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En un plazo aproximado de ocho días las autoridades de la Contraloría General de Cuentas (CGC), deberán entregar a los  integrantes de la bancada TODOS un informe circunstanciado con los hallazgos de la auditoría especial en torno a  la existencia de plazas fantasmas en el Ministerio Público (MP), durante la gestión de Thelma Aldana.

Una de estas plazas sería la del  hijo de Oscar Clemente Marroquín,  de Diario La Hora,  José Carlos Marroquín Pérez,  quien en uno de tres contratos devengó alrededor de Q1 millón por supuestas funciones de consultor local pese a estar 7 años fuera del país.    Marroquín Pérez nunca firmó y logró que se le ampliaran los contratos por medio de un mandatario, lo que le hace incurrir en ilegalidades, según la contraloría.

“Se está trabajando una auditoría especial,  la cual vamos a complementar con la información que nos ha sido entregada y esperamos que en 8 días se remita este informe a la bancada”, dijo el  Contralor en Funciones, Fernando Fernández.

En la reunión los legisladores entregaron un documento que consta de 165 páginas con la información que confirma las anomalías en dicha contratación y solicitó la inmediata investigación. Además cuestionaron a Fernández, sobre el procedimiento para reintegran los fondos erogados en esta contratación.

“No es posible que se admita esta robo al pueblo de Guatemala, exigimos se reintegre este dinero que bien pudo ser utilizado en beneficio de la población”, resaltó el diputado Felipe Alejos, primer Vicepresidente de Junta Directiva.

Otro de los temas que fueron discutidos en la reunión fue  la aparente participación de Marroquín como lobista personal de la ex fiscal y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), debido a que en su contrato no estipula funciones de esa naturaleza. Mientras que el diputado Felipe Alejos anunció acciones legales en contra de Marroquín Pérez por diversos delitos.

Por Isabel Mazariegos

Fotos. Rodrigo Arias.

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Un análisis a las reducciones presupuestarias que se aplicaron a las instituciones del sector justicia realizó el subjefe de la bancada de la Unidad de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco, quien  junto a otros diputados sostuvo una reunión  de trabajo con representantes de esas instituciones.

La presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), Dina Ochoa,  indicó que originalmente ellos pidieron un presupuesto de Q140 millones, sin embargo, les disminuyeron Q2.3 millones. “Con esta reducción vemos un riesgo en los programas de modernización de la gestión, el desarrollo integral de la tecnología, las capacitaciones y en general peligra el acceso a la justicia”, dijo.

En el mismo sentido se pronunció el magistrado Nester Vásquez, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al explicar que solicitaron Q2,985 millones, en el proyecto de presupuesto el Ministerio de Finanzas asignó Q2,386, sin embargo la Comisión legislativa de Finanzas les colocó Q1, 763 millones, lo que representa Q1,222 menos. “Prácticamente nos están regresando a los montos asignados en el 2015”, expresó Vásquez.

Gladys Morales, directora administrativa del Ministerio Público (MP),  en representación de la Fiscal General, Consuelo Porras, lamentó que de Q2, 792 millones que solicitaron, les asignaron Q1,599 millones. “Es decir Q1, 193 millones menos de lo que necesitamos para dar respuesta a las demandas de nuestras funciones”, dijo.  Con ese presupuesto no podremos en funcionamiento 25 fiscalías departamentales previstas para el 2019.

Otras instituciones como la Defensa Pública Penal (DPP) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), también se vieron afectadas, por lo que solicitaron a los diputados de la UNE, su intermediación para continuar funcionando. Esteban Mollinedo, director del  DPP expreso que de Q350 millones solicitados, solo les asignaron Q243. Mientras el INACIF solicitó Q471 millones, le colocaron Q250 millones.

“Vamos a llevar este tema a la instancia de Jefes de Bloque, no deja de preocuparnos esta situación que debilita al sector justicia del país; los motivos obviamente son políticos, pero los resultados son nocivos para todos los guatemaltecos”, concluyó el jefe de la bancada, Orlando Blanco.

 Por Mayra Barillas Recinos

Fotos Elder Carío

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Ante la Instancia de Jefes de Bloque y Junta Directiva el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Nester Mauricio Vásquez Pimentel  expuso la situación  que podría atravesar ese órgano administrador de justicia para el próximo año, tras el recorte de cerca Q1,222 millones en su presupuesto.

De acuerdo con el magistrado, para el 2019 el techo presupuestario del OJ fue propuesto en Q2, 985 millones, recursos que fueron recortados en un 20 por ciento por el Ministerio de Finanzas Públicas y en un 40 por ciento en el dictamen del proyecto de presupuesto para el próximo año.

“Se han atacado los saldos de caja que tiene el Organismo Judicial, sin embargo hay que entender que de los casi Q1, 600 millones de recursos solo  Q619 millones son ingresos propios. Este recorte  pone en riesgo la apertura de nuevos juzgados”, lamentó Vásquez Pimentel.

Los congresistas acordaron que será la mesa técnica que analizará el tema y dará  una solución a la crisis financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala y un aumento salarial a los profesionales de la salud que atienden la red hospitalaria en el país.

Por aparte, las agendas legislativas que se conocerán en las sesiones ordinarias del próximo martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de noviembre a partir de las 14:00 y 10:00 horas fueron aprobadas en la reunión de esta instancia.

En su segundo debate serán discutidos los registros 5466 y 5474, reformas al Decreto 51-92, Código Procesal Penal y que  plantean novedades como el cese al encarcelamiento en la etapa intermedia del proceso y ofrece una medida sustitutiva a personas de la tercera edad involucrados en algún delito.

Los congresistas retomarán la discusión en tercera lectura del proyecto que dispone aprobar la ley para la reactivación económica del café, que incluye una ampliación por 25 años de la vigencia del beneficio constituido en el 2001 a favor de este sector económico. Dicho registro fue incluido en la agenda por el subjefe del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barreda.

En este punto se agregó,  a solicitud del congresista Manuel Conde del Partido de Avanzada Nacional (PAN) la iniciativa 5311, la cual plantea reformas al Decreto 51-92 Código Procesal Penal al establecer el procedimiento especial de aceptación de cargos, con lo que se espera el descongestionamiento en el sistema penitenciario. Mientras que en tercer debate, por artículos y redacción final se prevé que pase el registro 5257, reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo.

Para el miércoles, el único punto en agenda será la aprobación por artículos y redacción final de las reformas al Decreto 1-85, de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos (5059, 5158). La discusión se retomará en el artículo 10 que reforma el 27 Bis relacionado a la inscripción de las asambleas.

En tanto,  el jueves los legisladores continuarán con la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto que dispone aprobar la ley de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado por el ejercicio fiscal 2019.

Por Karen Mendoza

Fotos Héctor Monroy

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En la sexagésima quinta sesión ordinaria celebrada este lunes en  el Congreso de la República fue aprobada en su tercer debate la iniciativa 5496 que dispone aprobar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2019.

Fueron 113 votos a favor,  los legisladores avalaron que la propuesta continúe su trámite quedando pendiente su aprobación por artículos y redacción final.

Durante la sesión también se aprobó con 103 votos el Acuerdo 23-2018 que contiene el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Legislativo para el ejercicio fiscal 2019 el cual asciende a Q 792 millones 036 mil. De estos recursos, se destinarán Q100 millones a la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos; Q13 millones para el Parlamento Centroamericano y Q2.4 millones para la Corte Centroamericana de Justicia.

En esta jornada de trabajo también fue conocida en su segundo debate la iniciativa 5204 que propone  aprobar la ley de dignificación del trabajador de salud, la cual será programada  para su trámite siguiente.

Al concluir, el Presidente del Legislativo, diputado Álvaro Arzú Escobar convocó a los legisladores a sesionar este martes para continuar con la agenda de trabajo.

Por Isabel Mazariegos

Fotos Rodrigo Arias/Héctor Monroy.

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 Con el fin de avanzar en la aprobación de la agenda legislativa, este día la instancia de Jefes de Bloque y Junta Directiva acordaron sesionar el próximo lunes 19 de noviembre, a partir de las 14:00 horas.

Dentro de los puntos de la plenaria de ese día resalta la discusión en tercer debate el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019. Asimismo los legisladores conocerán el acuerdo de proyecto que dispone aprobar el presupuesto del Organismo Legislativo para el próximo año.

En otro punto de la agenda fue incluido, a solicitud del diputado del bloque Movimiento Reformador, Luis Hernández Azmitia el registro 5204. Dicha iniciativa busca dignificar a los trabajadores del sector salubrista del país.

Al concluir la reunión el presidente Alvaro Arzú Escobar convocó a los representantes a la sesión de dicha instancia para este lunes a partir de las 12:00 horas, en la que participarán magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes expondrán sobre el presupuesto 2019 de ese Organismo de Estado.

Por Karen Mendoza

Fotos Héctor Monroy

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En su calidad de mediadora y a petición de los pobladores y autoridades del municipio de San Carlos Sija, Quetzaltenango,  la diputada Delia Back, de la bancada Alianza Ciudadana, se reunió con Axel Romero, viceministro de Prevención de la Violencia y del Delito, del ministerio de Gobernación, y con Erwin Tzi, director General de la Policía Nacional Civil.

El propósito, solicitar más patrullas y agentes de la Policía Nacional Civil en dicho lugar de 45,000 habitantes, de 148 kilómetros cuadrados, 65 comunidades, 45 caseríos y 20 aldeas. Es muy difícil cubrir todo el municipio  ya que solo contamos con 14 elementos para resguardar la seguridad de la población”, reconoció Julio Barrios, jefe de la Comisaria de dicho municipio.

Por su parte Benjamín Santos, Quinto Concejal comentó, “actualmente nuestro municipio es muy tranquilo y no queremos que se llene de delincuentes, por ello requerimos que se tomen las medidas preventivas,  antes de que se convierta en una región violenta y fuera de control”.

Enviaremos  a 12 agentes, seis  a partir de hoy y seis más en diciembre, dijo el Director de la institución policíaca, Edwin Tzi, quien se comprometió a proporcionar  una patrulla nueva inmediatamente, y una usada en los próximos días. “Se contempla la construcción de una subestación policial en San Carlos Sija”, indicó.

Los pobladores se mostraron muy satisfechos por los resultados obtenidos durante la reunión de trabajo y agradecieron la intermediación y el apoyo  de la diputada Back.

“Estaré pendiente y daré el seguimiento necesario para verificar que efectivamente se cumpla con los acuerdos alcanzados en este día para beneficio del municipio” afirmó la legisladora.

Por Rosemary Recinos.

Fotos. Edwin Méndez.

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Reforzar el análisis de la iniciativa de ley 5311 que propone la Ley de Aceptación de Cargos buscan los diputados que conforman la comisión específica que analiza dicha propuesta y por ello se reunieron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Néster Mauricio Vásquez y magistrados de dicha corte.

Durante la reunión, el diputado Manuel Conde Orellana, presidente de esa comisión, aseguró que reforzar el estudio de la propuesta,  previo a ser conocida en su tercera lectura en el pleno del Congreso de la República es importante para llegar a un acuerdo en cuanto a la reducción de penas.

En las reformas al artículo 491 del código procesal Penal, se detalla que toda persona ligada a proceso penal tiene el derecho de aceptar los cargos que el Ministerio Público le  formule, en tanto haya sido acogido por el juez o tribunal, lo que implica aceptar los hechos con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Uno de los temas que se analiza es la reducción de penas a imponer a quienes acepten los cargos, que podría ser de hasta el 50 por ciento, lo que se analizará previo a conocer el proyecto por artículos y redacción final.

Por Karla Herrera

Fotos. Edwin Méndez

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Los miembros de la Comisión de Deportes, que preside la diputada Flor de María Chajón, continúan buscando la solución al problema que viven pobladores y deportistas de Jutiapa, quienes no pueden utilizar el Complejo Deportivo del lugar debido a que fue construido en un terreno que no es propiedad del Estado.

En una reunión programada por la comisión, en la que participaron  los representantes de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, pobladores del departamento en mención denunciaron que no tienen un espacio para  realizar sus actividades deportivas y que si desean hacer uso de las Instalaciones del Complejo, deben pagar a los dueños del terreno para ingresar.

Por ello el diputado Augusto César Sandino Reyes presentó la iniciativa de ley No. 5521, con la cual se pretende que el terreno en disputa pase a ser propiedad del Estado, beneficiando así a todos los deportistas de la región, incluso atletas federados.

Los diputados que integran la Sala de trabajo indicaron que darán seguimiento al problema  y harán un estudio a detalle de la iniciativa de ley para emitir el respectivo dictamen.

Texto y fotos.  Estuardo Zeceña

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Asignar a las autoridades del Ministerio de Economía la responsabilidad legal  de  impulsar y coordinar el desarrollo cooperativo y  el fortalecimiento de las políticas de estado que apoyen a ese sector, es la propuesta que presentaron representantes del Banco Mundial al diputado Julio Longo, integrante de la  Comisión Legislativa de Cooperativismo y ONG\'s.

Esta propuesta del organismo financiero internacional es parte del análisis que se hace a la iniciativa de ley que propone reformas al Decreto 82-78, Ley de Cooperativas y que propició la reunión entre el congresista y personeros del Banco en mención.

La propuesta de reforma plantea, entre otros aspectos,  la  actualización en el Registro de las Cooperativas y la Fiscalización por parte de la  Superintendencia de Bancos (SIB)  de aquellas cooperativas con un patrimonio mayor a  los Q200 millones.

El Diputado Julio Longo ve promisorio que la Sala de trabajo de Cooperativismo promueva una reforma y actualización del sector cooperativo en general y de las Cooperativas de ahorro y crédito en particular.

Por. Wendy Sandoval

Fotos. Edwin Méndez.

 

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