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En la vigésima primera sesión ordinaria, celebrada hoy en el Organismo Legislativo, el presidente de Junta Directiva, Alvaro Arzú Escobar, fijó para el próximo martes 24 de abril, a partir de las 14:00 horas, la fecha en la cual será interpelado por segunda ocasión el titular de la cartera de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, CIV, Aldo Estuardo García Morales.

Dicha solicitud fue conocida por los congresistas en el punto de despacho calificado. El referido mecanismo fue requerido por el jefe de la bancada Todos, Arturo Martínez Dell, quien expresó en la misiva leída por secretaría  las razones de la interpelación, dentro de las cuales resaltan las nulas acciones para el rescate de la infraestructura vial, así como la mala ejecución presupuestaria de ese ministerio en los ejercicios fiscales 2016 y 2017.

Este interrogatorio se suma al ya solicitado en mayo del año pasado por el fallecido diputado Álvaro Velásquez, y en el cual no fue aprobado el voto de falta de confianza en contra de García Morales, así como la reciente interpelación a la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Erica Jovel Polanco, quien fue cuestionada en materia consular, migratoria y relaciones bilaterales, el 8 de marzo de este año.

En el desarrollo de la plenaria fueron conocidos además, en su segundo debate, dos proyectos de decreto. El primero con el registro 5330, que dispone aprobar enmiendas al Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos; el segundo relativo al Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales.

También fueron trasladadas a las distintas salas de trabajo para su estudio y dictamen tres iniciativas de ley. La primera dispone reformas a la Ley de Comisiones de Postulación (5413), la segunda, 5414, plantea reformas al Còdigo de Trabajo y la última, 5419, propone la creación de una plataforma electrónica para la emisión de los antecedentes policiacos.

La discusión en su tercer debate por artículos y redacción final de la iniciativa 5030 que contiene un préstamo por 150 millones de dólares entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, orientado al mejoramiento de la cobertura y calidad educativa, se  detuvo debido a que existen ciertas dudas de los congresistas en cuanto el destino y forma de ejecución de los fondos económicos. Para resolver las dudas razón podría ser citado nuevamente el ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada.

Tras una amplia discusión y por no contar con el quórum necesario para agotar los puntos en agenda, el presidente del Congreso, Alvaro Arzú Escobar levantó la sesión y convocó para las plenarias del martes 10 y jueves 12 de abril.

Por Karen Mendoza

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Diputados de la Comisión Extraordinaria para reformar el segundo párrafo del artículo 407 N del Código Penal, decreto 17-73 del Congreso de la República, sobre el delito de Financiamiento Electoral Ilícito; se reunieron este viernes para analizar la propuesta del segundo borrador elaborado por equipo técnico de referida Sala Legislativa creada por Acuerdo Legislativo  11-2018.

Previo a conocer la propuesta, el diputado Rodolfo Moisés Castañón, del bloque FNC-Nación, presidente de la Comisión, informó a los congresistas de los avances en la discusión de las propuestas, y de la opinión enviada por el TSE referente a la norma.

Posteriormente dieron a conocer el segundo borrador  que contempla distintas sanciones para los financistas y los políticos. El documento establece que los políticos que tengan conocimiento del aporte y no lo reporten serian castigados con dos a cinco años de prisión, una multa de Q 20 mil y Q 25 mil y quedarían inhabilitados para ocupar un cargo público por hasta cinco años.

En este caso,  los financistas serían sancionados con prisión de entre uno a tres años, una multa de 10 mil y 25 mil quetzales y no podrían ser contratistas del Estado por hasta cinco años.

Durante la reunión los congresistas que integran la Comisión Estuardo Galdámez, FCN –Nación; Oscar Argueta, UNE; Manuel Conde Orellana, PAN; Raúl Romero,  Fuerza; Juan José Porras,  VIVA; y el diputado Enrique Álvarez, de Convergencia;  coincidieron en  la necesidad de elaborar una propuesta de iniciativa de ley apegada a los requerimientos de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad.

Los parlamentarios indicaron que harán llegar el documento que fue discutido hoy a las respectivas bancadas para que sea analizado a fondo con los asesores y que para la próxima reunión puedan contar con más insumos y opiniones.

“Tenemos la responsabilidad y la obligación de presentar la iniciativa de ley mejor consensuada entre los diputados que integramos esta instancia legislativa y tenemos que presentarla al pleno del Congreso de la República según el plazo que se nos fijo de 45 días”, dijo  el diputado Castañon, presidente de la Comisión Extraordinaria la cual se volverá a reunir el miércoles 11 de abril por la mañana .

Por José Castellanos

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Diputados de la Comisión de Transparencia y Probidad se reunieron con representantes de la Contraloría General de Cuentas, Procuraduría de Derechos Humanos, PDH; Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, Diaco, y de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE, para escuchar las solicitudes de pobladores del departamento de San Marcos quienes piden se tomen acciones puntuales para resolver la conflictividad generada por los cobros excesivos y cortes del suministro eléctrico en esa área.

Según la autoridad que regula el tema energético, del 2001 a la fecha se han emitido acciones administrativas que comprenden sanciones por Q 58 millones en concepto de anomalías en el servicio y cobros injustificados,  así como órdenes de reinstalación. Pese a esto el conflicto continúa en este departamento.

Feliciano Velásquez, representante de los comunitarios, las acciones deben de ir más allá de un proceso sancionatorio, ya que desde el 2002 han denunciado ante las autoridades cerca de 32 ilicitos, los cuales no han sido investigados.

“Hemos evidenciado la presión a alcaldes por parte de la empresa distribuidora, cobros en el alumbrado eléctrico sin que se preste el servicio, así como la vulneración de los derechos de las comunidades en los cortes del servicio de manera injustificada, razón por la cual es necesaria la intervención de la institucionalidad antes de que la conflictividad aumente aun más”, aseguró el comunitario.

El representante de la PDH afirmó que han interpuesto 3 acciones de amparo: dos en el municipio de Malacatán y uno en San Catarina, San Marcos, a favor de la población por casos de criminalización social y acoso a los jefes ediles, de las referidas comunidades.

El diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión, manifestó que dará seguimiento a la problemática. “Estamos conscientes de la conflictividad que ha causado este servicio, que va desde la persecución legal de muchos líderes comunitarios hasta la muerte de algunos de ellos. Tenemos conocimiento de que a la fecha el tema energético ha cobrado la vida de al menos 10 personas, razón por la cual exigimos a la institucionalidad que ponga cartas en el asunto y frene este atropello”, dijo.

Por aparte, el congresista solicitó que en la próxima reunión que los funcionarios de la CNEE sostengan  con la empresa  distribuidora se conforme una comisión integrada por pobladores de las comunidades afectadas, quienes deberán estar presentes en dicho encuentro con el fin de que sean escuchadas sus peticiones.

Por Karen Mendoza

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Integrantes de la comisión legislativa de la juventud visitaron las instalaciones del Consejo Nacional de la  Juventud (CONJUVE),  donde  hicieron una reunión para conocer  la ejecución del presupuesto asignado para este año y conocer los  programas de beneficio para la juventud guatemalteca.

El presupuesto que fue asignado a  CONJUVE para el 2018 es de Q11 millones, de estos  6 millones han sido utilizados para pago de salarios y el resto para distintos proyectos, entre los que se puede mencionar el proyecto “Ruta Sur”  de buses gratis para los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, bibliotecas virtuales y tarjeta joven que otorga beneficios en descuentos en supermercados y restaurantes de comida rápida, explicó  el director de CONJUVE, Edgar Chin.

“Como integrantes de la comisión de la juventud esperamos que los proyectos que se tienen previstos por CONJUVE alcancen  a los jóvenes del país, tanto en la ciudad capital como en los departamentos, por lo que apoyaremos en la búsqueda de leyes  y proyectos que  los ayuden”, puntualizó el  presidente de esta sala de trabajo, diputado  Raúl Romero.

Por Karla  Herrera

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La Comisión de Salud del Congreso de la República se pronunció este día ante las múltiples denuncias del constante desabastecimiento de medicamentos que está impactando negativamente y poniendo en riesgo la vida de pacientes con enfermedades crónicas que son tratados en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-.

Para el efecto citaron  al presidente del seguro social, Carlos Contreras, y a su equipo de trabajo,  así como a representantes de la Red de Enfermedades Catastróficas, Crónicas y Degenerativas y a la Asociación de Enfermos con Hipertensión Pulmonar.

Sofía Hernández, presidenta de la sala de trabajo, lamentó que el IGSS no esté brindando la atención necesaria a los enfermos de Cáncer, Lupus, Esclerosis Múltiple, enfermos renales, trasplantados e hipertensión pulmonar, debido al desabastecimiento que registran en los medicamentos que estas enfermedades requieren para subsistencia de los pacientes.

Florisa López, de la Red de Enfermedades Catastróficas, Crónicas y Degenerativas, dijo que han tenido que interponer amparos para lograr la continuidad en la entrega de  algunos medicamentos, sin embargo hay muchos pacientes que llevan meses sin recibir sus tratamientos, lo cual los puede llevar a la muerte, indicó.

Carlos Contreras, presidente del IGSS, dijo que no han logrado realizar estas compras,  ya que están tratando de transparentar los procesos de adquisición y romper los paradigmas que imperaban en el seguro social cuando tenían que comprar medicamentos altamente sobrevalorados y de mala calidad, según dijo.

Marvin Orellana, de Alianza Ciudadana, lamentó el mal servicio que presta el IGSS. “No es posible que con un presupuesto de Q12 mil millones mensuales, solo brinden cobertura a aproximadamente un 18 por ciento de la población, mientras que el Ministerio de Salud, con Q8 mil millones, atiende hasta un 45 por ciento”.

La diputada Hernández destacó que el IGSS está obligado a cumplir con lo establecido en el amparo 064-2016, que por resolución de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, constituida en Tribunal de Amparo de la Corte Suprema de Justicia obliga a tener abastecidos con medicamentos, material médico-quirúrgico e insumos todos los hospitales, unidades, clínicas y periféricas del seguro social.

Karla Martínez, segunda secretaria de Junta Directiva y el diputado independiente, Luis Pedro Álvarez, coincidieron en la importancia de abordar esta problemática de forma profunda, por lo que solicitaron a los directivos del IGSS, un proyecto que contenga propuestas detalladas y por región para solventar las diferentes problemáticas que afronta el seguro social.

La diputada Hernández, presidenta de la sala, dio a conocer que volverán a reunirse este 24 de abril, con el fin de que las autoridades del IGSS hagan la presentación de dicho informe. Además urgió a los funcionarios para que a la brevedad posible se adquieran los medicamentos necesarios para garantizar la subsistencia de los guatemaltecos que padecen diversas enfermedades crónicas. “Estamos comprometidos para  dar seguimiento a este tema y no descansaremos hasta ver cumplidos los objetivos”, aseveró la parlamentaria.

Por Mayra Recinos

 

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La Comisión de la Mujer acordó que el proyecto 5395, que da vida a la ley de Identidad de Género, sea discutido de una manera más abierta, por lo que se instalarán mesas de trabajo para escuchar la opinión de los diferentes sectores y bloques políticos.

“Acordamos establecer abrir un espacio de discusión con todos los actores involucrados, por lo cual se conformará una mesa de trabajo interinstitucional, en la cual se tendrá la participación de Sandra Moran como diputada ponente y Registro Nacional de las Personas (RENAP), entre otras entidades”, informó el presidente de la Sala de trabajo, Aníbal Rojas.

En otro tema los congresistas acordaron citar para los próximos días a los representantes de los Ministerios de Salud, Agricultura y Desarrollo Social, para conocer su opinión sobre la iniciativa 5358, Ley de Protección a Madres Solteras –Jefas de Familia, la cual busca beneficiar a este sector de la población por medio de becas y microcréditos para desarrollo económico.

Rojas afirmó que esta iniciativa tiene como objeto “que exista un programa específico en el Ministerio de Desarrollo Social, que atienda a las madres solteras en pobreza y pobreza extrema”.

Durante la reunión los parlamentarios también acordaron agilizar el estudio de la iniciativa 5376, que dispone aprobar la Ley para la Protección Integral, Acceso a la Justicia, Reparación Digna y Transformadora a las Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual, Explotación Sexual y Trata de Personas, para emitir un dictamen en las próximas semanas.

Por Byron Ramírez

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Las diputadas por el departamento de Chimaltenango, Eva Nicolle Monte y Delia Back, continuán con su trabajo de fiscalización en las aéreas de educación y salud y  este día llevaron a cabo varias reuniones de trabajo atendiendo denuncias y demandas de los guatemaltecos.

La diputada Eva Nicole Monte se reunió con  el ministro de Educación, Oscar Hugo López Rivas; y los viceministros María Eugenia Barrios Robles y  Héctor Alejandro Canto Mejía, para  conocer cuáles son los lineamientos y políticas para la convocatoria y selección  del personal que será contratado en el fortalecimiento del Programa de Telesecundaria, principalmente en el departamento de Chimaltenango.

López Rivas explicó que en la primera fase del fortalecimiento de este programa, el Ministerio está tomando en cuenta a los docentes y personal que ya cuenta con una experiencia en la enseñanza  por medio de la telesecundaria, a lo que la parlamentaria respondió que le dará seguimiento al tema.

En otra actividad, la diputada Delia Back se reunió  con el viceministro de Salud, Mario Figueroa, para dar seguimiento a la optimización de servicios del Centro de Urgencias de Tecpán.  El viceministro Canto Mejía dijo que ese Centro de Urgencias cuenta con capacidades técnicas que pueden fortalecerse para que sea categorizado como un Hospital Distrital.

“Elevar de rango al mencionado Centro de Urgencias tiene sus ventajas en lo que a manejo de presupuesto se refiere, así como el nivel de atención que este puede prestar a la población”, dijo la congresista quien, para darle seguimiento a este tema, se agendó una próxima reunión para el 26 de abril próximo.

De acuerdo con la parlamentaria, lo que se espera es que el Hospital distrital este funcionando como tal para el próximo año atendiendo a un promedio de 200 mil  personas del área de Chimaltenango.

Por Wendy Sandoval

 

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La Comisión de Pueblos Indígenas, que preside el diputado Leocadio Juracán, se reunió con la Ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, con el fin de conocer de primera mano las acciones que esta cartera ejecuta en los proyectos hidroeléctricos de Oxec 1 y  Oxec 2, en Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

La funcionaria informó que debido a una sentencia de la Corte de Constitucionalidad la cartera a su cargo solo ha dado apoyo y acompañamiento, pues el ente constitucional delegó la responsabilidad al Ministerio de Energía y Minas.

Los diputados de la Comisión manifestaron su insatisfacción ante las respuestas de la funcionaria  y señalaron que continuarán  en su labor de fiscalización del cumplimiento de las Consultas Comunitarias  y el respeto a los derechos de los pueblos originarios.

El proyecto hidroeléctrico Oxec, es un complejo de dos centrales en construcción y otra en estudios, localizadas sobre el río Cahabón, en el municipio del mismo nombre, departamento de Alta Verapaz: Oxec I, Oxec II y Oxec III. Es propiedad de las sociedades Oxec, S.A., Oxeca II, S.A. y Oxec III, S.A., inscritas en Guatemala entre 2011 y 2016. Las tres pertenecen  al grupo Energy Resources Capital Corp (ERCC), el cual está registrado en Panamá.

Por Wendy Sandoval

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Integrantes de la Comisión de Trabajo, que preside el diputado Dalio José Berreondo, del bloque UNE, empezaron a analizar el contenido de la iniciativa 5416, que dispone aprobar la ley de consulta a los pueblos indígenas, en cumplimiento con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado de Guatemala el  5 de marzo de 1996.

El proyecto de ley fue presentado por los diputados Oliverio García Rodas, independiente, y  Oscar Chinchilla Guzmán, de la bancada CREO, el cuel fue remitido a la Comisión de Trabajo por el Pleno, para su estudio y dictamen.

El anteproyecto busca que “se regule el procedimiento al derecho a la consulta a los pueblos indígenas, previo a la construcción de mega proyectos hidroeléctricos y de extracción de minerales, con el fin de cumplir con un marco legal vigente que otorgue certeza al derecho a la consulta a las comunidades del país”.

Los congresistas Dalio Berreondo y Marco Antonio Lemus, de la UNE; Edgar Sandoval, de FCN-Nación, y Ranfery Montufar, de la bancada Encuentro por Guatemala, coincidieron en la necesidad de legislar a favor de que sean  beneficiadas las comunidades rurales y se les brinden y mejoren los servicios de salud, educación y de infraestructura como la construcción de hospitales escuelas, además de aumentar las regalías.

El año pasado, durante la presidencia del diputado Oscar Chinchilla Guzmán, fue suscrito un convenio interinstitucional entre el Organismo Legislativo y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con el fin de formular, acompañar y apoyar el proceso de construcción de la Ley de Consulta a Pueblos Indígenas, en el marco del Convenio 169 de la OIT.

Al finalizar la reunión los diputados de la Comisión de Trabajo acordaron invitar a los congresistas ponentes para que expliquen y detallen los beneficios de la iniciativa de ley 5416, para que en los próximos días se emita el dictamen correspondiente.

Por José Castellanos

 

 

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