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Diputados de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN) se reunieron con el alcalde de San José Acatempa, Jutiapa, Walfred Castillo, a la actividad también asistieron  autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el objetivo es solicitar que se eleve de categoría el centro de salud local, convirtiéndolo en Centro de Atención Permanente (CAP).

Durante la reunión, el jefe edil manifestó su compromiso con la población a través de un proyecto que consiste en la construcción de un área exclusiva para la atención de partos, además la implementación de incubadoras para niños prematuros, por medio de una donación.

“Lo que necesitamos es que las autoridades del Ministerio de Salud Pública nos apoyen en elevar de categoría al centro de salud de la localidad, con el fin de prestar mejor atención a la ciudadanía más necesitada”, expresó el Alcalde Castillo.

Los congresistas, encabezados por el jefe de la bancada UCN, Rudy Castañeda, realizaron la intermediación entre el jefe edil y el viceministro de Atención Primaria en Salud, Julio García Colindres, quien manifestó su compromiso en colaborar con llevar a cabo las acciones necesarias para dar una respuesta a la brevedad posible.

“Las enfermedades no avisan, por eso solicitamos agilizar los procedimientos para elevar a CAP el centro de salud, aprovechando que el Alcalde tiene disponibilidad financiera” comentó el diputado Julio Lainfiesta.

En la reunión estuvieron presentes el diputado Napoleón Rojas y el secretario general del partido UCN, Mario Estrada.

Por José Castellanos.

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Los diputados Leocadio Juracán de Convergencia y José de la Cruz del Frente de Convergencia Nacional (FCN- Nación), se reunieron con representantes del Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG), con el objeto de analizar nuevamente la iniciativa 4981, Convenio sobre el Trabajo Decente para los Trabajadores Domésticos.

El convenio se encuentra contenido en el artículo 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptado en Ginebra, Suiza, el cual no ha sido ratificado en nuestro país.

Los parlamentarios indicaron que cada día aumenta la cantidad de personas que trabajan en las labores domésticas y que no cuentan con prestaciones apegadas a las leyes vigentes del país, siendo este uno de los temas principales abordados en el convenio de la OIT.

Juracán  explicó que, en los próximos días solicitarán una revisión técnica de la iniciativa, con el fin de que se retome su discusión en el pleno del Congreso. “Esta nueva normativa podría beneficiar a más de 200 mil guatemaltecos, especialmente mujeres que trabajan en este y en otros oficios domésticos”,  concluyó.

Según la encuesta nacional de empleo e ingresos del año 2017, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las personas que trabajan en labores domesticas registran ingresos entre Q600 a Q800 mensuales, estando muy por debajo del salario mínimo y no cuentan con prestaciones. “Con estos niveles de ingresos es necesario analizar y revisar las condiciones laborales de este sector de la población, lo antes posible”, concluyó el diputado Juracán.

Por Wendy Sandoval.

 

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Diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), encabezados por el congresista Orlando Blanco, se reunieron este martes con gobernadores de distintos departamentos del país a quienes cuestionaron sobre la baja ejecución de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

A la fecha según información del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), los Codedes registran un gasto del 4.11 por ciento a nivel nacional. Para el 2018 cerca de mil 900 proyectos y un saldo de caja de por lo menos Q500 millones, que están a la espera de ser derogados por las comunas.

En la reunión los diputados interrogaron a los gobernadores sobre el presupuesto que tienen las comunas, para el desarrollo de diversos proyectos comunitarios, la formulación de los expedientes, la ejecución de recursos en el primer semestre, y saldos en caja, entre otros.

Los representantes de los gobiernos locales coincidieron en que el atraso en la ejecución del recurso económico se debe a varios factores, entre ellos la documentación incompleta en los expedientes y la certeza jurídica de los terrenos.

Manuel Cordón, gobernador de Zacapa aseguró que esto sucede debido a las modificaciones en la entrega de los expedientes. “Hasta el momento hubo cuatro ampliaciones en el tema, lo que originó  que los jefes ediles se retrasaran en completar la papelería, por lo que no han ejecutado los techos presupuestarios destinados para el desarrollo de las comunidades”.

Los gobernadores denunciaron que la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), ha separado de su cargo a trabajadores operativos de los Consejos, sin notificar a los gobernadores.

En su defensa José  Alejandro Pérez, subsecretario de la SCEP, afirmó que dichas decisiones han sido tomadas luego de una evaluación de desempeño a la que son sujetos todos los trabajadores del Estado.

Los legisladores acordaron solicitar una certificación de los saldos de caja al Ministerio Finanzas y a la SCEP las evaluaciones de los empleados destituidos. “Nos llama la atención los criterios utilizados para el despido del personal y peor aún cuando no han tomado en cuenta la opinión de los gobernadores”, enfatizó el representante por el distrito de Totonicapán, diputado Armando Chun Chanchavac.

Por Karen Mendoza.

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El legislador Fernando Linares Beltranena del PAN, presentó el proyecto de iniciativa de ley denominado “robo de fluidos”, con el que pretende reformar el Código Penal y la Ley Contra el Crimen Organizado, con el objetivo de evitar robo de fluidos, como energía eléctrica y agua potable.

El diputado explicó que, la normativa evitaría que cualquier persona realice instalaciones ilegales de servicios públicos considerados como “fluidos”, entre los que mencionó la energía eléctrica, el agua potable, el gas e incluso las aguas de ríos y lagos, entre otros.

El proyecto de ley propone fortalecer y dotar a las instituciones encargadas de impartir justicia de las herramientas necesarias para su aplicación, ampliando las penas de delitos relacionados al mismo, la iniciativa está dirigida a personas individuales y estructuras criminales que cometan estos ilícitos.

“Buscamos beneficiar a la población que paga sus servicios y que en ocasiones se ven afectados por los cortes generales que realizan las empresas distribuidoras”, enfatizó el diputado Linares, al presentar la iniciativa en Dirección Legislativa del Congreso.

Entre las reformas se contemplan multas de Q 1 mil a 5 mil y penas de prisión de 3 a 12 años, además establece la diferencia entre el hurto y el robo, “Son dos delitos que poseen características diferentes y para cada uno de ellos se establece una sanción o pena, según corresponda”, concluyó el legislador.

Por Estuardo Zeceña.

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La Instancia de Jefes de Bloque y los miembros de Comisión Permanente escucharon este lunes a José Alejandro Arévalo, Superintendente de Bancos (SIB), quien presentó un informe sobre la situación actual y desafíos del sistema bancario guatemalteco. Habló además de la necesidad de la aprobación de reformas al Decreto 19-2002, “Ley de Bancos y Grupos Financieros”.

El jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB) aseguró que a la fecha el país tiene un sistema solvente y estable, según las calificadoras en materia económica, sin embargo añadió que a  raíz de ciertas circunstancias políticas suscitadas en los últimos años, dichos entes internacionales han hecho recomendaciones en cuanto a la actualización de la legislación y trabajar en las homologaciones con normativas internacionales en materia de la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.

La iniciativa 5157 es  una normativa que proviene de la Junta Monetaria y fue presentada por el Organismo Ejecutivo en septiembre de 2016, con la  cual se establece la posibilidad de que los bancos incrementen sus capitales de acuerdo a estándares internacionales, además de identificar los grupos económicos, y ayudar a reducir el sobreendeudamiento de la población

La referida normativa se encuentra a la espera de ser aprobada por el Pleno del Congreso, en tercer debate, por artículos y redacción final, por lo que a consideración de Arévalo, con su implementación se autorizaría al Banco de Guatemala intervenir una institución bancaria para proteger el dinero de los depositantes, “lo que contribuiría a mantener las calificaciones internacionales a las que esta sujeta Guatemala”, puntualizó

En el debate los legisladores Rudy Castañeda y Fernando Linares Beltranena de Unión del Cambio Nacional y del Partido de Avanzada Nacional, respectivamente, coincidieron que la referida normativa  debe de estar sujeta a modificaciones ya que tal y como esta no es viable y podría ser objeto de inconstitucionalidades.

Otro de los puntos expuestos fue el referente al crecimiento económico en el cual el funcionario indicó que “Guatemala constituye el país con el crecimiento más grande de Centro América,  con un producto interno  bruto por encima de los 80 millardos de dólares, posicionando al país a la cabeza de la región en comparación con países como Costa Rica y Panamá que en los últimos años su economía ha crecido exponencialmente”, concluyó.

Por Karen Mendoza

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Diputados de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el parlamentario Carlos Barreda, se reunieron con Mario Méndez, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Carmen Abril, viceministra de finanzas; representantes de la Asociación Nacional del Café,  y pequeños caficultores,  para conocer los avances en el tema de la reactivación del fideicomiso cafetalero  Decreto 31-2001.

Ante la reciente erupción del volcán de fuego, los parlamentarios buscan que se reactive lo más pronto posible dicho fideicomiso, que se creó con el objetivo de apoyar a los caficultores con créditos al más bajo interés.

“Se dañaron aproximadamente 50 mil quintales de café en los departamentos de  Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, y hubo pérdidas de Q 100 millones en otro tipo de cultivos, por lo que buscamos que se agilice esta ayuda y también que se agende en tercera lectura la ley de agricultura familiar”, comentó el diputado Barreda.

El ministro Méndez expresó que el techo actual del fideicomiso es de Q 325 millones, y que en gran parte se utilizará en la restructuración de deuda de los agricultores de baja escala, por lo que será necesario una ampliación de Q 1 mil 500 millones para realmente rehabilitar la caficultura en Guatemala.

“Este crédito lo está tramitando ANACAFE con el Banco Centroamericano de Integración Económica por 300 millones de dólares; préstamo que llegaría al Congreso para su aprobación”, indicó Méndez.

La próxima reunión entre todos los involucrados se pactó para el 18 de julio con el fin de conocer propuestas de modificación a la Ley del Fideicomiso y a su reglamento, y  fortalecer a este sector del país.

Por Rosemary Recinos

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El congresista Marvín Orellana, representante por Alta Verapaz, y de Alianza Ciudadana (AC), sostuvo una reunión de seguimiento con funcionarios y autoridades del Programa Nacional de Resarcimiento, Dirección Técnica del Presupuesto de Finanzas Públicas, Fondo de Tierras, Contraloría General de Cuentas, Copredeh, PDH y la Secretaria Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), para conocer el avance en el caso de las familias refugiadas en Yalcastan, Chiapas, México.

“En el transcurso de la sesión de trabajo el diputado Orellana lamentó el poco avance en la compra de una finca para las más de 600 familias que se encuentran refugiadas en Yalcastan, Chiapas, México. Además recordó que las instituciones que conforman el aparato gubernamental tienen una obligación y responsabilidad para atender a las personas que sufrieron persecución después del Conflicto Armado Interno en Guatemala”, mencionó el representante por Alta Verapaz.

Byron Paredes Tiul, defensor de Pueblos Indígenas de la PDH, dijo que en la institución que representa están analizado el caso. “Vemos la posibilidad de presentar y hacer una demanda al Estado de Guatemala por el incumplimiento de las responsabilidades que tienen las diferentes instituciones, ya han pasado varios años y no se les resuelve nada”.

Sebastián Torres, presidente del grupo de pobladores de Yalcastan explicó que a causa del conflicto armado interno se vieron obligados a salir de sus terrenos. “Ya ha pasado mucho tiempo de  espera, cinco años de gestión y no se nos ha cumplido nada, la población está desesperada y esperamos que no hayan conflicto entre las comunidades”, aseguró el dirigente.

Por José Castellanos

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La Comisión Específica que  analiza reformas a la iniciativa 5311, Ley de Aceptación de Cargos, entregaron a Guillermo Guerra, presidente del Consejo de la Carrera Judicial; Marlon Arnoldo López, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados; y a Roselia Lima, integrante de la Asociación de Juezas de Guatemala; el proyecto de ley para que lo estudien y hagan sus aportes y recomendaciones correspondientes.

“Con esto concluimos la fase para el sector público, específicamente las organizaciones involucradas en el proceso penal”, comentó el diputado Manuel Conde presidente de la Comisión, quien señaló que posteriormente se  reunirán  con la sociedad civil para que nos hagan llegar sus opiniones.

“Reconocemos la importancia de legislar en esta materia y de añadir un título que pueda incluir un procedimiento de aceptación de cargos, por lo que  estamos realizando este proceso con toda la transparencia y receptividad posible”, dijo el parlamentario.

Por otro lado, la Jueza Lima resaltó que “el tema de los beneficios de la aceptación de cargos, es algo que se debe analizar detenidamente  ya que en la actualidad tenemos la  ley del Régimen Penitenciario, en donde se establece que un día después de cumplir la mitad de la pena  él recluso puede solicitar la libertad controlada”.

“Para nosotros es enriquecedor tener este intercambio con quienes aplican  la justicia, para que después de aprobada la ley, esta sea viable”, concluyó el parlamentario Conde.

La Comisión espera concluir su trabajo en la segunda quincena de julio para entregar el informe correspondiente a la presidencia de este Organismo.

Por Rosemary Recinos.

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En un acto especial que se celebró en el Salón del Pueblo del Congreso de la República, este jueves se oficializó la convocatoria de la primera Hackatón DataLegis 2018, que tiene como objeto generar la participación de la ciudadanía para que a través de un concurso  abierto se desarrolle la primera aplicación (App) para dispositivos móviles en un ente gubernamental.

“La idea de este evento es hacer un llamado a los emprendedores a que participen y se pueda agilizar la transformación digital y tecnológica del Organismo Legislativo, a través de una aplicación que permita facilitar la comunicación hacia la población, contribuyendo de esta manera a la política de transparencia y rendición de cuentas que se impulsa en el Congreso”, expresó el congresista Alvaro Arzú Escobar, presidente de Junta Directiva.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Campus Tecnológico (Tec), que es un concepto innovador en la Ciudad de Guatemala, que aglutina una serie de empresas y emprendedores expertos en tecnología, según lo expuso María Mercedes Zaghi, desarrolladora de negocios y comercializadora de tecnología.

“Vemos una oportunidad de proveer de una herramienta de fácil acceso, co-creada por guatemaltecos, para beneficio  no solo de los diputados y colaboradores de este organismo sino que para todo aquel que este interesado en la información que se genera aquí. Con esta contribución Guatemala se constituiría además como el pionero en contar con una aplicación en organismo del Estado”, aseguró Zaghi.

Dentro de la dinámica del concurso se tendrá cuatro etapas, el lanzamiento de la convocatoria, el registro, la sesión de dudas con mentores y el jurado final y premiación, con lo que se contará con un tiempo estimado de un mes.

El jurado  estará conformado por representantes del Congreso, de la distintas universidades del paìs, mentores y colaboradores expertos. La idea ganadora  tendrá como premio un contrato de mantenimiento de la aplicación por un periodo determinado.

Por Karen Mendoza

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