sí podía firmar el dictamen de la iniciativa de la ley de ONG´s”, indicó.

En otro aspecto, ante lo dicho por diputados miembros de la Comisión de Gobernación, acerca de que no habían recibido los dictámenes del año 2017-2018, el congresista Rojas mostró a los periodistas el listado de “recibido” de cada una de las oficinas de los legisladores. “Por ende es una falta de respeto a la presidencia y a la comisión misma” expresó.

En otro tema, el diputado Rojas dijo ser víctima de mala información por el pánico que ha surgido en la población sobre la ley contra actos terroristas. Refirió que esa ley no se la inventó él sino que se trabajó en conjunto con los ministerios de Gobernación, de la Defensa y de Relaciones Exteriores y surgió de la necesidad de la ciudadanía que se ve amenazada por diversos actos terroristas. “En ningún momento se están prohibiendo las manifestaciones ni la libre expresión, sino por el contrario, estamos fortaleciendo la ley”, afirmó el legislador.

Por Nery Morales

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Diputados que integran el Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia interrogaron hoy a la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, acerca de los temas tratados en su reciente reunión con el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Al ser cuestionada sobre lo que trató acerca del trabajo de Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la canciller expresó: “Lo que se expuso es que se busca evitar que se viole la Constitución Política de la República, violentar los debidos procesos de derecho y velar por que se cumpla el acuerdo de las funciones de la Cicig. La comisión como tal está bien, pero se debe apegar a los acuerdos firmados”.

Y agregó: “Lamentablemente los show mediáticos que hace la Cicig no son los mismos que se hacen cuando ocurre una captura distinta. No todas las capturas se hacen de la misma manera”. Al respecto, el legislador Erwin Enrique Álvarez (Convergencia) expresó que parte del derecho de los guatemaltecos es estar informados.

El congresista Jean Paul Briere (Todos) le preguntó si en la reunión con Guterres había pedido la destitución de Iván Velásquez, a lo que la funcionaria respondió: “Lo que buscamos es un comisionado que se apegue al acuerdo… creo que la comisión como tal no tiene ningún problema, lo que yo veo mal es la aplicación del acuerdo por la persona que la está dirigiendo”.

Al final del interrogatorio el diputado Álvarez dijo: “Nosotros pensamos que la ministra evadió las preguntas, por lo que como diputados vamos a solicitar más información a al cancillería sobre el viaje realizado y vamos a hacer la evaluación para determinar qué otras acciones, conforme a la ley legislativa, tomaremos en este caso”.

El Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia está conformado por los diputados Leocadio Juracán, Sandra Morán y Enrique Álvarez , de Convergencia; Andrea Villagrán y Paul Briere, de la bancada Todos; Raúl Romero, de Fuerza, y el congresista independiente Eduardo Cruz Gómez.

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