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La Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, del Congreso, presidida por el diputado Óscar Fernández Mendoza (Todos), se reunió hoy con representantes de las 33 asociaciones de transportistas extraurbanos del país, quienes solicitaron que se conforme una mesa técnica donde se pueda consensuar una ley general de transporte de Guatemala.

Etiel Ordoñez, representante de las asociaciones, indicó que el mal estado de las carreteras y las extorsiones los tiene casi en la quiebra, por lo que pidieron que en esta mesa también se aborden estos temas.

Los diputados Uneístas Marco Antonio Lemus y Santiago Nájera, así como Herber Melgar Padilla (FCN-Nación), entre otros, apoyaron la conformación de esta mesa, con el fin de que puedan participar todos los sectores involucrados, es decir, tranportistas, usuarios del transporte y Ministerio de Comunicaciones, entre otros.

Al finalizar la reunión el presidente de la sala, anunció que dividirán los temas. “En una trataremos el tema de las extorsiones, para lo cual invitaremos a las altas autoridades del Ministerio de Gobernación y por otra parte conformaremos la mesa técnica que este día nos han solicitado los señores transportistas”, expresó.

El congresista Fernández hizo un llamado para que toda persona o asociación que quiera unirse a estas mesas de trabajo solicite su participación por medio de los correos oficiales que abrió la Comisión de Trabajo específicamente para este tema: comunicacionescongres503@gmail.com y com_comunicaciones@congreso.gob.gt

La actual Ley de Transporte que rige en Guatemala data del año 1946, por lo que los congresistas están conscientes de la necesidad de modernizarla.

Por Mayra Recinos

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La diputada Eva Nicolle Monte Back, del bloque Alianza Ciudadana, denunció hoy públicamente a los delegados del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo de Parramos, Chimaltenango, por efectuar cobros ilegales a las familias de la localidad para incluirlas en programas de ayuda social.

“El Consejo Comunitario de Desarrollo de la zona 3 de Parramos, Chimaltenango, hace dos cobros ilegales, uno para incluir a las familias en el listado y otro para entregarles la subvención”, dijo la parlamentaria Monte Back.

La subvención a la que hace referencia la parlamentaria es la que entrega el MAGA a las familias rurales para la compra de fertilizantes y herramientas de labranza.

La diputada Monte Back dijo que presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público y solicitó al departamento de Recursos Humanos del MAGA que le presente un informe de las sanciones que impondrán al personal que incurrió en los cobros ilegales.

Por Antonio Ordóñez

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Congresistas que integran la Comisión de Pueblos Indígenas, que preside el diputado Leocadio Juracán, del bloque Convergencia, dieron a conocer que darán inicio a un proceso de diálogo y audiencias públicas a nivel nacional con las diferentes comunidades de los pueblos indígenas del país sobre el derecho a la consulta previa, en la construcción de megaproyectos hidroeléctricos y mineros.

El proceso de conversaciones con las comunidades de pueblos indígenas, xinca y garífunas es con base en una resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad durante en mayo 2017, que faculta al Congreso de la República para que emita la reglamentación del caso.

“Nosotros ya hemos tenido varias reuniones con los pueblos indígenas y las instituciones encargadas del tema, como el Ministerio de Energía y Minas, Procuraduría de los Derechos Humanos y otras, las que nos han dado su opinión al respecto”, indicó el diputado Juracán.

Además informó que ya elaboraron un cronograma de audiencias públicas, con foros y entrevistas con líderes comunitarios de los 22 pueblos indígenas del país. Las actividades se iniciarán en el departamento de Sololá.

Al concluir con el proceso de las audiencias públicas y foros buscarán los mecanismos para emitir una norma o reglamento que regule lo concerniente al derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas sobre la construcción de megaproyectos hidroeléctricos y mineros, se informó.

Por José Castellanos

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La diputada Delia Back, jefa del bloque Alianza Ciudadana, intermedió ante las autoridades del Ministerio de Comunicaciones para agilizar los trámites para la reparación de carreteras y construcción de un puente en el municipio de Yepocapa, del departamento de Chimaltenango.

A la reunión asistieron el viceministro de Infraestructura, de la cartera de Comunicaciones, José Fernando Morales; el director de Caminos, Juan José Hanser; el alcalde de Yepocapa, Bernabé Ajin, y habitantes del municipio.

Entre las solicitudes está continuar con la reparación de los tramos carreteros que comunican al centro del municipio de Yepocapa con las comunidades y aldeas, que desde hace varios meses fueron suspendidas y han provocado contratiempos para los habitantes.

“Como diputados es nuestra responsabilidad intermediar para que se ayude a la población. En este caso, esperamos que se pueda iniciar con la reparación de carreteras y la construcción de puentes”, desatacó la diputada Back

En respuesta a esta solicitud, el viceministro Morales aseguró el 21 de marzo se iniciará con el proceso de licitación de los proyectos, y a finales de abril se dará inicio a los trabajos.

Por Karla Herrera

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El Palacio del Organismo Legislativo, o Congreso de la República, fue inaugurado el 1 de marzo de 1934, durante la gestión del presidente Jorge Ubico Castañeda. Según los registros del Instituto de Antropología e Historia (Idaeh), el edificio se comenzó a construir durante el gobierno de Lázaro Chacón (1926-1930) en el predio que ocupaba la Sociedad Económica Amigos del País, cuyo edificio fue destruido por los terremotos de 1917 y 1918.

El diseño y la dirección técnica de la construcción estuvieron a cargo del arquitecto Manuel Moreno Barahona y el encargado de los modelados fue Manuel Domínguez. Los revestimientos interiores y exteriores fueron fabricados en los Talleres Pullin.

La fachada mide 50 metros de longitud, en la que destacan 18 columnas de cemento armado de estilo jónico. Las ventanas exteriores e interiores tienen ornamentaciones en cobre estilo greco-romano. Las puertas fueron talladas en madera caoba, con elementos barroco, churrigueresco y mudéjar.

Según descripciones del Idaeh, las puertas de ingreso son de arco de medio punto de madera de caoba, con clavijas de cobre y montante o sobrepuerta de madera y vidrio, rematando los dos ingresos con un frontón triangular.

El edificio está dividido en dos, a la derecha en el frente tiene un amplio vestíbulo que dirige a la sala de sesiones, la sala de recepciones, y al despacho de la Presidencia.

Al Palacio del Organismo Legislativo se han adherido otras edificaciones que albergan salas legislativas de trabajo y oficinas administrativas, entre ellas La Casa Larrazábal y La Casa de la Cultura, declaradas Patrimonio Cultural por medio del decreto ministerial 328-98, del Ministerio de Cultura y Deportes.

Por Antonio Ordoñez

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Representantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) se reunieron hoy con la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso de la República para conversar sobre cambios en el sistema de educación pública y el presupuesto para dar cumplimiento al pacto colectivo de trabajo.

Los dirigentes sindicales se quejaron de la falta de contratación de maestros a nivel nacional, las malas condiciones en que se encuentran los establecimientos, tanto en infraestructura y mobiliario, y deficiencias en los programas de valija didáctica, gratuidad de la educación y alimentación escolar, entre otros temas.

El diputado Ovidio Monzón, de la bancada Todos y presidente de la comisión, dijo que fue de suma importancia conocer los problemas que afectan al sistema educativo nacional. “Buscaremos poner orden en varios de los temas expuestos”, expresó.

Luego de escuchar al dirigente magisteriales, el congresista independiente Boris España expuso que sería conveniente que sala de trabajo evalúe incrementar el presupuesto para Educación para el siguiente año y se pueda modificar el presupuesto vigente para cumplir con el pacto colectivo que busca una mejora de salarios.

La diputada Dolores Beltrán, del Movimiento Reformador, expuso que también se deben tomar en cuenta los temas que están pendientes desde el año pasado en el tema educativo, y continuar trabajando por el bien de la niñez y la juventud guatemalteca.

Por Fredy López

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Diputados de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario, presidida por la diputada Lesly Valenzuela, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se reunieron con autoridades para exponer cómo afecta el mal estado de la red vial del país a los habitantes de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Quetzaltenango y Retalhuleu, por lo que pidieron se agilicen los trabajos en carreteras y caminos rurales.

Acudieron a la cita representantes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), Dirección General de Caminos, Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), y del Fondo Social de Solidaridad.

Los diputados de la bancada UNE Juan Carlos Salanic, Edwin Lux y Lucrecia Samayoa, electos por Quetzaltenango, Retalhuleu y Huehuetenango, respectivamente, expusieron su preocupación por la falta de mantenimiento a vías principales y falta de construcción de algunos tramos carreteros. La legisladora Samayoa, solicitó al ministro en funciones, José Luis Benito, que supervisen la calidad del trabajo que efectúan las constructoras.

El diputado independiente Eduardo Cruz Gómez, de Quiché, indicó que en su departamento hay tramos de carreteras rurales en mal estado que dificultan el traslado de las personas, así como tramos viales abandonados, por lo que exigió a las autoridades actuar con prontitud.

El ministro en funciones del Micivi explicó que la falta de presupuesto ha frenado el avance en la construcción de algunos tramos carreteros y por ello solicitaron al Congreso una ampliación presupuestaria, y aseguró que ya se trabaja en algunos tramos mencionados por los congresistas.

Los diputados que representan a los departamentos del occidente del país indicaron que continuarán con la fiscalización rigurosa de los proyectos de infraestructura de sus respectivos distritos.

Por René Rodríguez

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A instancia de los diputados de la bancada Movimiento Reformador (MR), este día citaron a diferentes funcionarios para abordar nuevamente el tema de la competitividad de los puertos del país.

A la reunión se presentaron el presidente de la Portuaria Santo Tomás de Castilla, Byron Monterrosa; subgerente de Puerto Quetzal, Hugo Arriaga; Superintendente Interino de Administración Tributaria (SAT), Abel Cruz; viceministro de Puertos y Aeropuertos, Rudy Keller; Viceministro de Infraestructura, José Fernando Morales; y el Contralor General de Cuentas (CGC), Carlos Mencos.

El jefe de la bancada, diputado Luis Hernández Azmitia, habló acerca de las resoluciones legales que ha emitido la Procuraduría General de la Nación (PGN) a la Empresa de Contenedores Quetzal (TCQ), y a la Comercializadora Pahame, S. A., declarándolos lesivos para el Estado de Guatemala.

Abel Cruz de la SAT, explicó que ellos dependen de la resolución que les brinde la PGN en cuanto al tema de la Comercializadora Pahame, S.A. y puntualizó: “Dependemos de ese dictamen para saber si podemos extender el permiso de Depósito Aduanero Temporal (DATA), para que puedan operar en el país”.

“Lamento profundamente que la titular de la PGN, Anabella Morfin, no haya asistido a la convocatoria. Consideramos que los entrampes legales que hay en esa dependencia mantienen estancados los avances en los puertos”, dijo el congresista Hernández Azmitia, quien agregó que si la PGN se presentara para dialogar, de manera conjunta se podrían lograr adelantos en el tema.

En cuanto a las últimas acciones de los funcionarios para aumentar la competitividad de los puertos, Monterrosa, de la Portuaria Santo Tomás, indicó que trabajan en la implementación de una bodega fría para contenedores, así como bodegas de control manejadas por terceros, entre otros aspectos.

Por su parte, Arriaga de la portuaria Quetzal, destacó que trabajan proyectos de infraestructura e implementación de tecnología para mayores controles. Además efectuarán reuniones con diferentes ministerios, como los de Agricultura, y Gobernación, con el fin de trabajar proyectos en conjunto.

Durante el interrogatorio el diputado Ronald Sierra, solicitó que en dos semanas le remitan a su despacho un informe circunstanciado de todos los empleados de ambas portuarias, inventario de portacontenedores disponibles y fuera de servicio, y de cabezales.

El legislador también pidió informes de planes de acción en salud para los empleados, el conteo de robos que se han registrado dentro de las portuarias durante los últimos meses y el resultado de las auditorías financieras y ambientales que han hecho.

Al concluir la reunión, el diputado Hernández Azmitia lamentó que la “competitividad de nuestros puertos siga en niveles bajos”.

“Tenemos puertos domésticos. Hace más de 50 años que no se invierte en infraestructura en los dos puertos del país y a eso sumamos la indiferencia de la PGN para dar una resolución en cuanto a los contratos que se han declarado lesivos, lo que nos mantiene en un verdadero letargo”, concluyó el jefe de la bancada MR.

Por Mayra Recinos

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Luego de analizar la iniciativa de ley 4485, que propone reformas la Ley Orgánica del Servicio Diplomático en Guatemala, los diputados que integran la Comisión Legislativa de Relaciones Exteriores, presidida por la diputada Eva Nicolle Monte, tomaron la decisión de presentar un nuevo proyecto de ley.

La decisión surgió debido a que el contenido de la iniciativa 4485 acumuló un 90 por ciento de cambios, por lo que se espera que en aproximadamente un mes se pueda presentar al pleno del Congreso un nuevo proyecto con las reformas añadidas.

Entre los cambios a la normativa está mejorar el escalafón diplomático por menos años, crear la academia diplomática, modificar los tiempos de rotación para los embajadores, que los aspirantes a estos cargos sean profesionales con dos carreras universitarias afines al cargo, y otros temas que analizarán en las siguientes reuniones, previo a presentar una nueva propuesta, indicó la diputada Nicolle Monte, de Alianza Ciudadana.

El objetivo de las reformas es regularizar y profesionalizar a los que sean enviados al exterior a representar al país para que tengan las capacidades sociales y profesionales. Los legisladores recordaron que la actual ley data del año 1963, por lo que es necesario efectuar modificaciones.

Por Karla Herrera

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