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La Comisión de Integración Regional, que preside la diputada Lucrecia Samayoa, se reunió con autoridades de los Ministerios de Desarrollo y Agricultura, así como con representantes de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), a quienes cuestionó sobre la implementación de programas relacionados con la prevención de muertes en niños con desnutrición.

Según datos presentados por la diputada Samayoa, de enero a la fecha  existen 5 casos de niños fallecidos a causa de desnutrición  en Huehuetenango, 6 en Petén, 8 en San Marcos y 1 en Retalhuleu; razón por la cual solicitó a los cuestionados explicaciones de programas que se desarrollan en los lugares mencionados. “Es alarmante esta situación y debemos encontrar el origen del problema para evitar más muertes en niños por este tema”, dijo la legisladora.

Juan Carlos Carías, titular de la Sesan, dijo que “la desnutrición que vive Guatemala en general, presenta indicadores penosos”. En su opinión la coordinación y la respuesta al problema debe tomar en cuenta las necesidades que plantean los Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODES- y las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional -COMUSAN-.

“También se debe tomar en cuenta al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CONASAN- y a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural –CONADUR-, como entes colegiados que están constituidos para darle solución a la problemática local, y en donde deben plantearse soluciones viables”, dijo el funcionario.

El viceministro de Desarrollo,  Carlos Vidal, habló de la existencia de algunos bonos que son entregados a familiares de niños con desnutrición aguda y que son de escasos recursos. “En algunos casos ese dinero no es utilizado de manera adecuada por los beneficiarios, lo que agrava la situación”, lamentó.

Al finalizar la reunión los diputados recomendaron a los funcionarios dar el debido seguimiento a este tema, en especial en área rural del país, que capaciten al personal que trabaja directamente con los afectados y que verifiquen que los bonos sean distribuidos y utilizados correctamente. De todo ello estarán vigilantes.

Por Estuardo Zeceña Santiago

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La iniciativa 5496, Ley del Presupuesto General de Ingresos y  Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, por un monto de Q89 mil 775 millones con  64 mil quetzales, fue conocida durante la sesión ordinaria de este martes, y enviada  a la Comisión de Finanzas para su estudio y dictamen.

La propuesta fue trasladada el 31 de agosto por el Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas, para su trámite. En la exposición de motivos se da a conocer que el monto solicitado es de acuerdo al escenario macroeconómico y fiscal que se perfila para el país, las expectativas de crecimiento económico, así como las proyecciones de recaudación tributaria y de las fuentes financieras  para el 2019.

Durante la sesión ordinaria de este martes también pasaron en primera lectura las iniciativas de ley 5154 y 5156, para la aprobación de la Ley Orgánica de la Procuraduría  General de la Nación

Uno de los objetivo de las propuestas es reformar la ley que fue aprobada en 1948, y  actualizar algunos datos. Entre los cambios está instalar delegaciones de la Procuraduría en los departamentos. En el tema de la defensa de la niñez  se propone la participación de las diferentes entidades del gobierno.

Superado el punto anterior, el pleno aprobó con 81 votos, en su tercera lectura, la  Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, quedando pendiente la discusión por artículos y redacción final.

Para la sesión programada para este miércoles se espera que la iniciativa de ley temporal para la agilización de la ejecución del libramiento de la cabecera departamental de Chimaltenango, sea conocida por artículos y redacción final, al igual que la propuesta de reformas a la Ley de Tránsito.

Por Karla  Herrera

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Los integrantes de la Comisión Pesquisidora examinaron públicamente el expediente de antejuicio (185-2018), promovido por el MP y CICIG en contra del Presidente Jimmy Morales, por supuesto Financiamiento Electoral Ilícito, el cual consta de 5 mil 323 folios.

Por más de tres horas los congresistas se turnaron para leer el amplio expediente, que contiene los argumentos vertidos por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para solicitar el desaforo del mandatario.

“Ya contamos con un cronograma que nos permite llevar a cabo un trabajo ordenado y transparente con el fin de analizar a fondo los argumentos de ambas partes”, expresó el presidente de la Comisión, diputado Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala.

El Vocal III de la sala, diputado independiente Boris España, dijo que van a analizar las pruebas. “Lo esencial es tener todas las evidencias que sean necesarias para hacer un trabajo objetivo, donde prevalezca la transparencia y la apertura a la población, paso por paso”.

Tras examinar el expediente, la Comisión fue convocada para el próximo jueves. Ese día  escucharán los audios que forman parte de los medios de prueba. El 1 y el 14 de octubre, se llevarán a cabo las audiencias, donde las partes deberán presentar sus pruebas de cargo y descargo.

Al finalizar su investigación y consideraciones, la Comisión emitirá un informe circunstanciado del que dará cuenta al Pleno (el 25 de octubre), en sesión ordinaria del Congreso, tal y como establece la Ley en Materia de Antejuicio, en su artículo 17.

“La misión de la Comisión Pesquisidora consiste esencialmente en poner a disposición del pleno los elementos que permitan establecer si como consecuencia de los hechos investigados tal funcionario deba ser puesto a disposición de la justicia común, y de ninguna manera podrá arrogarse facultades que corresponden a los tribunales y jueces, ni podrá calificar o tipificar hechos delictivos”, dice la Ley.

El informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora deberá contener la información que haya recabado e incluirá los documentos que considere pertinentes y todos aquellos que le hayan sido entregados en el ejercicio de su función. Los miembros de la comisión, en forma individual, podrán hacer las observaciones que consideren pertinentes y deberán incluirse en el expediente.

Por Isabel Mazariegos

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La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, presidida por el diputado Ferdy Elías, emplazó al  Ministerio de Finanzas (Minfin), para que en un término de 24 horas les envíe un informe sobre la fuente de financiamiento y el impacto que tendría para el erario nacional aprobar la iniciativa 5438, que establece una ampliación al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2018, para el Ministerio de Educación.

“Hemos insistido en que se dé cumplimiento al artículo 94 de la Ley de Presupuesto, en cuanto a que es obligación de la cartera de Finanzas emitir un informe del costo financiero que representan los compromisos adquiridos en este pacto”, aseguró el vicepresidente de la sala legislativa, diputado Rudy Castañeda (UCN).

El congresista lamentó que el referido procedimiento no haya sido trasladado a la Comisión, lo que a su consideración ha atrasado la emisión del dictamen de la propuesta. “Es importante contar con este informe, ya que dará el aval que permita dar la “viabilidad” a dicha ampliación y el origen de los fondos que financiarán este compromiso”, dijo.

El jefe de la Dirección Técnica de Presupuesto del Minfin, Juan Ortiz, se justificó diciendo que en el mes de abril la cartera del tesoro remitió una opinión del proyecto de ley y “no puede haber un informe sin la homologación de la iniciativa”.

Para los legisladores las condiciones del préstamo ya están establecidas entre las partes. “Lo que se busca es la responsabilidad del órgano rector de las finanzas en el país, con lo que se aseguraría que se cuenta con el espacio presupuestario y fuente de financiamiento que permitan darle un dictamen favorable a la propuesta”, concluyó el presidente la Comisión.

La iniciativa fue propuesta por el Organismo Ejecutivo y busca que se apruebe una ampliación presupuestaria  de Q961 millones 755 mil 970 para el Ministerio de Educación, que tiene como objeto honrar los compromisos que se deriven de la suscripción del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de la referida entidad a cargo del Estado.

Por Karen Mendoza

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La Comisión del Menor y la Familia se reunió con representantes de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación  y Trata de Personas (SVET), para conocer su ejecución presupuestaria a la fecha y las necesidades presupuestarias de la institución para 2019.

Carlos Mazariegos, financiero de SVET, informó que hasta el 17 de septiembre han gastado Q12 millones, el 62.24% del presupuesto. Agregó  que  desde el año 2016 han trabajo con un presupuesto de Q14 millones, lo cual no es suficiente para cubrir la inversión de los proyectos de prevención, por lo que en los últimos dos años han tenido que pedir ampliación  presupuestaria.

Los funcionarios solicitaron apoyo a la Comisión para que el presupuesto del 2019 aumente de Q14 millones a Q21millones. “Esto para poder mejorar la atención de los menores y garantizar un mayor desarrollo e implemento de los programas que se tienen previstos”, dijeron.

La diputada Sandra Morán, Convergencia, expresó su preocupación hacia las necesidades de la institución: “No podemos seguir con estos números, debemos prestar mejor atención a las instituciones que defiendan los derechos de los niños. Lo que esta secretaría hace es combatir uno de los negocios más millonarios del mundo, que es la venta y trata de personas\".

Por su parte, el diputado Walter Félix, URNG, recomendó a los representantes de SVET que se reúnan con la Comisión de Finanzas para evitar que se reduzca el presupuesto que solicitaron para el 2019. “Agradezco a la institución el compromiso para luchar contra la trata de personas  y el esfuerzo que hacen con lo poco que tienen”, agregó el legislador.

También expresó que le gustaría sostener una nueva reunión en noviembre para conocer el plan que tiene la secretaría para ejecutar el presupuesto del próximo año.

Por Astrid González

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Representantes de los Pueblos Garífunas y organizaciones a favor del emprendimiento, comparecieron  ante diputados de la Comisión de la Juventud, que preside el parlamentario Raúl Romero, a quienes solicitaron apoyo para la aprobación de políticas públicas que protejan sus derechos.

Marvin Martínez, presidente de  la Organización para el Desarrollo Humano del Pueblo Garífuna de Guatemala, resaltó la necesidad de ser reconocidos y que  se les brinden oportunidades de desarrollo y se promueva su cultura.

“Nuestro país está perdiendo a su población garífuna debido al racismo y a la falta de trabajo. Muchos han  migrado a Estados Unidos.  En Izabal quedan menos de ocho mil originarios”, comentó.

Agregó, que a pesar de que el municipio de  Livingston es un lugar idóneo para el turismo, debido a la belleza de sus playas de arena blanca, su música y gastronomía, ha sido muy poca la inversión en el área.

Por aparte, Diego de León, de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Guatemala y Leslie Carranza de Enactus USAC, pidieron su intermediación  para que avance la iniciativa 5241, Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, la cual está pendiente de su aprobación en tercer debate.

“Necesitamos leyes que impulsen y agilicen la actividad emprendedora de los jóvenes, para que alcancemos nuestro máximo potencial y que nos proporcionen herramientas para generar desarrollo y más empleo”, expresó Carranza.

El diputado Romero indicó que este es un primer acercamiento y que posteriormente se llevarán a cabo más actividades para encontrar los mecanismos que contribuyan a solucionar estas demandas.

“Como Comisión daremos seguimiento a estas necesidades y estamos totalmente anuentes a trabajar en cada uno de estos  requerimientos”, concluyó.

Por Rosemary Recinos.

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Diputados de la Comisión de Salud del Congreso de la república, que preside la diputada Sofía Hernández, de la bancada Alianza Ciudadana (AC), citaron a representantes de diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S) que reciben recursos del Estado, para evaluar su funcionamiento y el nivel y calidad del gasto hasta el momento.

La diputada Hernández  indicó que el Ministerio de Salud y Asistencia Social, asigna un aproximado de Q517 millones al año a organizaciones como Unidad de Oncología Pediátrica (UNOP), Fundación Pediátrica,  Instituto Nacional de Cancerología (INCAN)  y Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC), para que brinden servicios de salud a los guatemaltecos.

Manuel José Sánchez y Alexander Valenzuela, representantes de UNAERC, indicaron que de los Q140 millones que tienen asignados, han recibido únicamente Q21 millones, debido a judicializaciones y amparos que les han presentado.

El diputado de Encuentro por Guatemala, Dorian Taracena, indicó que una de las causas de los amparos es la poca calidad humana con la que tratan a los pacientes. La diputada Hernández considera que deben reestructurar sus objetivos.

Durante la reunión trascendió que UNAERC no trabaja con equipo médico propio, y que subcontratan a otras empresas para que les alquilen las máquinas necesarias para hacer diálisis. En opinión de la diputada Karla Martínez, segunda secretaria de Junta Directiva, esto es una pérdida de recursos.

Por lo anterior, la diputada Martínez propuso hacer un acercamiento con autoridades del Ministerio de Salud para  que se pueda concluir el convenio que mantiene este candado, y que UNAERC pueda funcionar con equipo propio.

Otra de las instituciones que llamó la atención de los congresistas fue el INCAN debido a los altos precios que cobran por algunos servicios, según denuncias que les han presentado  algunos  usuarios. “Tengo una denuncia sobre un cobro por Q57 mil”, dijo preocupada la diputada Hernández.

Vicky de Falla, representante del INCAN, dijo  que los pacientes  muchas veces no llegan con diagnósticos, por lo que deben realizar diversos estudios, lo que incrementa los gastos,  sin embargo los recursos asignados son insuficientes para atender a toda la población que se acerca.

Los diputados solicitaron informes a todas las instituciones que acudieron a la cita para poder analizar los detalles, y aseguraron que continuarán trabajando en el tema. La diputada  Hernández aseveró que harán visitas a algunas instituciones y continuarán vigilantes del trabajo que realizan.

Anualmente UNICAR recibe Q64 millones, UNAERC tiene un presupuesto de 200 millones, UNOP Q40 millones, INCAN Q21 millones 700 mil, Cruz Roja Q12 millones, Hospicio San José Q12 millones 600 mil y Fundabiem Q12 millones 500 mil, todos provenientes de recursos del Estado.

Por Mayra Recinos

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Puntualizar acciones para combatir la desnutrición crónica es el objetivo del paquete de leyes presentado este día por el diputado Luis Hernández Azmitia de la bancada Movimiento Reformador (MR).

El mismo consta de cuatro iniciativas; la primer de ellas es la propuesta denominada Salud Por Impuestos (5336) que pretende un plan para financiar con un 20% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) las obras de infraestructura dirigidas al sistema de Salud, siendo el sector privado el encargado de los proyectos.

La segunda iniciativa está enfocada a la Dignificación del Trabajdor de Salud (5204). Propone mejoras salariales para los médicos, enfermeras, comadronas y técnicos para reconocer su labor humanitaria.

A ellas se suman la iniciativa de ley de Programas Sociales para Erradicar la Desnutrición Crónica, la cual tiene por objetivo la fiscalización y transparencia en la entrega de los beneficios de los programas promediando a la población más necesitada.

Por último, el legislador presentó una Reforma al Código Municipal, que da capacidad a los Concejos Municipales para invertir en proyectos de agua y saneamiento, evitando así enfermedades y un mejor tratamiento del recurso hídrico.

\"Es necesario combatir este flagelo, este tipo de desnutrición es multicasual por ello es necesario legislar en función de reducir los índices a corto plazo por medio de acciones concretas\", puntualizó el diputado Hernández Azmitia.

Por Isabel Mazariegos.

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Diputados de la Comisión de Deportes, que preside la representante Flor de María Chajón, participaron en la entrega de la ampliación de instalaciones deportivas y recreativas en el municipio de Mixco. A la actividad también asistieron el Presidente de la República, autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes, así como el alcalde del lugar Ernesto Bran.

Los congresistas de la referida sala de trabajo sostuvieron varias reuniones con representantes del Ministerio de Cultura y Deportes, Contraloría General de Cuentas, y Ministerio Público, ya que existían varías anomalías por una supuesta sobrevaloración que impedía la entrega y uso del complejo deportivo.  Gracias a la labor de mediación que efectuaron desde el Congreso de la República, hoy la inauguración de la obra es una realidad.

La obra de ampliación consistió en  reparaciones en la gramilla sintética del estadio, el graderío, ajustes en las medidas de una cancha de baloncesto y mejoras en la infraestructura del gimnasio. Con esto los vecinos de Mixco podrán usar las instalaciones deportivas en el terreno que pertenece a la Comuna de ese lugar.

El presidente Jimmy Morales y el alcalde Ernesto Bran, entre otras autoridades que asistieron al evento, mostraron su agradecimiento a los integrantes de la Comisión de Deportes del Organismo Legislativo por el apoyo brindado en beneficio de la población.

Por Estuardo Zeceña Santiago

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