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La diputada independiente Mayra Alejandra Carrillo se reunió con funcionarios de la Junta Nacional del Servicio Cívico, para analizar el funcionamiento de los 11 programas que llevan a cabo diferentes instituciones,  y promover reformas al Decreto 20-2003, Ley del Servicio Cívico.

La Junta Nacional del Servicio Cívico está integrada por la Secretaría Ejecutiva del Servicio Cívico, y la preside Axel Romero, vicetitular de Prevención del Delito; además de varios ministerios, SAT, Inguat, Consejo Nacional de la Juventud y la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia, entre otras instituciones.

Los 11 programas están dirigidos a jóvenes servidores que presentan de manera voluntaria un servicio a la comunidad y el país.  Para este año se prevé que más de 6 mil 500 jóvenes presten su servicio voluntario en diferentes áreas de trabajo, donde están en contacto con la realidad cultural, social y económica del país.

Durante la reunión, Emirs Franco, secretaria ejecutiva del Servicio Cívico, presentó un informe de las instituciones que han ejecutado su programa de servicio cívico social, señalando que algunas  que han tenido un breve atraso en la convocatoria y capacitación a los jóvenes, así como la ejecución de la asignación presupuestaria.

“Es necesario que se cumplan los programas con la participación de los jóvenes, que de manera voluntaria participan durante 728 horas con una remuneración de Q. 8. 75 la hora”, indicó Axel Romero, viceministro de Prevención del Delito del Ministerio de Gobernación.

La congresista Carrillo comentó que están trabajando en un proyecto de reformas  a la ley específica, que fue aprobada en el año 2003, y que se volverán a reunir la próxima semana para continuar con el trabajo.

Durante la reunión las autoridades dieron a conocer que ya se han capacitado a los jóvenes servidores en diversos temas como por ejemplo actividades agrícolas - pecuarias, reforestación, recolección de desechos, detectar basureros clandestinos, lucha contra el contrabando, cultura tributaria, cultura vial y guías o anfitriones en turismo.

Por José Castellanos

 

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Diputados de la Bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), bajo la dirección del diputado Orlando Blanco, se reunieron este jueves con autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob), Dirección de Migración, y Policía Nacional Civil (PNC), a quienes cuestionaron sobre la ejecución del presupuesto orientado a la reforma policial.

Manuel Castellanos, viceministro administrativo de la cartera del interior, aseguró que en dicha materia se tiene asignado desde el 2017  un techo presupuestario de Q29 millones, de los cuales solo ese año se ejecutó un 41 por ciento del recurso (11.89 millones), mientras que para este año lo erogado a la fecha es de 12.89 por ciento del presupuesto total.

Otro de los temas a discusión fue el de las 4 mil armas de fuego adquiridas por la PNC a finales del año pasado, con un costo de Q20 millones; a consideración de los legisladores el equipo no reúne las especificaciones técnicas que se requieren en la materia. También se analizó la compra de 1 mil 350 vehículos, con un costo estimado de Q400 millones.

“Nos llama la atención que dichas licitaciones tienen especificaciones que solo cumple un proveedor específico, lo que nos hace pensar que los procesos fueron manipulados para beneficiar a un oferente al ser adquiridas bajo la modalidad de adquisición con proveedor único, misma que esta contemplada en la Ley de Contrataciones del Estado”, denunció el diputado Blanco.

El diputado Oscar Argueta pidió un informe circunstanciado que contenga el contrato y las especificaciones de la compra de los vehículos. “Tenemos conocimiento de que las radio patrullas fueron compradas con ciertas especificaciones y fueron entregadas con un equipamiento por debajo a lo pactado”.

Al concluir los representantes coincidieron en solicitar informes circunstanciados tanto de la compra de armas como de vehículos, mismos que serán analizados para determinar si se ha incurrido en actos de corrupción a lo interior de la cúpula policial.  “De encontrar anomalías en los referidos procesos,  procederemos a interponer las denuncias penales que sean necesarias para deducir responsabilidades”, acotò el jefe de la bancada UNE.

Por Karen Mendoza

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Integrantes de la mesa técnica de la  Comisión de Asuntos  Electorales avanzaron este jueves en el análisis de la iniciativa de ley 5389, Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), propuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Ya fueron analizados 31 de los 41 artículos que tiene el proyecto.

En el debate participan legisladores, asesores de la Comisión, representantes del Tribunal  Supremo Electoral, delegados de Partidos Políticos y organizaciones en favor de las mujeres.

Uno de los primeros artículos a discusión fue el 26, que reforma el 157 de la LEPP, referente a las condiciones de discapacidad ciudadana. Durante la reunión  se intercambiaron ideas sobre la forma en que se deber referir a las  personas con discapacidad, capacidades limitadas o capacidades especiales, al final acordaron consultar los convenios internacionales y al Consejo Nacional de Discapacidad,  sobre cuál es la forma correcta de nombrarlos.

También se conoció la propuesta (artículo 28) que obliga a la Contraloría General de Cuentas a crear una unidad especial durante los comicios electorales para dar acompañamiento al Tribunal Supremo Electoral.

Finalmente se analizaron los artículos 29, 30 y 31, que hablan sobre la formula para elegir a los diputados dependiendo de los  votos obtenidos por partido, temas que serán analizados en una próxima  reunión, en donde representantes del Tribunal Supremo Electoral, harán una presentación del tema.

Al finalizar la reunión los integrantes de la mesa técnica anunciaron que la próxima semana se llevará a cabo un conversatorio, con representantes de  las distintas universidades del país, sobre los artículos que ya han sido analizados.

Por Karla Herrera

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Los diputados del bloque Movimiento Reformador, se reunieron con Byron Monterrosa, presidente de la Junta Directiva de la empresa portuaria de Santo Tomas de Castilla, para conocer detalles de las operaciones en ese desembarcadero.

A la reunión también asistieron José Benito, ministro de comunicaciones; Byron Acevedo, viceministro de Agricultura; Erwin Tzic, director de la Policía Nacional Civil; Fernando Fernández , sub contralor de cuentas; y representantes de la Superintendencia de  Administración Tributaria y Cámara de Comercio.

Los congresistas solicitaron información a los funcionarias  sobre las operaciones en el Puerto debido a la existencia de denuncias sobre atrasos en la salida  y entrada de contenedores y  falta de maquinaria y equipo, lo cual afecta al comercio en el país y ha hecho que algunas empresas prefieran utilizar  la portuaria de  Honduras.

Byron Monterrosa reconoció la existencia de fallas y solicitó a los congresistas revisar las leyes para que se puedan mejorar las instalaciones y el desempeño de la portuaria,  y que siga siendo el centro de desarrollo regional.

“Como diputados estamos preocupados por los problemas que se han registrado en la portuaria,   y creemos  que el gobierno debe buscar los mecanismos necesarios para que las empresas importadoras y exportadoras sigan usando este puerto, por lo que se debe invertir en infraestructura, y revisar las leyes para mejorar los procesos de entrada y salida de la mercadería”, dijo el diputado Luis Hernández Azmitia.

Por Karla Herrera

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Gabriel Juárez, viceministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación, del Ministerio de Gobernación, compareció ante diputados de  la Comisión de Reformas al Sector Justicia, quienes le cuestionaron sobre la suspensión del evento de licitación para la adquisición de 3 mil brazaletes electrónicos, destinados a la implementación del Sistema de Control Telemático en casos de prisión preventiva.

“Estamos preocupados porque nuevamente el evento de adquisición no se lleva a cabo y se deja a un lado el proceso para instalar los controles Telemáticos, lo cual creemos que es una clara irresponsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Gobernación”, indicó el diputado Dorian Taracena, de Encuentro por Guatemala y presidente de la referida sala de trabajo.

Los diputados recordaron al funcionario que ya fue aprobado el Decreto Legislativo 49-2016, Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal, y que no se ha hecho nada al respecto pese a los graves problemas de hacinamiento en las cárceles del país.

Gabriel Juárez explicó que están trabajando en implementar los controles telemáticos en el proceso penal y que ya se aprobó el reglamento que contiene las disposiciones legales para su uso, Acuerdo Ministerial 169-2107.

“El plan de trabajo está en tiempo y estamos poniendo nuestro mejor empeño; lo que queremos es mejorar los procedimientos. En un mes consideramos que levantaremos el evento público de la licitación y aprobaremos cambios en el reglamento”, explicó el funcionario de Gobernación.

Los diputados Dorian Taracena, Leonel Lira, Oliverio García Rodas, Eduardo Camey y Delia Back no se mostraron satisfechos con las respuestas que dio Juárez y le advirtieron de posibles acciones penales si el tema no se resuelve lo antes posible.

Por José Castellanos

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La Comisión de Asuntos Municipales, que preside la diputada Patricia Sandoval, se reunió para avanzar en la agenda de trabajo legislativo, elaborar el calendario de sesiones y citaciones, y definir los temas prioritarios en beneficio del país.

Los congresistas de esta sala de trabajo acordaron que entre las prioridades  está la fiscalización de la ejecución presupuestaria de los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (COCODE). Para el efecto agendaron una reunión con funcionarios de Segeplan, alcaldes, y representantes de COCODES de todo el país, para conocer el nivel de gasto e inversión que  tienen, y compararlo con los proyectos priorizados en el Listado Geográfico de Obras.

Otra de las acciones emergentes es fiscalizar el estado de la red vial debido a las múltiples denuncias de tramos en mal estado. En ese sentido acordaron citar al Ministro de Comunicaciones a quien interrogarán sobre el avance en la ejecución de obras. También le solicitarán un diagnóstico de la red vial departamental y le pedirán que busque una solución a la problemática.

La diputada Patricia Sandoval se mostró satisfecha con el trabajo de la Comisión y se comprometió a cumplir con el plan de fiscalización que se han trazado en favor de todos los guatemaltecos

Por Wendy Sandoval

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Diputados de la  Comisión de Asuntos  Electorales, presidida por el diputado Luis  Alfonso Pernilla, recibieron a representantes de la Organización Naciones Unidas en favor de las mujeres ONU-MUJERES, quienes solicitaron a los congresistas apoyar la paridad en las elecciones a cargos públicos.

Adriana Quiñonez, representante de ONU-MUJERES en Guatemala, dio a conocer que el país tiene una calificación de 42.6 en participación de mujeres, según el estudio \"Atenea\" hecho en países de  América latina, por lo que es necesario que se apruebe una ley que permita que las mujeres puedan ocupar puestos claves de elección,  y que participen en la toma de decisiones.

La solicitud es que se reforme al artículo 24 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos para permitir que los listados a cargos públicos sean alternados entre  hombres  y mujeres, con lo que se permitirá la igualdad o paridad.

“Es interesante explorar mecanismos para ir cerrando brechas y sensibilizar la igualdad de género en la elección de puestos públicos”, destacó el diputado Enrique  Álvarez  de  la bancada Convergencia.  En opinión del diputado Víctor  Estrada, del bloque Movimiento Reformador,  es necesario  que se eduque y prepare a las niñas para que aspiren a ocupar puestos  públicos.

Previo a  concluir la reunión, los  diputados que integran esta sala de trabajo recibieron un borrador de los primeros 20 artículos que han sido analizados por la mesa técnica para  que los analicen y den su punto de vista. El fin es concluir con la primera fase de análisis  para continuar con  el estudio de las 41 reformas propuestas  por el Tribunal  Supremo Electoral, de las cuales 20 ya fueron analizadas.

Por Karla Herrera

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Con el objeto de reforzar las relaciones diplomáticas y de cooperación entre Guatemala y Turquía, el embajador de ese país en territorio nacional, Süleyman Gökçe, hizo una  visita de cortesía a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eva Nicolle Monte.
\"Esta visita permitirá un acercamiento en las relaciones bilaterales entre Turquía y Guatemala\", expresó la diputada, quien agregó  que los temas principales que se trataron fue el de turismo y apoyo a la educación.

En el tema educativo la diputada Monte agradeció al diplomático por la disposición del Gobierno turco de brindar becas para jóvenes guatemaltecos en las áreas de salud y tecnología.

El embajador Süleyman Gökçe agradeció a la presidenta de la Comisión su atención,  y acordaron buscar mecanismos para dar a conocer temas de interés entre ambas naciones como turismo.

El diplomático turco Süleyman Gökce entregó sus credenciales como embajador en Guatemala en diciembre de 2017.
Por Byron Ramírez

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Diputados de la Comisión de Pueblos Indígenas instalaron una mesa de trabajo para abordar temas de identidad, educación y cultura de los pueblos Garífunas y Afrodescendientes de Guatemala, con el propósito de identificar programas y políticas públicas  que permitan su desarrollo y tenencia a tierras.

A la reunión acudieron representantes de estos pueblos, así como funcionarios del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (Maga), Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), Registro de Información Catastral (RIC), y del Fondo de Tierras, entre otras entidades.

“Lo que pretendemos es que todos los pueblos de este país tengan el reconocimiento y el goce de sus derechos y esto se concreta con inversión pública”, comentó la diputada Sandra Morán, de la bancada Convergencia.

Cesar Barrios, asesor del  Registro de Información Catastral, expresó que todos los municipios en el área de Izabal ya fueron declarados zonas en proceso catastral en busca de la consolidación de la certeza jurídica. “En el municipio de Livingston el avance en el levantamiento catastral es del 40 por ciento  y en puerto barrios alcanza el  95 por ciento”.

Edwin Norales, representante del pueblo Garífuna, dijo que  solicitaron solicitamos que, de acuerdo al presupuesto y a las políticas del país, “nos tomen en cuenta y nos incluyan dentro de los programas de apoyo que ustedes ejecutan”.

Cecilia de Paz, coordinadora de la Unidad de Interculturalidad del Maga, dijo que desde el año 2014 comenzamos a hacer una desagregación de datos de estas comunidades, e iniciamos mesas de diálogo y conversatorios  con temas de desarrollo rural y pertinencia cultural”.

“Hoy hemos evidenciado que no hay acciones concretas  por parte de estas entidades y es necesario garantizarles (los pueblos Garífunas y Afrodescendientes de Guatemala)  una inversión desde su propia  cosmovisión  y sus propias costumbres, ya que es un derecho que lo establece la Constitución”, dijo la diputada Morán

La Comisión se reunirá mañana con funcionarios del Ministerio de Educación para continuar con esta mesa de trabajo.

Por Rosemary Recinos.

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