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Ante el aumento de los precios de los combustibles, los diputados de la bancada de la Unidad Nacional de la  Esperanza cuestionaron a Luis Chang, ministro de Energía y Minas, y a Daniel Pereira, director de la  Dirección  de Atención al  Consumidor (DIACO), sobre las medidas que llevan a cabo para evitar prácticas anticompetitivas y monopólicas.

Luis Chang aseguró que “se han presentado denuncias ante el Ministerio Público contra varias  distribuidoras de combustible, por el monopolio de la gasolina, al poner los mismos precios en las gasolineras”.

A la reunión también asistieron la viceministra de Economía, Gloria Zarazúa, y la  procuradora adjunta de  Derechos Humanos, Miriam Raquel, quienes aseguraron que están haciendo monitorios

El director de la Diaco aseguró que están haciendo operativos en las distintas gasolineras del país para verificar los precios y determinar que no exista monopolio o especulación de precios.

“Nos preocupa que exista este incremento de precios. Hicimos un recorrido por varias gasolineras  y  nos percatamos que también existe una publicidad engañosa, pues anuncian unos precios y al momento de pagar  es otra cantidad, por lo que creemos que se debe verificar estos anuncios  y evitar que los propietarios de las gasolinera se burlen de la población”, puntualizo el diputado Carlos Barreda, de la  UNE.

Por Karla Herrera

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El diputado Julio Ixcamey, de la bancada UNE,  junto con asesores de la tercera vicepresidencia del Congreso y asesores de la Comisión de Educación de este alto Organismo, se reunieron con representantes del Magisterio nacional y autoridades del Ministerio de Educación, para  iniciar  el trabajo de la mesa técnica de acompañamiento que busca mecanismos que permitan a los empleados del Estado consolidar deudas por préstamos, con  entidades bancarias.

El director financiero del ministerio de Educación, Donaldo Carías, indicó que de acuerdo con su análisis casi el 20 por ciento de la nómina de dicha dependencia va para pagos de convenios de préstamos de los maestros con el Banrural. “Seguramente se manejan cifras parecidas con otros bancos pero de eso no nos percatamos porque son convenios personales”, dijo.

Los maestros están sumamente endeudados con las diferentes entidades bancarias, como el Banco de Desarrollo Rural (Banrural), Banco de los Trabajadores (Bantrab) y el Crédito Hipotecario Nacional (CHN)  explicó el diputado Ixcamey. “Desde que iniciamos a discutir sobre el tema se han acercado empleados del sector Salud e incluso agentes de la Policía Nacional Civil, por lo que estamos trabajando en opciones para todos los empleados del Estado”.

Ixcamey agregó que, debido a la forma en que están las normas bancarias y que los mismos prestatarios aceptan es que no logran controlar los intereses que les cobran, debido a que aceptan términos de intereses variables, entre otros.

Luis Mérida, maestro del sur occidente del país, solicitó a las autoridades presentes que les ayuden a  consolidar sus deudas con Banrural, y además que los plazos para los créditos fiduciarios ya no sean de cinco años, sino que alcancen hasta los 15 años, con el fin de poder obtener cuotas más bajas. “Pero sobre todo intereses fijos y tasas más bajas”, expresó.

El diputado Ixcamey indicó que dará seguimiento a este tema y que analiza reunirse con representantes de las entidades bancarias y de la Superintendencia de Bancos para buscar una solución al problema. La cita para la próxima reunión se estableció para el 5 de junio a partir de las nueve de la mañana.

Por Mayra Recinos

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El diputado Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso, inauguró el diplomado de liderazgo “La Transformación está en Mí”, dirigido al personal que labora en este Alto Organismo, el cual es organizado por el departamento de Formación y Capacitación, con el apoyo de la asociación Guatemala Próspera”.

El diplomado tiene una duración de 30 semanas y busca empoderar a los trabajadores y motivarlos a alcanzar su máximo potencial tanto a nivel personal como profesional, con el propósito de iniciar una transformación profunda y positiva,  y que los resultados se vean reflejados  en un mejor desempeño administrativo para esta entidad.

Eduardo Magermans, director de Guatemala Próspera, expresó que este aprendizaje le proporcionará al asistente las herramientas necesarias para provocar  un  cambio en su oficina y también en su hogar, pero sobre todo para empezar a hacer un cambio para  transformar esta nación.

“Vamos paso a paso, un guatemalteco a la vez, creemos que ustedes como trabajadores del Organismo Legislativo, son agentes de cambio y es motivador ver que se han sumado a este reto”, comentó.

Por su parte, el diputado Alejos agradeció que se implemente en el Congreso este proyecto de trasformación, y saludo a la red de instituciones que ha apoyado para fortalecer sus resultados”.

El congresista resaltó la importancia que cada trabajador tiene dentro de esta institución. “Estoy seguro que este tiempo será  aprovechado al máximo y que en cada uno de ustedes se formará un nuevo líder que motivará a su equipo de trabajo a hacer más eficientes   las tareas que se realizan en beneficio del Congreso de la República”.

Por Rosemary Recinos.

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La diputada Sandra Morán, de Convergencia, se ha dado a la tarea, entre otras cosas de proteger los derechos de los vendedores informales quienes denuncian haber sufrido violencia por parte de policías municipales.

Para evaluar la situación y buscar una salida pacífica al problema  este día se reunió la Mesa Técnica donde se analiza el caso en la cual participan representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Ministerios de Gobernación, Economía, Trabajo y Previsión Social, Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), Policía Nacional Civil y el IGGS.

“Los vendedores han denunciado que  agentes municipales los tratan con violencia. Hoy estuvo el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades y dialogamos sobre la legalidad de la actuación de los policías ante estos desalojos violentos, esperemos que se busque los mecanismos para prevenir la violencia”, dijo la representante Morán.

Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva, refirió reconoció que “existe violencia en algunos  mercados; yo como alcalde recibo quejas de vendedores ambulantes. Como alcalde y presidente de la Anam no estoy de acuerdo con cualquier acto de violencia, pero se deben cumplir con los procesos administrativos y legales”.

Antonio Tzuban, subdirector de Prevención del Delito de la PNC, explicó la labor que están llevando a cabo en las áreas de conflictividad. “Con las directrices del viceministro de prevención estamos trabajando y acercándonos a los vendedores de los mercados para darles a conocer sus derechos y obligaciones. Con los vendedores ambulantes es un poco costoso porque no están bien organizados solo en la capital más no en los municipios”.

Gabriel Aguilera, viceministro de Previsión Social y Empleo, comentó que “el tema de la informalidad hacia la formalidad, es una prioridad que se tiene que llevar a cabo porque es una política nacional de empleo digno la cual se debe de implementarla en el Ministerio de Trabajo. Ya tenemos una mesa técnica interinstitucional de la cual surge una sub comisión específica para el tránsito a la formalidad”.

Werner Ovalle, intendente de la SAT, dijo que “se tiene que buscar la forma en que los comerciantes informales se interesen en tener una cultura de tributar porque son un sector importante que opera la economía. En la institución que represento se están haciendo los esfuerzos para incluirlos y se llenen las metas de tributación en el país”,  dijo.

Por José Castellanos

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En cumplimiento con su función de fiscalización, los diputados Oscar Argueta y Santiago Nájera, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), citaron a María Toledo, Gobernadora Departamental, y a alcaldes del departamento de Suchitepéquez, con quienes discutieron el avance de obra gris y desembolsos monetarios efectuados a favor de los Consejos de Desarrollo Departamental (Codedes).

A los legisladores les preocupa las denuncias que han recibido por parte de alcaldes de que se han extraviado documentos de los expedientes de contratos de obras, lo cual ha  paralizado las ejecuciones. “Hemos podido observar incumplimiento en varias obras donde ni siquiera se considera el ancho de la carretera para que pasen dos vehículos a la vez”, manifestó Argueta.

Nájera solicitó a la Gobernadora que le sean facilitados los listados de proyectos que se ejecutan actualmente, sus avances físicos y financieros, con el objeto de hacer junto con la Contraloría General de Cuentas (CGC), una revisión de los proyectos los cuales no serán recibidos por los alcaldes por tener anomalías.

La Gobernadora indicó que el año anterior asignaron Q97 millones para ejecución en obras que administran los Codedes. “Ejecutamos Q85 millones, y tenemos pendiente de pago otros Q25 millones, repartidos en 7  proyectos de caminos, en 3 municipios del departamento”, explicó la funcionaria.

El representante de la CGC, Cesar Elías, confirmó que han hecho las auditorias correspondientes detectando anomalías en pagos e incumplimiento de obras, estos hallazgos han sido plasmados en el informe anual de la entidad, que entregaran la próxima semana, expresó.

Los alcaldes en conjunto exigieron agilizar los trámites de desembolsos para que los proyectos sean concluidos, con el objeto de cerrar los mismos y enfocarse en nuevas obras que se tienen proyectadas para este año.

Por Fernando Bolaños

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La  Comisión de Asuntos Electorales, que preside el diputado Luis Alonzo Pernilla, de la bancada FCN Nación, conoció este día una solicitud del Tribunal Supremo Electoral (TSE)  para que el presupuesto asignado aumente de Q 300 millones 326 mil y a Q1 mil 200 millones, de cara a las elecciones generales de 2019.

Nidia Sandoval, de Tribunal Supremo Electoral, explicó que según el artículo 122 de la Ley Electoral el presupuesto del TSE corresponde a una asignación no menor del medio por ciento (0.5%) del Presupuesto General de Ingresos ordinarios del Estado; lo que buscan es que ese porcentaje se eleve en 1.5%.

La convocatoria a las próximas elecciones generales se efectuará durante la tercera semana de enero de 2019, luego de que el Congreso modificara las fechas del proceso respectivo al avalar, con 118 votos, el artículo 50 de la iniciativa de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, por lo que se busca que los ajustes  al presupuesto para el TSE, sean aprobados lo antes posible.

Esta propuesta  es parte de la iniciativa de ley 5389, que reforma  la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), la cual está siendo analizada por diputados de la Comisión de Asuntos  Electorales.

Otro de los cambios que se proponen es que el ministerio de Educación pueda crear un sistema de formación cívica para niños en edad escolar, y solicitar a la Universidad de San Carlos de  Guatemal, su apoyo  para  que estos programas lleguen a estudiantes universitarios.

También se propone agregar un inciso en el artículo 93 de la LEPP  para determinar las causas   para la cancelación de  un Partido Político cuando cometa faltas durante el proceso electoral.

El presidente de esta sala de trabajo, diputado Luis Alfonso  Pernilla, aseguró que se estará analizando  de una forma más detenida cada una de  las propuestas que hasta el momento han sido conocidas en las reuniones de trabajo de la Comisión.

Por Karla Herrera

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La diputada independiente Alejandra Carillo se reunió este jueves con autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS, representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y Legis, con quienes analizó el borrador de la Ley Marco que regula el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referente al régimen de trabajo parcial.

La congresista aseguró que dentro de los beneficios de la entrada en vigencia de la normativa se encuentran que las personas que estén dentro de este régimen puedan beneficiarse de los diferentes programas del seguro social y gozar de todas las prestaciones que conlleva una relación laboral, como vacaciones, aguinaldo y periodo de pre y post parto, entre otras.

Francisco Sandoval, viceministro de Administración del Trabajo, del Mintrab, aseguró que han hecho esfuerzos para que se pueda implementar dicho convenio, y se de certeza jurídica tanto al empleado como al empleador. “Consideramos que el marco legislativo es propicio para robustecer dicho acuerdo, por lo que agradecemos a la diputada Carrillo el que nos permita dar nuestra opinión técnica en dicha materia”.

El funcionario agregó que hay artículos que generan ciertas dudas, como el artículo 3 del proyecto en el cual se limitan las horas del trabajo parcial a cuatro. “Esto podría causar confusiones y que las personas no quieran optar por este tipo de trabajo”.

Vidal Herrera, Gerente del IGSS, afirmó que se busca ampliar la cobertura del Instituto, sin embargo, debido a que el Estado no ha sido capaz de cumplir con la parte que le corresponde, la implementación de este tratado podría crear agujeros en los programas, y crear una crisis en la institución.

Guido Ricci, del CACIF, dijo que la ratificación del convenio no era necesaria para aplicar el referido régimen, porque era una forma laboral que ya era reconocida por el Ministerio de Trabajo, sin embargo, coincidió con viceministro Sandoval en la importancia de dar certeza jurídica a lo ya ratificado por el Congreso de la República. “Nos comprometemos a hacer un análisis técnico que considere las opiniones del sector empresarial organizado”.

Mientras que el representante de Legis, Juan Carlos Oxom recomendó  tomar en consideración la posibilidad de consultar a la Corte Constitucional, para determinar si la normativa cumple con los derechos fundamentales del trabajador, contenidos en el Código de Trabajo.

Al finalizar de la reunión la legisladora solicitó a los presentes hacer llegar sus ponencias sobre el tema a más tardar el 31 de mayo. “La idea es socializar y afinar el proyecto tomado en cuenta de los sectores involucrados y aprovechar el receso del Congreso, para buscar un dictamen favorable y pueda entrar en vigencia cuanto antes”, dijo.

Según datos de la OIT, a la fecha 17 países  han ratificado el referido convenio. Guatemala es el primer país Latinoamericano en haberlo hecho parte de sus regulaciones laborales y que entró en vigencia el 28 de febrero de este año.

Por Karen Mendoza

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En el Día Internacional de la Homofobia y la Transfobia, la diputada Sandra Moran, de Convergencia, reiteró su esfuerzo para impulsar, desde el Congreso de la República,  iniciativas de ley encaminadas a que se respeten los derechos de las personas transgénero y que se elimine la discriminación.

“Es un día importante para la comunidad (LGBTI), se vuelve a plantear la lucha contra esa fobia que hace que a muchas personas nos criminalicen y hasta nos asesinen”, dijo la Congresista. Recordó que ya fue presentada la iniciativa 5395, ley de identidad de género, y que van a buscar los consensos necesarios para que sea aprobada.

La norma  tiene por objeto garantizar a toda persona trans, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar la rectificación de partida de nacimiento por identidad de género, cuando la inscripción es contradictoria con su identidad de género; y establecer medidas para contrarrestar la discriminación contra este segmento de la población.

La congresista quien ha defendido los derechos de este colectivo desde su curul, anunció que celebra y acompaña la “Séptima Caminata Contra la Homofobia” con el fin de hacer valer los derechos de estos sectores.

Durante la actividad, en el Congreso de la República, para celebrar el Día Internacional de la Homofobia y la Transfobia, la  diputad Morán estuvo acompañada por representantes de la Asociación SOMOS y de la Federación Guatemalteca (LGBTI), OASIS y de ONUSIDA.

Jorge López, director de OASIS, indicó “que es necesario que el Estado Guatemalteco reconozca los derechos de las personas transgénero ya que la Constitución Política de la República no reconoce esos derechos individuales”.

Marco Loarca, representante de la organización SOMOS, explicó que la población de LGBTI en Guatemala representan un sector altamente productivo y se acopia a las dinámicas sociales y económicas para el ámbito laboral”.

El 17 de mayo de cada año, se conmemora la eliminación (en 1990) de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por José Castellanos

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La Comisión de la Juventud del Congreso, presidida por el diputado Raúl Romero Segura, de FUERZA, recibió este día a Deiby Porras, Coordinador Subregional de las Juventudes de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) para México, Centroamérica y el Caribe, y a su delegación, quien está de visita en el país.

El congresista Romero Segura dio a conocer la importancia de recibir a dirigentes internacionales que buscan contribuir a crear políticas públicas para lograr la participación de los jóvenes en las decisiones de Estado.

Durante la actividad Deiby Porras compartió experiencias, y comentó que en su país de origen (Costa Rica), cuentan ya con un Ministerio de la Juventud, mientas que en Guatemala existe únicamente un Consejo Nacional de la Juventud. “Aunque en realidad lo más importante son los alcances legales y responder de forma efectiva a las demandas  de un sector  que representa hasta el 60 por ciento de nuestras sociedades”.

Porras dijo que se siente complacido de poder visitar nuestro país “para poder abrir puertas, tender puentes y crear  canales de comunicación para impulsar el liderazgo y trabajo en equipo…,  para contribuir con la juventud guatemalteca.

El presidente de la Comisión agradeció la visita del equipo de jóvenes y reiteró su compromiso de continuar trabajando en políticas de Estado que permitan mejorar las condiciones de la juventud en aspectos como el acceso a empleo digno y disminuir la deserción del sistema educativo entre otros.

Por Mayra Recinos

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