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Carlos Beltetón, gerente general del Instituto Nacional de Electrificación (INDE); y Carlos Osoy Chacón, gerente de electrificación rural del INDE, comparecieron ante los diputados de la UCN, Jaime Lucero y Napoleón Rojas, de Jalapa y Santa Rosa, respectivamente, para informar sobre los avances del evento de licitación de proyectos de electrificación rural en comunidades del oriente del país, en este caso del municipio de Zapotitlán, distrito de Jutiapa.

Durante la reunión se informó que en el año 2016 el jefe edil y líderes comunitarios de la aldea Las Flores y de los caseríos las Pitas y la Cuchilla, solicitaron la intervención de los congresistas de UCN, para que se dé el  servicio de energía eléctrica a más de 2 mil 500 pobladores de la región sur oriente del país.

El diputado Napoleón Rojas comentó que tuvieron una reunión con el alcalde municipal y representantes de los consejos comunitarios de desarrollo de las comunidades, quienes les informaron de que no tienen luz ni posteado, y colindan entre El Salvador y Guatemala. “Nuestra preocupación es que se les dote de la energía lo antes posible”.

Osoy Chacón, gerente de Electrificación Rural del INDE informó a los diputados sobre la existencia de dos eventos de licitación pública: “El primero se adjudicó en el mes de febrero de este año, pero no se llevó a cabo porque dos de los contratistas que se presentaron no llenaron los requisitos técnicos, y el segundo sobrepaso el techo presupuestario que se tenía para la obra, lo cual ha atrasado los procesos”.

“Se han hecho los esfuerzos posibles para que las comunidades tengan el servicio, pero por cuestiones técnico legales no se ha logrado que el evento tenga el éxito. Esperamos que haya interés en las empresas ya que nuevamente el dos de julio y para los próximos días se espera que los contratistas se interesen en adjudicar”, comentó Beltetón, gerente general INDE.

El parlamentario Jaime Lucero, cuatro secretario de la Junta Directiva del Congreso, y representante por el distrito de Jalapa, dijo  que estarán dando seguimiento a los nuevos eventos  para el servicio eléctrico llegue a las comunidades rurales.

Por José Castellanos

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El diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad, y coordinador de la Mesa Técnica Interinstitucional que analiza cambios a la Ley de Contrataciones del Estado, entregó a los presentes, durante una sesión de trabajo, el primer borrador sobre la iniciativa “Ley Integradora del Sistema Nacional de Adquisiciones del Estado”.

El proyecto se basa principalmente en cuatro ejes: Transparencia y publicidad de todos los procedimientos y los precios; Tecnología y acceso a la Información; Reducción de los procedimientos y Calidad del Gasto.

“Mi propósito es que se haga una nueva ley, no reformas,  no es conveniente parchar la normativa vigente, porque se trata  de crear un nuevo modelo de contrataciones, ejecución y adquisición de bienes”,  indicó el parlamentario.

La mesa está integrada por representantes de la Contraloría General de Cuentas, ministerios de Educación, Salud y Gobernación; Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Instituto Nacional Demócrata y Cámara Guatemalteca de la Construcción, entre otras entidades.

El documento final será entregado a la dirección legislativa la  próxima semana para que sea conocido por el Pleno, quien deberá remitirlo a  la Comisión Legislativa que considere conveniente para que le haga las modificaciones que considere necesarias. “Espero que no se antepongan los intereses  particulares a los nacionales,  en el marco de campañas electorales”, concluyó el diputado.

Por Rosemary Recinos.

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Diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se reunieron con  funcionarios del Ministerio de Educación (Mineduc), Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), Contraloría General de Cuentas (CGC) y Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para fiscalizar el avance en la ejecución de proyectos de infraestructura escolar y exigir la aprobación del reglamento de la “Ley de Alimentación Escolar”, decreto 16-2017.

Los parlamentarios cuestionaron a María Eugenia Barrios, viceministra administrativa  de Educación, por el recorte que tuvo el presupuesto destinado a proyectos de infraestructura escolar, que de Q217 millones bajó a Q 108 millones de los cuales solo se han  ejecutado Q 9 millones, un 8.35 % del total.

“Se tienen los recursos y  la planificación, no hay excusa de la baja ejecución que tienen a la fecha”, opinó el diputado Orlando Blanco, jefe de la bancada UNE. La funcionaria explicó que el recorte obedece a que los Q 109 millones restantes fueron asignados al Programa de Alimentación Escolar que se rige por la “Ley de Alimentación Escolar”, decreto 16-2017,  aprobado por el Congreso de la República el 26 de septiembre del 2017.

En referencia a esta Ley, los congresistas evidenciaron que la normativa está siendo aplicada parcialmente debido a que carece de un reglamento que garantice los parámetros para ser utilizada. Según el viceministro de calidad educativa, José Moreno, “los estatutos están pendientes de un dictamen jurídico para que entren en vigencia”.

El diputado Jairo Flores manifestó que “sin un reglamento la ley no puede tener el efecto para la cual fue creada, evitando que la población estudiantil se vea beneficiada”, es por ello que los legisladores dieron un plazo de 15 días a las autoridades de Educación para presentar el reglamento para que entre en vigencia de manera inmediata.

Al concluir, los diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) solicitaron a la Contraloría General de Cuentas una auditoría para garantizar la transparencia en la ejecución de recursos destinados a los distintos programas en materia educativa.

Por Isabel Mazariegos

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La Comisión de Relaciones Exteriores llevó a cabo una reunión de trabajo  para continuar con el análisis de la iniciativa de ley 5426 “Ley del Servicio Diplomático de Guatemala”, la cual busca regular y modernizar el servicio de los funcionarios del cuerpo diplomático guatemalteco.

La iniciativa fue presentada al Pleno el 10 de abril del año en curso, y propone un nuevo ordenamiento jurídico que reemplace y optimice el servicio diplomático guatemalteco, debido a que el actual está regulado por el Decreto Número 148 del Jefe de Gobierno de la República, Enrique Peralta Azurdía,  del año 1963.

Con las reformas lo que se busca  modificar aspectos como la  representación internacional del país y la Integración de un servicio diplomático de carrera, permanente y profesionalizado.

Durante la reunión el diputado Édgar Armando Sandoval, presidente en funciones de la Comisión, solicitó a los asesores analizar todos los puntos  para que en la siguiente sesión puedan tomar  decisiones para poder avanzar con el estudio de dicha propuesta para su dictamen.

Por Astrid González

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José Rodrigo Valladares, diputado de la bancada TODOS, hizo un recorrido por el Aeropuerto Internacional La Aurora para fiscalizar la atención que se le está dando al usuario luego de las denuncias hechas por diferentes medios de  falta de higiene y mantenimiento de servicios sanitarios, fallas en las fajas de transporte de equipaje, así como la colocación de bolardos en área de ingreso y egreso de automóviles en la terminal aérea.

“Supimos de los problemas con las fajas que llevan equipaje, pero nos informaron autoridades de Aeronáutica Civil que ya se realizó la reparación y están funcionando con normalidad”, expresó el congresista quien verificó personalmente que las fajas sí están funcionando.

En el caso de los baños las autoridades de Aeronáutica Civil informaron que se les da el mantenimiento adecuado pero que van a poner atención a las denuncias y monitorear más seguido que todo esté limpio e higiénico.

Por último el legislador indicó que dará seguimiento a que se cumpla con la mejora en servicios a los turistas nacionales y extranjeros que ingresan al país por medio del aeropuerto capitalino. Anunció además que convocará a una mesa técnica con la participación de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Procuraduría General de la Nación (PGN), y Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para evaluar la situación de las empresas que prestan servicios aéreos en tierra, ya que una de ellas adeuda a la DGAC casi Q 38 millones, y aun así continúa operando.

Por Estuardo Zeceña

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Diputados de la Bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se reunieron con José Luis Benito, ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda; funcionarios de la Dirección General de Caminos, (DGC); de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL), y alcaldes de los departamentos de Guatemala y Peten, para dialogar sobre la ejecución de los proyectos carreteros en dichas regiones.

Uno de los tramos abordados es el que comunica al municipio de San Raymundo, departamento de Guatemala, con la aldea Sajcavillá, de San Juan Sacatepéquez, Pese a que se cuenta con una donación de 48 mil quintales de cemento por parte de una empresa privada, aún no se ha levantado el evento.

“No entendemos por qué el retraso en este proyecto cuando una empresa cementera, como apoyo a la comunidad, está ofreciendo el material. No hay    avances al respecto”, indicó el parlamentario Carlos Barreda.

El Ministro comentó que se deben hacer los estudios correspondientes,  los cuales duran alrededor de seis meses, más los eventos de las bases para la adjudicación. “Giraré instrucciones para que se completen los requisitos necesarios y que este proyecto se pueda concretar”, dijo.

Luis Estrada, alcalde de San Francisco, Petén, denunció que continúa pendiente la reparación del tramo que comunica a su territorio con los municipios del Chal y Sayaxché,  y solicitó su pronta ejecución debido  ya que es un acceso importante y se encuentra en pésimas condiciones.

También se cuestionó a los funcionarios por la baja ejecución tanto en  Covial, con un 23 por ciento; como en Caminos, con un 35 por ciento. Otros que jefes ediles reclamaron que sus proyectos no aparecen ni siquiera  en el Plan Operativo Anual 2019, por lo que esta tarde se reunirán en el ministerio de Comunicaciones, para analizar caso por caso en busca de una solución.

Por Rosemary Recinos.

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El Congreso de la República entregó un aporte de recursos propios al Ministerio de Finanzas por Q10 millones para que se establezca un fondo para la atención de los niños y niñas que quedaron huérfanos, así como los que fueron afectados por quemaduras debido a la erupción del Volcán de Fuego, el pasado 3 de junio.

Así lo dio a conocer el presidente del Organismo Legislativo, Alvaro Arzú Escobar, durante la sesión de la Instancia de Jefes de Bloque que se celebró este día para tratar diferentes temas.

Con este aporte el  Congreso  cumple con lo establecido en el Artículo 5, del Decreto 14-2018, con el que se ratificó el Estado de Calamidad tras la erupción del Volcán de Fuego. Las unidades ejecutoras del presente fondo, son la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

“Es el Ministerio de Finanzas el que se hará cargo de entregar Q5 millones a la PGN y Q5 millones al Ministerio de Salud para la atención de estos menores. En su momento estaremos invitando al Ministro de Salud y al Procurador General de la nación para que informen a los parlamentarios sobre el uso de estos fondos”, dijo el presidente del Congreso, Alvaro Arzú Escobar.

El pasado 4 de junio, el Congreso de la República aprobó de emergencia, con al menos 105 votos, el Decreto14-2018 con el que ratificaba el Decreto Gubernativo 1-2018 por medio del cual el Ejecutivo declaró estado de calamidad en los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, tras la erupción del Volcán de Fuego.

Por Wendy Sandoval

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El diputado Walter Félix, jefe de la bancada URNG-MAÍZ, sostuvo una reunión con autoridades de los ministerios de Finanzas Públicas (Minfin), Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y del Instituto Nacional de Bosques (Inab), para mediar en favor de los integrantes de la Red Nacional de Comunidades Organizadas, quienes solicitan una ampliación de Q73 millones para el programa de Incentivos forestales, conocido como PINPEP.

El legislador habló de la necesidad de asignar más recursos a los programas forestales a cargo del Inab, los cuales dijo “tienen un efecto positivo al ser una fuente de empleo y contribuyen a preservar el medio ambiente”.

El viceministro de finanzas, Víctor Martínez, informó que para el año 2019 se ha asignado un presupuesto de Q162 millones 114 mil para el programa de incentivos forestales para poseedoresde pequeñas extensiones de tierra de vocación forestal o agroforestal (PINPEP); unos Q24 millones más que en 2018.

Para los integrantes de la Red Nacional de Comunidades Organizadas este dinero no es suficiente ya que ha aumentado considerablemente el deseo de los pequeños propietarios de participar, lo cual aseguran es beneficioso para el país y genera empleo.

“Estamos conscientes de la necesidad de tener el financiamiento adecuado debido a que año con año se suman más usuarios en los programas de reforestación”, opinó Rony Granados, gerente general del Inab.

Los funcionarios se comprometieron ante el diputado a entregar la solicitud de ampliación presupuestaria al Ministerio de Finanzas el próximo 15 de agosto del presente año. “La cartera de Agricultura es la que debe encontrar el espacio presupuestario en los programas que tiene a su cargo”, dijo el Viceministro de Finanzas.

El programa de incentivos forestales beneficia a 73 mil 371 personas directamente e indirectamente a 218 mil 763. Anualmente se recuperan 2 mil 500 hectáreas bosque, siendo las Verapaces, Petén y el occidente del país las áreas más beneficiadas.

Por Isabel Mazariegos

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El presidente del Congreso de la República, Álvaro  Arzú Escobar, participó en el lanzamiento del décimo segundo censo poblacional y séptimo censo habitacional, en el Palacio Nacional de la cultura, junto con el mandatario, Jimmy  Morales; el vicepresidente, Jafeth Cabrera; el ministro de Economía, Acisclo Valladares; y el gerente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Mauricio Guerra.

Durante el lanzamiento del Censo 2018 denominado “Abre la Puerta al Censo”, el presidente del Legislativo entregó a dos censistas, en forma simbólica, una mochila que contiene una gorra, playera y chaleco, como parte del inicio de trabajo de campo que empieza hoy  23 de julio y concluye el 16 de agosto.

El censo de población y vivienda es un proceso por medio del cual se hace un conteo y diagnóstico de todas las personas y viviendas del país en forma simultánea. La información está protegida, bajo secreto y se utiliza para fines estadísticos.

Unas 20 mil personas entre censistas, supervisores y pílotos, participarán en el proceso  en todo el territorio nacional. El último censo se hizo hace 16 años.

Entre las preguntas que se harán está: ¿Cuántas persona viven en la vivienda?, ¿Si la vivienda es propia o alquilada?, ¿Cómo elimina la mayor parte de la basura?, ¿Cuántas personas  laboran en la vivienda?..., entre otras.

Los censores no puede preguntas cosas personales como el salario,  información bancaria y lugar de trabajo,  por lo que se hace la recomendación que si alguien hace este tipo de preguntas se pueden denunciar al 1514.

Por Karla Herrera

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