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Con el apoyo de la mayoría de los diputados al Congreso de la República, este día se aprobó una moción para que a partir del próximo 7 de mayo las sesiones ordinarias se celebren los días martes y miércoles, a partir de las 14:00 horas. Ello con el fin de que las comisiones legislativas puedan trabajar sin interrupción por las mañanas.

Durante la plenaria también se aprobó, con 85 votos, y en tercera lectura, la iniciativa de ley 5357, que declara el 19 de mayo de cada año el Día de la Dignificación  de las Comadronas.

Las elecciones de relatores para la Oficina Contra la Tortura, y de los representantes del Congreso ante la Junta Monetaria y el Consejo Nacional de   Atención al Migrante en Guatemala, CONAMIGUA, no pudieron llevarse a cabo y se trasladaron para una próxima sesión plenaria.

Los congresistas conocieron tres iniciativas de ley, la cuales fueron enviadas a distintas comisiones, según su tema, para estudio y dictamen. La 5429, que dispone aprobar la ley preventiva de accidentes colectivos por exceso de velocidad, que fue enviada a la Comisión de Comunicaciones y Transporte.

La 5430, que reforma el artículo 4, del Decreto 67-73, Ley Orgánica del Comité Permanente de Exposiciones, con el objetivo de que los recursos financieros que están depositados en distintos bancos del sistema, como ganancia liquidas de las actividades de COPEREX, se inviertan en el desarrollo de la economía industria.

La tercera iniciativa es la 5434 que dispone aprobar reformas al decreto 17-73, Código Penal, artículo 407 N, para tipificar el delito de financiamiento electoral ilícito.

Por Karla Herrera

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Personal docente, alumnos y padres de familia de la Escuela Oficial Rural “Mario Méndez Montenegro”, ubicada en el Municipio de Alotenango, Departamento de Sacatepéquez, realizaron un homenaje al honorable Diputado Víctor Manuel Estrada Orellana, del  Movimiento Reformador, en reconocimiento  a su trabajo como Presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso, en 2016, cuando dictaminó a favor de la iniciativa de Ley de Alimentación Escolar.

De conformidad con la Ley d Seguridad Alimentaria, es responsabilidad del Gobierno de la República, efectuar las adecuaciones presupuestarias pertinentes para que los dos millones 500 mil alumnos  del país reciban Q3 diarios para que, por medio de las organizaciones de padres de familia, acompañados por los decentes y nutricionistas, se elaboren los menús con pertinencia social, cultural, étnica y biológica, de las aproximadamente 32 mil escuelas.

Manuel Antonio Pérez Ojot, director del referido establecimiento educativo, expresó su satisfacción por la promulgación del Decreto 16-2017, que beneficia a miles de niños de las escuelas, de las aldeas y  municipios de todo el país.  “Con esta Ley, se demuestra que no hay escuelas de primera o segunda categoría, que los señores Diputados, especialmente el ex Presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso en 2016, junto a otros diputados y diputadas, pensaron que la calidad educativa, se inicia con el estómago lleno, para que los niños, especialmente los más de 840 alumnos que están inscritos este año en este centro educativo, no se preocupen de cómo saciar el hambre”, expresó.

El homenaje hecho al congresista fue por haber impulsado el Decreto 16-2017, y  aprobado por el honorable Pleno del Congreso de la República de Guatemala el 26 de septiembre de 2017, publicado en el Diario Oficial de Centroamérica el 19 de octubre del mismo año. El Decreto, que contiene la Ley de Seguridad Alimentaria, detalla no solo la asignación presupuestaria del Organismo Ejecutivo al Ministerio de Educación, establece  también el régimen de financiamiento de dicha legislación.

“Estar aquí es una prueba de que es un importante logro para nuestra Guatemala, y en especial para nuestras niñas y niños. En este esfuerzo también está el acompañamiento de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)”, acotó el diputado Víctor Manuel Estrada Orellana, representante del departamento de El Progreso, al agradecer el homenaje.

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José Roberto Molina, viceministro técnico del ministerio de Salud; y Héctor Canto, viceministro técnico de Educación, comparecieron ante la diputada Alejandra Carrillo, quien les solicitó un informe sobre el Programa de Vacunación en la Prevención del Cáncer de Matriz, y de las jornadas de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano, VPH.

Molina explicó que en la primera etapa se logró vacunar a 127 mil 755 niñas, que representan el 75 por ciento de lo que se tenía proyectado. “El proceso de vacunación fue intensivo en los establecimientos educativos a nivel nacional” e informó que habrá una jornada de vacunación permanente en los diferentes servicios de salud.

El  Viceministro Técnico de Educación añadió que la efectividad de la campaña de vacunación se dio por el apoyo que recibieron de parte de los padres de familia, y sobre todo por el acompañamiento “del Congreso de la República y la diputada Carrillo”, agradeció.

La diputada Carrillo, de la Bancada Movimiento Reformador, aprovecho la visita de los funcionarios para tratar el tema de la “Ley Nacional de Vacunación”, y solicitó a los viceministros de Salud y de Educación un informe de factibilidad con el fin de que el Estado garantice la “inoculación adecuada de los infantes como método de prevención de enfermedades”.

El proyecto de decreto establece que los fondos para comprar vacunas de uso frecuente salgan de los impuestos a bebidas carbonatadas y tabaco, para comprar vacunas de uso frecuente por el Ministerio de Salud. El informe deberá ser presentado en los primeros 15 días de mayo.

El Ministerio de Salud dio a conocer datos del Instituto Nacional de Cancerología, Incan, con relación al cáncer de matriz: El 80% de casos se registra en áreas rurales. En Guatemala se contabilizan un aproximado de 1 mil 393 casos de este tipo de cáncer anualmente. A nivel nacional, 22 de cada 100 mil casos terminan en fallecimiento

Por Byron Ramírez

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La diputada Sofía Hernández, de Alianza Ciudadana (AC), trabaja para promover el turismo en el departamento de Huehuetenango, al cual representa, con el fin de reactivar la economía y el comercio local de la zona.

En ese sentido, la congresista Hernández sostuvo una reunión de trabajo con Jorge Mario Chajón, director del Instituto Guatemalteco de Turismo, Inguat, para conocer qué acciones está ejecutando para promover el turismo en Huehuetenango.

Chajón explicó que están impulsando el Plan Maestro en Turismo a nivel nacional, y que entre las prioridades está el departamento de Huehuetenango por la importancia que tienen los sitios arqueológicos, belleza natural y lugares turísticos que hay en esa zona.

“Es importante hacer esfuerzos para que existan alianzas estratégicas entre el sector privado, sociedad civil y los alcaldes de los municipios de Huehuetenango.  Hay que trabajar bien de la mano con los actores principales tomando en cuenta los beneficios económicos  que se obtendrán del turismo nacional como internacional”, dijo el funcionario del Inguat.

La diputada Sofía Hernández dijo que “está interesada en seguir trabajando para promover y fomentar el turismo escolar ya que es importante para los jóvenes que conozcan los sitios y lugares que tiene el distrito de Huehuetenango”.

Al finalizar la reunión acordaron volverse a reunir con los alcaldes, sector privado y sociedad civil para hacer una estrategia en conjunto.

Por José Castellanos

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Diputados de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de la República, en reunión ordinaria de trabajo, analizaron varias iniciativas de ley que han sido remitidas por el Pleno a esa sala para su estudio y dictamen; entre ellas la 5391, ley de rastros.

El objetivo principal de la propuesta es establecer las condiciones higiénico-sanitarias para garantizar la inocuidad de la producción de carne en rastros privados, municipales, departamentales o regionales, establecimientos de transformación y almacenadoras. También establece controles en el transporte de los productos y subproductos cárnicos, velando por la seguridad alimentaria y la salud humana sin afectar el medio ambiente.

El diputado Mike Mérida, presidente de la referida Comisión, indicó que ya tienen preparado el dictamen para el proyecto, pero que esperan aún opinión del Ministerio de Finanzas Públicas sobre la implementación de un impuesto.

Para el diputado Carlos Martínez, del Movimiento Reformador, el dictamen debe firmarse lo antes posible. “Lo más importante es velar por la calidad del producto que están ingiriendo los guatemaltecos y el medio ambiente, después se podrán ver otros aspectos como el tema de un impuesto”, aseveró.

La Comisión de Salud también analiza el contenido de la referida ley de rastos,  por lo que los diputados harán acercamientos con la presidenta de dicha sala, Sofía Hernández, Alianza Ciudadana, para consensuar sus opiniones.

“Vamos a platicar con la diputada Hernández para considerar si podemos tener acuerdos para emitir el dictamen, de lo contrario podríamos hacerlo de  forma individual”, comentó el diputado Mérida.

La Comisión también analiza el contenido de la iniciativa 5423, reforma a la Ley de Protección y Bienestar Animal, que aborda especialmente el tema de los animales de circo, y la iniciativa 4947, ley de agricultura familiar.

Al concluir la reunión, los miembros de la sala legislativa reprogramaron los horarios de sesiones, las cuales se celebrarán el segundo y cuarto miércoles de cada mes a partir de las 11:00 am.

Por Mayra Recinos

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Diputados de la Comisión de Defensa al Consumidor, que preside la diputada Lesly Valenzuela,  sostuvieron una reunión de trabajo con el viceministro de Economía,  Julio Dougherty, y representantes de la DIACO, para conocer el plan de contingencia que ejecuta esa cartera ante el alza en los precios de varios productos de la canasta básica.

Alejandro Pereira, director de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO, explicó que monitorean y publican semanalmente los precios de los 34 productos que se encuentran incluidos en la canasta a fin de informar a la población, pero que “por razones de respeto al libre mercado,  la cartera que representa no puede influir en los precios de los productos, a menos de que el alza en los mismos sea consecuencia de mera especulación”.

Como ejemplo, el funcionario citó la existencia de algunas variables en el precio de los combustibles o en el flujo de energía eléctrica. Informó que están estudiando los casos y que de comprobarse un alza injustificada la DIACO, podrían presentar la denuncia penal correspondiente.

El segundo punto de estudio en la sesión de la Comisión fue la posible creación de la Procuraduría del Consumidor, para el efecto citaron al Viceministro Dougherty a quien solicitaron una opinión y análisis institucional.

El funcionario señalo que la creación de una Procuraduría del Consumidor fortalecería las acciones que por mandato hace el Ministerio de Economía en materia de control de precios y defensa al consumidor. “Se podrían emprender acciones más vinculantes, definitivas y que beneficien directamente a la población”.

Por Wendy Sandoval

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La Comisión de Asuntos de discapacidad, que preside la diputada Sandra Cruz Ramírez, sostuvo este día una reunión de trabajo para analizar la Iniciativa 5415, que dispone aprobar reformas al decreto 3398, Ley de  Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Lo que esta Comisión busca con esta iniciativa es garantizar el derecho y el acceso  de las personas con capacidades especiales como problemas visuales o auditivos, a literatura en formatos especiales y a bajo costo o con gratuidad, teniendo como premisa que el derecho a la educación y a la cultura es un derecho universal según el tratado de Marrakech.

Este tratado, que fue adoptado el 27 de junio de 2013 en Marrakech, Marruecos, forma parte de un cuerpo de tratados internacionales sobre derecho de autor administrados por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI.

Dicha norma fue signada por al menos 50 países para facilitar el acercamiento de las personas con discapacidad visual o con otras dificultades, a la producción mundial de impresos u obras en formatos accesibles.

El Tratado de Marrakech persigue aumentar el número de excepciones al derecho de autor para personas ciegas en las leyes nacionales, permitir y fomentar el intercambio de obras accesibles entre las distintas naciones.

En este sentido los integrantes de la sala de trabajo  continuarán programando reuniones para el análisis de la iniciativa que busca acercar a la legislación Guatemalteca  principios del derecho internacional a favor de las personas con discapacidad

Por Wendy Sandoval

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José Fernando Morales, viceministro de Infraestructura del CIV, compareció ante el diputado  Napoleón Rojas, subjefe de la bancada Unión del Cambio Nacional, electo por el distrito de Santa Rosa, para presentar un informe sobre el avance físico y financiero de puentes en el municipio de Chiquimulilla, y varios tramos carreteros en ese departamento.

Rojas se interesó especialmente por el avance de la reconstrucción del puente Paso Caballos en la aldea Los Cerritos, que comunica a varias aldeas del municipio de Chiquimulilla. Saúl Palacios, director interino de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, Covial, adscrita al CIV, aseguró que el referido proyecto ya fue adjudicado y que están a la espera del acuerdo ministerial que dé luz verde para que la empresa que ganó el proceso de licitación inicie con los trabajos.

“El Ministerio de esta trabajando en los acuerdos y esperamos que a más tardar la otra semana estén listos para que la constructora pueda iniciar con la reconstrucción antes del 15 de mayo”, dijo José Fernando Morales.

El congresista también se mostró interesado en saber del avance del tramo carretero que va del Boquerón a Chiquimulilla, Santa Rosa, ruta de  aproximadamente 36.5 kilómetros, que sufrió daños luego de la tormenta Agatha, en el 2010. El contrato fue adjudicado al año siguiente, sin embargo, la restauración fue suspendida ese mismo año.

“Luego de varios intentos para reconstruir dicho tramo, el evento fue adjudicado y a la fecha cuenta con un avance físico del 35 por ciento  y, a en no menos de 2 semanas se prevé que se acrediten los recursos económicos para que se de  continuidad a los trabajos. Dicha obra cuenta con un presupuesto de Q 72 millones a ejecutarse en 24 meses”, manifestó el funcionario.

El diputado se mostró satisfecho con las respuestas dadas por los nuevos funcionarios, a quienes agradeció su apertura y su presencia, e informó que fiscalizará que los proyectos en cuestión concluyan, ya que una buena infraestructura vial es necesaria para el desarrollo económico del departamento y la movilidad de sus habitantes.

Por Karen Mendoza

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Diputados de la Comisión de Salud del Congreso de la  República solicitaron a las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, abastecer con medicamentos las clínicas y periféricas del  Seguro Social, que se encuentran en los distintos departamentos y municipios del país.

El petitorio fue hecho por los legisladores en atención a varias denuncias de falta de medicamentos para distintas enfermedades. “En algunos casos la falta de insumos ha provocado la muerte de pacientes con enfermedades crónicas o terminales”, aseguran los demandantes.

A la citación  asistieron  Carlos Contreras, presidente de la junta directiva  del  IGSS; Vidal Hernández, gerente del Seguro Social; y Claudia Maselli, procuradora  adjunta de los Derechos Humanos.

En respuesta a la demanda, el Gerente del IGS destacó que la semana comenzaron a entregar los medicamentos a los centros del seguro social, y que a la fecha se cuenta con el 95% de abastecimiento, cumpliendo de esta forma con los mandatos de la Corte.

El IGSS está obligado a cumplir con lo establecido en el amparo 064-2016, que por resolución de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, constituida en Tribunal de Amparo de la Corte Suprema de Justicia obliga a tener abastecidos con medicamentos, material médico-quirúrgico e insumos todos los hospitales, unidades, clínicas y periféricas del seguro social.

“Es lamentable que los medicamentos sean entregados, solo por los amparos interpuestos por los pacientes, pues este es una obligación que tienen los del seguro social, en donde los medicamentos deben ser entregados sin necesidad de amparo”,  aseguró la diputada Sofía Hernández, presidenta de la comisión de Salud.

Antes de concluir la reunión los legisladores  solicitaron a las autoridades del IGSS,  datos sobre los afiliados de todo el a país, personal  y los gastos sobre las planillas, para verificar el gasto en salarios.

Por Karla Herrera

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