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Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Ronald Arango (Todos), se reunieron hoy con representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) a quienes cuestionaron sobre los registros y acciones que implementan para contrarrestar las violaciones sexuales a menores de edad.

José Roberto Molina, viceministro técnico del MSPAS, expuso que reportes de esa cartera registraron en los últimos tres años alrededor de 7,900 niñas menores de 14 años embarazadas, producto de un delito sexual, los cuales fueron denunciados a la autoridad pertinente. Sin embargo, aseguró que hay un subregistro de casos no denunciados, los cuales hacen que las cifras sean mayores.

“Los departamentos con mayor incidencia de violaciones de menores son Guatemala, Escuintla y Chimaltenango, donde un 89 por ciento de las víctimas son del sexo femenino”, dijo el funcionario.

Rubén Herrera, jefe de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia del MP, explicó que a la fecha hay 11 oficinas de esa instancia en distintos nosocomios de la red hospitalaria del país. “Solo en el departamento de Guatemala hay 1,217 expedientes en investigación y 35 sentencias por el delito de violación en 2017”, agregó.

El congresista Arango afirmó: “Conocemos los esfuerzos de los entes de impartición de justicia en cuanto a agilizar los procesos de condena; sin embargo, estamos seguros de que de haber mayor persecución penal ayudaría a la disuasión de este hecho”.

El diputado Raúl Romero (Fuerza), propuso a la mesa la conformación de una comisión específica que permita orientar propuestas y dé seguimiento al tema.

Finalmente el diputado Arango reiteró: “Dicha comisión será integrada en la próxima sesión ordinaria. Asimismo, veremos la posibilidad de adherirnos a la mesa interinstitucional coordinada por la Vicepresidencia de la República para generar los mecanismos que permitan la erradicación de este flagelo”.

Según el Código Penal Procesal guatemalteco, las personas que cometan el delito de violación podrían ser sometidas a una pena de prisión de entre 8 y 12 años. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) indica que por lo menos 70 perfiles genéticos de violadores o posibles violadores se podrían registrar al día con la vigencia de la Ley del Banco de Datos Genéticos para uso Forense (Decreto 22-2017) aprobada el año pasado por el Legislativo.

Por Karen Mendoza

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La diputada Alejandra Carrillo, del bloque Movimiento Reformador, se reunió hoy con representantes de diversas organizaciones estatales y sociedad civil para continuar con el análisis de cambios a la iniciativa de ley 5280, que dispone aprobar reformas al Decreto 9-2009, Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

El análisis se ha venido realizando por los integrantes de la mesa técnica que atienden los temas de la mujer, niñez y adolescencia, que buscan, por medio de una ley, evitar la violencia sexual física o verbal en las calles, establecimientos educativos, trabajo, transporte, centros de salud y comerciales.

“La propuesta que analizamos tiene como fin reformar algunos puntos de la iniciativa de ley que pretende castigar el acoso sexual; como por ejemplo, el chantaje por medio de imágenes y pornografía infantil. Lo que se busca son sanciones especificas para estos delitos”, destacó la diputada Carrillo.

La subsecretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de la Vicepresidencia de la República, María Odilia Lima, aseguró que están en la disposición de trabajar junto a las organizaciones sociales y de gobierno en una propuesta de ley que eviten más agresiones sexuales.

El viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Axel Romero, de la cartera de Gobernación, propuso a la mesa iniciar una campaña de sensibilización a la población en general para evitar el acoso sexual, propuesta que fue aceptada y apoyada por Leonel Dubón, del Refugio de la Niñez, quien destacó que se debe hacer conciencia a la población general para evitar el acoso contra los y las menores de edad.

La propuesta de ley se encuentra en su segunda lectura en el Congreso de la República, y se espera sea aprobada lo antes posible, por lo que para la próxima semana se llevará a cabo una nueva reunión para conocer las propuestas de cada una de las organizaciones de gobierno y sociedad civil.

Por Karla Herrera

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El diputado Aníbal Rojas, jefe de la bancada Visión con Valores (Viva), citó a los funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Byron René Azmitia, gerente de Administración Financiera; Werner Morales, administrador de Aduana Express Aéreo; y Mariana Morales, administradora de Aduana de la Central de Aviación, para analizar el estado del sistema aduanero en el país.

Durante la cita se informó que desde julio del año pasado se venció el contrato de arrendamiento de dos equipos de rayos X, que servían para detectar la mercancía que ingresa el pasajero, por lo que ahora las revisiones se hacen de forma manual.

“Lo anterior ocasiona demora en este proceso y pone en riesgo la seguridad, ya que esta revisión se hace de forma aleatoria y no sabemos que está entrando al país”, expresó el diputado Rojas.

La funcionaria Morales explicó que se han hecho las gestiones necesarias para levantar el evento de licitación y la contratación; sin embargo, todavía no se ha adjudicado. Añadió que el costo de este arrendamiento mensual es de Q126 mil por cada equipo.

“Vamos a verificar por qué se ha demorado tanto este proceso y por qué no han adquirido un equipo propio”, aseguró el diputado.

Asimismo, indicó que la de hoy fue una primera plática, pero que se coordinará con otros con jefe de bloque para hacer una fiscalizaron profunda de cómo funcionan las aduanas en Guatemala, así como verificaciones in situ, para detectar sus deficiencias y trabajar en sus soluciones.

PRESENTAN DENUNCIA

En otra reunión, el diputado Aníbal Rojas recibió a representantes de jubilados y pensionados del Estado, así como a dirigentes del sindicato mayoritario del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Sintraigss), quienes presentaron varias denuncias por medicamentos de mala calidad y anomalías en las compras de la entidad.

“Aparte de que se nos atiende muy mal en las diferentes unidades y periféricas por parte de las enfermeras y doctores, se nos hace entrega de medicinas de muy mala calidad y en el caso de varios pacientes tenemos la presión alta y hay enfermos diabéticos, lo cual es un peligro,” expresó uno de los afectados.

Jorge Hidalgo, secretario general del Sintraigss, comentó: “Nosotros hemos presentado las denuncias en contra de los miembros de la Junta Directiva del seguro social a donde corresponde, ya que hay anomalías en el sistema de Guatecompras y sí verificamos que los medicamentos son de baja calidad.”

El congresista Rojas indicó que se programará otra reunión para instalar una mesa técnica que conozca las denuncias de jubilados y sindicalistas, y se citarán a las autoridades señaladas para encontrar una solución al problema.

Por Rosemary Recinos y José Castellanos

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El pleno de diputados aprobó con 114 votos el Acuerdo Legislativo 11-2018 mediante el cual crea la comisión extraordinaria para dar cumplimiento con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC) en el expediente 2951-2017.

El tribunal constitucional resolvió exhortar al Organismo Legislativo a realizar un estudio para que se reforme el párrafo segundo del artículo 407 (N) (financiamiento electoral ilícito) fundados en el principio de proporcionalidad, racionalidad y justicia, con la que debe revestirse toda norma penal.

El artículo 32 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece que el Congreso de la República podrá crear comisiones extraordinarias o específicas por una situación contingente, fin específico y para fungir por un tiempo determinado.

Para dar cumplimiento con lo establecido en el acuerdo aprobado, en la próxima sesión ordinaria el bloque legislativo a quien le corresponde presidir, dará a conocer el nombre del legislador que la presidirá la comisión y éste hará llegar por escrito a Junta Directiva los nombres de los diputados que la integrarán, y tendrá un plazo máximo de duración de 45 días hábiles para presentar informe ante el Pleno.

El presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar, indicó que el pasado martes 20 se informó al pleno que la resolución fue repartida tanto a los jefes de bloque como a las oficinas de todos los diputados y de igual manera se dio lectura a la parte resolutiva de la CC, de modo que todos estuvieran al tanto de lo resuelto.

Por Nery Morales

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En cumplimiento a lo establecido en los artículos 157 y 162 de la Constitución Política de la República, el presidente del Congreso, Álvaro Enrique Arzú Escobar, juramentó hoy como diputado al ciudadano Humberto Leonel Sosa Mendoza, representante por el distrito de Suchitepéquez, en sustitución de Julio Antonio Juárez (FCN-Nación) quien se ve imposibilitado para ejercer el cargo.

La elección contó con 85 votos a favor, lo que da vida al acuerdo 10-2018 y con ello se completa la integración del Organismo Legislativo con 158 diputados.

En la sesión plenaria los congresistas conocieron en primer debate el proyecto de decreto que dispone aprobar la ley del día del contador público y auditor (5277), normativa que declara el 1 de junio de cada año como el día de dicha profesión, otorgándoles a sus agremiados asueto con goce de salario.

En segundo debate se conoció el proyecto de decreto que dispone aprobar la ley para fortalecer la administración del parque nacional Tikal (5355), y el proyecto de decreto que aprueba disposiciones para facilitar la coordinación de acciones orientadas a la reducción de la desnutrición infantil (5236).

En la discusión de la iniciativa 5355, el diputado Fernando Linares-Beltranena (PAN), argumentó: “Todos estamos a favor de esta iniciativa; sin embargo, en el artículo 13 inciso b, establece que un porcentaje de los ingresos debe ser redireccionado a las municipalidades del departamento de Petén. Indica además en qué debe invertirse, dando paso a una interferencia de la autonomía de las comunas, por lo que consideramos que debe de reformarse este artículo por ser inconstitucional”.

En el desarrollo de la sesión plenaria, al momento del debate de la iniciativa 4849; ley de armonización para prevenir y erradicar el trabajo infantil en Guatemala, el trámite se detuvo por no contar con mayoría calificada (105).

Sin embargo, en la discusión del referido proyecto de ley, el congresista Ovidio Monzón (Todos) expuso: “Hay un acuerdo político para que el proyecto sea reformado, por lo que pedimos un tiempo prudencial para conformar una mesa de trabajo y consensuar las enmiendas, y que la ley sea de carácter positivo, ya que a la fecha hay más de un millón de menores trabajando en condiciones deplorables”.

En ese tema, el diputado independiente, Oliverio García Rodas, pidió que se haga un análisis a la normativa, que incluya la opinión de las diferentes instancias de Estado y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en beneficio de la niñez y adolescencia. “Es necesario contar con la opinión de distintas instancias, que nos permita identificar si al país le conviene o no una ley que regule el trabajo infantil tal y como está”, afirmó.

Finalmente por no contar con el quórum necesario para continuar con los puntos en el orden del día, el presidente Arzú Escobar levantó la plenaria, quedando pendiente la convocatoria a las sesiones de la próxima semana.

Por Karen Mendoza

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La iniciativa de ley 5300, que dispone aprobar Reformas al Decreto 85-2002 del Congreso de la República, Ley en Materia de Antejuicios, fue analizada por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el legislador Fernando Linares-Beltranena (PAN), quien busca avanzar en la discusión y emisión del dictamen correspondiente.

La reunión se basó en fijar certeza jurídica a los plazos que otorga el trámite de un antejuicio, donde hay un dilema si el antejuicio debe empezar su trámite al momento de ser notificado o al ser dado a lugar en formación de causa.

Otros de los temas abordados fue el de la persecución penal doble por un delito. “Este tema es inconstitucional, porque ninguna persona puede ser perseguida dos veces por el mismo delito, pero se deja abierto al decir que el antejuicio, después de ser votado en el pleno, puede ser archivado para retomarlo cuando se considere necesario, lo que hace que el mismo se conozca dos veces”, dijo el legislador Adím Maldonado (FCN-Nación).

Las modificaciones que se pretenden hacer a la ley, previo a dictaminarla, deben ser solicitadas por el ponente de la iniciativa. En este caso es el legislador Linares-Beltranena, quien conduce el debate en la comisión, por lo cual indicó que junto con su grupo de asesores analizarán los cambios antes de presentarlos para la firma respectiva, que posiblemente será la semana próxima.

Por Fernando Bolaños

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Diputados de la Comisión de Cultura se reunieron con José Luis Chea Urruela, ministro de Cultura y Deportes, quien explicó y dio detalles del Plan Anual de Labores 2018 de esa cartera.

El funcionario dijo que las acciones consisten en tres ejes principales. “Daremos continuidad a los trabajos del remozamiento y restructuración del Palacio Nacional de la Cultura, la culminación de los trabajos en la Escuela de la Marimba, que se encuentra en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, y fortalecer los sitios arqueológicos, como Tikal, y otras acciones a seguir,” explicó.

El ministro Chea Urruela fue acompañado por los viceministros Mario Renato Monterroso, encargado del Deporte y la Recreación, y Gladys Palala, del Patrimonio Cultural y Natural, quienes rindieron pormenores del trabajo que les corresponde según su función y cargo.

Durante la sesión, el diputado Mario Velásquez Pérez (Creo), presidente de la comisión, presentó a los integrantes el Plan Operativo Anual de Trabajo del presente año de esa sala legislativa.

Entre otros temas, se emitirán dictámenes pendientes a la iniciativa de ley 5295, que declara a la Flor Nacional Monja Blanca como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación; la 5338, ley de conservación, reparación y remozamiento de los centros educativos considerados patrimonio cultural nacional; la 5346, ley que declara Patrimonio Cultural Intangible de la Nación a la carrera de la Antorcha de la Independencia de Guatemala, y la 5384, ley que declara el día nacional de la iglesia evangélica.

Asimismo, los congresistas dialogaron sobre la necesidad de presentar una nueva iniciativa de ley de espectáculos públicos que sea moderna y actualizada.

Por José Castellanos

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Luego de varias reuniones con las instituciones relacionadas con el tema de puertos, el bloque Movimiento Reformador, que coordina el parlamentario Luis Hernández Azmitia, instalará una Mesa de Competitividad, cuyo objetivo principal es modernizar los servicios portuarios de Guatemala.

Lo anterior se acordó ante la falta de capacidad y agilidad en los procesos, tanto de importación como de exportación, en el área portuaria, según señalaron los parlamentarios. “Esto ha repercutido en la baja de ingresos financieros, que podrían ser utilizados para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, tanto en la salud, alimentación y educación”, dijo el diputado Ronald Sierra.

Byron Monterrosa, presidente de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla, explicó: “No tenemos capacidad en nuestros muelles, sobre todo en los meses de noviembre y abril, ya que no solamente se inicia la temporada de cruceros sino también la exportación de melón, entre otros productos”.

Puso como ejemplo que si se atiende un buque de cruceros y también se descarga, entonces se tiene el muelle lleno y se debe quitar un buque para dejar pasar al de pasajeros, ya que por ley marítima tienen prioridad y eso paraliza la operación de carga. “Eso es letal”, expresó.

Carlo Mencos, Contralor General de Cuentas, manifestó su anuencia y disposición para integrar esta mesa y colaborar en identificar los problemas en busca de soluciones eficientes.

“Los puertos son las ventanas al comercio exterior, y lo que pretendemos es atraer capitales, y generar más trabajo e inversión social”, expresó el diputado Hernández Azmitia.

Por Rosemary Recinos

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La presidenta de la Comisión de Integración Regional, diputada Lucrecia Samayoa Reyes, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), informó que han solicitado a todos los ministerios y secretarías del Ejecutivo información sobre todos los planes y programas de integración regional, con el fin de darle seguimiento a temas de interés centroamericano.

“Trabajaremos en temas relacionados con economía, medio ambiente, infraestructura y turismo, entre otros, los cuales se incluirán en el plan de trabajo de la comisión para el presente año”, explicó la legisladora.

El diputado Edwin Lux (UNE), comentó que es importante incorporar dentro del plan de trabajo los temas de educación y medio ambiente.

La presidenta de la comisión dijo que se buscará un acercamiento con el Ministerio de Economía y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana con el fin de abordar e impulsar temas que fortalezcan la integración regional.

Por Fredy López

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