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Los integrantes de la  Comisión de Economía y Comercio Exterior, que preside el diputado Carlos Barreda (UNE), escucharon los planteamientos del ministro de Economía y Comercio Exterior (MINECO), Acisclo Valladares, y su equipo de asesores, sobre los alcances y beneficios de la iniciativa 5454, referente al Protocolo de adhesión de la República de Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre la Asociación Europea de Libre Cambio AELC y los Estados Centroamericanos, el cual deber ser ratificado por el Congreso de la República.

Según indicaron los funcionarios, los beneficios de este TLC para Guatemala se enmarcan en la consolidación del mercado del continente Europeo, en el cual se alcanzaría el acceso para productos de exportación como, café, alcohol etílico, banano, arvejas, miel, frutas tropicales, hortalizas y legumbres, así como flores de corte ,  ornamentales y aceite de palma, entre otros. Además se logra potencializar productos que a futuro Guatemala puede desarrollar para su exportación y se tendrá el 100 por ciento de libre acceso a todos los productos industriales.

En cuanto a los beneficios que obtendrán los países del AELC con el Tratado en mención, los representantes del MINECO, indicaron que podrán  acceder al mercado más grande la región Centroamericana, incluyendo aperturas con preferencias arancelarias a productos como, carnes deshidratadas, lácteos, chocolates, vinos, bebidas alcohólicas típicas de la región, y productos del mar, entre otros. Así mismo se apertura el 99.6 por ciento del sector industrial.

La diputada Eugenia Tabush de la bancada VIVA, explicó que establecer un  balance verdadero de los beneficios entre ambas naciones, con el fin de que Guatemala no quede de alguna forma en desventaja.

El diputado Barreda explicó que esta iniciativa fue remitida a la Comisión de Economía del Congreso, y  a la de Relaciones Exteriores, por lo que la sala de trabajo a la que representa, cumplirá con el mandato del pleno y procederán a dictaminarla la próxima semana.

Los países que integran el AELC, son  Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, los cuales no forman parte de la Unión Europea.

Por Mayra Recinos

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El presidente de la Comisión de Desarrollo Social del Congreso, diputado Jairo Flores, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), sociabilizó con integrantes de la sala de trabajo, la iniciativa de ley que busca reglamentar el etiquetado de productos comestibles comercializados en nuestro país.

“El espíritu fundamental de la norma es reglamentar el etiquetado de productos consumidos por los guatemaltecos, con el objeto de identificar el contenido en pro de la salud de las personas”, argumentó el congresista.

El diputado Flores explicó que una gran parte de población guatemalteca padece de obesidad debido a la mala alimentación. Según la Organización Mundial de la Salud el 71% de adultos tiene este mal, colocándonos en el décimo lugar a nivel mundial.

“El sobrepeso genera enfermedades mortales por lo cual es importante impulsar la iniciativa que será presentada el próximo 4 de junio en Dirección Legislativa. El etiquetado de productos servirá para que conozcamos los componentes de su fabricación y sepamos qué estamos comiendo”, dijo.

Explicó que la elaboración del reglamento de la ley quedaría en manos del Ministerio de Salud y Asistencia Social, (MSPAS), con la colaboración del Ministerio de Economía, en un plazo de 60 días hábiles después de aprobada la iniciativa, se acordó en la reunión.

Amílcar Pop, de Winaq, hizo ver la importancia de la iniciativa y agregó que es necesario incluir entre sus artículos las sanciones que podrían imponerse a quien incumpla la norma. Hablamos de multas o cancelación de licencias de producción, dependiendo la falta que hayan cometido al no etiquetar correctamente los productos.

Es importante que en el empaque se detalle qué se ha usado en la elaboración del producto, cuso de colorantes artificiales, azúcares, grasas y gluten, que no solo deben ser registrados en la etiqueta sino debe ser plasmado en el Registro Sanitario que debe tener cada producto ante el MSPAS.

El etiquetado de los productos alimenticios constituye un importante instrumento para la protección de los consumidores en tanto en cuanto les facilita la información necesaria sobre la naturaleza y las características de dichos productos, lo que permite adquirirlos y  consumirlos con pleno conocimiento de causa.

Por Fernando Bolaños

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Los diputados Orlando Blanco, Karina Paz y Carlos Barreda, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, se reunieron este miércoles con autoridades del Instituto Nacional de Estadística, INE, a quienes pidieron un informe detallado del avance del XII Censo Poblacional y de Vivienda 2018.

Eduardo Ríos, director del Censo Nacional del Fondo de Población de Naciones Unidas, FPNU, explicó que en febrero concluyó el levantamiento cartográfico que registró 3.99 millones de estructuras, cifra que tuvo un incremento del 21 por ciento comparado con lo obtenido en 2006, que fue de 3.78 millones de edificaciones.

El funcionario aseguró que la fase de digitalización  se completará en la tercera semana de junio y que los resultados finales del censo podrían estar listos para el mes de agosto de 2019, lo que significa casi un año de retraso, según lo programado por el INE.

“Dicho retraso obedece al no seguimiento de la recomendación internacional de efectuar cada 10 años un censo, lo que originó que se identificarán más estructuras de lo que se tenía proyectado, dando como resultado el incumplimiento de los tiempos en el cronograma” informó Ríos.

Néstor Guerra, gerente del INE, dijo que el crecimiento de la vivienda además de constituir un factor que atrasó el proceso censal, creó la necesidad de mayores recursos económicos para llevarlo a cabo. “Por ello se está trabajando en una ampliación del presupuesto por un monto de Q57.7 millones para este año y unos Q20 millones más para el 2019”, informó.

Otro de los temas que se trataron en la reunión a solicitud del congresista Carlos Barreda, fue el de la ejecución de los fondos y la fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas en cuanto a la calidad del gasto de dicho recurso económico.

Guerra afirmó que a la fecha se han ejecutado al menos de Q112 millones, lo que constituye un 42 por ciento del techo presupuestario, el cual es de Q269 millones según lo aprobado por el Congreso de la República, para el efecto, en 2016. “La Contraloría ha dado acompañamiento a cada fase del proceso lo que le ha permitido a dicho ente, auditar la calidad del gasto”, mencionó el funcionario.

Finalmente el jefe del bloque UNE, Orlando Blanco manifestó que aún quedan ciertas dudas en cuanto a si es necesario o no la ampliación de fondos a la que hizo referencia el titular del INE. “Nos preocupa que una mala planificación, ocasione que se deba dar una ampliación  en un tema por demás cuestionado”, concluyó.

Por Karen Mendoza

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Diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, citaron a altos funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA; a representantes de la Contraloría General de Cuentas, CGN; y del banco Crédito Hipotecario Nacional, CHN; con el fin de fiscalizar los diferentes programas que maneja dicho Ministerio.

El diputado Carlos Barreda, subjefe de la bancada, acompañado de la representante Marleny Matías, solicitaron información sobre la rebaja presupuestaria al Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, VISAN, por Q93 millones, lo cual afecta a personas que podrían ser beneficiadas.

“Le quitaron recursos a programas tan importantes de ayuda social. Ahora que el Ministerio de Desarrollo no está  ejecutando, el MAGA debería estar haciendo mayores esfuerzos”, criticó el diputado Barreda.

Mario Méndez Montenegro, titular del MAGA, dio a conocer que esos recursos fueron trasladados para pagos de planillas, e informó que están coordinando con el Ministerio de Finanzas, para que les transfiera Q200 millones. Los congresistas no se mostraron satisfechos con la respuesta y les preocupa que por contratiempos en las transferencias pueda llegar a existir un desabastecimiento de alimentos, cuestión que descartó el Ministro al asegurar que cuentan con suficientes fondos para cumplir con los compromisos.

Otro punto que fue tratado por los congresistas fue el de las planillas de los 14 programas sociales que maneja el MAGA a través de fideicomisos,  las cuales han crecido  año con año. “Tenemos varias denuncias sobre personal contratado en alguno de estos programas manejados por fideicomiso y que en realidad realizan  trabajo político”, denunció el subjefe de la UNE.

Los diputados también  hicieron hincapié en el  programa de Subvención de Insumos Agropecuarios, pues consideran que ha carecido de transparencia en varios aspectos. “El CHN, como banco designado para entregar a los campesinos  cupones de Q200, se ha negado a dar los listados de los beneficiarios debidamente certificados por el Registro Nacional de la Personas, Renap”, indicó Carlos Barreda.

El diputado lamentó que se estén politizando dichos recursos, y dijo que tiene denuncias de la participación de empresas  ligadas a personas de partidos políticos  antiguos como Líder y Patriota. “Vamos a pedir mayor información sobre el Programa de Subvención, pues de acuerdo a denuncias recibidas, tienen a dos mil personas que cobran este cupón, pero que ya están fallecidas”, expresó  el diputado.

Al finalizar la reunión, los congresistas solicitaron que les remitan información detallada sobre los programas que fueron afectados por las transferencias que se hicieron para el pago de planillas; además deberán enviar a la brevedad posible, las planillas de personal que trabaja en los 14 programas sociales que maneja el MAGA a través de fideicomisos. Por último pidieron a los personeros del CHN que les extiendan los listados de los pagos que han realizado a los beneficiarios del Programa de Subvención.

“Toda esta información la vamos a cruzar con los datos que maneja el Renap y la Contraloría General de Cuentas; de encontrar anomalías  presentaremos las denuncias correspondientes”, concluyó el diputado Carlos Barreda.

A la reunión asistieron el Sub Contralor del Gasto Público, César Elías; el titular del VISAN, Manfred Mélgar; Gustavo Varela y José Conde, del CHN.

Por Mayra Recinos

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Diputados de la Comisión de Asuntos Municipales, presidida por la parlamentaria Sandra Patricia Sandoval (FCN-Nación), citaron a integrantes de la Comisión de Cálculo Matemático para la distribución del situado constitucional a las municipalidades, para analizar a que se debe la reducción de la asignación presupuestaria para el presente ejercicio fiscal.

El problema surgió a partir de que  a 67 municipios se les redujo el aporte debido a un error en los datos, según informó el  Instituto Nacional de Estadística (INE), por  lo que se continúa buscando  los mecanismos legales para solucionarlo.

“La ley establece como agregar aldeas y caseríos, pero no plantea como reducirlos, entonces, ¿a cuenta de qué el INE redujo 965 (aldeas y caseríos) a unos municipios, y en cambio agregó 745 a otros? Además lo hizo fuera de tiempo y sin notificar a la comisión”, expresó Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades.

El diputado Haroldo Quej Chen (UNE), expresó: “Aquí la única salida es que cada alcalde presente una acción de inconstitucionalidad, porque lo que hicieron no tiene sustento legal. Si no  se aprobó el presupuesto del Estado 2018, la asignación debería ser la misma del año pasado”.

“A todas luces, vemos que se violentó la Constitución política de la república, por lo que nos reuniremos con esta sala legislativa para determinar qué acciones legales tomaremos al respecto”, concluyó la diputada Sandoval.

Por Rosemary Recinos

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En una reunión con representantes de diversas entidades gubernamentales, el diputado Edwin Lux, de la Unidad Nacional de la Esperanza, solicitó que demanden a la empresa distribuidora de energía eléctrica Energuate, con el fin de que a la brevedad posible reinstale el servicio de electricidad a comunidades de Retalhuleu y San Marcos.

A la cita acudieron funcionarios de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), Dirección de Atención al Consumidor (Diaco), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Contraloría General de Cuentas (CGC), Procuraduría General de la Nación (PGN), y los Ministerios de Educación, Salud y Gobernación.

El congresista Lux, y los diputados Lesly Valenzuela y Juan Carlos Salanic, también de la UNE, coordinan una mesa de trabajo que incluye a representantes de las comunidades Caballo Blanco, de Retalhuleu, y Malacatán, San Marcos, a quienes Energuate les cortó el fluido eléctrico argumentando atrasos en el pago y conexiones ilícitas, pero los vecinos se quejan de mal servicio y cobros irregulares por parte de la distribuidora.

“Algunas de las instituciones ya entregaron el informe de la investigación para que se reinstale el servicio; sin embargo, la PGN no ha demandado a la distribuidora para que las comunidades cuenten de nuevo con este servicio”, explicó el legislador Lux. Agrego que la mesa de trabajo continuará su esfuerzo para que las comunidades ya mencionadas recuperen el servicio de energía que tanto necesitan los hogares, comercios, escuelas, centros de salud.

Asimismo, solicitó a la PGN que la próxima semana presente un informe de lo actuado, ya que la mesa de trabajo que vela por los intereses de la población no se levantará hasta que los vecinos cuenten con energía eléctrica.

Por René Rodríguez

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La comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario, presidida por la diputada Lesly Valenzuela, de la Unidad Nacional de la Esperanza, definió este martes la agenda básica en la que basarán su trabajo durante el período legislativo 2018-2019.

Según la congresista Valenzuela, el tema principal de la agenda es la creación de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, la cual debió haberse creado en 2008 por mandato del artículo 107, del decreto legislativo 6-2003, para sustituir a la Dirección de Defensa del Consumidor (Diaco), la cual actualmente está adscrita al Ministerio de Economía.

Los miembros de esta sala de trabajo también van a analizar las regulaciones sobre metrología, la ciencia que estudia y establece los pesos y medidas, ya que según la legisladora, esto actualmente solo rige la distribución de los combustibles, no así la venta de los demás productos de consumo diario.

Por Antonio Ordoñez

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La Comisión de Integración Regional del Congreso de la República, discutió hoy sobre la necesidad de impulsar una iniciativa de ley para que por medio de un decreto se fortalezca el Consejo de Integración Regional, el cual ya existe creado por el Organismo Ejecutivo.

“Queremos conocer el funcionamiento del consejo, sus actividades en materia económica y en política exterior, que se nos detalle sus planes de acción, siendo uno de los temas de interés el denominado triangulo norte, donde se incluye Guatemala, Honduras y el Salvador” dijo la diputada Lucrecia Samayoa (UNE), presidenta de la comisión.

Para el efecto se acordó citar para el próximo 14 de marzo a los ministros de Economía, Acisclo Valladares Urruela, y Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, para que informen sobre los avances de sus carteras en el tema de la integración regional, y la conformación del actual Consejo de Integración Regional, como entidad encargada de promover políticas económicas en el exterior.

La congresista Samayoa también se refirió a la importancia de la integración centroamericana y el trabajo que se debe realizar en conjunto con el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Por Fernando Bolaños

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Luego de analizar la propuesta de ley 5199, que pretende reformar el  Decreto 4441 del Congreso de la República, Ley  de Sindicalización y Regulación de Huelga de  Trabajadores del Estado, diputados de la Comisión de Trabajo tomaron la decisión de retirar la iniciativa  y presentar una nueva con los cambios requeridos.

Guatemala se hizo miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1948 y en 1952 ratificó el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización, por lo que se hace necesario actualizar la legislación nacional.

A la reunión de la comisión de hoy acudieron la ministra de Trabajo y Previsión Social, Leticia Teleguario; Sergio Paxton, representante de la OIT en Guatemala; Francisco Mendoza, del Sindicato Global de Guatemala,  y Diego Ricci, del sector empresarial.

Mendoza destacó que entre  los cambios requeridos esta el derecho a la huelga,  que los trabajadores temporales tengan beneficios,  como seguro y prestaciones laborales,  y la creación de nuevos sindicatos sin mayores obstáculos.

El presidente de  la Comisión de Trabajo, Dalio Berreondo (UNE), destacó que  para la segunda semana de abril se reunirán nuevamente para continuar con el estudio de la propuesta  de ley,  con lo que se espera cumplir con los convenios firmados por Guatemala con la OIT.

Por Karla Herrera

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