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La legisladora Sandra Morán, de la bancada Convergencia, presentó en la Corte de Constitucionalidad un recurso de apelación con el cual busca apoyar a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) por el fallo que prohíbe la difusión de manuales de derechos sexuales y reproductivos.

La Corte Suprema de Justicia prohibió la distribución de los manuales elaborados por la PDH relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, por considerar que promueven el aborto, situación que no es compartida por la legisladora.

“Consideramos que los manuales son útiles y no necesariamente promueven el aborto, como lo resolvió la Corte Suprema de Justicia, pues  se mantienen en el marco de los convenios internacionales suscritos por Guatemala. Lo que sí importa es la educación sexual de niñas, tan necesaria ante embarazos por violación o embarazos no deseados en adolescentes”, expresó la diputada.

“Queremos que el avance en derechos de salud reproductiva sea un hecho real. Por ello promovemos iniciativas como la ley de la juventud, que contiene derechos reproductivos; la ley de salud integral en sexualidad e iniciativa de protección a la niña, que incluye los derechos sexuales y reproductivos, situaciones que se deben considerar en el Pleno para su pronta aprobación”, afirmó la congresista Morán.

Fernando Bolaños.

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Con el objetivo de unir esfuerzos en la lucha contra la corrupción e impunidad, diputados que integran el Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia, y la organización civil Acción Ciudadana, firmaron una carta de entendimiento con la cual se comprometen a impulsar una agenda de fortalecimiento a las instituciones del Estado.

Actualmente el Frente está trabajando en un código de ética parlamentaria y el proyecto “muerte política”, que limitaría la participación en nuevos cargos a quienes sean involucrados en casos de corrupción.

“Estamos dando nuestro total apoyo para trabajar en sacar adelante una agenda que está rezagada y fortalecer la fiscalización de este organismo”, comentó Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana.

El diputado Jean Paul Briere, de la bancada Todos, expresó: “Esta firma es una muestra de nuestra responsabilidad con la sociedad, por trabajar en estos temas que promuevan un mejor funcionamiento de la administración pública y que incentiven las denuncias contra los malos funcionarios”.

“La lucha contra la corrupción no es una postura de izquierda o de derecha, es un asunto de principios y debe ser una visión de Estado”, señaló el legislador Raúl Romero Segura, de la bancada Fuerza.

“Continuamos vigilantes en esta lucha y lo refrendamos de esta manera” concluyó el parlamentario.

Rosemary Recinos

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El Pleno de diputados al Congreso de la República realizó este miércoles la décimo séptima sesión plenaria extraordinaria del año, en la cual se contemplaba elegir a los relatores titulares y suplentes de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, así como 34 iniciativas de ley, entre otros temas.

La elección quedó pospuesta debido a la falta de quorum en el hemiciclo, por lo cual el presidente Oscar Chinchilla levantó la sesión y comunicó a los parlamentarios que serán convocados de manera inmediata si ocurre un asunto que deba ser tratado con prioridad.

Durante la plenaria se aprobó el acta de la sesión anterior y el despacho calificado.  El parlamentario Chinchilla afirmó que hay tiempo suficiente para cumplir con los plazos importantes, como la convocatoria para la elección de Fiscal General de la Nación, la cual debe realizarse 90 días antes de que quien ocupa el cargo lo entregue, y se espera que en enero próximo se llame al Presidente de la Corte Suprema de Justicia para que a su vez convoque a los integrantes de la comisión de postulación.

Fernando Bolaños

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Diputados solicitaron a funcionarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que el 20 de diciembre presenten un informe de las pesquisas sobre las denuncias que los afiliados y personas particulares han hecho por presuntas irregularidades en prestación de atención médica, así como en la contratación de personal y de servicios médicos e incumplimiento en el pago a proveedores.

A la sesión de trabajo asistieron los parlamentarios Rudy Castañeda, de la Unión del Cambio Nacional (UCN), y German Velásquez, independiente, así como Vidal Herrera, gerente general del IGSS; Octavio Cortés, director departamental del Seguro Social; Fredy Mejía, subgerente de Transparencia; y Alberto Atz, director del hospital regional del IGSS en Quetzaltenango.

El diputado Velásquez indicó que al presidente del Seguro Social, Carlos Contreras, se le hizo ver que hay aspectos administrativos que no estaban funcionando a cabalidad en Quetzaltenango y que hay denuncias verbales de afiliados y particulares.

“Le vamos a solicitar por parte de la bancada UCN documentos certificados de temas importantes en el área administrativa y de atención médica”, dijo el legislador Velásquez.

Citó, como ejemplo, el caso de la compra de equipo que tiene el actual nosocomio regional del IGSS en Quetzaltenango, y que será utilizado por el nuevo centro hospitalario. Al ser consultado sobre el proceso de adjudicación, Vidal Herrera respondió que se adquirió el equipo por medio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.

“Con mucho gusto le hago llegar un informe pormenorizado sobre las empresas que fueron adjudicadas y qué clases de equipos, como rayos x, cómputo y quirúrgico, entre otros, así como qué equipo está entregado y el que falta por entregar; se hizo en general una inversión de Q400 millones, aproximadamente”, dijo Herrera.

El congresista Velásquez hizo la denuncia a los funcionarios del IGSS sobre el presunto cobro de Q5 mil que se está llevando a cabo para la contratación del personal que laborará en el nuevo hospital regional del de Quetzaltenango. En este caso también solicitó un informe certificado para que remita las nóminas del personal contratado tanto en la convocatoria interna como externa.

“Somos los más interesados en que el proceso de reclutamiento para el nuevo hospital sea lo más transparente. No teníamos ninguna información sobre esas denuncias y nosotros somos los más interesados en detectar si hay algunas personas internas que estén en esta situación”, expresó el gerente del IGSS.

El legislador Castañeda cuestionó al subgerente de Transparencia en torno a los resultados de auditorías forenses en dicha institución, y el funcionario respondió que se presentaron dos denuncias este año contra proveedores directos que fueron contratados por el IGSS de Quetzaltenango.

“En mayo del año pasado se presentó una denuncia penal en donde se involucraba a todo el personal administrativo de ese entonces con un proveedor específico. De esa denuncia hay personas ligadas a proceso penal y se encuentra en la etapa intermedia y derivado de estas investigaciones surgieron otras auditorías forenses. De ellas hay dos denuncias este año en donde aparecen involucrados proveedores del hospital regional del IGSS de Quetzaltenango y algunos empleados del Instituto”, afirmó Mejía.

De este caso también se solicitaron informes certificados de las denuncias que se han presentado en el Ministerio Público.

Agregó Mejía que en el caso de un contrato con el Centro de Especialidades Médicas de Occidente, de cuya empresa es propietaria Tráfico Comercial, Sociedad Anónima, se dio seguimiento a denuncias por mal prestación de servicio. Se pudo constatar que en el local donde registraba la dirección el nosocomio privado no había equipo relacionado con el hospital y según testigos dos semanas antes de que se presentaran a hacer el allanamiento habían retirado todo en horas de la noche.

Además, al hacer las diligencias judiciales se encontró que en la dirección registrada por Tráfico Comercial en el contrato estaba funcionando un salón de belleza. Por este caso hay un proceso penal abierto y solo están ligados los que aparecen como representantes legales que son un enfermero del Hospital Nacional de Quetzaltenango y un jornalero.

El diputado Velásquez aprovechó la oportunidad para dar a conocer denuncias de los afiliados sobre que en el nosocomio del Seguro Social se tardan hasta seis horas para ser atendidos, así como que los enfermeros son los que los evalúan y determinan si el paciente requiere atención de un médico y de ordenarle exámenes en laboratorios privados.

Ante tal situación, Alberto Atz, director del hospital regional en Quetzaltenango, explicó que el laboratorio que tiene el nosocomio atiende de 7:00 a 15:00 horas, y fuera de ese horario se remite a los pacientes al laboratorio La Fe, cuyos servicios son contratados por el IGSS.

Byron Vásquez

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El congresista José Rodrigo Valladares, tercer secretario de la Junta Directiva del Congreso, y representantes de la Asociación la Familia Importa (AFI), en conferencia de prensa dieron a conocer la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la protección y defensa del derecho a la vida y la concepción.

Durante la gestión administrativa del exprocurador de Jorge De León Duque en la Procuraduría de los Derechos Humanos se realizaron actividades en las que promovió el aborto mediante la emisión y distribución del manual denominado Derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y atención a niñas y adolescentes, financiado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

“A este amparo me uní como parte interesada y en mi calidad de diputado es mi deber promover y hacer cumplir la constitución política, especialmente en la defensa del derecho fundamental, como lo es la vida. La sentencia ordena al Procurador dejar en suspenso inmediato la distribución del manual y ordena a no realizar actividades para promover el aborto”, refirió el diputado Valladares, de la bancada Todos.

En la actividad participó el presidente de la Comisión Permanente, diputado Oscar Chinchilla, quien informó que apoya el fortalecimiento de la familia y niñez, y prueba de ello son los decretos aprobados en su gestión, como las reformas al Código Civil, Ley de Alimentación Escolar y la Ley del Registro Nacional de Agresores Sexuales y Banco de Datos Genéticos para uso Forense, que benefician a las niñas y niños.

José Córdova, director jurídico de AFI, expresó: “La función primordial del Procurador de Derechos Humanos es la defensa de los derechos humanos que la constitución garantiza, los cuales nacen de la vida misma y por ello merecen la tutela jurídica y política como lo establece nuestra Carta Magna”.

José Castellanos

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Con el objetivo de alcanzar los compromiso adquiridos de transparentar e informar sobre el actuar del Legislativo, autoridades y directivos de este alto Organismo trabajan de la mano con organizaciones de la sociedad civil en la denominada Alianza por el Congreso Abierto Guatemala (ACAG), cuyo resumen ejecutivo y nivel de cumplimiento se dio a conocer hoy, el cual fue satisfactorio.

En la clausura de actividades, además de los directivos del Congreso estuvieron presentes representantes de Red Ciudadana, Acción Ciudadana, Guatemala Visible, Jóvenes contra la Violencia y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, quienes se mostraron satisfechos con los avances de los compromisos adquiridos en 2016, y esperanzados en que la nueva Junta Directiva del Organismo Legislativo, continúe con la ACAG en el 2018.

“Parlamento Abierto es una iniciativa que surge a nivel mundial, similar a la Alianza por un Gobierno Abierto. Guatemala es uno de los países que más ha avanzado y el objetivo principal es abrir las puertas de los parlamentos y los Congresos a los ciudadanos”, expresó Mariana Cordón, asistente de proyectos de Red Ciudadana.

Lo que se busca es cambiar el paradigma, que la gestión pública sea transparente y que los datos administrativos estén a la vista de la sociedad a través de internet, redes sociales y páginas web.

A través del Acuerdo Número 33-2016 de Junta Directiva, el Congreso se comprometió a cumplir con cinco puntos, integrados en tres ejes que son: Innovación Tecnológica, Transparencia y Rendición de Cuentas.

Los cinco compromisos son: 1. Aprobar e implementar una Política Legislativa de Datos Abiertos; 2. Desarrollar un proceso de formación al personal, funcionarios y asesores en Transparencia, Rendición de Cuentas y Gobierno/Datos Abiertos; 3. Desarrollar la actualización y publicación de las hojas de vida de los asesores del Congreso de la República; 4. Diseño y publicación proactiva de material interactivo sobre funciones y procedimientos del Congreso de la República; 5. Crear mecanismos para la participación ciudadana y la rendición de cuentas del Organismo Legislativo y los Diputados ante los ciudadanos.  De los cuales los compromisos 2, 3 y 4 están cumplidos y el 1 y 5 están en proceso de cumplimiento.

“Los países que ya han implementado esta iniciativa son Argentina, Chile y México, donde al igual que en Guatemala se ha generado un cambio en la mentalidad del funcionario y del ciudadano en cuanto a cómo se lleva a cabo la gestión pública”, aseveró la asistente de proyectos de Red Ciudadana.

Byron Vásquez

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Acompañados por el diputado Leocadio Juracán, comunitarios de Sá Job Ché, en la región de Laguna Lachuá, informaron que la licencia de impacto ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales a la hidroeléctrica Rocja Pontilá, fue suspendida por el Juzgado Séptimo de Instancia Civil el 9 noviembre.

La región de Lachuá se ubica en la Franja Transversal del Norte, en el municipio de Cobán, cercano a los municipios de Chisec, Alta Verapaz, e Ixcán, Quiché. La región es rica en recursos hídricos y en ella se encuentra el Parque Ecológico y Laguna Lachuá, con una extensión de 14,500 hectáreas.

El parlamentario del bloque Convergencia explicó que ha acompañado a los comunitarios para que las autoridades competentes suspendan y cancelen la mencionada licencia, pues consideran que tiene irregularidades, como que la empresa adjuntó información técnica de una región distinta al lugar en donde se construiría la hidroeléctrica y tampoco se tomó en cuenta los dictámenes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Instituto Nacional de Bosques.

“No se consultó ni escuchó a las comunidades”, dijo Hallan Dlelmis Xaxcal, comunitario de Sá Job Ché, al agregar que están satisfechos con la resolución de la Corte Suprema de Justicia.

El diputado Juracán expresó su malestar al indicar que si la licencia tenía vicios no debió autorizarse. “Investigaremos el caso y si hay que denunciar a quienes cometieron irregularidades, lo haremos”, destacó.

Juan Castro, abogado de los comunitarios, dijo también que descubrirán a quienes cometieron el ilícito. “Los informes técnicos que presentó la hidroeléctrica corresponden a la laguna de Los Pinos, en un lugar totalmente diferente a la ubicación de Laguna Lachuá”, aseveró.

René Rodríguez.

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La bancada Encuentro por Guatemala (EG), que coordina la parlamentaria Nineth Montenegro, presentó un análisis de la ejecución presupuestaria de la administración central 2017, en el cual señala que ha sido la más baja en los últimos 10 años, con un 77.37 por ciento.

Los congresistas detallaron que a la fecha el Ministerio de Desarrollo Social “ha sido ineficiente para ejecutar”, con un 38 por ciento, mientras que las carteras de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así como Cultura y Deportes, con 50 por ciento y 52 por ciento, respectivamente.

“El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha ejecutado un 68.61 por ciento, y también ha sido señalada por utilizar los programas sociales de forma clientelar, excluyendo a la población más necesitada”, expresó la diputada Montenegro.

El Ministerio de Salud alcanzó un 72 por ciento, aunque programas como la vacuna contra el papiloma humano, que puede prevenir el cáncer de cuello uterino, una de las principales causa de muerte por cáncer en mujeres en el país, presenta 0 por ciento de ejecución.

Con un 71 por ciento, el Ministerio de Gobernación presenta problemas en ejecución del Sistema Penitenciario, como lo evidencia el 0 por ciento en infraestructura de centros carcelarios, y formación de personal penitenciario, con un 1 por ciento.

“Año con año no se llega ni al 50 por ciento de inversión física y la obra de arrastre no consigue ni el 10 por ciento de ejecución; el problema es que no existe una buena planeación estratégica”, manifestó la parlamentaria Montenegro.

Rosemary Recinos.

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Parlamentarios de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) citaron al ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, y al jefe de la Superintendencia de Administración Tributaría, Francisco Solórzano, para conocer detalles de las proyecciones de cierre fiscal del Organismo Ejecutivo cuando faltan  20 días para que finalice el año.

El legislador Carlos Barreda cuestionó las proyecciones y estimaciones del cierre en ingresos tributarios y de gastos del Estado, pues según el Sistema de Contabilidad Integrada a la fecha solo se ha ejecutado el 79 por ciento del presupuesto, por lo cual solicitaron una propuesta de la readecuación que se espera realizar en enero próximo.

Estrada dijo que espera concluir el año con una ejecución del 90.5 por ciento del gasto público, aunque admitió que ministerios como Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda solo llegarán al 69 por ciento, y Desarrollo Social al 51 por ciento, por lo cual el dinero que no se ejecuta se acumulará para el 2018.

Por su parte, Solórzano aseguró que cerrarán el año con Q56 mil 365 millones recaudados y una brecha de Q1 mil 243 millones, aunque tiene una proyección positiva para diciembre, pues espera superar por más de Q100 millones la meta mensual.

Los diputados Karina Paz y Jairo Flores solicitaron más claridad en el gasto público y conocer las readecuaciones presupuestarias, por lo cual instaron a que se fiscalice mejor el tema aduanero para contrarrestar el contrabando y elevar la recaudación.

Fernando Bolaños

 

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