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Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Inspección General de Cooperativas (STIGC) solicitaron hoy a diputados que integran la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones no Gubernamentales que reformen la Ley General de Cooperativas y su reglamento, Decreto 82-78, con la finalidad de proteger a los asociados de todas las cooperativas en temas de ahorro y crédito, entre otras requerimientos.

En el transcurso de la reunión los sindicalistas expusieron que la Inspección General de Cooperativas tiene varias falencias, como la falta auditores que verifiquen a todas las cooperativas del país, y un presupuesto que consideran bajo, de Q12 millones anuales, además de falta de equipo tecnológico.

La congresista Laura Franco Aguirre (FCN-Nación) presidenta de la Comisión expresó: “Hay poco control en las cooperativas, no se fiscalizan a cabalidad y hay problemas que han llevado a muchas a la quiebra financiera. Propongo que citemos a funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria, Intendencia de Verificación Especial y del Ministerio de Economía e instalemos una mesa de trabajo para solucionar el problema”.

El diputado Byron Chacón (FCN-Nación), agregó: Conocemos que hay muchos abusos por empresas y personas que actúan al margen de la ley y se ha generado desconfianza. Se han cerrado muchas cooperativas y los asociados han salido perjudicados porque han pedido su dinero”.

Sergio Pec, secretario de Organización del STIGC dijo que esperan se puedan hacer reformas a la ley, que tiene más de 40 años sin hacerle cambios. “Lo preocupante es que los usuarios han tenido problemas por la quiebra y los recursos los han perdido. Además nosotros queremos que se nos fortalezca en el tema de presupuesto, se contraten más auditores y se compre equipo”, puntualizó.

Por José Castellanos

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En una reunión con representantes de diversas entidades gubernamentales, el diputado Edwin Lux, de la Unidad Nacional de la Esperanza, solicitó que demanden a la empresa distribuidora de energía eléctrica Energuate, con el fin de que a la brevedad posible reinstale el servicio de electricidad a comunidades de Retalhuleu y San Marcos.

A la cita acudieron funcionarios de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), Dirección de Atención al Consumidor (Diaco), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Contraloría General de Cuentas (CGC), Procuraduría General de la Nación (PGN), y los Ministerios de Educación, Salud y Gobernación.

El congresista Lux, y los diputados Lesly Valenzuela y Juan Carlos Salanic, también de la UNE, coordinan una mesa de trabajo que incluye a representantes de las comunidades Caballo Blanco, de Retalhuleu, y Malacatán, San Marcos, a quienes Energuate les cortó el fluido eléctrico argumentando atrasos en el pago y conexiones ilícitas, pero los vecinos se quejan de mal servicio y cobros irregulares por parte de la distribuidora.

“Algunas de las instituciones ya entregaron el informe de la investigación para que se reinstale el servicio; sin embargo, la PGN no ha demandado a la distribuidora para que las comunidades cuenten de nuevo con este servicio”, explicó el legislador Lux. Agrego que la mesa de trabajo continuará su esfuerzo para que las comunidades ya mencionadas recuperen el servicio de energía que tanto necesitan los hogares, comercios, escuelas, centros de salud.

Asimismo, solicitó a la PGN que la próxima semana presente un informe de lo actuado, ya que la mesa de trabajo que vela por los intereses de la población no se levantará hasta que los vecinos cuenten con energía eléctrica.

Por René Rodríguez

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Diputados del bloque Movimiento Reformador se reunieron con el Secretario General del Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve), Edgar Lorenzo Chin, para conocer de primera mano el funcionamiento de los programas de apoyo a la juventud, tales como las Rutas U, Guatejoven, Bibliotecas Virtuales, y políticas de género para jóvenes.

Los parlamentarios cuestionaron los términos bajo los cuales se seleccionan las comunidades que contarán con bibliotecas virtuales y señalaron la importancia de que este servicio llegue a todos los jóvenes del país, sobre todo en el área rural.

Los parlamentarios también le indicaron al funcionario que es importante y urgente que se fiscalice la ejecución y cumplimiento de la Agenda Nacional de la Juventud de parte de los diferentes ministerios y secretarías que conforman el Gabinete de la Juventud.

De acuerdo con el último censo realizado en el año 2011, más del 64 por ciento de la población guatemalteca es considerada joven, puesto que no supera los 30 años de edad y los principales problemas que los jóvenes indican enfrentar son: las falta de políticas claras de seguridad, baja calidad educativa y la falta de oportunidades de empleo formal.

Por Wendy Sandoval

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Integrantes de la mesa de trabajo para la reconstrucción de la Escuela tipo Federación “Ulises Rojas”, en el departamento de San Marcos, fueron citados por diputados de la bancada Unión del Cambio Nacional, coordinada por el parlamentario Julio Lainfiesta, para fiscalizar sus avances.

El centro educativo fue uno de los que resultaron dañados debido al terremoto del año 2012; sin embargo, aún permanece sin reparar, lo que pone en riesgo la integridad de los estudiantes.

El representante del Ministerio de Educación (Mineduc)indicó que el principal obstáculo con el que se han enfrentado es que la escuela es un patrimonio cultural, y no puede recibir ninguna intervención sin autorización del Instituto de Antropología e Historia.

Por su parte, Javier Maldonado, director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), dijo que la Dirección de Planificación Educativa (Diplan), del Mineduc, les notificó que den de baja a la escuela del Sistema Nacional de Inversión pública (Snip), y ser ellos quienes tomen el proyecto de reconstrucción.

“No comprendo por qué ahora que ya hemos avanzado, y la UCEE, tiene todo listo para el iniciar el estudio de preinversión, Diplan se interesa en el proyecto” comentó la parlamentaria Vivian Preciado.

“Con el afán de no retrasar más el proceso administrativo, hemos consensuado que sea la primera entidad quien lo realice. No voy a descansar hasta que se finalice esta reconstrucción”, afirmó la diputada Preciado.

Por Rosemary Recinos

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La comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario, presidida por la diputada Lesly Valenzuela, de la Unidad Nacional de la Esperanza, definió este martes la agenda básica en la que basarán su trabajo durante el período legislativo 2018-2019.

Según la congresista Valenzuela, el tema principal de la agenda es la creación de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, la cual debió haberse creado en 2008 por mandato del artículo 107, del decreto legislativo 6-2003, para sustituir a la Dirección de Defensa del Consumidor (Diaco), la cual actualmente está adscrita al Ministerio de Economía.

Los miembros de esta sala de trabajo también van a analizar las regulaciones sobre metrología, la ciencia que estudia y establece los pesos y medidas, ya que según la legisladora, esto actualmente solo rige la distribución de los combustibles, no así la venta de los demás productos de consumo diario.

Por Antonio Ordoñez

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La Comisión de Integración Regional del Congreso de la República, discutió hoy sobre la necesidad de impulsar una iniciativa de ley para que por medio de un decreto se fortalezca el Consejo de Integración Regional, el cual ya existe creado por el Organismo Ejecutivo.

“Queremos conocer el funcionamiento del consejo, sus actividades en materia económica y en política exterior, que se nos detalle sus planes de acción, siendo uno de los temas de interés el denominado triangulo norte, donde se incluye Guatemala, Honduras y el Salvador” dijo la diputada Lucrecia Samayoa (UNE), presidenta de la comisión.

Para el efecto se acordó citar para el próximo 14 de marzo a los ministros de Economía, Acisclo Valladares Urruela, y Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, para que informen sobre los avances de sus carteras en el tema de la integración regional, y la conformación del actual Consejo de Integración Regional, como entidad encargada de promover políticas económicas en el exterior.

La congresista Samayoa también se refirió a la importancia de la integración centroamericana y el trabajo que se debe realizar en conjunto con el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Por Fernando Bolaños

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La Comisión del Deporte, presidida por la diputada Flor de María Chajón (FCN-Nación), presentó esta tarde a Dirección Legislativa una iniciativa de ley que modifica el artículo 98 de la Ley del Deporte, con el propósito de que se agilicen elecciones y se aprueben estatutos según lo establece la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), y Guatemala vuelva a tener participación internacional en este popular deporte.

“Los cambios darán viabilidad y permitirán que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y la Federación Nacional de Fútbol (Fedefut) puedan celebrar asamblea y aprobar los estatutos solicitados por FIFA”, destacó la legisladora.

José Alejandro De León, vicepresidente de la comisión (Reformador), explicó que la iniciativa fue socializada con diferentes sectores y se instalaron mesas de trabajo para llegar a la reforma que se espera sea aprobada por el pleno del Congreso.

“Con la iniciativa estamos cumpliendo con lo requerido por FIFA, y esperamos ser reconocidos nuevamente y que nuestro fútbol vuelva a la competición internacional”, concluyó el diputado De León.

Por René Rodríguez

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Luego de analizar la propuesta de ley 5199, que pretende reformar el  Decreto 4441 del Congreso de la República, Ley  de Sindicalización y Regulación de Huelga de  Trabajadores del Estado, diputados de la Comisión de Trabajo tomaron la decisión de retirar la iniciativa  y presentar una nueva con los cambios requeridos.

Guatemala se hizo miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1948 y en 1952 ratificó el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización, por lo que se hace necesario actualizar la legislación nacional.

A la reunión de la comisión de hoy acudieron la ministra de Trabajo y Previsión Social, Leticia Teleguario; Sergio Paxton, representante de la OIT en Guatemala; Francisco Mendoza, del Sindicato Global de Guatemala,  y Diego Ricci, del sector empresarial.

Mendoza destacó que entre  los cambios requeridos esta el derecho a la huelga,  que los trabajadores temporales tengan beneficios,  como seguro y prestaciones laborales,  y la creación de nuevos sindicatos sin mayores obstáculos.

El presidente de  la Comisión de Trabajo, Dalio Berreondo (UNE), destacó que  para la segunda semana de abril se reunirán nuevamente para continuar con el estudio de la propuesta  de ley,  con lo que se espera cumplir con los convenios firmados por Guatemala con la OIT.

Por Karla Herrera

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La propuesta de ley 5377, de Reconciliación Nacional, que pretende aprobar una amnistía para quienes participaron en el conflicto armado interno, se encuentra en su fase de análisis en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que es presidida por el diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional.

Los congresistas de esta Sala de Trabajo escucharon las posturas del secretario General de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Gregorio Chay, quien manifestó su rechazo a la propuesta de ley, y a representantes del Movimiento de Reconciliación Nacional (MRN), quienes solicitan la pronta aprobación de la misma.

Chay expresó que “no se puede dejar libres a quienes cometieron abusos durante el conflicto armado, porque esto sería dejar sin justicia a los miles de guatemaltecos que murieron o fueron torturados durante la época de la guerra interna”.

Por su parte, Julio Cesar Muralles, del MRN, enfatizó que al no dejar en libertad a los acusados de genocidio se violan los acuerdos de paz firmados en 1996, por lo que solicitan que la propuesta sea conocida y aprobada lo antes posible.

El diputado Linares Beltranena expresó: “La iniciativa de ley pretende favorecer a los dos grupos y hacer cumplir los acuerdos de paz tras la reconciliación entre el ejército y la guerrilla, que permitió un cese en esta guerra interna, que tanto daño le hizo al país, por lo que se espera que antes de concluir este año se pueda dar un dictamen favorable a la propuesta”.

Por Karla Herrera

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