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La instancia de Jefes de Bloque y Comisión Permanente escucharon este lunes a autoridades del Ministerio de Economía (Mineco) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), quienes durante su exposición pidieron  apoyo a los legisladores con el fin de concientizar a la población sobre la importancia del XII Censo Poblacional y VII de Vivienda, que arrancó hoy con su lanzamiento oficial en el Palacio Nacional de la Cultura.

Según lo explicó Acisclo Valladares, titular del Mineco, esta herramienta que consta de tres etapas (la precensal, censal y post censal), contará con un despliegue de no menos de 14 mil censistas debidamente identificados, quienes recopilarán la información de los guatemaltecos a partir del 23 de julio hasta el 16 de agosto.

“La diferencia de este censo con otros, es que ahora Guatemala cuenta con una cartografía digital con datos georeferenciados que cumple con estándares internacionales lo cual permitirá obtener datos validos y confiables permitiendo la reorientación de las políticas públicas del Estado”, aseguró Valladares.

Entre las dudas de los congresistas destacó lo referente a seguridad con la que se llevará a cabo el proceso, la contratación del personal para el efecto, así como la campaña de socialización que se le ha dado al tema. “Nos preocupa el tema seguridad y confianza que se le dé a la población, para garantizar que este ejercicio sea exitoso”, dijo el subjefe del Partido de Avanzada Nacional, Manuel Conde.

Nestor Guerra, gerente del INE, afirmó que dicho ente han trabajado en alianzas interinstitucionales que garanticen la seguridad de los guatemaltecos. “Los censistas están completamente identificados lo cual genera confianza al entrevistado, para el efecto se ha habilitado el número 1514 donde los ciudadanos podrán pedir orientación sobre el proceso y podrán consultar los datos del personal encargado de la recopilación de los datos”.

Indicó también que esta segunda fase que concluirá el 16 de agosto, dará paso a la etapa post censal, que constituye el análisis de la información y la que finalizará en agosto del 2019, fecha en el que se tendrá el resultado. “Es importante que la población este consiente que la información que bride será utilizada únicamente para fines estadísticos y esta protegida bajo el secreto estadístico, que esta normado en el Decreto 3-85 de la Ley Orgánica del INE”, concluyó Guerra.

Por Karen Mendoza

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La Comisión Pesquisidora, electa para conocer el antejuicio promovido en contra del ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Carlos Soto Menegazzo, se reunió este día para conocer las pruebas de descargo presentadas por el antejuiciado, tal y como lo establece la Ley en Materia de Antejuicio

El antejuicio 147-2018, fue promovido contra el ministro del MSPAS, Carlos Soto, por la licenciada María Rosy Beltrán, por una supuesta desobediencia a una orden del Juzgado de Trabajo emitida el 22 de marzo de 2018, de reinstalar en su área laboral, a una trabajadora de esa entidad,

Los pesquisidores  Javier Hernández, segundo vicepresidente;  Estuardo Galdámez, primer secretario y Jorge Arévalo, quinto secretario, se reunieron con Soto Menegazzo para informarle de cómo se encuentra el proceso en su contra.

“Al parecer existe un desistimiento de parte de la demandante y de la sala de Trabajo y Previsión Social correspondiente,  debido a que la persona aludida habría sido reinstalada en sus funciones”, informó el Segundo Vicepresidente.

La próxima semana la Comisión Pesquisidora se reunirá nuevamente con el objetivo de elaborar el informe final del expediente, el cual será entregado al pleno del legislativo para su conocimiento posterior.

La Ley en Materia de Antejuicio establece que la Comisión Pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la Comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.

Para el desempeño de sus funciones, todos los funcionarios y empleados están obligados a prestar su plena colaboración a la Comisión. Al finalizar su investigación y consideraciones la Comisión emitirá un informe circunstanciado, del que dará cuenta al Pleno en sesión ordinaria del Congreso.

Por Fernando Bolaños

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Funcionarios del Ministerio de Salud, Contraloría General de Cuentas y Dirección de Bienes del Estado, comparecieron ante diputados de la Comisión de Pueblos, quienes pidieron un informe de los avances en la construcción del Centro de Salud de la aldea Salquil Grande, municipio de Nebaj, departamento de Quiche,  en favor de los 28 mil habitantes de la localidad.

En la reunión estuvieron presentes autoridades ancestrales y pobladores de la referida aldea quienes pidieron la intermediación de los diputados ya que desde hace cinco años vienen luchando por que se empiece la obra, y no hay modo.

“Como autoridad exigimos que  se agilice la construcción de esa obra. Sabemos que se tienen los recursos disponibles y queremos que el Ministerio de Salud cumpla y concluya la construcción”, dijo Miguel Rivera, representante de la Municipalidad Indígena en llegar a cabo la construcción”.

El diputado independiente Eduardo Cruz Gómez, representante por el distrito del Quiché, explicó que “desde el año 2012 la población de la aldea solicitó la construcción del centro de salud, la cual se ha atrasado por culpa de varias dificultades y obstáculos legales en las instituciones encargadas en ejecutar los proyectos de infraestructura”.

Según explicó hay fondos para ejecutar la obra, y exigió a las autoridades de Salud, Contraloría General de Cuentas y Dirección de Bienes del Estado que agilicen los trámites y empiecen a construir.

Julio García Colindres, viceministro de Atención Primaria en Salud, contó que han revisado la documentación y que todo está en orden.   “Los recursos financieros, Q1.5 millones,  ya están destinado y programados. “Estamos a la espera que se complete el trámite administrativo en la Dirección de Bienes del Estado y otras instituciones para iniciar la construcción de la obra”, aseguró.

Fernando Fernández, sub contralor de la Contraloría de Cuentas, comentó que uno de los obstáculos es que no pueden construir en terrenos que no sean propiedad del Estado. “Sabemos que hay una acta de parte de la corporación municipal que indica que se hizo la donación del terreno, pero falta por completar el procedimiento, hasta que esto no se haga es imposible invertir en la construcción de lo contrario nos veremos obligados a interponer una denuncia penal”.

La representante de la Dirección de Bienes del Estado informó que el expediente está en esa institución pero que se deben completar otros requisitos legales. “Estaré enviando hoy por la tarde un informe ejecutivo para que los diputados lo conozcan y las demás instituciones encargadas se enteren del caso”.

En el desarrollo de la reunión el diputado independiente Eduardo Cruz Gómez y el congresista Víctor Manuel Cruz, del bloque FCN-Nación, insistieron en que es urgente que se agilicen los procedimientos administrativos en las instituciones y se complete la documentación del caso, también indicaron que es preciso que se garantice el derecho a la salud y vida de los pobladores de esa área ixil del país.

El parlamentario Leocadio Juracán, de Convergencia, emplaz a las autoridades para que agilicen los procedimientos y que se inicie la construcción del centro de salud para que funcione y atiendan a los habitantes de la aldea Salquil Grande, Nebaj, Quiché.

“Convocaremos a una nueva reunión para que nos informen de los avances y se concluya con la documentación del caso”, dijo el diputado Juracán.

Por José Castellanos

 

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Los congresistas de la Comisión de Turismo están preocupados por el impacto negativo que ha ocasionado en el comercio y turismo de cruceros el cierre temporal de la Ruta Nacional 14; y junto con autoridades locales, gubernamentales y vecinos trabajan en la búsqueda de una solución y una ruta alterna que viabilice el traslado de los visitantes que ingresan al país en barco, por Puerto Quetzal, y quieren visitar Antigua Guatemala.

“Debemos encontrar una pronta solución al problema, ya que esto puede afectar seriamente la situación de ingreso de turistas a Guatemala”,  lamentó el diputado Marcos Yax.

Para tratar el tema, los congresistas se reunieron con representantes de agencias de viajes,  municipalidad de Villa Nueva e Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), con quienes trataron la posibilidad de crear o abrir rutas alternas para que los turistas que llegan al país en crucero puedan visitar antigua Guatemala y regresar a la hora que tiene estipulado el barco para zarpar.

Con el cierre temporal de la Ruta Nacional 14 ha disminuido la afluencia del turismo de cruceros a Antigua Guatemala. Los comerciantes aseguran que cerca de un 15% de la clientela son turistas que bajan de los cruceros y ya no llegan, lo cual está afectando económicamente a los negocios.

Una aproximado de 120 embarcaciones ingresan al país al año con turistas; el principal destino terrestre es Antigua Guatemala y el traslado se ha visto afectado por el cierre de la Ruta Nacional 14. La ruta más expedita en estos momentos es la de Bárcenas, Villa Nueva, sin embargo se complica por la alta afluencia vehicular.

Los afectados piden a las autoridades de Amatitlán, Villa Nueva y Santa Lucía Milpas Altas su apoyo para que fluya el tránsito y brinden seguridad a quienes visitan el país por barco y quieren visitar por unas horas a la Ciudad Colonial.

Los congresistas crearon una mesa de trabajo donde se dará seguimiento al tema y anunciaron que efectuarán visitas de campo para evaluar  la posibilidad de abrir rutas alternas además de la de Bárcenas, Villa Nueva.

Por Estuardo Zeceña

 

 

 

 

 

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Diputados de la bancada Encuentro por Guatemala (EG) entregaron un análisis de las anomalías encontradas en ejecución presupuestaria hecha durante el Estado de Calamidad que fue decretado por el Ejecutivo tras la erupción del volcán de Fuego, el pasado tres de junio.

La diputada Nineth Montenegro, jefa de bancada, dijo que al 12 de julio se habían adjudicado  364 adquisiciones por Q686 millones; de estas el 81 por ciento fueron compras hechas por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Montenegro lamentó que no hay claridad en estos gastos. “Mientras el CIV adjudicó  la  construcción de 1 mil viviendas a una empresa privada,  el Fondo de Desarrollo Social (FODES), ha comprado material de construcción que no sabemos si es para entregarlo a la empresa o si se utilizará en otras cosas, lo cual representa una ilegalidad en ambos casos”.

Las dudas se amplían en el sentido que tampoco existe la certeza de que las 1 mil viviendas sean para los damnificados de la tragedia del volcán de Fuego, o si las van a destinar hacia otros proyectos, por lo que los congresistas explicaron que consideran pertinente citar a los representantes del CIV y del FODES para la próxima semana.

Los diputados quieren además que les expliquen a qué se debe la sobrevaloración que han encontrado en las compras hechas por el FODES, que incluyen costaneras, láminas acanaladas, arena de río y otros materiales de construcción.  “Estimamos que la sobrevaloración podría alcanzar  unos Q2.5 millones”, explicó la congresista.

El diputado Dorian Taracena advirtió que tampoco encontraron los contratos que deberían existir para avalar la construcción de las viviendas, mucho menos el establecimiento de las fianzas, lo que deja desprotegidos los recursos del Estado.

En un segundo tema, los congresistas presentaron un balance de la ejecución presupuestaria general del Estado, donde evidenciaron que continúan existiendo mayores gastos en funcionamiento comparado con la  inversión social.

“La administración central ha ejecutado hasta el momento  un 42% del Presupuesto General de la Nación 2018, pero los ministerios que deben invertir en el desarrollo social son los que menores porcentajes presentan, y a pesar de esa ineficiencia pretenden aumentar en más de Q11 mil millones el presupuesto  del próximo año”, concluyó la diputada Montenegro.

Por Mayra Recinos

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El diputado Aníbal Rojas, jefe de la bancada Visión con Valores (VIVA), solicitó a las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reformar el Decreto 68-86, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, “para normar los estudios de impacto ambiental y regular las multas en beneficio de los pequeños emprendedores y entidades sin fines de lucro\".

El legislador propone que se modifique el artículo 8 de la Ley en mención para que las multas sean moderadas y los estudios sean presentados por entidades o empresas que sí lo ameriten evitando que los pequeños empresarios se vean afectados, debido que los estudios de impacto ambiental representan una fuerte inversión de tiempo y dinero.

“Nuestra bancada estará dando seguimiento a esta reforma, nos sentimos complacidos ya que vemos el compromiso del Ministerio de Ambiente en este tema que es fundamental para el desarrollo del país en materia económica y social”, enfatizó el diputado Rojas.

El artículo a reformar indica que: “Para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus características puede producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional, será necesario previamente a su desarrollo un estudio de evaluación del impacto ambiental, realizado por técnicos en la materia y aprobado por la Comisión del Medio Ambiente. El funcionario que omitiere exigir el estudio de impacto ambiental de conformidad con este Artículo, será responsable personalmente por incumplimiento de deberes, así como el particular que omitiere cumplir con dicho estudio de Impacto Ambiental será sancionado con una multa de entre Q 5,000.00 a Q 100,000.00. En caso de no cumplir con este requisito en el término de seis meses de haber sido multado, el negocio será clausurado en tanto no cumpla”.

La reforma modificará parte del artículo citado en el párrafo superior, específicamente la frase que textualmente dice: “Otra actividad que por sus características puede producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al ambiente”.

El titular de la cartera de ambiente, Alfonso Alonzo, coincidió con el legislador en la necesidad de actualizar esta normativa, y se comprometió a entregar una iniciativa de ley con los cambios solicitados los cuales están siendo evaluados mediante una mesa técnica. Además agradeció al jefe de la bancada VIVA, diputado Aníbal Rojas, su interés y disposición de apoyar la propuesta en el Legislativo.

Para concluir, el diputado Rojas y el ministro Alonso acordaron suscribir un acuerdo que confirme el compromiso de ambas partes a dar seguimiento a esta reforma que podría ser presentada en septiembre próximo, el dirección legislativa.

Por Isabel Mazariegos

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Diputados de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, la cual preside el parlamentario Ferdy Elías, analizan seis iniciativas que proponen reformas al decreto 5792, Ley de Contrataciones del Estado, con el fin de emitir un dictamen unificado.

Las reformas principalmente buscan aumentar los montos y plazos  para las modalidades de  compras directas y de baja cuantía,  por lo que “es necesario programar audiencias para escuchar a los ponentes, discutir estas modificaciones y emitir un dictamen que sea responsable con los recursos del Estado”, comentó el diputado Gabriel Heredia, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Lo que se pretende, según se dijo en la reunión, es facilitar y garantizar el abastecimiento de productos  y  la prestación de servicios públicos para beneficio de la población, haciendo los procesos  más ágiles, por ejemplo, la contratación de trabajos para el mantenimiento rutinario, periódico y preventivo de las carreteras de la red vial del país, como se establece en la iniciativa 5235.

En el proyecto 5314 se regula lo relacionado al  monto, especificando que: “cuando el precio de los bienes, de las obras, suministros o remuneración de los servicios exceda de Q 200 mil  y no sobrepase los Q 900 mil,  la compra o contratación podrá hacerse por el sistema de cotización”.

Así también, se señala que  cuando la adquisición sea por montos mayores a Q25 mil y que no supere los Q 200 mil quetzales, se podrá efectuar por compra directa.

“Hemos solicitado ya a Dirección Legislativa una prórroga para emitir el dictamen correspondiente, debido a que todas ellas ingresaron durante el 2017 y no fueron dictaminadas. Continuaremos con este análisis el próximo martes  para determinar la viabilidad de estas reformas”, expresó el diputado Elías, de la bancada  FCN-Nación y presidente de esta Sala.

Por Rosemary Recinos.

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Diputados de la Comisión de  Asuntos Electorales, dirigida por  Luis Antonio Alonzo Pernilla,  escucharon la postura de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), sobre la iniciativa de ley 5381 que reforma la Ley Electoral y de Partidos Políticos, (LEPP).

En su exposición el representante de ASIES, Emilio  Ruiz, aseguró que no están de acuerdo con la reforma al artículo 19 de la LEPP, el cual establece que sustituirá al financiamiento privado por el financiamiento público. “Consideramos que esto aumentaría las posibilidades de que exista  financiamiento ilícito.

También se discutió la reforma al Artículo 93,  la cual dice que un partido político debe desaparecer si no recibe un 1 por ciento de votos. Los miembros de la mesa de análisis consideraron pertinente mantener el porcentaje en un cinco por ciento, tal como lo instituye la Ley actual.

“Hoy hemos terminado con la lectura de los  artículos que tiene la propuesta de ley,  ahora  esperaremos  analizar cada punto  previo   a dar un dictamen”,  aseguró el presidente de esta sala de trabajo, Luis  Alonzo Pernilla.

La propuesta de ley también será enviada al Tribunal Supremo Electoral, para que puedan fijar su postura, previo a dar un dictamen.

Por Karla Herrera

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Con el fin de agilizar el proceso de nombramiento del Director departamental de Educación de Retalhuleu, así como la contratación de maestros para escuelas de este departamento, los diputados Edwin Lux, Arturo Martínez Dell, y asesores de la diputada Dolores Beltrán, se reunieron con la viceministra de Educación, María Eugenia Barrios,  a quienes pidieron soluciones a corto plazo.

Los parlamentarios manifestaron la urgencia de que se nombre al funcionario educativo, pues muchos de los procesos administrativos se han retrasado en esta Dirección Departamental, incluyendo la contratación y nombramiento de maestros, debido a la ausencia de firma.

La viceministra de la cartera educativa dijo que se sostendrán reuniones en los próximos días, y que solicitará al ministro de Educación, Oscar Hugo López, que nombre a la autoridad educativa en Retalhuleu con el fin de avanzar en los procesos de contratación de maestros, calidad educativa y atención primaria de instalaciones educativas.

El diputado Edwin Lux dijo que le dará seguimiento al tema y que espera que para la primera quincena de agosta ya se haya dado una solución al problema en el mencionado departamento.

Por Wendy Sandoval

 

 

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