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El alto índice de muertes maternas y el desabastecimiento de métodos anticonceptivos, tanto para hombres como mujeres fueron los principales cuestionamientos de los diputados de la Comisión de Salud y Asistencia Social a las autoridades del Ministerio de Salud Pública  y Asistencia Social.

En la reunión también hubo presencia de representantes del  Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, ante quienes Estuardo Recinos de la Cartera de Salud aseguró que no hay existencia de píldoras anticonceptivas, lo que atribuyó al atraso en la firma de algunos convenios, así como el inconveniente de producto que ya se encuentra en aduana desde el año pasado pero por cuestiones legales en la administración de recursos no es posible utilizar.

El diputado Julio Lainfiesta, Cuarto Secretario de la Junta Directiva e integrante de la comisión, solicitó a los citados un informe circunstanciado de la situación e indicó que se convocará a una reunión con Contraloría General de Cuentas y Superintendencia de Administración Tributaria, para que evalúen el tema y puedan recibirse  los métodos anticonceptivos que están en las aduanas desde diciembre de 2018.

“Esperamos tener una solución legal lo antes posible, como diputados estamos dispuestos dar el apoyo técnico con el fin de proteger la vida de los guatemaltecos” dijo el legislador Lainfiesta.

Estuardo Zeceña Santiago

Fotos Elder Carío

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Para dar  seguimiento a los proyectos educativos en el país, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, presidida por el diputado Ovidio Monzón se reunió con autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc), Directores  Departamentales, representantes de Institutos Experimentales y por Cooperativa y de la Dirección de Planificación Educativa (DIPLAN).

El encuentro permitió la intermediación del legislador Monzón respecto a distintos temas, entre ellos,  la contratación de maestros, a lo que  autoridades de educación manifestaron que se realizan las gestiones pertinentes sin embargo la sala solicitó que de manera pronta se brinde solución al tema.

Los representantes de los Institutos por Cooperativa detallaron cual es la situación de los establecimientos que ofrecen esta modalidad educativa, actualmente hay 1,225 centros en el país,  lo que representa un soporte para la educación nacional, por lo que solicitaron se les otorguen  los fondos necesarios para su funcionamiento.

“La mesa técnica que analiza la iniciativa que tiene como propósito contribuir a que los Institutos por Cooperativa tengan los recursos necesarios para su funcionamiento continua su trabajo, el compromiso persiste y a ello obedece el seguimiento que le ha dado la sala”, explicó el diputado Monzón.

En esta sesión de trabajo también se dio seguimiento al cumplimiento del Decreto 16-2017, Ley de Alimentación Escolar para garantizar el cumplimiento de esta norma en beneficio de la niñez guatemalteca.

Por Isabel Mazariegos

Fotos Rodrigo Arias

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En su función de fiscalización, el  diputado Marvín Orellana López, representante por el distrito de Alta Verapaz  se reunió con funcionarios del ministerio de Gobernación, Departamento de Transito de la PNC, delegada de la PGN, Supervisor de Auxíliaturas de la PDH,  representantes de Transportista de San Cristóbal,  Cobán, para requerir información sobre acciones que han impuesto a agentes policiales que han actuado de manera ilegal en los operativos viales que realizan.

A la reunión acudieron padres de familia de menores que fueron perjudicados por un retén policial, mientras el congresista cuestionaba a los funcionarios de la PDH, PGN por no tener   una opinión institucional sobre el actuar de los elementos de la PNC, pues mantuvieron paralizados a los estudiantes y no asistieron al centro educativo provocando crisis nerviosa a los menores.

Los agentes justificaron su actuación al asegurar que   los buses retenidos no contaban con el permiso  municipal respectivo para circular en el lugar y los pilotos aseguraron que nadie les ha solicitado esa autorización.

Remberto Ruiz Barrientos, viceministro Administrativo de Gobernación y Ramiro García Chamán, director del Departamento de Transito de la PNC, explicaron las acciones que estarán ejecutando al respecto “somos respetuoso de la ley y como autoridades superiores ese día pedimos que se sancione al encargado del operativo al agente Milton Mo Mazariegos, por no incumplir ordenes.

La delegada de la PGN Ana Isabel de León y Edwin Taracena, Supervisor de Auxíliaturas de la PDH indicaron que ya han realizado las investigaciones del caso pero no hay una opinión institucional al respecto sobre el caso del reten en las Cuevas, Santa Cruz Verapaz, el pasado 28 de febrero.

El congresista Marvín Orellana, como representante por Alta Verapaz, demando de las autoridades citadas a que se pronuncien ya que a su criterio se actuó de forma arbitraria y espera a que se sancione a los responsables. “Ya han pasado casi 20 días y la PDH no se ha pronunciado ni ha emitido una opinión oficial como en otros casos”, resaltó el representante por Alta Verapaz, Orellana López.

Por José Castellanos

Fotos Edwin Méndez

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Fiscalizaciones en los temas de refacción escolar  y Energía Eléctrica, así como intermediaciones para aprobar la Ley de la Procuraduría de Defensa del Consumidor, son dos de los ejes principales contenidos en el plan de trabajo de la   Comisión para la Defensa del Consumidor y el Usuario, presidida por la parlamentaria Lesly Valenzuela.

Sin embargo, también se incluyen las fiscalizaciones de los  precios de la canasta básica mínima alimentaria y los servicios públicos esenciales, entre estos  agua potable  y atención médica.

Las fiscalizaciones incluyen  visitas a los departamentos de Quetzaltenango,  Quiché, Huehuetenango, Retalhuleu, y San Marcos y citaciones   a  funcionarios de los ministerios de Economía, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Salud Pública, Trabajo y Previsión Social,  y Energía y Minas, entre otros.

La comunicación entre representantes de empresas concesionarias de servicios públicos, como transporte y telefonía  también es importante y por ello la comisión promoverá la comunicación con estas empresas. Los martes y miércoles serán los días para reuniones de trabajo.

Por Rosemary Recinos.

Fotos Edwin Méndez

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Evitar el uso desmedido de la prisión preventiva es la parte toral de la iniciativa de ley que fue presentada por el diputado Leonel Lira, quien durante la presentación se hizo acompañar de la diputada Nineth Montenegro y autoridades del Instituto de la Defensa Pública Penal.

Se proponen reformas para los Decretos 51-92, Código Procesal Penal y 17-73, Código Penal, “El proyecto busca adoptar las medidas necesarias  para asegurar la aplicación excepcional y no obligatoria de la prisión preventiva”, expresó el diputado.

Dentro de la iniciativa se establecen medidas de coerción no privativas de libertad, entre estas, la obligación de presentarse periódicamente ante el  juez, la prohibición de salir del país, departamento  o municipios  donde se reside, la  prohibición de concurrir a determinados lugares, la prestación  por parte del imputado de una caución económica, y el arresto residencial.

“Consideramos necesaria la aprobación de estas  reformas que    para poder   ajustar la normativa nacional a los estándares internacionales”, dijo Miriam Roquel, Procuradora Adjunta de Derechos Humanos,

Por su parte Nery Lucero, director del IDPP declaró que los centros de detención se encuentran sobrepasados en su capacidad, ya que  de las      ocho mil personas que pueden albergar, actualmente  atienden   a un promedio  de  24 mil detenidos.

Del total de los privados de libertad, 12, 712, el 52 por ciento  está en  prisión preventiva  en espera de juicio, “muchos de ellos ni siquiera han sido escuchados en su primera declaración, y superan a los 11 mil 700 que  están condenados”, explicó.

Por Rosemary Recinos.

Fotografía Miguel Plato.

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Hay anomalías en la  extensión de licencias a algunos  transportistas que prestan servicio entre los departamentos de Guatemala a Chimaltenango, denunciaron representantes de la  Asociación de Transportes  de Patzún,  Chimaltenango, quienes acusan a personal de la  Dirección General de Transportes.

Fue por ello que solicitaron a la diputada Delia Back  intermediar para evitar que continúe la entrega anómala de estas licencias, por lo que la congresista se reunió con Anibal Aja, Subdirector General de Transportes y  representantes de los transportistas.

La entrega anómala de las licencias afecta a los transportistas que no pueden incrementar el precio del pasaje por la competencia desleal, por lo que solicitamos se regulen estos permisos y también el costo del pasaje, dijo Efraín López, presidente de la Asociación de Transportistas de Patzún.

La diputada Delia Back anunció que para la próxima semana habrá una nueva reunión para solventar el conflicto y en la cual espera la presencia de las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, de la Dirección General de Transportes y de la  Policía Nacional Civil.

Fiscaliza avances en tramos carreteros.

En una segunda reunión durante la jornada, la diputada Delia Back se reunió con el Director General de Caminos Juan José Hanser y con el representante de la empresa  constructora CONSTRUDAM,  Ever  Acajabón, para conocer los avances en la construcción de  varios tramos carreteros de  Chimaltenango.

Hanser aseguró  que al momento el proyecto del tramo carretero de Chimaltenango hacia Parramos  a un costo de Q16 millones está avanzando,  por lo que se espera que se concluya en junio de este año,  mientras que la reparación de los tramos carreteros de Patzicia a Patzún  y de Patzún a Acatenango  concluirán  antes de la semana santa para  evitar problemas viales en esas fechas.

Por Karla  Herrera

Fotos Edwin Méndez

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Continúa el análisis de la iniciativa de ley que propone el combate a la ciberdelincuencia  y en ese contexto, el diputado José Rodrigo Valladares , quien coordina la socialización de la propuesta, se reunió con  autoridades del Ministerio de Gobernación  y  Magistrados que integran el Consejo de la Carrera Judicial,  entre otras entidades.

En esta nueva reunión,  se estudió la viabilidad del contenido de la iniciativa, cuyo punto central es el combate a  los  delitos cibernéticos  cometidos por medios informáticos como la internet e incluso las redes sociales.

“Es importante el aporte de cada una de las entidades para fortalecer esta propuesta que sin duda será una herramienta para el sistema de justicia y permitirá darle el tratamiento adecuado a este tipo de casos”, explicó el congresista.

El acceso ilícito, robo de identidad, fraude informático, delitos relacionados al abuso infantil, acoso, entre otros,  están incluidos  en la propuesta, en la que se sugieren sanciones con multas y penas de prisión.

El legislador convocó a una nueva reunión con el propósito de dar seguimiento al tema y continuar con el análisis.

Por Isabel Mazariegos

Fotos Rodrigo Arias

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La Reactivación Económica que impulsa la actual Junta Directiva del Congreso, que preside el diputado Alvaro Arzú Escobar, continúa como prioridad y así lo ratificó la diputada Karina Paz Rosales, presidenta de la Comisión de Integración Regional al referirse al proyecto de conexión ferroviaria entre Guatemala y México.

Y precisamente, conocer los avances en los trabajos de reparación de 200 kilómetros de vía  que permitirán iniciar operaciones de esa interconexión ferroviaria fue el propósito de la reunión de diputados de la Comisión de Integración Regional con  autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, Covial, Segeplan, Fegua, Ferrovías de Guatemala, PGN y Anadie.

Se conversó en torno a la necesidad de modificar el Acuerdo Gubernativo 10-2010, para ejecutar las reparaciones en el puente Rodolfo Robles sobre el rio Suchiate, en el tramo  entre Ciudad Hidalgo, Chiapas, México y Tecún Umán, San Marcos y cambios que deben autorizar instituciones como la Procuraduría General de la Nación, la Secretaria General de la Presidencia de la República y el Mandatario,  en Consejo de Ministros.

Juan Carlos Méndez, director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) explicó “que el equipo de asesores jurídicos de esa unidad  analizó el expediente y lo enviará  al despacho del Procurador General de la Nación para que sean en esas institución donde se verifique la documentación del caso”.

La viceministra  de Finanzas Publicas, del área de Ingresos y Evaluación Fiscal manifestó que este proyecto tiene una prioridad en la cartera que representa, pues  está contemplado en los proyectos de la Alianza Públicas Privadas y que representa una importancia y trascendencia para el país.   Confiamos que el proyecto se eche a andar en este año, dijo la diputada Paz Rosales.

Por José Castellanos

Fotos Estuardo Zeceña

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Las agendas legislativas de las sesiones ordinarias del martes 19  y miércoles 20 de marzo a partir de las 14:00 y 10:00 horas fueron aprobadas  por la instancia de Jefes de Bloque y Junta Directiva.

Entre los  temas está la continuidad en la  interpelación al Ministro de  Desarrollo Social Carlos Velásquez, programada para el martes a partir de las 14:00 horas,  mientras que para el miércoles por la mañana podría iniciar la interpelación al ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito Ruiz.

El miércoles a las 14:00 horas  se conocerá en primer debate la iniciativa 5512, que busca la ampliación de la vigencia del Documento de Identificación Personal (DPI). Se propone que  los documentos próximos a vencer  tengan vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.

En tercer debate se discutirán las reformas  al Decreto 51-92, Código Procesal Penal, los cambios propuestos  plantean el cese del encarcelamiento en la etapa intermedia del proceso y ofrece una medida sustitutiva a personas de la tercera edad involucrados en algún delito.

Por artículos y redacción final se contempla la aprobación del proyecto que dispone aprobar las negociaciones de un apoyo financiero a suscribir  entre la República de Guatemala y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US $ 120 millones   para la ejecución de la tercera etapa del programa de inversión en infraestructura, maquinaria y equipo para la Universidad de San Carlos de Guatemala (5010).

Tras la aprobación de los órdenes del día, los diputados recibieron la visita  de la Asociación de Padres de Familia y Amigos de la Escuela de Educación Especial y Centro de Rehabilitación Integral de Alta Verapaz, ASOEDECRI, quienes pidieron apoyo a los legisladores a fin de reformar el Decreto 25-2018 que les otorga un espacio de Q 1 millón 500 mil para la atención de niños con capacidades diferentes.

Por Karen Mendoza

Fotos Roberto Aguja

 

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