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La diputada Eva Nicolle Monte Back, representante por el distrito de Chimaltenango, se reúne con Annabella Morfín,  Procuradora General de la Nación, PGN; y  Carlos Enríquez Mena, director del Consejo Nacional de Adopciones, CNA; para evaluar el anteproyecto de ley que quieren presentar para que se agilice el proceso de adopciones en el país.

Dicha iniciativa derogaría el Acuerdo 40-2010 de la Corte Suprema de Justicia, relacionado a las medidas de protección de niños en condición de abandono, “lo cual ayudaría en gran medida a que los mecanismos de adopción puedan llevarse sin burocracia”, aseguró la congresista.

Enríquez Mena, del CNA, completar un proceso de adopción puede demorar hasta 4 meses, desde que un juzgado declara que el menor puede ser sujeto a adopción, hasta que se inicia la búsqueda de la familia idónea que acoja al niño.

“Contamos con  tres reglones de niños a los cuales se nos dificulta encontrarles una familia que los quiera adoptar, dentro de los que se encuentran los mayores de 9 años, los que padecen enfermedades como VIH y aquellos que presentan un discapacidad que afecta su desarrollo psicomotor”, aseguró  el funcionario.

Según datos de la PGN, a la fecha hay 110 casos de menores reportados como abandonados, dentro de los cuales hay infantes que han sido encontrados en las calles y otros que un ente jurisdiccional ha dictado la separación de su familia natural por considerar que dentro del seno familiar se ven vulnerados  sus derechos.

“La situación es más preocupante cuando tomamos en cuenta que hay un subregistro, lo que no nos permite tener un dato real de los menores en esta situación, sumado a esto el poco presupuesto con la que cuenta tanto PGN como CNA para trabajar en este tema”, dijo Morfín.

La legisladora del bloque Alianza Ciudadana manifestó su preocupación por dicha situación y se comprometió a darle especial seguimiento a este sector de la población. “Nos preocupa el incremento de los índices de niños abandonados en el país, y sobre todo que el Estado no cuente con un mecanismo que permita la pronta reinserción de estos pequeños a una familia que los ame”, concluyó.

Por Karen Mendoza

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Diputados que integran la Comisión de Asuntos Municipales acordaron elaborar un informe circunstanciado y remitirlo al Ministerio Público, para que se determine si existen implicaciones penales en contra de los integrantes de la Comisión del Cálculo Matemático y del Instituto Nacional de Estadística, por haber modificado el situado constitucional otorgado a las municipalidades.

La presidenta de la referida sala legislativa, Patricia Sandoval, informó que la Procuraduría General de la Nación envió un informe jurídico a la Comisión, donde establece que ya se presentaron denuncias de carácter penal. “Esto significa que hay agravios económicos“, dijo la parlamentaria, quien agregó que le llama la atención que las denuncias presentadas “son entre ellos mismos, es decir por la Comisión del Cálculo Matemático y el Instituto Nacional de Estadística”.

“Son alrededor de 60 municipalidades las que tienen problemas por la disminución de los recursos financieros provenientes del situado constitucional, es por eso que  hemos tomado la decisión de elaborar el informe y que el MP investigue”, expresó la Presidenta de la Comisión de  Asuntos Municipales.

En opinión del diputado Haroldo Quej son los alcaldes quienes deberían presentar las denuncias correspondientes al ser los afectados directos. “El Decreto 22-2010, Reformas al Código Municipal, establece claramente el procedimiento y los requisitos a cumplir para otorgar el situado constitucional”.

Por Byron Ramírez

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El disturbio provocado por menores ayer por la noche en las instalaciones del anexo de Hogar Seguro, ubicado en la colonia El Maestro, zona 15, activó de nuevo la señal de alerta y la necesidad de hacer algo a favor de estos jóvenes.

En ese sentido, los diputados de la Comisión del Menor y la Familia, que preside el diputado Walter Félix, acordaron citar a representantes de la Secretaría de Bienestar Social, PGN, y PDH para que informen de las razones de lo sucedido y cuál es la atención y cuidado que se les da a los menores.

“Este es un problema recurrente. No queremos que vuelva a repetirse  la tragedia ocurrida el año pasado en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción donde lamentablemente fallecieron varias niñas, por lo que citaremos la próxima semana a los responsables de la PGN, PDH y la SBS, para que nos den un informe detallado de lo sucedido y la atención que reciben estos menores”, dijo el diputado Walter Félix.

Ayer por la noche, un grupo de menores, molestos por los malos tratos que reciben por parte de los monitores que custodian el lugar, causaron daños en el inmueble, destrozaron mobiliario y documentos; y salieron a las calles a protestar causando temor entre los vecinos quienes no sabían qué estaba ocurriendo. Según datos medio centenar de 50 adolescentes se encuentran internados en ese lugar a cargo del Estado.

“Hemos insistido en que tiene que ser aprobada la ley del sistema nacional de protección integral para la niñez y la adolescencia, ya que creemos que es el Estado y las instituciones encargadas los que tienen que realmente velar y dar los recursos suficientes y se eviten los conflictos entre los menores”, dijo la legisladora Sandra Morán, del bloque Convergencia, y vicepresidenta de la referida sala de trabajo.

Discutido ampliamente este tema, los congresistas pasaron al segundo punto de la agenda, y se reunieron con Carlos Mena, director ejecutivo del Consejo Nacional de Adopción, CNA; Isolda Flores, sud directora; y Sandra López, coordinadora. Los funcionarios fueron consultados sobre la asignación presupuestaria de la entidad, sobre las adopciones que han ejecutado y los procesos en que llevan a cabo, así como cuántos menores están en proceso de adopción.

“Tenemos una asignación presupuestaria de Q 14 millones, y hemos pedido un aumento de Q14 millones más”, explicó Isolda Flores, sud directora del CNA. Los congresistas darán seguimiento al tema y solicitaron informe completo de la situación de los menores pendientes de adopción.

Agotado este punto los congresistas  entraron a conocer  la iniciativa 5205 “ley de educación integral en sexualidad” la cual recibió dictamen favorable. El proyecto contempla que será el Ministerio de Educación quien brinde información objetiva y oportuna sobre educación sexual a los niños y niñas así como a adolescentes en las escuelas.

Con la aprobación de la ley se espera que los jóvenes reciban una mejor y mayor atención y se disminuyan los embarazos en niñas entre 10 y 14 años, y se evite el incremento en la mortandad materna, abortos, infecciones de transmisión sexual y el VIH/Sida.

Por José Castellanos

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Previo a emitir dictamen de la iniciativa 5410, que dispone aprobar una nueva Ley de la  Policía Nacional Civil, PNC, integrantes de la Comisión de Asuntos sobre Seguridad Nacional continuaron este miércoles con las mesas de trabajo para socializar y recibir la opinión de las distintas instancias involucradas con la seguridad en el país.

Para el efecto, la sala legislativa contó con la presencia de autoridades del Ministerio   de la Defensa Nacional,  Procuraduría General de la Naciòn, PGN, Policía Nacional Civil PNC, Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, SAAS, así como de la cartera del Interior y Ministerio Público, MP.

Edgar Estuardo Melchor Solórzano, jefe de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del MP, aseguró que a la fecha han mantenido una buena coordinación con las fuerzas policiales. “Vemos con buenos ojos que se este trabajando en una ley que le da las herramientas a la PNC para eficientar su labor”, dijo.

El único punto que tendría que revisarse es el relacionado al artículo 11, referente al procesamiento de la escena, debido a que podría generarse una duplicidad, que conlleva a un retraso en la resolución de un ente jurisdiccional, aseguró Melchor Solórzano.

Mientras que el comisario de la PNC, Mauricio Yax, hizo entrega a los presentes de un cuadro comparativo que desarrolló esa instancia del decreto 11-97 (normativa vigente) y la iniciativa 5410, en el cual despliega las mejoras que tendrían que aprobarse por el Pleno del Congreso.

La presidenta de la comisión, la diputada Thelma Ramírez, de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, dio a conocer la intención de agregar un artículo a los 80 que ya contiene la propuesta de ley, orientado a la descentralización de los recursos económicos dirigidos  a la Policía Nacional Civil, para que las comisarias de cada departamento puedan ejecutar su propio presupuesto.

Por Karen Mendoza

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Por segundo día consecutivo los diputados que integran la comisión de Asuntos Electorales continuaron con el  análisis de la iniciativa de ley 5389, que reforma de varios artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos

La Sala analiza  tres propuestas de reformas a la Ley Electoral con dictamen favorabl. Siendo estas la 5059, que fue presentada en 2016; y la 5158 en noviembre del 2016, que serán analizadas al concluir con el estudio de la 5389.

Durante este segundo análisis se detallaron puntos de las primeras 4 reformas a distintos artículos. Entre ellos cambios para garantizar el derecho a las personas con capacidades distintas, y la  propuesta e  aprobar entre las prohibiciones el uso de material  no removible o pinturas en los postes de alumbrado.

En cuanto  a la propuesta de los cambios al artículo 21, del control y fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas, los legisladores de esta Sala que es dirigida por el diputado Luis Antonio  Alonzo, sugieren que  la apertura de las cuentas bancarias sea para las organizaciones municipales, tema que será analizado en las siguientes reuniones.

Por Karla Herrera

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La Diputada Dolores Beltrán, Tercera Vicepresidenta de Juta Directiva; y el Diputado Julio Longo se reunieron con el Ministro de Comunicaciones, Aldo García, y representantes de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia y de la Dirección de Bienes del Estado para conocer los avances en el proceso de escrituración de por lo menos 3 mil fincas tipo A que aún no han sido escrituradas desde hace mas de 6 años.

Estas fincas han sido entregadas como parte de la atención del Estado a familias damnificadas por la Tormenta Stand en varios departamentos como  San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, Escuintla y Huehuetenango, quienes aún no cuentan con escrituras.

En este sentido el titular de la cartera de comunicaciones señaló que el primer grupo de 1 mil 216 fincas culminará el proceso de escrituración en un plazo no mayor de 4 meses,  y que los documentos se estarán entregando en este plazo a los beneficiarios de esta ayuda. En total son 3 mil fincas entregadas.

La diputada Beltrán informó que continuará con el trabajo de acompañamiento de este proceso y que espera que el problema se pueda solventar en los próximos meses.

Por Wendy Sandoval

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La Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso de la República se reunió con el Director del Registro Nacional de las Personas (RENAP) y alcaldes ancestrales de los municipios de Totonicapán, con el objeto de dar seguimiento a la mesa de trabajo del pasado 11 de abril, en la cual los jefes ediles solicitaron que se estandaricen los pagos de certificaciones y trámites del Documento Personal de Identificación, al igual que en la cabecera departamental.

“Fueron varias las solicitudes hechas al director del RENAP y ninguna fue resuelta,  por ello es que me vi en la obligación de reunirme nuevamente con las dos partes”, expresó el presidente de la referida sala de trabajo, Amílcar Pop, quien calificó de “penoso” que no se pueda dar una solución al tema.

Entre las peticiones está la unificación de costos por certificados de nacimientos de Q15.00 a Q5.00 para todos los municipios, la ampliación de su tiempo de vigencia y el pago por los servicios en las agencias del RENAP.

Enrique Octavio Alonzo Aceituno, director Ejecutivo del RENAP, informó que al momento la única solución fue el pago de los trámites en las mismas oficinas y no a través de bancos, ya que los procesos para la modificación de costos y ampliación de tiempo de vigencia debe ser resuelto después de un análisis técnico jurídico; aunque se comprometió a revisar las solicitudes.

Juan Carlos Carrillo, autoridad ancestral y representante del municipio de Santa María, Chiquimula, dijo que la población espera soluciones concretas, porque ellos responden a mandatos comunitarios. “Serán las asambleas de cada municipio quienes definirán cuales son la medidas a tomar para que se cumpla con los compromisos”

Para concluir, el director de RENAP, asumió el compromiso de entregar el análisis respectivo para que el Ministerio de Finanzas tenga elementos suficientes para readecuar el presupuesto destinado a la institución y así, viabilizar las demandas de la población de Totonicapán.

Por Byron Ramírez

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Diputados que integran la Comisión de Asuntos Electorales empezaron con el estudio de  la iniciativa de ley 5389, que reforma el Decreto 1-85, de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos,(LEPP),  presentada por magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

El primer punto de análisis fue parte del artículo 13  de la LEPP, que garantiza los derechos de las personas con capacidades distintas, para otorgar asistencia personalizada a quienes lo necesiten. En el segundo punto habla de prohibir que se utilice pintura  en postes para propaganda electoral,

La reforma al inciso 21 de la LEPP sobre el control y fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas fue uno de los que creo más polémica y será tratado en una próxima reunión. Este pretende que las organizaciones en los municipios abran cuentas bancarias para las contribuciones de campaña.

Los legisladores  que integra esta sala de trabajo, presidida por  el diputado  Luis Alonzo, fueron acompañados por asesores, representantes de partidos políticos y del Instituto Nacional Demócrata.

“Vamos a ir analizando artículo por artículo para lograr que las reformas propuestas sean claras y de beneficio para la población. El fin es que se tenga una herramienta  para evitar descontroles en el tema electoral, y lograr un mejor funcionamiento de los partidos político y comités cívicos”, destacó el presidente de esta sala de trabajo.

Por Karla Herrera

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Los diputados Nineth Montenegro, Leonel Lira y Doriam Taracena, de la bancada Encuentro por Guatemala, EG, se reunieron este martes con el viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación, Kamilo José Rivera, a quien cuestionaron sobre los criterios técnicos y razones para el reciente cambio de autoridades en la cúpula de la Policía Nacional Civil, PNC.

Rivera aseguró que las destituciones se debieron a una reestructuración de equipos de trabajo en la filas de la PNC. “De acuerdo con los resultados de una evaluación dirigida a las instituciones del Estado, se tomó la decisión de dar de baja  a los funcionarios; todo obedece a temas administrativos que deberán evacuarse a su debido tiempo”.

Para la diputada Montenegro, jefa del bloque EG,  la medida carece de asidero legal y podría tomarse como incumplimiento del artículo 31 de la Ley de la PNC, que reconoce como únicas causales de destitución: renuncia, involucramiento en hechos delictivos, fallecimiento y jubilación o invalidez.

“Nos llama mucha la atención estos cambios dentro de la estructura policial. Da la impresión de que se está desestructurando la institucionalidad de la PNC que estaba haciendo bien el trabajo, poniendo en riesgo la seguridad de los guatemaltecos”, lamentó la congresista.

Otro de los temas que se trataron en la reunión fue la cobertura que tienen a la fecha las fuerzas del orden público. Según el legislador Doriam Taracena,  en recientes publicaciones los medios de comunicación escritos registran el retiro del Ejército de 7 departamentos y 10 municipios con altos índices de violencia.

El viceministro de la cartera del interior explicó que esto se ha compensado incrementando la presencia policial, hasta en un 75 por ciento, en áreas consideradas rojas. “Esto es posible a la optimización del recurso humano, tomando en cuenta como prioridad la seguridad de los guatemaltecos”, destacó.

Por Karen Mendoza

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