UNA HERRAMIENTA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS (parte uno)

Publicado el: 11-06-2019

 

Ya se está dando cumplimiento al Decreto 20-2018, Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, aprobado por el Congreso el 2 de octubre del año anterior. \"Es una normativa que abre oportunidades a quienes aspiran a comenzar un negocio propio\", dijo el Presidente del Congreso, Diputado Alvaro Arzú Escobar, ponente de la iniciativa convertida en ley.

Las palabras del presidente Arzú Escobar hicieron eco en las autoridades del Ministerio de Economía, pues según las autoridades del mismo, durante mayo, por medio de la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento se inauguraron 18 centros de aprendizaje y asesoramiento técnico para los microempresarios interesados en elaborar un plan de negocios.

El Ministerio de Educación es otra de las instituciones involucradas y en ese contexto, las autoridades confirmaron que continúan las modificaciones en el Curriculum Nacional Base para incluir en el pensum de estudios de los niveles primario y básico los cursos relacionados con el sistema de emprendimiento. Una asignación presupuestaria de Q15 millones, aprobada por el Congreso, es la que permite que ya se avance en la implementación de esta ley.

Bajo este marco jurídico, impulsado desde el Congreso de la República,  Guatemala reconoce el emprendimiento como una manera de pensar y actuar, orientada hacia la creación de riqueza, aprovechando las oportunidades para satisfacer las necesidades de ingresos personales, generando valor a la economía nacional.

De acuerdo a los datos que brindó el Monitor Global de Emprendimiento (GEM por sus siglas en inglés) durante los años  2017-2018,   Guatemala se situó como  uno de los países con mayores niveles de actividad emprendedora, datos que impulsaron a los legisladores para aprobar el decreto en mención.

Beneficios de la Ley:

“La norma da facilidades para emprender ideas nuevas que generarán  más empleos, y evitará la migración de los guatemaltecos  hacia otros  países”, comentó el Presidente del Congreso, Alvaro Arzú Escobar  tras la aprobación de este Decreto,  que fue apoyado por 98 legisladores.

La normativa contiene 6 capítulos y constituye un marco legal que posiciona al país a la vanguardia de la región centroamericana, al establecer figuras legales y mecanismos que apoyen directamente a personas emprendedoras, pues les facilita mejores fuentes de trabajo, financiamiento y capacitación, ya que contiene temas como la   La Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento, Centros de Formación para el Emprendimiento, educación y sensibilización y Reformas al Código de Comercio de Guatemala  (Decreto 2-70).

Además fomenta el inicio de actividades productivas  al crear una figura jurídica innovadora en el sistema mercantil de Guatemala, y establece una nueva sociedad mercantil, conocida como la Sociedad de Emprendimiento (S.E.), generando así una sociedad unipersonal, lo cual constituye un gran avance en la legislatura nacional.

No está dirigida a una clase de negocios en particular, ya que su aplicación se caracteriza por su facilidad de constitución y administración, al desarrollarse un procedimiento especial para su creación y modificación ante el Registro Mercantil, considerada por los economistas, una figura legal pionera en la región centroamericana.

”Modernizar y actualizar las herramientas legales del ordenamiento jurídico mercantil, para potencializar la actividad emprendedora y generar más empleo en el país, así como la construcción de una plataforma para incentivar que más personas puedan tener acceso a formalizarse con una figura mercantil”, son algunos de los beneficios descritos por el diputado Carlos Barreda, presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Legislativo.

La Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, busca incentivar una cultura empresarial a pequeña escala, contempla incentivos fiscales al financiamiento que no supere los Q500 mil, ya que todo aporte que realice una persona individual o jurídica a una sociedad de emprendimiento será considerado como capital no reembolsable y, por lo tanto, será deducible del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

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