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El primer vicepresidente del Congreso de la República, Felipe Alejos, de la bancada Todos, dio a conocer que un diputado de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), será quién presidirá la comisión extraordinaria que tendrá a su cargo hacer la modificación del segundo párrafo del artículo 407 literal N), del Código Penal, que contiene el delito de financiamiento electoral ilícito.

“Según la información de Dirección Legislativa, en este caso le corresponde a la bancada mayoritaria presidir la comisión extraordinaria, y es FCN-Nación. Será el jefe de bloque quien indique quien será el presidente de dicha comisión”, afirmó el diputado Alejos.

La conformación de esta sala de trabajo extraordinaria obedece a una resolución de la Corte de Constitucionalidad que exhortó al Legislativo para que se proceda a reformar dicho articulado.

Explicó que la comisión en mención tendrá un plazo de 45 días para hacer la modificación al párrafo segundo del artículo 407 literal N) del Código Penal, y después será conocido por el pleno del Legislativo para su aprobación.

Agregó que después que FCN-Nación informe al presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, quien va a presidir la comisión, será cada jefe de bloque quien informe al presidente del Congreso quien será el que los representara en dicha sala de trabajo.

Javier Hernández, jefe de bancada de FCN-Nación, al ser consultado al respecto, detalló que hasta el momento no ha sido notificado y que espera a más tardar que el próximo miércoles se le notifique.

“Si Dirección Legislativa tuviera una posición ya nos lo hubiera informado, hasta el momento no lo han hecho. Yo mañana tengo un almuerzo con la bancada (FCN-Nación) donde vamos a discutir el tema y definitivamente sería alguien que no ostente un cargo de presidencia, lo que nos dejaría un número limitado de diputados y eso nos lleva a empezar a analizar quién podría representar la ideología de nuestro partido en dicha comisión”, expresó el diputado Hernández.

Por Byron Vásquez

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La junta directiva del Legislativo, presidida por el diputado unionista Álvaro Arzú Escobar, y la instancia de jefes de bloque, aprobaron hoy las órdenes del día para las sesiones plenarias de martes y jueves de esta semana, en las que destaca entrar a conocer las leyes de competencia y de leasing.

Para el martes 27, a las 14:00 horas, se agendó en el punto cinco la discusión por artículos y redacción final de la ley de Competencia, que tiene como objetivo promover la eficiencia económica del país al garantizar la libre competencia en el mercado.

Ese mismo día los congresistas discutirán el proyecto de acuerdo de ley que lamenta el sensible fallecimiento de Monseñor Óscar Julio Vian Morales, arzobispo de la Arquidiócesis Metropolitana.

Para el jueves 1 de marzo, a las 10:00 horas, se incluyó la discusión por artículos y redacción final del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, modificaciones a la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y conocer el proyecto de ley de leasing, relativo al sistema de arrendamiento de bienes de equipo mediante un contrato en el que se prevé la opción de compra por parte del arrendatario.

A solicitud del diputado Aníbal Rojas, de Visión con valores, se incluyó la discusión en tercera lectura del proyecto de decreto que dispone aprobar la convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.

Por Nery Morales

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Diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Instituto Nacional de Estadística (INE) y alcaldes de varios municipios para intermediar en el problema generado a partir de una reducción en el aporte constitucional que afectó a más de 60 municipalidades.

Nestor Guerra, director del INE, reconoció que hubo “errores” en los datos sobre la variable poblacional, que fueron enviados a la comisión encargada de realizar el cálculo matemático para la distribución de la asignación constitucional a las municipalidades.

“A nosotros nos redujeron Q163 mil en cada aporte mensual, lo que repercutirá en la educación y salud de las aldeas más pobres”, indicó el alcalde Guillermo Guerra, de Camotán, Chiquimula.

“Lo que queremos es que se quede sin efecto el dictamen de 2018 y se continué con el aprobado el año pasado, mientras no haya un nuevo censo”, expresó el jefe edil.

El diputado Carlos Barreda, expresó: “Cometieron una ilegalidad, ya que no solo redujeron la asignación este año, sino también afectaron el aporte de diciembre 2017”.

“Esto es un asunto de urgencia nacional, ya que ahorita se está dialogando, pero si no se rectifica, y le llega a los alcaldes un cheque más con este ajuste la población va a salir a manifestar”, agregó.

En la reunión se acordó que por parte del INE se enviará una enmienda de procedimiento a la comisión, para que esta proceda a emitir una resolución.

Por Rosemary Recinos

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En su labor de fiscalización, la legisladora Delia Back, de la bancada Alianza Ciudadana, se reunió con el director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Jorge Mario Chajón; la alcaldesa se Lanquín, Alta Verapaz, Lilian Pop, y comunitarios que laboran en los sitios turísticos Grutas de Lanquín y Semuc Champey, con quienes analizó los problemas que afectan al turista y los trabajadores.

Se abordaron temas de contratación de guardarecursos, guardabosques y guías de turismo. Según los afectados, no se toma en cuenta a los pobladores cercanos para ejercer los cargos, se conocieron las carencias y malas condiciones de servicios sanitarios, caminos, vestidores y del puente que conduce a los sitios más visitados. “Ya viene Semana Santa y los servicios de muchos lugares turísticos que son promocionados por Inguat son decadentes, no se invierte en ellos desde el año 2014”, dijo la legisladora Back.

Chajón indicó que durante los años anteriores se entregó al Consejo Nacional de Áreas Protegidas Q2.5 millones para la restauración de ambos sitios turísticos, pero no se logró ejecutar por no tener el control del monumento y cuando ya se tuvo el control no se aprobó el presupuesto. Agregó que están a la espera de una ampliación presupuestaria para ejecutar, y que se contempla señalizar este mes las rutas a un costo de Q150 mil y se invertirá Q300 mil en un plan de desarrollo turístico.

La alcaldesa Pop hizo ver que espera que estos planes de desarrollo incluyan a los comunitarios y sus proyectos, además de las restauraciones necesarias que al momento han corrido por cuenta de la municipalidad.

La diputada Back pidió conformar una mesa técnica que busque una solución a los problemas con participación de autoridades y pobladores afectados.

CUESTIONA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En otra parte de la reunión, la legisladora consultó al director de Inguat acerca de la ejecución presupuestaria y gastos en que se incurren para promocionar a Guatemala en el extranjero, la solicitud de ampliación presupuestaria y la contratación de personas que no poseen finiquito.

Ante los cuestionamientos Chajón respondió que los gastos de publicidad de promoción de nuestro país en el extranjero ascienden a Q75 millones y que el monto que solicitó para su presupuesto no es un aumento sino únicamente la devolución de su saldo de caja, el cual asciende a Q121 millones restantes del año anterior que servirán para invertir en mejoras de sitios turísticos y promoción de los mismos en Centro América, Norte América y algunos países de Europa.

Por Fernando Bolaños

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Los diputados Sofía Hernández y Marvin Orellana, del bloque Alianza Ciudadana, se reunieron con autoridades del Fondo de Desarrollo Social (Fodes) y  de la municipalidad de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, para solicitar que en la readecuación presupuestaria se incluya un proyecto de agua potable y saneamiento para el citado municipio.

La diputada Hernández explicó que es importante conocer qué método o criterio se está aplicando en la reprogramación de proyectos que tiene a su cargo el Fodes.

En la misma línea, el congresista Orellana dijo que Alta Verapaz es uno de los departamentos con altos  índice de pobreza, por lo cual preocupa que algunos municipios no sean tomados en cuenta. “Solicitamos a la directora del Fodes que San Cristóbal Verapaz sea tomado en cuenta de manera equitativa y que sea beneficiado por el fondo entre los proyectos que se tienen previstos para el presente año”, expresó.

Agregó que como bancada continuarán con su papel de fiscalización de todas las entidades e indicó que para el miércoles próximo citarán  a los ministros de Finanzas y de Desarrollo Social para encontrar una solución al problema planteado por la comuna de San Cristóbal Verapaz.

Por Fredy López

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“Para el Congreso de la República es prioridad combatir la desnutrición de los niños, estamos dispuestos a trabajar de inmediato para reducir el flagelo”, dijo diputado Jairo Flores, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), presidente de la Comisión de Desarrollo Social, y del Frente Parlamentario contra Hambre, al concluir una reunión de la comisión con representantes del Programa Mundial de Alimentos (PMA), de los Ministerios de Salud, Educación y Agricultura; autoridades de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), y de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Según el legislador para alcanzar el objetivo, el Frente Parlamentario ya discutió el plan de fiscalización que incluye citaciones al director del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan), los Ministros de Desarrollo, Agricultura; Salud y Educación. “Programamos tres visitas de campo para marzo; el 9 de marzo fiscalizaremos Alta Verapaz, 16 en Quiché y el 23 estaremos en San Marcos”, explicó el diputado Flores.

También destacó que la fiscalización estará dirigida a conocer las estrategias de las instituciones del Ejecutivo creadas para combatir la desnutrición crónica “que ha llegado a límites dramáticos y alarmantes en el país”.

Los diputados Oscar Chinchilla (Creo); Julio Lainfiesta (UCN); Mario Taracena (UNE); Amílcar Pop (Winak); Karla Martínez (AC), y José de la Cruz Cutzal (CN), también se mostraron preocupados por el incremento de la desnutrición, y expresaron su apoyo a las acciones de la comisión para combatir el flagelo.

Durante la reunión, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) presentó el estudio denominado Seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala, con énfasis en la desnutrición crónica y sus determinantes, el cual fue solicitado por la Comisión y apoyado por el PMA, cuyo objetivo general es proveer recomendaciones que contribuyan a mejorar la ejecución de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020.

El estudio concluye que en contexto social y situación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), el crecimiento económico insuficiente no contribuye a generar empleo de calidad, permite la persistencia elevada de la desigualdad; altos niveles de pobreza general y pobreza extrema, debilidad fiscal del Estado y ausencia de calidad en gasto público, así como disfuncionalidad de instituciones públicas, corrupción, inestabilidad e ineficiencia.

Por René Rodríguez

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Congresistas de varias bancadas presentaron hoy una iniciativa para reformar el Decreto 33-98, ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, con lo cual se pretende facilitar el cambio al sistema braille de libros educativos y obras literarias para beneficiar a personas con discapacidad visual y con dificultad para manipular textos impresos.

Los ponentes son los diputados Alejandra Carrillo, del Movimiento Reformador, Eva Nicolle Monte, de Alianza Ciudadana y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; Ronald Arango, del bloque Todos y miembro de la sala de trabajo de Derechos Humanos, y la diputada Ileana Calles, del Frente de Convergencia Nacional-Nación.

La propuesta fue presentada a dirección legislativa en presencia de la presidenta de la junta directiva del Benemérito Comité de Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala, Marielos de Rueda, quien acompañada de niños y adultos no videntes aseguró que la aprobación de reformas a la ley permitirá a personas con discapacidad visual acceder a la lectura de grandes obras literarias.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a nivel mundial los libros en formato accesible para las personas con discapacidad visual es únicamente del 2%; no obstante, en Guatemala no se tiene alcance a estos libros.

La propuesta de reformas al Decreto 33-98 será conocida en el pleno del congreso para ser enviada a las comisiones de trabajo que correspondan

Por Karla Herrera

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La bancada del Movimiento Reformador, que coordina el diputado Luis Hernández Azmitia, citó a funcionarios de varias entidades relacionadas con programas para prevención del delito y atención a la juventud para conocer aspectos de su funcionamiento y las proyecciones para el presente año

Acudieron a la cita el viceministro del Deporte y la Recreación, Mario Renato Monterroso; el titular de la Dirección General de Educación Física (Digef), Gonzalo Romero; el director Ejecutivo del Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve), Vinicio del Cid; el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), Estuardo Ramírez; y el coordinador general de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV), del Ministerio de Gobernación, Jhefry Morán.

El parlamentario Hernández Azmitia indicó que les preocupa la poca coordinación entre las instituciones para manejar los programas encaminados a la prevención del delito, principalmente entre los jóvenes, que constituyen el 70 por ciento de la población, por tal motivo solicitaron a los funcionarios información sobre los planes de trabajo, presupuestos y niveles de ejecución de cada uno de ellos.

El viceministro Monterroso explicó que durante el 2017 ejecutaron un 40.41 por ciento de Q218 millones que les asignaron. “Invertimos en dos obras de arrastre y 14 nuevos proyectos de instalaciones deportivas, aunque es necesario buscar más recursos financieros”, afirmó.

El director Romero, de la Digef, dio a conocer que su presupuesto 2017 fue de Q228.8 millones y ejecutaron un 13.46 por ciento. “Esperamos avanzar con un proyecto de contrato abierto para poder dotar de equipo deportivo a todos los planteles educativos, y de esta forma elevar nuestros niveles de ejecución este año”, aseveró el funcionario.

Ramírez, de la Onsec, dijo que ellos recibieron Q50 millones y ejecutaron un 98 por ciento, mientras que la Conjuve contó durante el 2017 con Q15 millones y ejecutó un 90 por ciento.

El jefe de bancada enfatizó en que hay dudas en cuanto a programas que maneja el Conjuve, por lo que solicitaron informes circunstanciados sobre las Bibliotecas Móviles y Guate Joven, entre otros.

Los diputados Germán Velásquez, Alejandro de León y Hernández Azmitia, enfocaron su atención en la UPCV. “De los Q49 millones asignados a la unidad, apenas llevaban un 24 por ciento de ejecución durante los primeros meses de 2017, pero al finalizar reportaron un 80.20 de recursos ejecutados”, expresó el legislador Velásquez.

Al indagar al encargado de la unidad, Jhefry Morán, se estableció que dicha institución registró un gasto de Q1 millón y medio por semana, lo que llamó la atención de los congresistas, quienes solicitarán a la Contraloría General de Cuentas de la Nación una auditoría intensa. “Queremos establecer que no hayan plazas fantasma y que esta unidad no sea un botín político”, aseveró el diputado Hernández Azmitia.

Los congresistas acordaron que darán seguimiento al tema y convocarán de nuevo a los funcionarios para profundizar en la fiscalización. Aseguraron que de encontrar anomalías presentarán las denuncias a las instituciones correspondientes.

Por Mayra Recinos

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Ante la molestia de vecinos de varias comunidades del municipio de Chinautla, Guatemala, por no ser beneficiados con el programa de Tarjeta Condicionada de Alimentos, el diputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Luis Alonzo Pernilla, se reunió con el director de Prevención Social, del Ministerio de Desarrollo (Mides), Arnoldo García; el gobernador del Guatemala, Iván Díaz, y la alcaldesa de ese municipio, Lisbeth del Cid, para que escucharan a representantes de los comunitarios y encontrar una solución al problema.

Según Ligia Gómez, representante de la comunidad Cumbre el Guayabo, no comprenden el criterio de los personeros del Mides para hacer el listado de vecinos de las comunidades de ese municipio para incluirlos como beneficiarios de la tarjeta.

“Lamentablemente los recursos del Estado son limitados y por ello les pedimos su comprensión. No es que nos neguemos a apoyarles, lo que sucede es que tenemos que dar cobertura a todos los municipios del país, he insistimos en que debemos priorizar entre los más necesitados” señaló el director García.

Tanto la alcaldesa Del Cid como el Gobernador Díaz ofrecieron mediar ante las instituciones para que la cobertura social llegue a más pobladores de las comunidades de Chinautla.

El programa de Tarjeta Condicionada consiste en una tarjeta de débito con una transferencia de Q250 que sólo se puede utilizar en la compra de alimentos en tiendas autorizadas por el Mides.

El Congresista Alonzo Pernilla indicó que en una fecha por determinar se llevará a cabo una segunda reunión en la municipalidad de Chinautla e invitarán a todos los presidentes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo de ese municipio para que participen.

Por Nery Morales

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