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Con 99 votos favor, diputados al Congreso de la República aprobaron, en la sesión ordinaria de este jueves, reformas al decreto 11-2016, Ley de Incremento Económico a las Pensiones otorgadas por el Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado,  que establece un incremento de Q500 a las pensiones, dando así vida jurídica al Decreto 13-2018.

La normativa, que entrará en vigencia un día después de su publicación en el diario oficial, beneficia  a jubilados y pensionados de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones, Guatel, Banco Nacional de la Vivienda, Banvi, discapacitados del Estado en el orden militar y aquellos en los regímenes de pensionados, jubilados y montepíos del Ejército de Guatemala.

La fuente de financiamiento del referido incremento provendrá del Presupuesto General  de Ingresos y Egresos del Estado del ejercicio fiscal 2018, por lo que el artículo  1 Bis, de dicha ley en su último párrafo, faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que haga las readecuaciones necesarias para su pago.

“Con esta aprobación el  Congreso está dando un mensaje correcto,  reconociendo la entrega de aquellos que sirvieron al Estado con su trabajo, y que hoy tienen una pensión raquítica. Estas reformas se lograron con el consenso de muchos de los  partidos políticos representados en el Pleno, y constituyen un beneficio para aquellos que perciben un monto inferior al salario mínimo vigente”, manifestó el jefe del bloque Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Orlando Blanco.

Durante la plenaria también se discutió, en su primer debate, el proyecto de decreto que dispone aprobar la ley para la prevención de la tuberculosis en Guatemala y su control. La propuesta que contiene 26 artículos establece acciones de coordinación, prevención y control de esta enfermedad.

Los congresistas conocieron dos iniciativas de ley, la cuales fueron enviadas a distintas comisiones, según su tema, para estudio y dictamen.  La 5435, que dispone aprobar la ley de promoción de relaciones entre Guatemala y Belice que fue enviada a la Comisión de Relaciones Exteriores. La 5436, que incluye reformas al Decreto 81-87, Ley Orgánica del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala,  que aprueba una ampliación presupuestaria para gastos de funcionamiento, lo que permitirá otorgar un bono de responsabilidad a los miembros de este cuerpo de socorro que desde hace 14 años no reciben ningún incremento salarial y brinda la oportunidad de crear 450  nuevas plazas.

La iniciativa 5251, que incluye reformas al Decreto 21-2016, Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, no contó con los 105 votos requeridos por constituir una ley de rango constitucional, por lo que se mandar a archivar.

El presidente del Congreso, Alvaro Arzú Escobar levantó la sesión y convocó a reunión de la Instancia de Jefes de Bloque, para este viernes 27 de abril, a partir de las 10:30 horas.

Por Karen Mendoza

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Diputados de la Comisión de Deportes, que preside la representante Flor de María Chajón, de la bancada FCN-Nación,  se reunieron  para emitir el dictamen correspondiente a las iniciativas 5418 y 5422 que proponen Reformas al Decreto Número 76-97, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.

Respecto al primer proyecto, la Sala Legislativa dispuso solicitar una prórroga de 45 días para continuar con su análisis y estudio. “El espíritu de esta ley es buscar la autonomía del futbol profesional del deporte federado, por lo que acordamos pedir más tiempo, ya que es un tema muy importante y merece más discusión”, explicó el diputado José Alejandro de León, de la bancada Movimiento Reformador.

La segunda iniciativa que reforma artículo 26 atribuciones, artículo 94 integración, artículo 95, artículo 102, artículo 110, artículo 112 y artículo 220, recibió dictamen desfavorable. “Lo que vemos aquí es que se tocan varios puntos de índole financiero, como el establecimiento de un programa de asistencia médico  gratuito y vitalicio  a exseleccionados nacionales,  pero no se establece su fuente de financiamiento”, dijo el diputado independiente, Germán Velásquez.

La diputada Chajón dijo que se está trabajando en una mesa técnica para hacer cambios fundamentales a la Ley del Deporte, y no se pueden tener dos actividades paralelas sobre el mismo tema.

Por Rosemary Recinos

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Diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, citaron a altos funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA; a representantes de la Contraloría General de Cuentas, CGN; y del banco Crédito Hipotecario Nacional, CHN; con el fin de fiscalizar los diferentes programas que maneja dicho Ministerio.

El diputado Carlos Barreda, subjefe de la bancada, acompañado de la representante Marleny Matías, solicitaron información sobre la rebaja presupuestaria al Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, VISAN, por Q93 millones, lo cual afecta a personas que podrían ser beneficiadas.

“Le quitaron recursos a programas tan importantes de ayuda social. Ahora que el Ministerio de Desarrollo no está  ejecutando, el MAGA debería estar haciendo mayores esfuerzos”, criticó el diputado Barreda.

Mario Méndez Montenegro, titular del MAGA, dio a conocer que esos recursos fueron trasladados para pagos de planillas, e informó que están coordinando con el Ministerio de Finanzas, para que les transfiera Q200 millones. Los congresistas no se mostraron satisfechos con la respuesta y les preocupa que por contratiempos en las transferencias pueda llegar a existir un desabastecimiento de alimentos, cuestión que descartó el Ministro al asegurar que cuentan con suficientes fondos para cumplir con los compromisos.

Otro punto que fue tratado por los congresistas fue el de las planillas de los 14 programas sociales que maneja el MAGA a través de fideicomisos,  las cuales han crecido  año con año. “Tenemos varias denuncias sobre personal contratado en alguno de estos programas manejados por fideicomiso y que en realidad realizan  trabajo político”, denunció el subjefe de la UNE.

Los diputados también  hicieron hincapié en el  programa de Subvención de Insumos Agropecuarios, pues consideran que ha carecido de transparencia en varios aspectos. “El CHN, como banco designado para entregar a los campesinos  cupones de Q200, se ha negado a dar los listados de los beneficiarios debidamente certificados por el Registro Nacional de la Personas, Renap”, indicó Carlos Barreda.

El diputado lamentó que se estén politizando dichos recursos, y dijo que tiene denuncias de la participación de empresas  ligadas a personas de partidos políticos  antiguos como Líder y Patriota. “Vamos a pedir mayor información sobre el Programa de Subvención, pues de acuerdo a denuncias recibidas, tienen a dos mil personas que cobran este cupón, pero que ya están fallecidas”, expresó  el diputado.

Al finalizar la reunión, los congresistas solicitaron que les remitan información detallada sobre los programas que fueron afectados por las transferencias que se hicieron para el pago de planillas; además deberán enviar a la brevedad posible, las planillas de personal que trabaja en los 14 programas sociales que maneja el MAGA a través de fideicomisos. Por último pidieron a los personeros del CHN que les extiendan los listados de los pagos que han realizado a los beneficiarios del Programa de Subvención.

“Toda esta información la vamos a cruzar con los datos que maneja el Renap y la Contraloría General de Cuentas; de encontrar anomalías  presentaremos las denuncias correspondientes”, concluyó el diputado Carlos Barreda.

A la reunión asistieron el Sub Contralor del Gasto Público, César Elías; el titular del VISAN, Manfred Mélgar; Gustavo Varela y José Conde, del CHN.

Por Mayra Recinos

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El Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Alonzo Vargas, compareció ante diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, quienes le solicitaron un informe detallado sobre a quién pertenece y cuánto costó el helicóptero que usó para trasladarse a su centro de votación, el día 15 de abril, por la Consulta Popular.

Los congresistas supieron que la aeronave en la que se transportó el Ministro pertenece a un Ingenio, lo cual podría considerarse como un caso de Tráfico de Influencias, entre otros delitos, manifestó el congresista Carlos Barreda, sub jefe de la (UNE).

Alonzo  dio un detalle de los vuelos contratados por el Ministerio de Ambiente en 2017 y 2018.  “Las cantidades de los pagos varían y los viajes han sido pagados por la institución”, afirmó el funcionario.

Explicó que los traslados a Chiquimula y Zapaca fueron porque hemos tenido problemas con el Motagua. “Tuvimos una demanda internacional por la contaminación que lleva al Río Motagua, y hemos tenido que trabajar con los usuarios de la Cuenca de todo el río. Se gastaron en estos vuelos Q72 mil 520”.

Los congresistas insistieron en conocer qué empresas han sido contratadas por el ministerio. “A nosotros nos presta el servicio la ruta Aéreo Maya, coya contratación se hizo por medio de un evento. Ese día quería un vuelo con esa empresa y no había disponibilidad de helicópteros y llame a un piloto para que me consiguiera una aeronave de emergencia y me la consiguió y hicimos un recorrido a Zacapa sobre la sierra las minas y en el regreso tenía que ir a votar y el piloto me llevo y me dijo que era de cortesía”, comentó Alfonso Alonso, ministro del (MAGA).

El funcionario no logro explicar correctamente a los diputados de que empresa se trataba y se comprometió a enviar la información. Los congresistas solicitaron además que enviara a la bancada la documentación de cuántas licencias de explotación ha firmado y a qué empresas.

En la reunión también participó Cesar Elías, sub contralor del Gasto Público, a quien se le solicitó que analizara el contenido de la información que entregó el Ministro de Ambiente durarte el interrogatorio, y de ser posible que presentara una investigación del caso.

Como conclusión los congresistas hicieron un resumen de lo explicado por  el titular de Maga e indicaron que estarán analizando en la bancada Unidad Nacional de la Esperanza lo actuado y el proceder por el funcionario. De haber indicios se iniciara con entablar una demanda penal en los órganos correspondientes.

Por José Castellanos

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Congresistas que integran la Comisión de Relaciones Exteriores presidida por la diputada Eva Nicolle Monte, del bloque Alianza Ciudadana (AC),  recibieron la  visita de cortesía de embajadores y cónsules honorarios de Guatemala en los países Bálticos y Nórdicos.

La misión diplomática está encabezada por el embajador de Guatemala en Suecia, Francisco Gross. Lo acompañan Peter Didrichsen y Jenny Didrichsen, de Finlandia; Andrea Bochese, de Estonia; Asta Naumenko, de Lituania; Olav Sandven, de Noruega; y Michael Bühlmann, de Dinamarca.  El propósito de la visita es estrechar los lazos de amistad y ampliar la agenda bilateral comercial y cultural de las naciones.

El diputado Julio Lainfiesta, del bloque Unión del Cambio Nacional, calificó el encuentro de Histórico tanto para Guatemala como para los Países Bálticos y Nórdicos, e informó que esta es la primera vez que visita nuestro país en una delegación diplomática en el marco de una visita oficial a Guatemala.

“Guatemala cuenta con países aliados, con esta visita se estrechan aun más los lazos de amistad, cooperación comercial, cultural y se formalizan los grupos parlamentarios de amistad entre los países amigos”, dijo el congresista  Lainfiesta.

La diputada Eva Nicolle, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, comentó que “aunque durante la reunión se mencionó que Guatemala tiene una imagen no confiable a nivel Europa,  los cónsules  opinan lo contrario e indicaron que cuando lleguen a sus países de origen intentarán cambiar esa percepción y presentar a Guatemala como un país con potencial para poder invertir y hacer un trabajo positivo”, explicó la parlamentaria Monte.

El cónsul de Guatemala en Suecia, Francisco Gross, se mostró satisfecho con la reunión y asegura que será de beneficio para las naciones presentes.

“Es la primera vez que una delegación de países Bálticos visita. Esto es el inicio de una relación diplomática aún más fuerte… queremos estrechar la amistad y una agenda bilateral con buenos propósitos” declaró Francisco Gross.

Por José Castellanos

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DIPUTADAS PRESENTAN INICIATIVA DE LEY PARA CREAR LA DIRECCION DE GÉNERO

 

La diputada Sofía Hernández de la Alianza Ciudadana, junto a diputadas de distintas bancadas, presentaron una propuesta de ley para reformar el Decreto 63-94 del Congreso de la República, Ley  Orgánica del organismo Legislativo,  con el fin de crear la Dirección de Genero, en el Congreso.

La propuesta es para que en el Legislativo se tenga una dirección administrativa que pueda brindar  asesorías al momento de presentar  propuestas de ley, en favor de las mujeres, aseguro la diputada Sofía Hernández.

La dirección será un órgano interno del legislativo, por tal razón quienes la dirijan serán contratados por la Junta Directiva del Congreso, quienes deberán ser profesionales conocedores del tema de género.

La propuesta fue presentada a la Dirección Legislativa para su trámite correspondiente y que sea conocida en el pleno, donde las legisladoras esperan tener el apoyo para su aprobación.

Por Karla Herrera

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La instancia de Jefes de Bloque y miembros de Junta Directiva, la cual preside el diputado Alvaro Arzú Escobar, escucharon este miércoles al Ministro de Finanzas Públicas, Minfin; y al Superintendente de Administración Tributaria, SAT; quienes explicaron las condiciones, destino y procedimiento para la ejecución de un préstamo de  USD 55 millones destinado al “Proyecto de Transparencia y Eficiencia en la Administración Tributaria”.

El superintendente  Abel Cruz explicó que el préstamo contenido en la iniciativa de ley 5265, servirá para impulsar el fortalecimiento y modernización del sistema tributario, y permitirá  a la SAT contar con una  plataforma para cobros  de impuestos en línea y agilizar los trámites para hacer los pagos al ente recaudador.

El funcionario dijo a los congresistas que el dinero será invertido en tres ejes principales. El primero de ellos orientado a la transparencia y desarrollo institucional, para lo cual se destinará el 43 por ciento de los fondos, USD23.52 millones. El 50 por ciento, USD 27.66, será para el mejoramiento de las funciones de recaudación; y el 7 por ciento restante, unos USD3.68 millones, para el fortalecimiento de la inteligencia tributaria y auditoría fiscal”.

“Estamos convencidos de que dichos fondos darán como resultado una SAT con recurso humano profesionalizado, una plataforma tecnológica a la vanguardia, mejores controles aduaneros, un servicio al contribuyente ágil y sobre todo una entidad transparente y eficiente”, aseguró el funcionario.

El titular del Minfin, Julio Héctor Estrada, afirmó que el préstamo presenta condiciones atractivas de endeudamiento como un interés de 3.56 por ciento, tomando en cuenta la tasa de referencia intercambiaría de la banca de Londres, Libor, a un plazo de 33 años y con seis años de gracia, además de una ejecución proyectada de 3 o 4 años.

“Este compromiso con el Banco Internacional de Desarrollo si bien es cierto no viene a arreglar todas las deficiencias que tiene la administración tributaria en el país, constituye la columna vertebral de un esfuerzo de inversión multianual que puede generar cambios significativos  en el ente recaudador”, acotó Estrada.

Tras escuchar la exposición, los congresistas de las bancadas Winaq, Encuentro por Guatemala, Partido de Avanzada Nacional, Visión con Valores, Unidad Nacional de la Esperanza y URNG-Maíz coincidieron en solicitar un informe al titular del Tesoro que detalle todas las condiciones de negociación de la deuda.

El referido préstamo es con el Banco Interamericano de Desarrollo, BIRF,  y a la fecha esta  a la espera de ser conocido en su primer debate por el Pleno del Congreso.

Por Karen Mendoza

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Congresistas de la Comisión de Transparencia y Probidad, la cual preside por el diputado Amílcar Pop, del bloque Winaq, sostuvieron una sesión de trabajo con representantes de las “Comisiones Ciudadanas por la Transparencia y la Probidad departamentales”, quienes expusieron los problemas que enfrentan y algunos hallazgo durante su trabajo de fiscalización a las municipalidades y otras instituciones.

Las Comisiones Ciudadanas por la Transparencia y la Probidad Departamentales integradas por líderes comunitarios y vecinos fueron creadas para fiscalizar y  auditar el trabajo de instituciones departamentales que reciben fondos públicos como Municipalidades, Gobernaciones Departamentales,  Organizaciones no Gubernamentales y Consejos de Desarrollo Departamentales.

“Hemos apoyado y acompañado distintos procesos de fiscalización y auditoria social en diferentes departamentos del país. Hemos llevado a cabo varios casos judiciales y prueba de ello es que están en la cárcel más de 86 exfuncionarios, entre exalcaldes y exministros, es por eso que tenemos que fortalecer nuestras alianzas de trabajo”, dijo Amílcar Pop, de Winaq y presidente de la Comisión.

Liz Drumod, facilitadora por el departamento de Izabal, dio a conocer que la municipalidad de Livingston se ha rehusado a dar información respecto de un proyecto de agua potable que se le ha asignado Q27 millones.  “Las autoridades no facilitan la auditoria social para conocer el proceso de ejecución en las compras y contrataciones que llevaran a cabo en este caso” denunció.

Carlos Barrios, coordinador de Comisión del departamento por Quetzaltenango indicó  que ellos hacen auditorias en la mayoría de municipalidades.  “Se nos ha dificultado el trabajo en varios casos por la falta de acceso a la información pública para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura”.

El diputado Pop agradeció a los presentes por el trabajo efectuado y se comprometió a dar seguimiento a los hallazgos y denuncias.

Por José Castellanos

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El diputado Edwin Maldonado Lux, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, se reunió con representantes de la Dirección General de Energía Eléctrica y del Ministerio de Energía y Minas, para buscar una solución a los elevados cobros que hace la empresa distribuidora de energía eléctrica en Retalhuleu.

El diputado Edwin Lux calificó como “delicado” que algunas familias “pagan hasta Q50 al mes por alumbrado público y un aproximado de Q30 a Q35 por el servicio de energía eléctrica, el cual llega hasta sus casas de una manera irregular”.

En la reunión no se llego a una solución, por ello se acordó citar para la próxima semana al Ministro de Energía y Minas, expresó el diputado Edwin Lux. El congresista reiteró que el objeto de la reunión es evitar que se continúen realizando los cobros, ya que existe una resolución municipal de la comuna de Retalhuleu, en la cual se indica que la empresa debe dejar de cobrar por el servicio de alumbrado público.

Al finalizar la reunión el diputado Maldonado Lux  informó que solicitará a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), Contraloría General de Cuentas y  a la Procuraduría de Derechos Humanos que den seguimiento al tema y “evitar que los vecinos de las áreas rurales continúen pagando algo ilegal”.

Por Byron Ramírez

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