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A instancias del presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso de la República, José Alberto Hernández (UCN), se realizó una reunión de trabajo donde analizaron diferentes aspectos de la iniciativa 5257, reformas al Decreto 2-2003, ley de organizaciones no gubernamentales (ONG) para el desarrollo.

El diputado Christian Gabriel González (FCN-Nación), integrante de la comisión y ponente de la iniciativa, indicó que es necesario que las organizaciones no gubernamentales empiecen a tener un orden en su administración y en el manejo de los fondos.

“Le hemos quitado todos los aspectos burocráticos que tenía el borrador original, sin embargo hemos dejado la parte que se refiere a la fiscalización de las ONG”, afirmó el legislador Gabriel González.

Asimismo, explicó que las ONG deberán estar inscritas en la Superintendencia de Administración Tributaria, aunque no paguen impuestos, y aquellas que reciban fondos del Estado deberán acudir a la Contraloría General de Cuentas (CGC).

El diputado Gabriel González dijo que no hay interés particular en el tema, “solamente queremos lograr una mayor transparencia en el uso de los recursos que brindan diferentes instituciones internacionales al país, para obras sociales.

El congresista independiente José Conrado García coincidió en la importancia de hacer dichas reformas. “Llama la atención ver las diferentes manifestaciones que vienen a la capital y están inundadas de extranjeros que trabajan para las ONG”, afirmó.

El presidente de la sala de trabajo acordó que enviará la iniciativa a cada uno de los legisladores que la integran, con el fin de que puedan analizarla por última vez y lograr emitir un dictamen durante las próximas sesiones de trabajo.

En puntos varios, los congresistas acordaron que citarán a las nuevas autoridades de la Policía Nacional Civil (PCN), para que expliquen de manera detallada sus planes de trabajo.

Por Mayra Recinos

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En reunión de trabajo que sostuvieron hoy los congresistas que integran la Comisión legislativa de Cultura, avanzaron con el análisis técnico jurídico de varios proyectos de ley, con el fin de emitir el dictamen correspondiente antes del 14 de marzo del presente año, fecha en que se vence el plazo.

Durante la reunión el equipo técnico de asesores efectuó un breve análisis del contenido de cinco iniciativas de ley pendientes de dictamen, que fueron presentadas a la comisión para su estudio y dictamen.

Las iniciativas que podrían ser dictaminadas favorablemente con enmiendas son la número 5346, para declarar patrimonio cultural intangible la carrera de la antorcha de la independencia; la 5338, de conservación, reparación y remozamiento de los centros educativos considerados Patrimonio Cultural Nacional; y la 5295, que declara a la flor Monja Blanca como Patrimonio Intangible de la Nación.

Los congresistas indicaron que las iniciativas que serán dictaminadas desfavorablemente son: la 5394, que declara el día nacional de la Iglesia Evangélica, y la 5398, ley del día nacional de la dignificación y acciones afirmativas de a favor de la mujer garífuna y afrodescendiente.

El diputado Mario Velásquez Pérez (Creo), presidente de la comisión, indicó: “Nos encontramos en la elaboración del dictamen correspondiente de las iniciativas de ley, tenemos un plazo que vence el 14 de marzo y queremos hacer el mejor trabajo posible”.

Por José Castellanos

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Diputados del bloque Movimiento Reformador cuestionaron a autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), sobre la ejecución presupuestaria durante el 2017 y de lo que va de este año, quienes dieron a conocer que el año pasado solo se llegó a ejecutar un poco más del 50%, de los recursos asignados a la cartera.

Según el viceministro de Protección Social, Carlos Vidal, en 2017 se utilizaron Q211 millones de quetzales para el programa Bono Seguro, entregados a 153 mil familias con hijos menores de 15 años. Otros Q21 millones se usaron para la Tarjeta de Alimentos, beneficiando a 22 mil familias catalogadas en extrema pobreza, y se entregaron becas económicas por salud y educación por un monto de Q25 millones.

“Los datos que nos dado reflejan el poco trabajo que se ha hecho. Se ha reducido el número de entregas de ayuda, mientras que las estadísticas reflejan un incremento de la pobreza en el país, por lo que creemos que el Ministerio de Desarrollo Social no ha cumplido con su trabajo”, destacó el diputado Luis Hernández Azmitia, jefe de bancada.

En cuanto a la ejecución presupuestaria de los primeros meses de este año, el viceministro dijo que no se ha asignado presupuesto para los programas de ayuda social, por lo que al momento no se ha ejecutado, pues aún están en la fase de organización.

Los legisladores cuestionaron el poco avance de los programas, por lo que indicaron que seguirán supervisando el trabajo que hacen las autoridades de esta cartera, que es la encarga de ejecutar los programas de ayuda social.

Por Karla Herrera

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La Organización de Naciones Unidas (ONU), en 1975 institucionalizó el 8 de marzo de cada año como Día Internacional de la Mujer, y desde entonces se conmemora y se impulsa la lucha de este género por la equidad e igualdad de oportunidades en los diferentes sectores de la sociedad.

ONU-Mujeres eligió este año el tema Ahora es el momento: Las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres. En ese marco se analiza la participación de la mujer guatemalteca en las políticas públicas y en la toma de decisiones desde sus comunidades.

En Guatemala las mujeres constituyen un 51.2 por ciento de la población, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE); sin embargo, el empoderamiento de las mujeres por medio de su participación política ha sido un camino difícil de recorrer.

Antes de 1944 las mujeres no figuraban en los padrones electorales de Guatemala, no tenían derecho a votar y a escoger autoridades, lo hombres eran los encargados de llevar por completo las riendas del país.

El analista político Douglas Abadía explica que la revolución democrática de octubre de 1944 puso fin a ese período de dictaduras e introdujo reformas sociales y políticas, que tenían por objeto la democratización y el aumento de la participación de las mujeres y de los indígenas, quienes también estaban excluidos.

En 1945 se otorga el derecho al sufragio para las mujeres, eso sí, solo para aquellas que sabían leer y escribir, el resto continuó sin poder ejercer este derecho. Veinte años más tarde, en 1965, se reconoce el sufragio como un derecho político universal para todos los guatemaltecos mayores de 18 años.

Y así empezó la lucha por alcanzar peldaños en la toma de decisiones, entre 1955 y 1985 solamente fueron electas cinco mujeres como diputadas al Congreso de la República. El gabinete de Gobierno en 1983 contaba únicamente con una mujer, Eugenia Tejada de Putzeys, Ministra de Educación.

En la década de 1944 a 1954 la participación social y política de las mujeres creció y se crearon organizaciones y sindicatos de mujeres. Sin embargo, durante los años de la guerra fría, la participación de la mujer en las políticas de Estado vuelve casi a desaparecer.

Hoy en día ganar un espacio en la política guatemalteca sigue siendo un verdadero desafío. Leticia Aguilar Theissen, de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), explica que aunque el 54 por ciento del padrón electoral está conformado por mujeres, ese peso no se refleja al llegar a las urnas a elegir a otras mujeres para cargos públicos. “Durante las últimas elecciones, el 18 por ciento de candidatos eran mujeres, pero solo un 8.7 por ciento de ellas logró alcanzar un puesto”, agrega.

Al respecto, considera que las cifras pueden ser desalentadoras, pero solo adoptando medidas integrales donde participen los tres poderes del Estado se lograrán mejores oportunidades para la población femenina.

Actualmente en el Congreso de la República, de 158 curules, 29 están ocupadas por mujeres que han trabajado desde sus diferentes comunidades y han conseguido el apoyo del electorado.

La diputada Dolores Beltrán, de la bancada Movimiento Reformador y tercera vicepresidenta del Legislativo, considera que uno de los mayores obstáculos que afrontan las mujeres comienza en los mismos partidos políticos, que no abren los espacios necesarios para su participación.

“Además hemos encontrado algunos obstáculos en la aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, donde se habló de paridad y cuotas”, dice la congresista, quien no pierde la esperanza de que las legisladoras puedan lograr consensos para la aprobación de estas nuevas normas.

De acuerdo a los datos oficiales de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), diez mujeres están al mando de alcaldías en el país: Miriam Ordoñez, en San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso; Sheily Vásquez, en Génova, Quetzaltenango; y Lilian Pop, en San Agustín Lanquín, Alta Verapaz, son algunas de ellas. Aunque tomando en cuenta que el total de las alcaldías del país suman 340, diez se considera un número bajo.

La exdiputada Zuri Ríos Sosa, activista política y defensora de los derechos de la mujer, considera que volver a los cabildos abiertos es una buena oportunidad para que los alcaldes escuchen las peticiones que realizan las mujeres, especialmente en asuntos de las escuelas, centros de salud, y diferentes aspectos de sus comunidades.

“La participación de la mujer no solo se circunscribe a los partidos políticos, es la importancia que tiene dentro de sus comunidades y el respaldo que logra obtener de ellos. La voz de las mujeres es importante en todos los círculos, somos el corazón de la nación”, sostiene Ríos Sosa.

Agregó que los desafíos son grandes: tener acceso a puestos públicos y toma de decisiones. “Hoy estamos mejor que ayer, no somos suficientes, pero cada día somos más”, concluyó Ríos Sosa.

La Seprem, como institución encargada de apoyar la participación política de la mujer, recomienda que todos los sectores del país y los tres poderes del Estado, cumplan con las recomendaciones hechas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres, de la ONU, en su informe octavo y noveno sobre la situación de las mujeres en el país.

Por su parte la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, que preside el diputado Luis Antonio Alonzo Pernilla (FCN-Nación), analiza los dictámenes de varias iniciativas, entre ellas, la 5389, reformas al Decreto Número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Dicha iniciativa fue remitida al Organismo Legislativo por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la cual en sus artículos 6 y 7 propone la paridad, alternancia e inclusión de los pueblos indígenas y de las mujeres, en los listados de candidatos a diferentes puestos de elección popular.

El número de mujeres que actualmente ocupan puestos de poder en el Estado guatemalteco y en diferentes instituciones de relevancia como la banca y el sector empresarial, continúa siendo bajo; sin embargo, las activistas que trabajan en el tema siguen apostando por impulsar las leyes y políticas que apoyen la participación de la mujer.

“Las alas vienen siempre escondidas en el pecho, es hora de que las niñas, aprendan a usarlas”. (Carolina Álvarado López, escritora guatemalteca).

Por Mayra Recinos

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Diputados de la Comisión de Trabajo, presidida por el diputado Dalio Barreondo, de FCN-NACIÓN, sostuvieron este día una reunión para buscar mecanismos que den vida al Decreto 2-2017, por medio del cual se ratificó el Convenio 175 de la Organización Internacional del  Trabajo (OIT), sobre la media jornada laboral; y analizar el contenido de la iniciativa 4849, que dispone aprobar la ley de armonización para prevenir  y erradicar el trabajo infantil.

En el caso del Decreto 2-2017, los congresistas han puesto manos a la obra en la elaboración de un reglamento que establezca las reglas del juego y los beneficios a favor de los trabajadores a tiempo parcial.

Acordaron integrar una mesa de trabajo entre las autoridades del Ministerio de Trabajo y del Instituto de Seguridad Social, con el fin de otorgar seguridad médica a quienes laboren a tiempo parcial y, que se cumplan con los compromisos del convenio firmado por Guatemala en junio de 1994.

“Se espera que con la elaboración de este reglamento se logre cumplir con el Convenio para asegurar la salud en temas de maternidad, enfermedad común y accidentes, para los trabajadores a tiempo parcial y cumplir con los compromisos acordados”, enfatizó el presidente de la referida sala de trabajo, Dalio Barreondo.

Durante la reunión los legisladores también analizaron las posibles reformas a la iniciativa de ley 4849 que dispone aprobar la armonización  para prevenir y erradicar el trabajo infantil en  Guatemala.

Entre los cambios que se le podría hacer a la propuesta de ley están las penas para los padres y empleadores que utilicen menores de edad para trabajos y la edad de 16 años para poder laborar  sin problemas. Los legisladores aseguraron que no se descarta la  posibilidad de hacer una nueva  propuesta de ley ya que los cambios superan más de la mitad de los enunciados de la propuesta.

Por Karla Herrera

 

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La diputada distrital por Huehuetenango, Sofía Hernández, se reunió este miércoles con el ministro de Economía, Acisclo Valladares, a quien solicitó más presencia de esa cartera en ese departamento en pro del desarrollo de la región y de los comunitarios.

La congresista Hernández trasladó al funcionario algunas propuestas y demandas de los alcaldes para fortalecer el trabajo de las micro, pequeñas y medianas empresas en Huehuetenango, “lo que vendría a redundar en el beneficio de miles de habitantes de ese departamento fronterizo”, dijo.

Valladares dijo que tomarán en cuenta las propuestas y que aunque asumió la dirección de la cartera en enero del presente año, uno de sus compromisos es fortalecer los programas de las Mipymes y micro créditos. Informó que se trabaja en 14 municipios de ese departamento dentro del Plan de la Alianza para la Prosperidad, junto al gobierno de los Estados Unidos de América.

La diputada invitó al funcionario a participar los días 13 y 14 de abril, al encuentro entre los 33 alcaldes de Huehuetenango y alcaldes del Estado de Chiapas México, en donde se llevarán a cabo mesas técnicas de trabajo, con el fin de establecer rutas de desarrollo del área.

Por Nery Morales

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Solicitar la recalendarización del proceso de consulta popular en el caso del referendo territorial, insular y marítimo entre Guatemala y Belice, previsto para que se lleve a cabo el 15 de abril, fue la conclusión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, presidida por la diputada Eva Nicolle Monte (Alianza Ciudadana).

Dicha decisión fue tomada por los congresistas tras escuchar a Marco Tulio Chicas y Rafael Salazar, funcionarios de la cancillería guatemalteca, quienes expusieron a dicha instancia legislativa la necesidad de mecanismos que permitan dilucidar el problema limítrofe entre ambos territorios.

Chicas aseguró: “A la fecha no hay un instrumento legal que defina las fronteras, por ello se ha buscado que a través de una consulta popular los enfrentamientos cesen y haya certeza jurídica de lo que le pertenece a Guatemala”.

El diputado independiente Oliverio García Rodas, integrante de la sala de trabajo, dijo que la difusión del tema ha sido pobre por parte de las instancias encargadas de promover este mecanismo de decisión, por lo que teme que la asistencia de la población a las urnas sea menor del 15 por ciento del padrón electoral vigente.

“Es importante un análisis de la situación actual y real entre Guatemala y Belice. Reconocemos el trabajo que ha realizado el Ministerio de Relaciones Exteriores en la Zona de Adyacencia; sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral ha hecho una pobre difusión en cuanto a la razón y que ganará el país con la referida consulta”, agregó el congresista.

Guatemala reconoció la independencia de Belice en septiembre de 1991, sin abandonar el reclamo territorial, insular y marítimo. Dicho reclamo abarca unos 12 mil 272 kilómetros cuadrados, que representan más de la mitad del territorio de la excolonia británica.

Por Karen Mendoza

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Diputados de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, la cual preside la congresista Thelma Ramírez, sostuvieron este día una sesión de trabajo con el viceministro de Gobernación, Camilo Rivera,  para hablar de la instalación de la Mesa de Seguridad Departamental y las reformas a la Ley de la Policía Nacional Civil (PNC).

El proyecto de ley, que consta de siete títulos y 80 capítulos, se remitirá para su estudio y análisis a las autoridades del Ministerio de Gobernación, con el fin de que den sus puntos de vista, y revisen las enmiendas para evitar inconstitucionalidades y duplicidad de funciones entre el MP y la PNC.

Rivera se comprometió a trabajar con su equipo jurídico en el análisis de las reformas para evitar  la duplicidad de funciones y que se respeten los derechos constitucionales y civiles. Respecto de la denominada ley antiterroristas indicó que vendría a colocar a las pandilleros como terroristas haciendo más efectiva su persecución y captura.

En otro tema, los legisladores impulsaron la creación de la mesa de seguridad departamental que se encargaría de fomentar la cultura de denuncia y prevención en los departamentos y los acercamientos con las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público (MP) de la ciudadanía.

Por Fernando Bolaños

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Diputados de la Comisión de Asuntos Municipales, presidida por la parlamentaria Sandra Patricia Sandoval (FCN-Nación), citaron a integrantes de la Comisión de Cálculo Matemático para la distribución del situado constitucional a las municipalidades, para analizar a que se debe la reducción de la asignación presupuestaria para el presente ejercicio fiscal.

El problema surgió a partir de que  a 67 municipios se les redujo el aporte debido a un error en los datos, según informó el  Instituto Nacional de Estadística (INE), por  lo que se continúa buscando  los mecanismos legales para solucionarlo.

“La ley establece como agregar aldeas y caseríos, pero no plantea como reducirlos, entonces, ¿a cuenta de qué el INE redujo 965 (aldeas y caseríos) a unos municipios, y en cambio agregó 745 a otros? Además lo hizo fuera de tiempo y sin notificar a la comisión”, expresó Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades.

El diputado Haroldo Quej Chen (UNE), expresó: “Aquí la única salida es que cada alcalde presente una acción de inconstitucionalidad, porque lo que hicieron no tiene sustento legal. Si no  se aprobó el presupuesto del Estado 2018, la asignación debería ser la misma del año pasado”.

“A todas luces, vemos que se violentó la Constitución política de la república, por lo que nos reuniremos con esta sala legislativa para determinar qué acciones legales tomaremos al respecto”, concluyó la diputada Sandoval.

Por Rosemary Recinos

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