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Luego de cuestionar a las autoridades del Ministerio de Agricultura en torno a los criterios técnicos utilizados para erogar Q123 millones, para el pago de alrededor de 28 mil reforestadores y la entrega de 355 cupones de alimentos, diputados de la bancada . Encuentro por Guatemala (EG), anunciaron la interposición de acciones legales en contra de autoridades de dicha cartera.

A criterio de los congresistas, hubo anomalías en la entregas realizadas en los meses de mayo y junio, según las denuncias de los vecinos, por lo que, luego de reunirse con el viceministro de Agricultura, Felipe Orellana, se anunciaron las acciones legales.

En la reunión se abordó el tema relacionado con el Programa Bosques y Agua para la Concordia, el cual fue creado en el año 2002, pero a criterio de los legisladores, venció en el año 2011, por lo que se creó una comisión liquidadora.

Sin embargo, el viceministro Orellana mostró los Acuerdos Ministeriales 48-2012 y 124-2019, el primero que renueva la vigencia para el pago a los beneficiarios y el segundo que justifica  la impresión de cupones por Q200 y cuyos beneficiarios son las familias identificadas en pobreza y pobreza extrema. “Hemos sido enfáticos con los delegados departamentales de no politizar estos programas”, precisó el funcionario.

Ante esta situación, los miembros de la bancada solicitaron  una auditoria a Cesar Elías, subcontralor de la Calidad del Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas y una investigación al titular en funciones de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público,  José Rafael Curruchiche, pues no descartan la comisión de delitos como de abuso de autoridad con propósito electoral, y propaganda oficial ilegal, ambos  tipificados en el Código Penal guatemalteco.

“Nos llama la atención que a pocos días del proceso electoral, se registren movimientos importantes que según las autoridades del Ministerio de Agricultura estaban contemplados en el POA 2019, pero que a plena vista crea suspicacia que sea en momentos eminentemente políticos”, concluyo la congresista Montenegro.

Por Karen Mendoza González

Fotos Miguel Plato

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El diputado por el distrito de El Progreso,  Víctor Manuel Estrada  se reunió con representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) y del Banco de Desarrollo Rural (Banrural)  para intermediar por agricultores de varios departamentos, quienes pretenden ser beneficiados con los beneficios del Programa Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje.

Los campesinos demandan la agilización de procedimientos para que les otorguen apoyo económico para proyectos de riego y mini riego, luego que quedara vigente el Acuerdo Ministerial del Maga 315-2017 del 9 de noviembre del año 2017, que aprueba los Criterios y Requisitos para clasificar y determinar cómo Irrecuperables, los créditos otorgados a otros beneficiarios.

A la reunión  asistieron delegados regionales de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) de Jutiapa, Chimaltenango, Santa Rosa y El Progreso, así como el sub director Territorial de la Conred, quien detalló cómo se ejecutan los procedimientos para que se les entreguen los certificados y las evaluaciones para determinar créditos y sean autorizados por el Maga y Banrural.

Varios líderes comunitarios y directivos de las asociaciones de agricultores solicitaron que se les vuelva a evaluar con los estudios técnicos en las comunidades donde se vieron afectados por los desastres naturales que ha habido,  como la tormenta tropical Stan.

El diputado Estrada Orellana  indicó que habrá una reunión con funcionarios del Maga y otras instituciones para verificar el cumplimiento de los acuerdos ministeriales que estipulan los términos del programa de riego y drenaje, además realizaran visitas de campo a varias comunidades para conocer la situación de los agricultores.

Por José Castellanos

Fotos Elder Carío

 

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Con la presencia de los rectores de las Universidades legalmente establecidas en el país, el presidente del Congreso de la República, diputado Álvaro Arzú Escobar oficializó la instalación de las  Comisiones de Postulación  para elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones.

Los rectores eligieron al Padre Félix Serrano Ursúa, Rector de la Universidad Mesoamericana  para  presidirá la Comisión de Postulación de candidatos  a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mientras que el Ingeniero Murphy Paiz, Rector de la Universidad de San Carlos presidirá la Comisión Postuladora que seleccionará a los aspirante a Magistrados de Corte de Apelaciones.

“En esta mesa se encuentran grandes profesionales que están al frente de distintas universidades acreditadas en el país, por ello la responsabilidad de presidir estas instancias quedará en buenas manos garantizando un proceso apegado a ley”, manifestó la Dra. Alba Aracely Rodríguez, quien presidie el foro de Rectores y representa a la Universidad Panamericana.  Al concluir la reunión se suscribió el acta dejando en firma la decisión de esta instancia.

DEL PROCESO

La elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia está establecido en el artículo 215 de la  Constitución Política de la República de Guatemala, que regula la integración de la comisión y su proceder. El proceso de elección de Magistrados de Corte de Apelaciones está normado en el  artículo 217 de la Carta Magna.

“Los días de trabajo se definirán cuando se integren las Comisiones de Postulación, lo que podría ser en la primera quincena de julio,  cuando todos sus miembros hayan definido a sus representantes, esto en el caso del Colegio de Abogados y Notarios”, explicó Serrano Ursúa.

Mientras que el Ingeniero Murphy Paiz indicó que, “se trabajará de forma coordinada, tomemos en cuenta que en ambas instancias se debe contar con la presencia de los rectores como miembros, por otra parte tenemos clara la importancia de velar por un proceso transparente”.

Tras elegirse a los presidentes de las comisiones, se procederá a integrar las instancias para luego definir la sede y fechas de reunión. Además se elaborará un cronograma que definirá el tiempo de evaluación, entrevista y entrega de la nómina para que el Congreso lleve a cabo la elección respectiva. En el caso de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,  deberán asumir el cargo el próximo 13 de octubre y se desempeñarán en el cargo durante 5 años.

Por Isabel Mazariegos

Fotos Roberto Aguja/Rodrigo Arias

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Promover la calidad de la información que se genera en el Organismo Legislativo es uno de los logros de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Congreso, cuyas autoridades le apuestan a la modernización y a la transparencia en el manejo de los datos.

El Decreto Legislativo 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública es la base legal para que la información sea proporcionada a los usuarios que la solicitan basándose en los artículos 10 y 13.

“A la fecha hemos recibido 318 solicitudes, el año anterior recibimos  410, pero esto se debe a que se ha promovido más el uso del sitio web y las personas ya no se presentan físicamente a la unidad sino que descargan la información, disponible las 24 horas,  los siete días de la semana, afirma Patricia Letona, directora de la unidad.

Agregó que entre los temas que solicitan estudiantes, investigadores, abogados, sindicatos y periodistas, son  Iniciativas de Ley, Decretos aprobados, Acuerdos Legislativos, entre otros.

Letona instó a los usuarios para  que hagan uso de correo electrónico, discos compactos o memorias para requerir su información y evitar la impresión de documentos, esto con el objetivo de ser responsables con el medio ambiente y contribuir con el desarrollo sustentable.

El sentido legal de la ley

La Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008, garantiza a todas las personas interesadas, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados, lo que garantiza la transparencia de la administración pública.

Es una ley de orden público, de interés nacional y utilidad social; establece las normas y los procedimientos para garantizar a toda persona, natural o jurídica, el acceso a la información o actos de la administración pública que se encuentre en los archivos, fichas, registros, base, banco o cualquier otra forma de almacenamiento de datos que se encuentren en los organismos del Estado,municipalidades, instituciones autónomas y descentralizadas y las entidades privadas que perciban, inviertan o administren fondos públicos, incluyendo fideicomisos constituidos con fondos públicos, obras o servicios públicos sujetos a concesión o administración.

Por Elizabeth Linares

Fotos Miguel Plato

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Evitar que se cobren más impuestos y eliminar gradualmente el Impuesto sobre la Renta (ISR) es el propósito principal de la iniciativa de ley presentada ante Dirección Legislativa por los diputados Estuardo  Galdámez y Fernando Linares Beltranena.

La eliminación gradual del ISR comenzaría en  el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas con un 15 por ciento a partir del año 2021,   un 10 por ciento en el año 2022 y un cinco por ciento en el año 2023.  En el régimen opcional sobre ingresos de actividades lucrativas sería un cinco por ciento en el 2021, un cuatro por ciento en el 2022 y un dos por ciento en el año 2023, mientras que en el régimen sobre renta de trabajo en relación de dependencia, sería un cinco por ciento en el 2021, un tres por ciento en el  2022 y un dos por ciento en el 2023,  hasta llegar  a derogar  por completo el decreto 10-2012 del Congreso de la República, Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Esta eliminación gradual obligaría a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a  buscar estrategias para ampliar la base tributaria, reducir el contrabando y la corrupción en las aduanas,  así como facilitar y mejorar la recaudación de todos los impuestos restantes.

“La  propuesta que hoy presentamos con el diputado Linares es importante pues proponemos una reducción de impuesto que incida en reducir  la pobreza extrema, hoy tomamos el ejemplo la política económica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, enfatizó el diputado Estuardo  Galdámez, Primer Secretario de  Junta Directiva del  Congreso de la República. donde el

En el artículo 4 de esta propuesta  se aborda la  optimización del gasto público, lo que significa que el Organismo  Ejecutivo deberá   evaluar a  todas las dependencias con el objetivo de racionar los  gastos, cerrando dependencias innecesarias, analizar  compromisos financieros sin que perjudique las obligaciones del Estado, dando prioridad a los servicios de Salud, Justicia, Seguridad y Educación.

Por  Karla Herrera

Fotos Edwin Méndez

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Una iniciativa de ley con la cual se pretende cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional la Aurora presentó el diputado por el distrito de Totonicapán, Marcos Yax Guinea, quien pretende que la terminal aérea se denomine Aeropuerto Internacional Atanasio Tzul.

“Sería un reconocimiento al legado cultural e histórico de Atanasio Tzul, un héroe del pueblo maya”, dijo el congresista. \"El pueblo de Totonicapán se sentiría orgulloso de aprobarse esta ley y como representante de este distrito la presento este día\", agregó.

De acuerdo con el legislador, la terminal aérea es una carta de presentación ante el mundo por ello su nombre debe hacer remembranza en la riqueza histórica de nuestro país.

Además el congresista explicó que, con base en la Constitución Política de la República de Guatemala, en esta iniciativa se promueve el reconocimiento de los diversos grupos étnicos. El diputado informó que al momento en que la propuesta sea leída ante el Pleno del Congreso, solicitará que sea aprobada de urgencia nacional.

Por Isabel Mazariegos

Fotos Héctor Monroy

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En un plazo no mayor de 20 días, autoridades de la Contraloría General de Cuentas tendrán que entregar a los diputados de la bancada UNE, Orlando Blanco y Jairo Flores, el informe sobre la auditoría practicada a los  programas, Bosques y Agua para la Concordia  y   Subvención para la adquisición de alimentos por el hambre estacional, ejecutados por el   Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, (MAGA).

Este informe se solicitó tras las dos audiencias en las que los congresistas cuestionaron a las autoridades en torno a la erogación de  Q123 millones para el pago a28 mil reforestadores y la entrega de 355 mil cupones de alimentos.

Para responder a los señalamientos de los legisladores el titular del MAGA, Mario Méndez Montenegro negó anomalías en la ejecución de los programas. “Hemos sido enfáticos con los delegados departamentales, en que las entregas a los beneficiarios se lleven con transparencia”, agregó.

Sin embargo, los diputados mostraron material audiovisual en el que se observan algunas anomalías.“Tenemos denuncias que en los departamentos de Jalapa, Huehuetenango, Baja Verapaz y Santa Rosa se están haciendo las entregas para favorecer a determinados grupos”, dijo el diputado Blanco.

Al  informe se agregó  una investigación solicitada por los representantes, al titular en funciones de Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público, Rafael  Churruchiche, por la posible comisión de un hecho contrario a la ley, en la entrega de estos beneficios. “No permitiremos que los recursos del erario nacional sean utilizados de forma anómala”, concluyó el jefe de bloque UNE.

Por Karen Mendoza

Fotos Héctor Monroy

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En su calidad de Diputado y Primer Secretario de Junta Directiva del Congreso, el congresista Estuardo Galdámez cuestionó públicamente a un candidato presidencial que se presentó al Congreso con fines proselitistas.

“Hago un atento llamado al Tribunal Supremo Electoral y al Ministerio Público para que tomen cartas en el asunto, no se puede consentir las acciones del  candidato que vino a irrumpir las actividades del Congreso y no solo eso, utilizó sus instalaciones para hacer campaña, actos que están terminantemente prohibidos”, explicó el diputado Galdámez.

El legislador citó la literal e) del artículo 223 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos donde claramente se dispone que el uso de los bienes del Estado, en este caso del Congreso,  con fines proselitistas violentan la referida normativa.

Referente a la propuesta de ley que promueve el candidato, el diputado Estuardo Galdámez recordó que ya existen opiniones de expertos que rechazan la iniciativa,  catalogada como un riesgo para la salud de los guatemaltecos, pues  elimina  los controles de calidad y también contraviene  tratados, leyes y acuerdos en materia de salud, “existen fundamentos suficientes para no apoyarla”, insistió.

“Lamento que este candidato, se aproveche de la salud de los guatemaltecos para hacer campaña, es evidente que la iniciativa tiene otros fines, desconocemos si está beneficiando a empresas o cuál es su objetivo”, agregó el congresista quien no descartó  la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral para que se proceda contra el aspirante a la primera magistratura.

Por Isabel Mazariegos

Fotos Edwin Méndez

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Ya se está dando cumplimiento al Decreto 20-2018, Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, aprobado por el Congreso el 2 de octubre del año anterior. \"Es una normativa que abre oportunidades a quienes aspiran a comenzar un negocio propio\", dijo el Presidente del Congreso, Diputado Alvaro Arzú Escobar, ponente de la iniciativa convertida en ley.

Las palabras del presidente Arzú Escobar hicieron eco en las autoridades del Ministerio de Economía, pues según las autoridades del mismo, durante mayo, por medio de la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento se inauguraron 18 centros de aprendizaje y asesoramiento técnico para los microempresarios interesados en elaborar un plan de negocios.

El Ministerio de Educación es otra de las instituciones involucradas y en ese contexto, las autoridades confirmaron que continúan las modificaciones en el Curriculum Nacional Base para incluir en el pensum de estudios de los niveles primario y básico los cursos relacionados con el sistema de emprendimiento. Una asignación presupuestaria de Q15 millones, aprobada por el Congreso, es la que permite que ya se avance en la implementación de esta ley.

Bajo este marco jurídico, impulsado desde el Congreso de la República,  Guatemala reconoce el emprendimiento como una manera de pensar y actuar, orientada hacia la creación de riqueza, aprovechando las oportunidades para satisfacer las necesidades de ingresos personales, generando valor a la economía nacional.

De acuerdo a los datos que brindó el Monitor Global de Emprendimiento (GEM por sus siglas en inglés) durante los años  2017-2018,   Guatemala se situó como  uno de los países con mayores niveles de actividad emprendedora, datos que impulsaron a los legisladores para aprobar el decreto en mención.

Beneficios de la Ley:

“La norma da facilidades para emprender ideas nuevas que generarán  más empleos, y evitará la migración de los guatemaltecos  hacia otros  países”, comentó el Presidente del Congreso, Alvaro Arzú Escobar  tras la aprobación de este Decreto,  que fue apoyado por 98 legisladores.

La normativa contiene 6 capítulos y constituye un marco legal que posiciona al país a la vanguardia de la región centroamericana, al establecer figuras legales y mecanismos que apoyen directamente a personas emprendedoras, pues les facilita mejores fuentes de trabajo, financiamiento y capacitación, ya que contiene temas como la   La Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento, Centros de Formación para el Emprendimiento, educación y sensibilización y Reformas al Código de Comercio de Guatemala  (Decreto 2-70).

Además fomenta el inicio de actividades productivas  al crear una figura jurídica innovadora en el sistema mercantil de Guatemala, y establece una nueva sociedad mercantil, conocida como la Sociedad de Emprendimiento (S.E.), generando así una sociedad unipersonal, lo cual constituye un gran avance en la legislatura nacional.

No está dirigida a una clase de negocios en particular, ya que su aplicación se caracteriza por su facilidad de constitución y administración, al desarrollarse un procedimiento especial para su creación y modificación ante el Registro Mercantil, considerada por los economistas, una figura legal pionera en la región centroamericana.

”Modernizar y actualizar las herramientas legales del ordenamiento jurídico mercantil, para potencializar la actividad emprendedora y generar más empleo en el país, así como la construcción de una plataforma para incentivar que más personas puedan tener acceso a formalizarse con una figura mercantil”, son algunos de los beneficios descritos por el diputado Carlos Barreda, presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Legislativo.

La Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, busca incentivar una cultura empresarial a pequeña escala, contempla incentivos fiscales al financiamiento que no supere los Q500 mil, ya que todo aporte que realice una persona individual o jurídica a una sociedad de emprendimiento será considerado como capital no reembolsable y, por lo tanto, será deducible del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

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