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Integrar una  mesa técnica que analizaría reformas al Decreto 22-2017, Ley del Banco de Datos Genéticos para uso Forense, se acordó en la reunión de Jefes de Bloque con autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y expertos en el tema de bancos genéticos,  de la Universidad del Norte de Texas.

Dicha instancia podría presidirla la diputada Alejandra Carrillo, principal ponente de la ley en mención y quien sería la responsable de coordinar esfuerzos para el análisis de posibles cambios a la normativa y  hacer viable su correcta implementación.

Según Fanuel García, director general del Inacif, el artículo 3 contraviene  el artículo 12 constitucional, por lo que sugiere que se reforme dicho artículo, de manera que  la toma de una muestra genética a un sindicado  de algún delito sea  autorizada mediante orden judicial”, razón por la cual el funcionario solicitó en noviembre pasado a la Corte de Constitucionalidad la suspensión de dicho apartado, hasta que sea reformado.

García también pide  modificar  la extracción de las muestras, que según la ley, es una función obligatoria a cargo de un un médico   “Esta disposición limita el ejercicio y las funciones del personal técnico del Instituto, aumentando a su vez el presupuesto de funcionamiento, por lo que vemos la necesidad de que esto pueda ser modificado por el Congreso”, aseguró, García, al aclarar que el decreto debe modificarse y permitir que la muestra pueda ser tomada por técnicos.

La normativa fue aprobada el 28 de noviembre de 2017 y entró en vigencia el 29 de diciembre de ese mismo año y según datos del Inacif, desde la creación del Laboratorio de Serología y Genética solo tienen una asignación estatal de Q60 millones anuales.

Dicho registro cuenta con dos bases de datos Énfasis y Codis, la primera encargada del almacenamiento de muestras para investigación criminal y la otra para la búsqueda de personas desaparecidas, ambas almacenan a la fecha  24 mil 800 perfiles genéticos que han permitido la identificación, captura y condena de los sindicados.

Por Karen Mendoza

Fotos Héctor Monroy

 

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Un total de 37 Organizaciones no Gubernamentales recibe  fondos del Estado por la prestación de servicios en el sector salud, pero esa entrega debe ser fiscalizada, según el criterio de la  diputada Alejandra Carrillo.

Por ello la congresista se reunió con  Víctor Ríos, Gerente Financiero del Ministerio de Salud  para conocer los avances en el proceso de firma de convenios y la transferencia de recursos para esas organizaciones.

Actualmente son 17 las organizaciones que ya suscribieron el convenio correspondiente y se espera hacer el desembolso la próxima semana para que puedan empezar a ejecutar, dijo Ríos, quien agregó que  27 aún no completan documentación, mientras que oras dos no acreditaron papelería y una renunció a los aportes.

El funcionario añadió que  el presupuesto aprobado  para este rubro fue de Q.517 millones 400 mil, del cual se transferirán  Q.3.6  millones para la Fundación Aldo Castañeda; Q.2.4 millones para la Cruz Roja;  Q.40 millones para la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC);  Q.12. 4  millones  para la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala y 2.2 millones 200  para Fundaorto, entre otras entidades, fondos para  cubrir las cuotas de  febrero y marzo.

La diputada Carrillo se comprometió a intermediar con el Ministerio de Finanzas Públicas,  para que dé prioridad  al ministerio de salud en los  desembolsos y que cuando  las organizaciones completen los requisitos, se les proporcionen los fondos establecidos.

Por Rosemary Recinos

Fotógrafo Miguel  Plato.

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Se celebró una nueva reunión entre diputados de  Comisión de Asuntos Municipales con directivos de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD), en la cual se continuó con la socialización de la iniciativa 5554 que propone  reformas al Decreto 12-2002  del Congreso de la República, Código Municipal.

Uno de los propósitos de esta ley es  normar la creación de los Cuerpos de Bomberos Municipales, y que sus miembros sean  dignificados en su condición laboral y salarial, lo que estaría a cargo de cada una de las municipalidades donde operan.

La ponente de la iniciativa, diputada  Eva Nicolle Monte externó su punto de vista:  “todos conocemos las necesidades de los Bomberos Municipales Departamentales, se les debe  dignificar por su tarea y labor como héroes nacionales del país”.

El diputado Juan Carlos Salanic, vicepresidente de la sala parlamentaria comentó:  “es importante que se les dignifique,  ya que actualmente son contratados en las diferentes municipalidades con diferentes puestos y no como bomberos municipales y en su salarios se les debe de reconocer por su trabajo digno que les corresponde”.

Carlos Ruiz Burgos, vicepresidente de la ASONBOMD intervino en la reunión y expuso la importante labor que realizan los bomberos municipales departamentales “algunos de los bomberos no se les paga ni el salario mínimo y ya es hora que se les page su salario como corresponde o sea que se les dignifique su trabajo”.

La Ley del Servicio Municipal.

En la misma reunión los diputados de la comisión  conocieron el informe de  la Mesa Técnica que analiza el contenido de la iniciativa de ley 5478 que dispone aprobar Ley del Servicio Municipal, y que propone  desarrollar estándares de calidad y exigencias en la administración municipal con mecanismos técnicos, sistemáticos, dinámicos, armónicos, eficientes, eficaces y efectivos, que respondan a la modernización de la administración.

El diputado Moisés Castañón, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales explicó que en el caso de los bomberos,    analizarán  para emitir el respectivo dictamen y en el caso de la   Ley del Servicio Municipal, considerarán  puntos de vistas y opiniones técnico  jurídicos de los sectores involucrados.

Por José Castellanos

Fotos, Estuardo Zeceña

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Es necesario incentivar la reactivación económica e impulsar el desarrollo del país y por ello el Pleno del Congreso  avanzó en  la discusión de la iniciativa 5498 que dispone aprobar Ley para la Reactivación Económica del Café, la cual mejora las condiciones de producción de este producto de exportación y representa una fuente de ingresos de cientos de familias guatemaltecas.

En la vigésimo sexta sesión celebrada la tarde de este miércoles, se aprobó el primer título de esta iniciativa de ley para que en una próxima sesión se incluya en agenda y continúe su aprobación por artículos y redacción final.

En otro punto de la agenda, los diputados aprobaron la reforma al artículo 104 del Decreto 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, impulsada por el diputado Rudy Pereira, presidente de la Comisión de Finanzas y con ello avaló de Urgencia Nacional que la Asociación de Padres de Familia y Amigos de la Escuela de Educación Especial y Centro de Rehabilitación Integral De Alta Verapaz (ASOEDECRI) reciba fondos del presupuesto del Estado.

Con esta modificación, la institución podrá hacer uso de los recursos asignados para su funcionamiento,  que ascienden  a Q 1 millón 500 mil garantizando el funcionamiento de esta entidad que por 23 años  ha proporcionado servicios de educación especial y rehabilitación integral, para prevenir y atender discapacidades físicas, mentales y sensoriales en niños, jóvenes y adultos.

Por Isabel Mazariegos

Fotos Com. Social Congreso.

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Una mesa de trabajo en la cual se coordina la elaboración de una  iniciativa de ley que propone la interconexión de las autoridades encargadas de la seguridad con las cámaras de vigilancia instaladas en las calles y de esa forma agilizar el esclarecimiento de los delitos coordina el  diputado Napoleón Rojas.

Como parte de esa coordinación, el congresista se reunió con Axel Romero García, viceministro de Prevención de la Violencia y del Delito  Luis Enrique Arévalo, primer viceministro de Seguridad, y Carlos Tohom Escobar, Director General de la Policía Nacional Civil (PNC

“Una de las limitaciones en la investigación es la demora al revisar las cámaras  de las municipalidades, entidades bancarias y empresas en general, para esclarecer un hecho delictivo, por ello queremos crear una iniciativa que les proporcione las bases legales para que lo puedan hacer”, comentó el diputado.

La PNC depende de una autorización judicial para obtener material videográfico y ese proceso puede demorar hasta tres meses, cuando ya no es útil la información, dijo el viceministro Romero. “Lo importante sería analizar las cámaras en las primeras 72 horas porque se agilizaría en gran medida el esclarecimiento de un acto criminal”, dijo.

El funcionario Tohom expresó, que esta ley  daría  garantía a la policía de recabar los medios de prueba  y entregarle al Misterio Publico, todos los insumos necesarios para que complete su investigación.

El borrador de la iniciativa podría conocerse en las siguientes semanas, cuando se realice una nueva reunión, dijo el diputado Rojas, quien confió en la viabilidad del proyecto.

Por Rosemary Recinos.

Fotográfo Miguel Plato.

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Una pronta asistencia médica a favor de  las personas que habitan en la comunidad de Laguna Larga, jurisdicción de Petén solicitó el  diputado Leocadio Juracán, subjefe de la bancada Convergencia a las  autoridades del Ministerio de Salud Pública.

“Es necesario y urgente que las personas que habitan en esa área se les brinde una atención inmediata ya que hay demanda social de salud, educación y otros servicios sabemos que están en condiciones infrahumana y no tiene acceso a los diferentes servicios, queremos que existan jornadas medicas y se les atienda” dijo el diputado Leocadio Juracán en la reunión en la que hubo autoridades de Relaciones Exteriores, Comisión Presidencial de Derechos Humanos   (Copredeh) y del Inacif.

Las autoridades salubristas entregaron  un cronograma de jornadas médicas que  realizarán  en la región durante este año con el propósito de evitar enfermedades entre la población de los menores y adultos así como muertes a nivel general.

Estamos de acuerdo en que la población tenga atención medica como de otros servicios como de alimentación, servicios de salud, educación entre otros acciones” comentó la delegada de la

Comisión Presidencial de Derechos Humanos.

Al concluir la reunión acordaron darle seguimiento a las acciones que realizaron las instituciones y se verifiquen los trabajos en el área de las comunidades con el fin de evitar enfermedades y muertes en la población.

Por José Castellanos

Fotos Héctor Monroy

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Con el propósito de que los diputados de la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad intermedien para que no haya una reducción del presupuesto destinado al Consejo Nacional Para la Atención de la Personas con Discapacidad (CONADI), representantes de esa organización presentaron su plan de trabajo correspondiente al próximo año, con el cual buscan fortalecer los ejes estratégicos que promueven la inclusión en la sociedad  de personas con discapacidad

Si se reduce la asignación  sería complicado cumplir con el trabajo que se desarrolla,  ya que el presupuesto ya abarca el 73 por ciento en gastos de funcionamiento y 26 por ciento  en el desarrollo de actividades de los ejes estratégicos, coincidieron representantes del CONADI.

El Legislador Mauro Guzmán  felicitó al Consejo por considerar que están bien enfocados en las prioridades y sugirió que trabajen en un plan para que las Universidades privadas apoyen los convenios de educación y que las personas con discapacidad tengan más opciones a la educación superior.

La  diputada Lesly Valenzuela por su parte, aseguró que se pedirá  al Ministerio de Finanzas Públicas  el informe del techo presupuestario asignado a CONADI, con el propósito de empezar los trámites para evitar la reducción.

La diputada  María Cristina Quinto, Frente de Convergencia Nacional FCN-NACIÓN (FCN), manifestó que apoyará al Consejo en todo lo necesario  para que sigan cumpliendo con la labor que ha realizado hasta ahora.

Para concluir el diputado Guzmán indicó que la Comisión estará citando a las diferentes instituciones del gobierno para que CONADI sea incluido en el plan de trabajo de  las entidades, para impulsar la inclusión de personas con capacidades especiales a la ciudadanía.

Por Astrid González.

Fotos  Héctor Monroy

 

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Tras una nueva reunión de trabajos, los diputados que integran la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, que preside el congresista Rudy Pereira reportaron avances en el análisis de diferentes iniciativas de ley previo a emitir los dictámenes respectivos.

Cuatro iniciativas de ley, que se relacionaban con reformas al Decreto 50-2016, Ley del Presupuesto General de la Nación 2018, recibieron dictamen desfavorable. “Por temporalidad quedaron sin materia de discusión”, dijo el presidente de la Sala.

Las iniciativas  que proponen  reformas a la Ley de Clases Pasivas del Estado también fueron  analizadas, pero antes de emitir el dictamen, los miembros de la comisión consideraron oportuno citar a las autoridades de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC), y del Ministerio de Finanzas para que opinen al respecto.

También acordaron que la próxima semana citarán a personeros de la Asociación Nacional del Café (ANACAFÉ), de la Federación de Cooperativas Agrícolas y de la Contraloría General de Cuentas  para hablar sobre el contenido de la iniciativa 5498 denominada:  Reactivación Económica del Café.

Los legisladores indicaron que otro tema pendiente que abordarán esta semana son los detalles de la iniciativa que el Ministerio de Finanzas Públicas envió  al Congreso de la República que propone reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.

El diputado Pereira, destacó que su mayor objetivo es agilizar las iniciativas que remiten a la Comisión de Finanzas, debido a la importancia de las mismas.

Por Mayra Barillas Recinos

Fotos Elder Carío

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¿Por qué el despliegue de más de un centenar de vehículos J8, donados por el Gobierno de Estados Unidos, en instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca?.fue la pregunta básica que diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza  (UNE) plantearon a las autoridades de los Ministerios de Gobernación, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado.

Los diputados buscaban respuestas luego que los vehículos fueron llevados a la fuerza aérea. Fue el viceministro de la Defensa Nacional, Gustavo Méndez quien tuvo la respuesta.  La  acción se debió a una operación de apresto que tuvo como fin la verificación de las condiciones mecánicas de los jeeps todo terreno.

Para el jefe del bloque UNE, Orlando Blanco el  operativo carece de sentido y justificación y lamentó que los vehículos fueran utilizados para otros fines, pues esto podría causar daños a las relaciones de Guatemala con otros países.

Tras escuchar los argumentos, el congresista Blanco aseguró que seguirán investigando el tema. “Hemos pedido un informe que incluya las condiciones de cada vehículo para determinar la veracidad de lo declarado por funcionarios en la citación de hoy, asimismo se solicitó el nombre del responsable de dicho despliegue para que se deduzcan responsabilidades”, concluyó.

Los vehículos en mención, son parte de una flotilla de 148 Jeeps donados por el Gobierno estadounidense, orientado al uso de las Fuerzas de Tarea Chortí y Tecún Umán, unidades especializadas de seguridad que desde 2013 se desplegaron principalmente en departamentos fronterizos del país y con presencia del narcotráfico.

Por Karen Mendoza

Fotos Héctor Monroy

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