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Con  una Sesión Solemne y la presencia de los Presidentes de los tres Organismos del Estado, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y cuerpo diplomático acreditado en el país, entre otros invitados, este día se conmemoró en el Congreso de la república el 33 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala.

“Este día renovamos nuestros votos y declaramos que respetamos y defendemos a la Constitución y que  de ser necesario defenderemos su cumplimiento y respeto con nuestra propia vida”, dijo el presidente en funciones del Legislativo, diputado Felipe Alejos.

La presidenta de la Corte de Constitucionalidad, magistrada Dina Josefina Ochoa,  expresó  que ese hito histórico realizado por la Constituyente, supuso romper con muchos años de autoritarismo en donde constantemente  se vulneraban los derechos fundamentales y libertades   de la ciudadanía, para dar paso a un régimen jurídico, político y social, basado en los principios de un nuevo modelo democrático.

El  mandatario Jimmy Morales recalcó que todos como guatemaltecos debemos defender el Estado de Derecho, “ninguna institución ni ningún funcionario de Gobierno es superior  a la ley”.  Resaltó que  es nuestra obligación respetar, cumplir y velar por  que se cumpla lo establecido en nuestra Constitución sin ninguna excepción.

José Antonio Pineda, presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, reafirmó  el compromiso por trabajar en la defensa de los derechos humanos a través de una administración de justicia transparente y basada en principios de legalidad.

Por Rosemary Recinos.

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El presidente del Congreso en funciones, diputado Felipe Alejos, instaló la comisión específica para analizar el dictamen favorable de la iniciativa 5311, “Ley de Aceptación de Cargos, en  cumplimiento del Acuerdo Presidencial 1-2018 del Congreso de la República.

Durante la primera sesión, los integrantes eligieron por unanimidad a su junta directiva, la cual quedó estará presidida por el diputado  Manuel Conde, del partido de Avanzada Nacional; Juan Ramón Lau de la bancada Todos, vicepresidente y Julio Lainfiesta, de Unión del Cambio Nacional, Secretario.

El acuerdo establece que la comisión debe convocar a audiencias públicas y después de concluidas todas las actividades que considere pertinentes para este estudio, remitirá un informe circunstanciado al pleno de este Organismo, en las dos primeras sesiones ordinarias, tras el receso parlamentario,

La iniciativa 5311 que dispone aprobar reformas al decreto número 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal,   pretende otorgar ciertos  beneficios a los procesados como la  rebaja de penas hasta en una tercera parte.

“Iniciaremos este lunes con las labores encomendadas”, indicó Conde quien aclaró que se buscara el mayor  consenso para determinar si es necesario o no hacer enmiendas.

El congresistas que se convocará a la Corte Supera de Justicia, (ponente del proyecto),   Ministerio Publico,  Instituto de la Defensa Publico Penal, Colegio de Abogados y centros de investigación y análisis especializados en derecho penal, así como a  las personas individuales que quieran hacer llegar sus aportes.

“Esta es una nueva figura jurídica procesal, y necesita ser  clara y precisa,  que no dé lugar a  ambigüedades, y mucho menos a situaciones discrecionales”, expresó el presidente de la Comisión.

El diputado Alejos explicó que originalmente existían  dos inactivas;  una propuesta por  el diputado Oliverio García Rodas, la cual fue retirada; y esta, que será objeto de estudio, en la cual sí se  especifican los  delitos para los cuales  no se podría aplicar este procedimiento especial,  como los relacionados a temas de   genocidio y  lesa humanidad, entre otros.

Por Rosemary Recinos.

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Tras una reunión con el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Carlos Contreras, diputados de la bancada Movimiento Reformador solicitaron al subcontralor Fernando Fernández, que investigue si durante el proceso de adquisición de medicamentos para este año,  se realizaron compras fraccionadas.

“Analizando el comportamiento de compras en este 2018 nos llama la atención que se llevaron a cabo 24 mil 27 eventos por un monto de Q 933 millones, de los cuales 23 mil 698 fueron por compras directas”, dijo el diputado Luis Hernández Azmitia, jefe del bloque MR.

Comentó que en el portal de Guatecompras se registra que a una unida ejecutora le adjudicaron 15 eventos, en el mismo día, para un solo medicamento por  más de Q1 millón. “Podríamos estar frente a  compras fraccionadas y no vamos a permitir que se negocie con la salud” afirmó el diputado.

Contreras se defendió indicando que “para dar cumplimiento a la sentencia del amparo interpuesto por el Procurador  Derechos Humanos, y que establece que debían utilizarse los mecanismos que fueran necesarios para garantizar el abastecimiento de medicamentos, se llevaron a cabo este tipo de procedimientos”.

Agregó que gran parte de las compras se adquirieron  a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y que actualmente el suministro a nivel nacional es de un 86.56 %.

“Lo que vemos es falta de organización en  el programa anual de compras;  la adquisición de  medicamentos para tratar el cáncer o la diabetes, debe planificarse con tiempo,  para evitar este tipo de eventos, y evitar que esto derive  en una administración corrupta”, concluyó el legislador.

Por Rosemary Recinos.

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El presidente en funciones del Organismo Legislativo, diputado Felipe Alejos, informó en conferencia de prensa que, en cumplimiento del Acuerdo Presidencial 1-2018 del Congreso de la República, este miércoles se integró una comisión específica para estudiar y analizar el contenido del dictamen emitido, en sentido favorable, por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales a la iniciativa de ley identificada en el número de registro 5311, ley de aceptación de cargos.

La comisión, que mañana jueves a las 9:00 tendrá la primera reunión durante la cual elegirá presidente, vicepresidente y secretarios, quedó integrada de la siguiente manera: Walter Félix, URNG- MAIZ; Carlos López Maldonado, UNE; Raúl Romero, FUERZA; Juan Ramón Lau, TODOS; Juan José Porras, VIVA; José Alejandro de León, Movimiento Reformador; Enrique Álvarez,  CONVERGENCIA; Julio Lainfiesta, UCN; Ileana Calles, FCN-Nación; Manuel Conde, PAN; Delia Back, Alianza Ciudadana  y Carlos Chavarría, CREO.

“Todos los bloques parlamentarios tenían hasta ayer (martes), para  nombrar a sus representantes, a fin de comenzar con las audiencias públicas”, dijo Alejos, quien explicó que lo que se pretende es “lograr consensos sobre varios aspectos del proyecto”.

Los diputados deberán programar audiencias públicas para escuchar las opiniones de representantes del sector público y privado. Concluidas las actividades pertinentes presentará un informe circunstanciado al Pleno del Congreso; tras ello la comisión específica quedará disuelta.

Por Byron Ramírez

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La Comisión de Cultura, presidida por el diputado Mario Velásquez (CREO), se reunió con representantes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP),  y del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza (FONACON), para analizar la Iniciativa 5295,  que declara a la Flor Nacional Monja Blanca como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación

La norma declara el 11 de febrero de cada año como el Día Nacional de la Monja Blanca, y establece mecanismos de conservación, protección y reproducción de especie.

“Es necesario crear campañas y estudios para verificar el estado de dicha especie en nuestro país”, indicó el Diputado Mauro Guzmán (UNE).

La inciativa ingresó al Pleno el 28 septiembre del 2017 y el 8 de noviembre de ese mismo años recibió dictamen favorable con modificaciones.

Por Estuardo Zeceña

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Los integrantes de la Comisión de Transparencia y Probidad, que coordina el diputado Amílcar Pop (Winaq), llevaron a cabo una reunión con autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), y comisiones ciudadanas de transparencia de diferentes departamentos del país, con el fin de conocer la situación de las carreteras.

Julián Pop, en representación de vecinos de Izabal, denunció que el tramo carretero que va de la aldea Semox a Semanzana, se encuentra en total abandono, y advirtió que si la obra no comienza en 15 días tomarán medidas de hecho.

En respuesta a la demanda, Edgar Aníbal Gómez, viceministro administrativo del CIV,  explicó que en agosto asignarán los 2 mil galones de combustible que se necesitan para que empiece a trabajar la maquinaria. Para el diputado independiente Mynor Cappa es demasiado el compás de espera por lo que harán las gestiones necesarias para que se obtenga el combustible  lo antes posible.

Walter Félix (URNG), representante del departamento de Huehuetenango,  aprovechó la presencia de los funcionarios para recordarles que hay atrasos con los tramos de Santa Cruz Barillas a la Franja Transversal del Norte, y de Santa Cruz Barillas a San Mateo Ixtatán, entre otros.

Carlos Humberto Coc, poblador de Alta Verapaz, denunció que el tramo carretero de aldea Campur al Pajal, no lleva ni un kilómetro de construcción, mientras los informes del viceministro registran hasta un 87 por ciento de ejecución. “Esta situación es un delito”, denunció el diputado Pop, quien solicitó que en 24 horas le envíen un informe circunstanciado.

Los diputados también escucharon a los vecinos de Chinautla quienes desde hace décadas han hecho gestiones para que arreglen la carretera de Chuarrancho a San Antonio las Flores. “Estamos apenas a 36 kilómetros de la capital, pero estamos en total abandono”, lamentó Estuardo Alvarado, vecino del lugar.

De igual manera, los pobladores de Sacatepéquez, trasladaron la denuncia del atraso en el tramo que va de Santa María de Jesús, a Palín Escuintla. “Desde el gobierno de Álvaro Colon asignaron Q22millones para esta obra, y hasta el día de hoy no han iniciado los trabajos”, indicó Félix Vásquez, vecino del lugar.  Según explicó el viceministro Gómez, ya se están realizando los estudios para esta obra y esperan que inicie la ejecución en el 2019.

Pop y los integrantes de la Comisión concluyeron la reunión con la firme promesa de dar seguimiento a cada uno de las solicitudes hechas, y que pondrán especial atención al tramo de Campur, Alta Verapaz, donde podría existir el delito de perjurio, lamentó.

Por Mayra Recinos

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El ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, y su equipo de trabajo, fueron citados  por diputados de la bancada Unión del Cambio Nacional, para que informaran sobre la ejecución de  proyectos de reposición de cinta asfáltica en varios municipios del departamento de San Marcos.

La parlamentaria Vivian Preciado, representante de dicho distrito, preguntó sobre  las razones por las cuales se ha retrasado el inicio en los tramos que van de El Tumbador hacia el Rodeo y de Ayutla, Tecún Umán, a Ocós, ya que ambos,  según el portal se Guatecompras fueron adjudicados desde el año pasado.

“En relación al  proyecto de El Tumbador, este tiene una cobertura de 13.5 kilómetros, un presupuesto de Q29 millones 447 mil 880 con 99 y un plazo de ejecución de 14 meses. Sin embargo debido a que no se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egreso del Estado, se tuvo que reprogramar la obra y hasta el mes de abril de este año  se otorgaron  los anticipos”, dijo Benito.

Por su parte Fernando Morales, viceministro de Infraestructura Vial, expresó que en cuanto al trayecto de Ayutla, de 21 kilómetros,  se ha tenido problema con la empresa constructora, porque no ha cumplido con los tiempos establecidos.

Los parlamentarios solicitaron que de no agilizarse los trabajos, se rescinda el contrato, se ejecute la fianza y  se vuelva a levantar el evento.

“Pediremos a  la Contraloría General de Cuentas que mande una Comisión de auditoría, para que evalúe el tema del avance financiero y  físico de los proyectos y  daremos el seguimiento necesario”,  comentó la diputada Preciado.

Por Rosemary Recinos.

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Integrantes de la Comisión de Deportes, que preside la diputada Flor de María Chajón, se reunieron con representantes del Comité Olímpico Guatemalteco y de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, entre otras instituciones deportivas, para continuar con el análisis de la propuesta de una nueva Ley Nacional para el Fomento y Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.

Este día se conocieron dos propuestas, la primera para que se reconozca el contrato de cualquier deportista como un trabajo remunerado con el pago de prestaciones de Ley, y la segunda para que se incluya a las universidades privadas entre las entidades que promueven el deporte.

“La propuesta busca resolver y mejorar las condiciones que se tienen actualmente en las distintas disciplinas deportivas”, expresó Carlos Quintanilla, integrante de la comisión y de la mesa técnica. Informó que las propuestas serán discutidas en la próxima mesa técnica que se realizará el próximo 19 de junio.

El diputado Germán Velásquez por su parte dijo que  esta “es una nueva propuesta de ley que busca beneficiar a los atletas”, y consideró que incluir a las universidades privadas es una buena idea, pero debe analizarse bien lo del aporte constitucional.

El futbolista Carlos Figueroa hizo un llamado a las instituciones y a los legisladores a que también se reconozca el deporte amateur, además de que “se vele por el cumplimiento de las asignaciones presupuestarias para el deporte”.

Por Byron Ramírez.

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Los integrantes de las salas legislativas de Economía y Comunicaciones del Congreso iniciaron este martes la primera jornada de audiencias públicas encaminadas a mejorar el contenido de la iniciativa 5431, Ley General de Infraestructura Vial, que dispone crear la Superintendencia de Infraestructura Vial (Sivial), la cual se encargaría de la construcción de carreteras en todo el país.

Se contó con la participación de representantes de la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón (Fundesa), Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (Atal), Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies),  Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), Colegio de Ingenieros de Guatemala y del Instituto de Derecho de la  Competencia.

“La idea es tomar los aportes de los centros de estudios, de la diferentes organizaciones involucradas en el tema, así como de las instituciones del Estado que tienen que ver directa e indirectamente en la infraestructura vial para afinar esta iniciativa que tiene como fin la reactivación de las carreteras del país”, manifestó al inició del  encuentro, el diputado Carlos Barreda (UNE), presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior.

Entre los cambios que urgen está el encaminado a separar las funciones rectora y reguladora, ya que a la fecha ambas recaen en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

“La postura de la fundación es que sea el CIV la institución que tenga la función rectora, dejándole a la Superintendencia la función reguladora, siendo ambas  de la misma jerarquía con lo que se evitaría el conflicto de intereses”, aseguró Jorge Benavides de Fundesa.

Lisandro Acuña, representante de Ipnusac, recomendó que se haga un estudio comparativo para evitar una sobrelegislación en esa materia. “Se debe trabajar con mucho cuidado en la iniciativa porque con la creación de la figura de la Sivial podría deslindarse de responsabilidades al Ministerio poniendo en riesgo la institucionalidad”.

Al concluir la extensa jornada, el diputado Barreda aseguró que se mañana miércoles a partir de las 14:00 horas llevarán a cabo la segunda audiencia. Se espera la participación de autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Finanzas Públicas y Superintendencia de Bancos, entre otros. “El espíritu de este ejercicio es tomar los aportes y fortalecer una ley que debe de aprobarse con carácter de urgencia”.

La referida iniciativa es una propuesta que surgió en el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) 2017, y que presentaron en abril congresistas de las Comisiones de Economía y Finanzas Públicas Esperan concluir el análisis en un mes con el fin de que inicie el proceso de aprobación en el Pleno del Congreso.

La Superintendencia de Infraestructura Vial será una entidad autónoma y descentralizada que tendrá la función de planificar, licitar y contratar los proyectos que se planifiquen a largo plazo.

Por Karen Mendoza

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