La diputada independiente Mayra Alejandra Carrillo se reunió con funcionarios de la Junta Nacional del Servicio Cívico, para analizar el funcionamiento de los 11 programas que llevan a cabo diferentes instituciones,  y promover reformas al Decreto 20-2003, Ley del Servicio Cívico.

La Junta Nacional del Servicio Cívico está integrada por la Secretaría Ejecutiva del Servicio Cívico, y la preside Axel Romero, vicetitular de Prevención del Delito; además de varios ministerios, SAT, Inguat, Consejo Nacional de la Juventud y la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia, entre otras instituciones.

Los 11 programas están dirigidos a jóvenes servidores que presentan de manera voluntaria un servicio a la comunidad y el país.  Para este año se prevé que más de 6 mil 500 jóvenes presten su servicio voluntario en diferentes áreas de trabajo, donde están en contacto con la realidad cultural, social y económica del país.

Durante la reunión, Emirs Franco, secretaria ejecutiva del Servicio Cívico, presentó un informe de las instituciones que han ejecutado su programa de servicio cívico social, señalando que algunas  que han tenido un breve atraso en la convocatoria y capacitación a los jóvenes, así como la ejecución de la asignación presupuestaria.

“Es necesario que se cumplan los programas con la participación de los jóvenes, que de manera voluntaria participan durante 728 horas con una remuneración de Q. 8. 75 la hora”, indicó Axel Romero, viceministro de Prevención del Delito del Ministerio de Gobernación.

La congresista Carrillo comentó que están trabajando en un proyecto de reformas  a la ley específica, que fue aprobada en el año 2003, y que se volverán a reunir la próxima semana para continuar con el trabajo.

Durante la reunión las autoridades dieron a conocer que ya se han capacitado a los jóvenes servidores en diversos temas como por ejemplo actividades agrícolas - pecuarias, reforestación, recolección de desechos, detectar basureros clandestinos, lucha contra el contrabando, cultura tributaria, cultura vial y guías o anfitriones en turismo.

Por José Castellanos

El ministro de Finanzas Públicas (Minfin), Julio Héctor Estrada, expuso este miércoles a los Jefes de Bloque y Junta Directiva, los detalles y condiciones de un préstamo por USD100 millones a suscribirse con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para la atención y el combate de la desnutrición crónica en el paìs.

El objetivo de la iniciativa 5343, enviada por el Organismo Ejecutivo, es financiar la ejecución del proyecto “Crecer Sano: Proyecto de Nutrición y Salud en Guatemala”, el cual está destinado a reducir los índices de desnutrición. La unidad ejecutora será el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Según lo expuesto por el titular del Minfin, la propuesta contempla tener cobertura en los  7 departamentos que registran los más altos índices de desnutrición como lo son Totonicapán, Sololá, Quiché, Huehuetenango, Chiquimula, Alta Verapaz y San Marcos. “El préstamo presenta condiciones favorables de endeudamiento como una tasa Libor del 2.2 por ciento,  a un plazo de 33 años con los primeros 6 años de gracia, y un convenio de donación de hasta por USD nueve millones para el pago de intereses”, explicó el funcionario.

De acuerdo con estadísticas presentadas por Homa-Zahra Fotouhi, representante del Banco Mundial, no menos de 1 millón 600 mil niños, menores de 5 años en Guatemala sufren de este padecimiento irreversible, lo que constituye un nivel de desnutrición del 47 por ciento, y posiciona al país como el séptimo  con las cifras más altas a nivel mundial.

Estrada agregó que el compromiso obedece a un programa multianual de inversión que  contiene políticas que permitirán contrarrestar este flagelo. “Entre las novedades de este programa está que cuenta con estrategias en materia de agua, saneamiento y cambio cultural, factores sumamente importantes para la reducción a largo plazo de los índices”, concluyó.

En el debate los legisladores coincidieron en la importancia de aprobar la normativa que ya tiene  dictamen favorable de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, y que además se encuentra a la espera de ser conocida por el Pleno de Congreso, en su primer debate. “Debido a que el tema es de suma importancia, vemos la necesidad de que se busque una nueva reunión con los involucrados, para dilucidar ciertas dudas que aún persisten”, dijo el subjefe del bloque Compromiso Renovación y Orden, Carlos Chavarría.

Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia en 2016, destaca que cuatro de cada diez niños guatemaltecos, menores de cinco años, presenta desnutrición crónica, condición que provoca menos retención escolar, menor productividad, propensión a adquirir enfermedades y hasta pérdida del coeficiente intelectual, efectos irreversibles durante toda la vida.

Por Karen Mendoza

Con el fin de favorecer a los damnificados por la erupción del Volcán de Fuego, en Escuintla, el diputado Víctor Cruz Clavería (FCN Nación), presentó una iniciativa que reforma el Decreto 55-2010, Ley de Extinción de Dominio, para que los bienes que han sido expropiados legalmente, puedan ser otorgados a las comunidades afectadas por desastres naturales, entre otros.

“El objetivo de este proyecto es garantizar que el Estado pueda dar una respuesta pronta a los guatemaltecos que salgan afectados por este tipo de eventos inesperados, no solo en esta oportunidad, sino cada vez que sea necesario”, dijo el diputado Cruz Clavería.

El congresista explicó que el artículo 48 de dicha Ley determina quienes prioritariamente se verán beneficiados con los bienes extinguidos, por lo que propone que se agreguen como entes prioritarios a las comunidades agrarias afectadas por algún desastre natural.

Cruz Clavería, representante por el departamento de Escuintla, aprovechó la oportunidad para pedir el apoyo de los diputados con el fin de pueda convertirse en decreto lo antes posible, pues considera que  será de mucho beneficio para los guatemaltecos más necesitados.

Por Mayra Recinos